Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, se convirtió en el mandatario con la menor aprobación de las seis ciudades que mide la encuesta Invamer Poll. Con una favorabilidad del 47% y una imagen negativa del 44% en la medición del final de junio, Galán está lejos del 79% de aprobación que tiene el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, el de mejor imagen en la medición de junio. 

El aumento de su desaprobación se ha hecho notar al interior de la Alcaldía, como reconoció el mismo alcalde. Según dijo, la caída se debe al tiempo que han pasado en el escritorio durante estos seis meses. “Es un semestre de mucha planeación, porque está el Plan de Desarrollo, están las reuniones con absolutamente todos los organismos o grupos representativos de la ciudadanía”, dijo Galán en entrevista con Blu Radio. 

Pero, al interior del Palacio Liévano y los expertos que ven la administración desde afuera, aseguran que, de fondo, hay temas más estructurales. Sobre el efecto que han tenido las encuestas en la Alcaldía, desde la consejería de comunicaciones le dijeron a La Silla que tienen una estrategia de ciudad, que quedó enmarcada en el Plan de Desarrollo. Y que se mantienen en la línea delimitada por esas metas técnicas, sin que el resultado en las encuestas cambie la dirección.

Estas son las claves detrás del golpe de las encuestas para Galán:

1. La desaprobación se dispara, la aprobación resistente

Galán mantiene un núcleo fuerte de aprobación, pero su desaprobación dio un salto grande. 

Según la Invamer Poll, que se mide a alcaldes hace casi dos décadas, el alcalde de Bogotá comenzó su periodo con una desaprobación del 24%. Dentro de las últimas cuatro administraciones en la capital, Galán es el segundo alcalde al que más le ha aumentado la desaprobación, llegando a 44% en la última Invamer. Un aumento de 20 puntos porcentuales. 

El único alcalde que supera a Galán es Gustavo Petro, quien pasó de una desaprobación de 43% a 65% en su primer semestre en el 2012, un aumento de 22 puntos porcentuales. 

El salto es mucho mayor que la desaprobación de las alcaldías de Enrique Peñalosa, que aumentó nueve puntos porcentuales en el primer semestre de 2016 y la de Claudia López en 2020, que se mantuvo estable. 

Mientras tanto, en aprobación Galán ha pasado de un 54% en febrero a 47% en junio. En comparación con los últimos cuatro alcaldes de la ciudad, ese cambio es pequeño, similar a los 6 puntos porcentuales que perdió Enrique Peñalosa durante los primeros seis meses de su gobierno en 2016. Y está lejos de la caída de 18% que tuvo Petro en su momento o el 19% que alcanzó López en el mismo periodo. 

Durante los primeros seis meses de las alcaldías es difícil mostrar resultados, no solo por el corto tiempo que llevan, sino por las dificultades para ejecutar al tiempo que deben cumplir con engorrosos trámites como la aprobación del Plan Distrital de Desarrollo, que el Concejo le aprobó al alcalde en mayo. 

“La gestión en estos primeros seis meses tiende a ser muy burocrática, por eso no es tan visible para las personas y se percibe que no se ha hecho mucho”, dice Lina Marcela Quiñones, experta de la Red Cachaca de La Silla. 

Al interior de la Alcaldía, la presión por mejorar la imagen del alcalde llega, precisamente, de quien fue la cabeza del periodo de planeación. El exsecretario de esa cartera, Miguel Silva, llegó a la secretaría general de la Alcaldía en junio. 

Según le contaron a La Silla dos fuentes de la administración, que piden la reserva de sus nombres para hablar sobre conversaciones privadas, Silva es quien ha empezado a manifestar su preocupación por la caída en la encuesta. Incluso, ha empezado a hablar de la necesidad de repensar la estrategia de comunicación de los logros de cada cartera.

“Era una sensación latente, pero la última encuesta de Invamer la terminó de despertar. A Miguel le preocupó eso”, cuenta una de las fuentes. 

Sobre el tema, el secretario general Silva le dijo a La Silla que las encuestas “no hay que subestimarlas, ni tomarlas a la ligera, son un instrumento de retroalimentación, pero no el único insumo”. “Para nosotros es importante hacer la lectura, pero yo no he sido quien tenga la mayor preocupación, esto es más un asunto de cómo coordinamos el gobierno”, agrega.

2. El foco arriesgado en la seguridad 

A las 6 de la mañana del 2 de julio, el alcalde anunció la captura de 37 personas, en una rueda de prensa con los esposados detrás del mandatario, su secretario de Seguridad, César Restrepo; y el brigadier general, José Daniel Gualdrón, el comandante de la Policía Metropolitana. 

La última rueda de prensa así fue ayer. La escena se ha convertido en una constante en esta alcaldía, que le apuesta a mejorar la percepción de inseguridad de la ciudad con una puesta en escena de los capturados, detrás de los funcionarios que prometen más mano dura para una “Bogotá camina segura”, como reza el eslogan con el que se hizo escoger el alcalde Galán. 

Pese a las muestras de mano dura contra la criminalidad, el 60,5% los bogotanos siguen sintiéndose inseguros, según la Invamer. Esto, pese a que, según cifras de la Policía Metropolitana, de los 13 delitos de alto impacto que afectan la ciudad, solo la extorsión y las lesiones personales han aumentado durante el primer semestre de 2024, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

“No es solamente Bogotá, si uno mira la encuesta a nivel nacional y en las otras ciudades, el tema de la seguridad es el que más preocupa a los colombianos”, dice Hugo Acero, quien fue secretario de Seguridad durante la alcaldía de Claudia López. 

Para Acero, aunque las cifras estén disminuyendo, la percepción no solo responde a acciones de seguridad y justicia. “La gente ve que la ciudad está sucia, falta de iluminación en las noches, habitantes de calle, y todo eso afecta la percepción”, dice. 

Aunque la Alcaldía ha venido adelantando acciones de mejora de andenes y el espacio público, la mayor contundencia la ha tenido el discurso de mano dura en contra de las estructuras criminales. Sin embargo, el ruido que genera el número de bogotanos que conocen a alguien que ha sido víctima de un delito, y los videos virales de robos en redes, le resta importancia a los dos esfuerzos. 

Además del bajo porcentaje de denuncias que revela la encuesta Invamer, que incluyó un índice de victimización, en el que le preguntan a los 400 encuestados si han sido víctimas de algún tipo de delito en el último año. El porcentaje que respondió positivamente en abril era de 44%, mientras que en la versión de junio aumentó a un 53% de los encuestados. 

A pesar de este aumento, el porcentaje de personas que deciden no denunciar se mantiene alto. El 49% prefiere no hacerlo, mientas que el 51% de los encuestados les hizo saber a las autoridades lo que ocurrió. 

“Eso demuestra que ha aumentado el número de personas que han sido víctimas de un delito, porque los indicadores, que han mejorado, se construyen a partir de las denuncias, pero la gente no está denunciando”, agrega el exsecretario Acero.

3. Con el agua, se cerró el chorro de aprobación

Después de tres meses de racionamiento en la capital, el alcalde anunció que la medida, efectiva en un 17% para llenar los embalses que hacen parte del sistema Chingaza según la Alcaldía, se relajaría. 

“Gran parte de la caída en las encuestas pudo haber sido el racionamiento extendido. Al principio se veía la urgencia en la medida, pero después de tantos meses, sin comunicación clara de cuándo va a cambiar o acabar, ha afectado bastante“, dice Quiñones, de la Red Cachaca.

La estrategia de racionamiento de agua tomó por sorpresa a la administración, que no contaba con la preparación para enfrentarla. El manejo de la situación fue criticado, a diferencia de los incendios de los cerros orientales en enero. Con el paso de los turnos y la repetición de gráficas, los expertos empezaron a reclamar a la Alcaldía por la comunicación, metas y visión a largo plazo. 

El agua no está incluida dentro de las preocupaciones contempladas por las encuestas, pero los expertos consultados para esta nota coinciden en que se trata de uno de los grandes cobros que le hacen los bogotanos al alcalde. “Una medida restrictiva de siete meses es complicada de manejar”, agrega la experta. 

Los niveles de Chingaza han aumentado, que es clave, pues este sistema suministra más del 70% del agua potable de la ciudad y que llegó a estar por debajo del 20% de su capacidad. Pero en redes sociales empezó a crecer el inconformismo con la medida y su verdadero impacto en los niveles de los embalses. 

Además de la larga duración de la medida, para Daniel Jaramillo, investigador de telecomunicaciones y transporte urbano, también hay rechazo por los daños que ha generado en la infraestructura de la ciudad. “Los daños en los tubos por los cambios de presión afectan la sensación de que las medidas sean urgentes o necesarias”, explica. 

4. Gobernar sin una insignia clara 

“Desde el principio, Galán no se comprometió a hacer grandes obras que le cambien la cara a Bogotá, se comprometió a gobernar. Y eso está bien”, dice Darío Hidalgo, profesor de transporte y logística en la Universidad Javeriana. 

La Alcaldía arrancó con una promesa para  “construir sobre lo construido”, como ha llamado el Galán a la continuación de grandes proyectos que empezaron los periodos pasados, incluyendo a la de Claudia López, que también luchó por gobernar sin una gran narrativa en la que pudiera enmarcar su gestión. 

“En temas de infraestructura y movilidad hay un avance positivo, porque ha habido un seguimiento muy estricto de las obras en Bogotá”, dice el experto Jaramillo. Explica que la administración ha estado muy encima de las obras y ha tenido un éxito temprano, en la entrega temprana de algunas obras, como la Avenida Guayacanes, la ampliación de Transmilenio en la 68 y el puente de esa misma calle sobre la Avenida El Dorado. 

Sobre el tema, Hidalgo, explica que “nos falta entender que ejecutar también es avanzar los contratos que están en marcha, que están importante como contratar nuevos proyectos”. Las encuestas muestran que, hasta ahora, muchos ciudadanos no lo ven así.

Pese a las encuestas, Silva, quien estuvo liderando el Plan de Desarrollo desde la Secretaría de Planeación, dice que la alcaldía sí tiene grandes temas diferenciadores. “Tenemos hitos en cada sector, que no son la continuidad del gobierno anterior”, dice. Habla, por ejemplo, del aumento del presupuesto en seguridad en un 60%, del enfoque ambiental e integración social. “Tenemos unas grandes apuestas que son muy distintas al gobierno anterior y buscan mejores resultados”, concluye,

5. El tono “tibio”

La actitud conciliadora del alcalde le ha ganado una fama en redes sociales de “tibio” e, incluso, de “dormido”. La imagen de Galán dormido en una silla durante la campaña se ha convertido en un meme de los críticos de su gestión.

“Ese es el tono del alcalde, Carlos Fernando nunca va a gritarte o a pelear en público, la única manera de saber que está bravo es cuando empieza a hacer muchas preguntas”, dice una de las fuentes de la alcaldía. 

Ese mismo semblante sereno que se ve hacia afuera, también genera problemas en el interior de la administración. Según tres fuentes, los funcionarios de la Alcaldía aún esperan que el alcalde sea más certero a la hora de dar instrucciones y tomar decisiones rápidas sobre temas clave.

“Galán se demora tomando decisiones, porque revisa hasta el más mínimo detalle”, cuenta uno de los miembros de gabinete, quien pide no publicar su nombre para hablar del detrás de escena de la Alcaldía. Otra fuente de adentro dice que, por esa característica de microgerente, los funcionarios no responden con la misma rapidez.  “Ha sido un cambio que no alcen la voz al dar instrucciones, lo que choca con muchos que solo cumplen a los putazos”, dice. 

“Sabemos que todas las carteras están logrando metas y mejorando indicadores, y lo comparten en sus redes sociales, pero mientras no se trate de una estrategia organizada de la Alcaldía, va a ser muy difícil que estos logros lleguen a los oídos bogotanos”, concluye la fuente de la administración.

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Solo hasta el 3 de julio el presidente Gustavo Petro sacó del closet formalmente su idea de que el país vaya a una Asamblea Nacional Constituyente, pero su gobierno lleva meses dando pasos en función de agitar la movilización que le dará impulso a esa propuesta.

Esta investigación de La Silla Vacía revela que el gobierno se ha coordinado con organizaciones sociales, políticas, sindicales y estudiantiles para impulsar la idea de que hay un sector amplio de la sociedad que quiere una gran reforma a la Constitución del 91.

Detrás de los clamores de apoyo a la constituyente de Petro hay una red de nombramientos en Consejos Superiores Universitarios y reuniones en Casa de Nariño para promover movilizaciones que llevan meses preparándose para una gran asamblea en la Universidad Nacional.

Parte de la estrategia está enfocada en la movilización de jóvenes y estudiantes. El papel protagonista lo tiene Activistas del Cambio, una organización creada por Xavier Vendrell, un catalán nacionalizado por Petro investigado por corrupción y por promover desórdenes públicos en España. 

Petro le entregó a Activistas el mandato de movilizar a sus seguidores. Ese colectivo promovió el asedio a la Corte Suprema de Justicia, y es cercano al nuevo ministro de Educación, Daniel Rojas. Los delegados de Petro en 17 de 34 universidades hacen parte de Activistas del Cambio.

El poder de Activistas del Cambio 

Pocos meses después de su posesión, el presidente Petro envió una lista al Ministerio de Educación que llevaba el título de “Activistas por el Cambio” con los nombres de quienes se convertirían en sus designados en los Consejos Superiores Universitarios en todas las universidades públicas del país. 

Esos cargos suelen pasar desapercibidos dentro del mapa de poder nacional, pero son claves dentro de la gobernanza de las 34 universidades estatales. Quienes los asumen son la voz y el voto del presidente en cada discusión interna, como, por ejemplo, los nombramientos de rector. Su cobertura es casi nacional, y en varias universidades reciben honorarios. 

Los integrantes de esa lista eran en su mayoría jóvenes que tenían en común el apoyo a Petro en campaña y que hacen parte activa del movimiento estudiantil. Que aparecieran bajo la sombrilla de “Activistas por el Cambio” los enmarcó en una organización a la que Petro le entregó el mandato de movilizar a sus seguidores en el gobierno. 

Activistas es un colectivo digital que surgió después de la campaña de Petro. Se creó formalmente en octubre del 2022. Su núcleo inicial, además del catalán Vendrell, estaba compuesto por unas 20 personas que trabajaron en la campaña presidencial en la operación de testigos electorales, hoy bajo investigación del Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía porque no fue registrada en sus cuentas oficiales, como lo denunció La Silla. 

Esa organización tiene interlocución directa con el gobierno, maneja una base de datos de 83 mil personas que fueron testigos electorales de Petro, es conocida entre otras organizaciones de jóvenes como un brazo político de la Colombia Humana y particularmente del petrismo. También ha sido promotora de las marchas que ha llamado el presidente para mostrar apoyo popular.

Una fuente que estuvo en el Ministerio de Educación y que tuvo acceso a la lista de candidatos al CSU, le detalló a La Silla Vacía que en varias universidades hubo directivos que le manifestaron preocupación al gobierno porque el perfil de los delegados era el de “expertos en movilización estudiantil”. Sin embargo, la orden fue nombrarlos y así sucedió. 

La directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, aseguró que “no tenía conocimiento” de que la lista de los delegados llevara el nombre de Activistas. Sobre los reparos de rectores a varios nombramientos explicó que “las inquietudes que conocemos han sido públicas y responden a discusiones políticas sobre quién debería ocupar esos cargos”.

Los 17 delegados de Petro en los CSU que son Activistas por el Cambio están en universidades clave. Por ejemplo, en la Universidad Nacional, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad del Atlántico, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Cartagena y la Universidad del Valle (vea aquí la lista completa).

Con la llegada de Daniel Rojas al ministerio de Educación, un sector en el que no tiene experiencia, Activistas recibe a un ministro aliado. 

Rojas entregó predios a universidades públicas en todo el país y se reunió con los delegados de presidente en los CSU para plantearles la alianza. También fue invitado a hablar de política con jóvenes y a eventos del Ministerio de Educación con los delegados. Varios miembros de Activistas celebraron su nombramiento como Ministro. Incluso, una de las fundadoras de Activistas, María José Benjumea, fue vinculada por Rojas a la SAE.

Los integrantes de Activistas también tienen acceso a diplomáticos cercanos al movimiento estudiantil que han sido nombrados por Petro. Visitaron en México al embajador, Moisés Ninco, quien asumió ese cargo sin cumplir con los requisitos; y a Sebastián Guanumen, embajador en Chile, conocido por haber dicho en la campaña Petro que había que “correr la línea ética”.

Además, miembros de Activistas han llegado a cargos regionales. Por ejemplo, los delegados del presidente en la Francisco de Paula Santander, Carlos Bolívar, y en la Universidad de Cartagena, María Alejandra Benítez, simultáneamente ocupan las direcciones regionales del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

Activistas del Cambio no solo es un colectivo que promueve movilizaciones y tiene acceso al poder del gobierno, también es un operador político que lleva al menos un año aterrizando la idea que lanzó el presidente Petro el 7 junio de 2023 de convocar “asambleas populares” para presionar por la aprobación de sus reformas.

“De ahora en adelante debe haber asambleas populares en todos los municipios de Colombia (…) La fase que sigue es el gobierno popular. Y vamos a demostrar cómo se hace y cómo se ejerce. Las asambleas populares en cada municipio son para gobernar”, dijo Petro.

El 10 de junio del 2023, el presidente convocó formalmente a “organizar asambleas estudiantiles para preparar la reforma a la Ley de Educación Superior”.  El 18 de junio, la consejera para la juventud de entonces, Gabriela Posso, quien hace parte de Activistas del Cambio, asumió la tarea de liderarlas. Y seis días después, Activistas empezó a promover esos encuentros con su logo.

Los eventos servirían de insumo para proponer cambios de fondo a la educación superior, pero solo se quedaron en los reportes de gestión de Posso. No fueron nombrados en el informe de cierre de gestión que acaba de entregar la saliente Ministra de Educación, Aurora Vergara, en el capítulo sobre las universidades. 

De hecho, la reforma a la educación superior no ha sido presentada por el gobierno Petro al Congreso por aplazamientos relacionados con etapas de concertación (según se explica en las páginas 41 y 42 de este documento del Ministerio). Sin embargo, es una de las banderas con las que Petro agitó al movimiento estudiantil cuando empezó a hablar de constituyente.

El movimiento estudiantil, la punta de lanza

La idea de la constituyente se ha movido en una línea gris, particularmente con el movimiento estudiantil. El presidente Petro ha capitalizado esa ambigüedad. 

Aunque una cosa son las constituyentes universitarias (solo sirven para reformar estatutos internos de cada institución), y otra es la Asamblea Nacional Constituyente que promueve el gobierno, el 21 de marzo en Tierralta, Córdoba, el presidente metió al movimiento estudiantil dentro de su versión de la constituyente. 

Durante la inauguración del edificio de Ciencias Básicas de la Universidad de Córdoba, Petro llamó a los asistentes a su agenda constituyente cuando se refirió a la falta de financiación para la educación pública, un tema que compete al Congreso. 

“Estamos convocando el poder constituyente de la gente, y eso significa que habría que recorrer, todas las universidades públicas de este país para que se constituyan asambleas constituyentes, estudiantiles y profesorales”, agregó el mandatario en Córdoba. 

Ese mismo día, en Bogotá, arrancó en la Universidad Nacional un paro que se extendió hasta el 5 de julio porque el Consejo Superior Universitario (CSU), donde el gobierno Petro tenía cuatro de los ocho votos, designó a José Ismael Peña como rector, pese a que Leopoldo Múnera había ganado la consulta de profesores y estudiantes de la universidad.

Dentro de las voces del presidente en el CSU está María Alejandra Rojas, quien hace parte de Activistas del Cambio. Como perdió, el presidente Petro llamó a la designación “un golpe antidemocrático con el estudiantado, el profesorado, las y los trabajadores de la universidad”.

Tras la designación, Múnera se declaró en desobediencia civil y habló sobre la necesidad de una constituyente universitaria, entre otras cosas, para establecer que la elección del rector sea por voto directo de la comunidad universitaria. Así le dio al presidente Petro cabida para pescar en río revuelto.

Aunque Múnera se desmarcó de la constituyente del gobierno, la agitación en esa institución le funcionó a la agenda del gobierno para movilizar lo que denomina “poder constituyente” y por esa vía ambientar la constituyente que sacó del closet dos meses más tarde.

En paralelo, Activistas del Cambio empezó a mover al tiempo la idea de constituyente universitaria, del poder constituyente y de la constituyente misma.

Además de la Nacional, la constituyente universitaria empezó a coger fuerza en otras instituciones. En la Universidad de Antioquia, por ejemplo, la Asociación de Profesores (Asoprudea) organizó un foro sobre la constituyente universitaria, al que invitó a Leopoldo Múnera, entonces candidato a rector de la Nacional.

En el foro, los asistentes relacionaron el proceso de la Nacional con las constituyentes universitarias en las instituciones de Antioquia, Pereira y el Valle. 

Petro no es el único que ha mezclado la necesidad de reformar los estatutos de las universidades con la asamblea para modificar la Constitución del país. Por ejemplo, el delegado de Presidencia ante el CSU de la Universidad de Antioquia, Wilmar de Jesús Mejía, también ha defendido la idea de Petro de una constituyente en su cuenta de X. 

En otras universidades se han replicado eventos, por ejemplo un foro universitario proconstituyente en la Universidad de Cartagena. O el foro de la constituyente universitaria de la Universidad de Nariño, del cual salieron una serie de acuerdos que incluyen la constituyente nacional.

“La lucha de hoy por la constituyente avanza en tener una incidencia nacional”, se lee en las conclusiones del evento. También ha habido foros de este tipo en la Universidad del Cauca, organizados por los profesores sindicalizados.

Los delegados de Presidencia y otros representantes de los estudiantes o profesores también han usado esa ambigüedad sobre las asambleas. 

Por ejemplo, la representante estudiantil de la Universidad del Atlántico, Laura Cristina Suárez, aseguró el pasado 7 de mayo frente al presidente: “La universidad del Atlántico construye constituyente” y posteriormente abrazó al presidente Petro.

O el profesor de la Universidad del Quindío, Horacio Duque, quien promueve la iniciativa constituyente del gobierno en una columna. “La reciente configuración del poder constituyente en la Nacional es un referente de transformación para el resto de las universidades públicas y privadas, convertidas estas últimas en feudos de poderosas castas familiares”, se lee. 

Con los ánimos encendidos en torno a las constituyentes, la Nacional se convirtió en sede de la “Asamblea por las reformas, la paz y la unidad”, una iniciativa promovida por el Pacto Histórico, organizaciones sociales, campesinas y sindicatos que recoge los puntos de la agenda de Constituyente del presidente Petro. 

“Es como un efecto dominó (…) buscamos el cambio en las universidades que siempre ha estado incrustado en los fortines políticos de los diferentes clanes que hay a nivel nacional, entonces si logramos arrebatarles las universidades, también podemos arrebatarles el poder en el Estado Social de Derecho”, explicó, Andrés Parra, líder estudiantil de la Universidad Industrial de Santander y coordinador de juventudes del Pacto Histórico en ese departamento. 

La plataforma: la Asamblea por las reformas sociales

La idea de la “Asamblea por las reformas sociales, la paz y la unidad” fue presentada formalmente a mediados de mayo en una rueda de prensa en la Plaza de Bolívar. El Pacto Histórico, delegados de sindicatos y organizaciones sociales anunciaron que empezarían a discutir la manera de aplicar las reformas del gobierno Petro.

“Debemos tener una conversación franca, constructiva y unitaria como parte de un proceso que ayude a precisar contenidos, tácticas, metodologías, planes, rutas, acciones y estrategias necesarias para avanzar en espacios de organización, representación, gobierno, construcción de un nuevo poder popular”, se lee en el manifiesto.

Para ese entonces, Petro venía de enfrentar varios reveses. El Consejo Nacional Electoral, CNE, acababa de anunciar que investigaría a su campaña por irregularidades en los reportes de cuentas, la reforma a la salud acababa de hundirse, y la oposición había convocado una nutrida marcha contra el gobierno Petro.  Al tiempo, el presidente tenía encendido su discurso sobre que le estaban haciendo un “golpe blando”.

La convocatoria inicialmente no dio mucho de qué hablar, pero despertó atención mediática cuando se anunció que el evento, con sede en el campus de la Universidad Nacional, tendría lugar el 18, 19 y 20 de julio y que el presidente Petro cerraría el encuentro con un discurso. Hubo versiones que señalaron que Petro no instalaría el Congreso por participar en ese evento.

Pero Presidencia se desmarcó de la organización y en esta ocasión Sarabia, directora del Dapre, señaló que “ni el gobierno nacional ni sus funcionarios han tenido participación en la Asamblea. Aunque es una iniciativa apoyada por sectores aliados al Gobierno, este evento depende exclusivamente de sus organizadores (…). El Gobierno no participa, aunque celebra y apoya la discusión de reformas sociales con la ciudadanía”. 

Algo similar le dijo a La Silla Vacía Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. “Nosotros no estamos dirigidos por el gobierno. Hemos coordinado con el Pacto Histórico desde la perspectiva, obviamente, de respaldar al gobierno. Pero es una iniciativa propia”, dijo.

Pero, contrario a lo que dicen públicamente gobierno y organizadores, en privado sí hay interlocución entre los organizadores y el gobierno. 

La Silla Vacía estuvo en la reunión del 10 de julio citada por los convocantes de la “Asamblea por las reformas sociales, la paz y la unidad” con el propósito de finiquitar detalles del encuentro. 

Era la primera reunión que hacían luego de anunciar formalmente que la asamblea cambiaba de fecha para el 14 y el 15 de septiembre, un aplazamiento que fue acordado el mismo día que Petro dijo por primera vez que sí quería convocar una constituyente.

El grueso del temario anunciado por Petro a inicios de julio, cuando habló de constituyente sin tapujos, ya había sido publicado en mayo en los puntos de la “Asamblea por las reformas sociales”. 

Pero más allá de esa coordinación temática, en la reunión de los organizadores de la “Asamblea por las reformas sociales” el 10 de julio pasado hubo dos momentos en los que se habló explícitamente de interlocución con el gobierno.

Uno hizo referencia a la necesidad de que el “gobierno nacional contextualizara dos ejes temáticos” de la Asamblea en “máximo dos hojas” para entregarlas como insumo a los participantes. En la reunión no se dijeron los nombres de esos delegados, pero fue explícita la coordinación.

El otro momento tuvo que ver con el llamado a la marcha de ayer —16 de julio— para acompañar a Petro en la sanción de la reforma pensional. Según se dijo en la reunión, hubo un encuentro previo en la Casa de Nariño para acordar los detalles de esa movilización.

Esa afirmación coincide con lo que publicó el 5 de julio la “Coordinadora nacional de organizaciones sociales, sindicales, populares y políticas para el cambio”, agrupación que se creó con varias de las organizaciones que hicieron parte del “Comité del Paro”, la cara formal del estallido social de 2021.

Petro el 9 de julio en sus redes sociales promovió esa marcha como iniciativa exclusiva de Presidencia.  

El Ministerio de Educación no tiene juego directo en esa reforma, pero tenía lista de delegados y funcionarios en la entrada del evento revisando cédula de sus invitados. Activistas también invitó a participar en la sanción presidencial de la reforma pensional en la Plaza de Bolívar. Dos personas, líderes de la localidad de Suba, que tenían puestas gorras del colectivo, le contaron a La Silla que fueron convocados por grupos de WhatsApp de la plataforma de Activistas. 

Además de esa movilización, Activistas del Cambio es una de las organizaciones que está promoviendo la Asamblea y está jugando un papel activo en la organización y  el mecanismo de participación que tendrán los estudiantes. El discurso de Activistas está apalancado en retomar la movilización del Paro Nacional de 2021 para buscar una “refundación” de la Nación.

Los encuentros de jóvenes buscan, entre otras cosas, activar y organizar movimientos juveniles de todo el país de cara a la asamblea de septiembre.

“Dada la importancia que tiene, en el marco del actual momento que se viene, tanto para el encuentro del 14 y 15 de septiembre como en el marco del desarrollo que seguramente esa Asamblea y el gobierno se ha marcado la necesidad de comenzar a construir un proceso constituyente”, dijo Cristian Reyes, secretario de la Juco Bogotá y uno de los organizadores del evento en el que intervino Activistas.

Los organizadores de la “Asamblea nacional por las reformas sociales, la paz y la unidad” esperan una delegación de alrededor de 7 mil personas. Hacer la convocatoria en el campus de la Universidad Nacional e incluir la discusión de la educación superior le garantizará quórum al evento.

“Cuando mencionas la reforma a la ley 30, tienes casi asegurado una movilización masiva compuesta por el movimiento estudiantil y el profesoral. Ahora, imagínate si metes las otras reformas, es una estrategia útil para aumentar la convocatoria”, dijo un miembro del CSU de otra universidad pública, quien pidió no publicar su nombre para no generar tensiones en su trabajo. 

Sin embargo, no todo el movimiento estudiantil está alineado con la idea de constituyente de Petro. Hay sectores que consideran que hay una instrumentalización como detalló La Silla Vacía en esta historia y lo reconfirmó con estudiantes en varias regiones del país.

“No es tan importante si (todo el movimiento estudiantil) es afín o no (al gobierno), lo más importante es movilizar ese sentimiento constituyente y es un poco lo que se está moviendo al interior de las universidades”, explicó Gabriela Posso, exconsejera de juventudes de Presidencia, delegada del presidente Petro en la Universidad del Valle y parte de Activistas del Cambio.

La “Asamblea nacional por las reformas sociales, la paz y la unidad” mostrará qué tan grande es la base con la que el presidente presionará sus reformas. Aunque Petro presenta el apoyo como un movimiento puramente espontáneo, sí lo está impulsando desde su gobierno y con Activistas como uno de sus principales operadores.

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José Raúl Mulino es presidente de Panamá desde hace una semana. La primera gran medida que tomó fue su bandera de campaña: cambiar la política migratoria. Cerró tres pasos fronterizos con Colombia, lo que, básicamente, es poner alambres de púas en medio del camino de la tupida y peligrosa selva del Darién. Eso no ha impedido que miles de migrantes la crucen y que ahora, desde Colombia, aparezcan nuevas rutas aéreas y por lancha para llegar a Centroamérica. Un negocio con humanos que controla en el país el Clan del Golfo. En el episodio de hoy hablamos de los retos migratorios para Colombia en un semestre electoral en el continente: la mano dura panameña y las presidenciales en Venezuela y Estados Unidos, que pegarán directamente en la política migratoria nacional. 

Para saber más sobre la política migratoria de Colombia, puede revisar:

Este episodio de Huevos: El control del Clan del Golfo en el Darién.

Necoclí, el pueblo donde la migración se volvió un negocio.

Chequeo de datos: María José Restrepo, periodista de La Silla Vacía. 
Producción: Fernando Cruz y Juanita Escobar, periodistas de La Silla Vacía.
Fotos: Twitter (X) Presidencia Colombia, Panamá y redes sociales.

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“Con las tres coyunturas políticas, nos tenemos que preparar como si fuéramos a hacer un mundial de fútbol en el municipio”, dice Carlos Rojas, el secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Necoclí, Antioquia, ante el tamaño del evento migratorio que sienten por venir. 

El municipio del Urabá que es el cruce de caminos de la migración por el Tapón del Darién tiene un ojo puesto en tres coyunturas internacionales: el inicio del gobierno de José Raúl Mulino en Panamá, las elecciones en Venezuela del 28 de julio y las de Estados Unidos, en noviembre. 

“Se espera que este año pueda haber una alerta roja de flujos migratorios”, cuenta el secretario. “Necoclí se convierte en un cuello de botella”, agrega. 

A través del municipio de 70 mil habitantes han pasado hacia Panamá 170 mil migrantes en lo que va del 2024. La mezcla de las tres coyunturas internacionales podría generar mayor flujo migratorio y represamientos en el Urabá, por un endurecimiento del tránsito que ya empezó en Panamá bajo el nuevo gobierno de Mulino.

No es solo un asunto de ese municipio, sino un tema que el gobierno nacional tendría que dejar en la mira a lo largo del año. El fenómeno migratorio le pega especialmente a Gustavo Petro, quien ha obstaculizado la regularización e integración de migrantes por el acercamiento al régimen de Nicolás Maduro.

Las elecciones venezolanas y Maduro

“Se nota que estará difícil el negocio”, dice el comerciante de artículos de motos, sentado en una silla plástica en su local ubicado en San Antonio del Táchira, a menos de dos kilómetros del puente internacional Simón Bolivar, que separa Colombia y Venezuela. 

A las 11 de la mañana y con 32 grados de temperatura, se enfrenta a las tres horas de corte de energía. Los recortes suceden a diario, a veces por medio día. “Cada día es más complicado aquí”, dice el comerciante, que pide no publicar su nombre porque ha participado en campañas de la oposición a Maduro. “Yo he pensado en pasar el Darién”. Cuenta que su hijo de 18 años ya está en Estados Unidos, después de haber cruzado uno de los pasos migratorios más peligrosos del mundo.

Desde 2021, los venezolanos se han convertido en la principal nacionalidad que cruza el Darién, según datos de Migración Panamá. La cifra pasó de 69 migrantes en 2020 a un pico de más de 328 mil que atravesaron esa frontera en 2023. 

El aumento de migrantes de Venezuela en el Darién se suman a haitianos, ecuatorianos o chinos que llevaron a un pico de migrantes que cruzan esa frontera. De un total de 6 mil migrantes en 2020, a más de 133 mil en 2021 —con una mayoría haitiana—, a más de 238 mil en 2022, de mayoría venezolana que se mantiene en el paso del Darién. 

Como el comerciante de San Antonio, cerca de 1 millón de venezolanos considera salir de ese país si Maduro se queda en la Presidencia en las elecciones del 28 de julio. 

Para Ligia Bolívar, investigadora de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, lo que más frustra a los venezolanos es la “falta de alternabilidad”. “Ya se ha probado lo que significa el gobierno de Maduro, durante 10 años, con una emergencia humanitaria, represión, mal manejo de recursos, corrupción, etc. y la gente está agotada de eso”, dice. 

Según datos de la encuesta Delphos de abril, alrededor de 45% de la población consultada piensa en salir de ese país. El sondeo también reveló que el 47% de los encuestados cambiarían de opinión sobre emigrar si la oposición gana las presidenciales. 

Fernando García, director de Migración Colombia, reconoció ante el Congreso que “debemos esperar una gran afluencia de migrantes venezolanos” si Maduro se declara ganador de las presidenciales. Pese a que el gobierno Petro se ha montado en narrativas chavistas que niegan las dimensiones de la migración. 

Panamá empezó a cerrar el Darién

“Buenas noches, ¿alguien sabe qué está pasando en la selva?”. “Llevo tres días en Acandí y no nos dejan pasar“.“Están cerrando la selva, no se dejen estafar”. “Ojo, están alambrando la selva”. Mensajes como estos empezaron a llenar los grupos de Facebook, en los que los migrantes buscan servicios de guianza a través del Darién, desde el 1 de julio. 

El 2 de julio, solo un día después de su posesión, el presidente panameño Mulino firmó un memorando de entendimiento con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. En el documento, queda en firme un compromiso del Departamento de Seguridad Nacional para pagar la deportación de migrantes que lleguen a Panamá a través del Darién.

Era un resultado previsible desde la campaña, cuando el entonces candidato Mulino empezó a hablar sobre cerrar el paso. “Panamá no será más un país de tránsito para los ilegales. No permitiré complicidades locales. A nuestras fuerzas de seguridad les pido aplicar la ley como corresponde”, dijo el presidente en su posesión.

La estrategia también está aterrizando con una securitización de temas migratorios en el gabinete. Por un lado, está Frank Abrego, exdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), será ministro de Seguridad. A Migración Panamá llega Roger Mojica, oficial de policía. Y Jorge Luis Gobea, policía con cursos de seguridad contra terrorismo y amenazas en Colombia, Israel, Alemania y Estados Unidos, estará en el Servicio de Fronteras.

En el Darién panameño empiezan a percibir una mayor presencia militar, según dos fuentes en la frontera, que piden la reserva de sus nombres por seguridad. Entre las denuncias que hacen migrantes en Facebook empezaron a subir videos de cómo las fuerzas militares cerraron tres de los principales pasos que salen de Capurganá y Acandí hacia Panamá con alambre de púas.

Además del represamiento, el riesgo de esa mano dura del lado panameño es que el negocio del lado colombiano que está controlado por el Clan del Golfo crezca. El grupo criminal más grande de Colombia ha hecho de la migración su segunda fuente de ingresos. Cada migrante paga entre 300 y 800 dólares por su cruce, de los cuales una porción de entre 75 y 100 llega a manos del Clan. 

Por la dureza de las nuevas medidas, las rutas del Clan, cada vez más peligrosas, se van a cotizar. “La caída de la coca les demostró a que la migración es un negocio que pueden controlar precios e ingresos. Por eso, no dejarán que se lo acaben tan fácilmente”, dice una de las fuentes de la frontera. 

Eso significa que los problemas que ya enfrenta Necoclí se trasladen a otros lugares de Colombia. Las nuevas rutas empezaron a llegar a Facebook, con mapas ilustrativos, de opciones “sin selva”, para llegar a Estados Unidos. Según consultó La Silla con uno de los hombres que ofrece el servicio, hay dos opciones. 

Por un lado, una ruta que sale de Buenaventura en lancha o de Medellín, en avioneta, hasta Juradó, Chocó. Luego en una lancha se llega hasta Panamá, un recorrido de más de 24 horas. Esta ruta cuesta 1.200 dólares para una persona sin pasaporte. Por otro, una ruta que va de Medellín hasta San Andrés en avión, de ahí a Nicaragua en lancha y acaba en Tapachula, México, en la frontera con Guatemala. Esta ruta cuesta 2.800 dólares. 

En Panamá, según dos fuentes diplomáticas, consideran que Colombia no ha hecho suficiente para controlar el flujo migratorio a través del Darién, lo que ya ha generado roces diplomáticos entre los dos gobiernos. 

Además, los panameños consideran que no se ha hablado del impacto de la migración de ese lado de la frontera. Según una fuente, la entrada de dólares en manos del Clan ha generado una dependencia de los grupos indígenas que viven en el Darién de esos dólares que llegan de la migración. “El Clan no está de nuestro lado de la frontera, pero esa plata que llega sí es investigada por las autoridades aquí y los que se meten en problemas son poblaciones vulnerables de indígenas”, dice. 

Precisamente, esas poblaciones y la seguridad en la frontera fueron uno de los temas que tocaron Petro y Mulino en su primera reunión bilateral. Acordaron “mejorar las condiciones del paso del Darién” y reunirse con Estados Unidos en el mecanismo tripartito. 

“La reunión salió mejor de lo que esperábamos, porque sabíamos que el tema del Darién genera tensiones”, contó una fuente diplomática sobre la reunión. 

Según agrega, una de las dificultades para alcanzar ese control migratorio que está exigiendo Panamá es que, dentro de la institucionalidad colombiana, hay dos versiones sobre qué hacer con los flujos de migrantes. 

Por un lado, el de Cancillería, que le apuesta más a un control migratorio estricto en Norte de Santander y el Puente de Rumichacha, y en Nariño, los dos puntos por los que entran migrantes desde Venezuela, Ecuador, China y países africanos en camino al Darién. Por otro, la versión de Migración Colombia, que tiene una opinión más laxa y aboga por el paso migratorio de las personas, sin mucho control ni vigilancia.

A pesar de la cordialidad entre los mandatarios Petro y Mulino, la tensión diplomática se mantiene. “Tenemos un gobierno progresista, de izquierda en Colombia, que es más laissez faire con el tema migratorio y otro en Panamá que es de derecha y estricto con esos asuntos”, dice Elías Andrés Cornejo, coordinador de la fundación panameña Fe y Alegría. 

Al sancocho diplomático también entró Estados Unidos como destino de los migrantes. “Son tres agendas muy diferentes, la norteamericana quiere que retengan la mayor cantidad posible de migrantes; Colombia quiere permitir la sostenibilidad de la gente en movimiento. Y Panamá se ve como un país de tránsito”, agrega Cornejo. 

El gran tema de las presidenciales gringas

“¿Por qué Estados Unidos? Porque mi tía que llegó allá hace no más un año ya tiene casa y carro, mire le muestro las fotos que me manda”, dice Yolima, mientras camina las calles de Necoclí. Le faltan un repelente y un bloqueador para cruzar la selva.

Tiene 22 años y salió de Barquisimeto, en Venezuela, hace tres años que ha pasado Medellín, trabajando en una peluquería. Desde que su tía cruzó el Darién lleva pensando en seguir sus pasos. En su celular guarda las fotos de su tía. Dice que está en Houston, Texas, donde vive indocumentada el sueño americano.

De los migrantes que cruzan el Darién y continúan hacia Estados Unidos, según cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, hay más de 38 mil detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos. De esas, el 62% no tiene ningún tipo de antecedentes. Es decir, terminaron detenidos solo por haber pasado indocumentados. 

“La migración es el tema de campaña en las elecciones presidenciales de noviembre”, explica Ana Gimena Sánchez, directora regional para los Andes de la Oficina de Washington para América Latina (Wola). “Estados Unidos quiere que los países de Latinoamérica detenga el flujo de migrantes que llegan hacia su frontera”, agrega. 

Como parte de ese esfuerzos, lanzaron las oficinas de movilidad segura, como se llaman los centros de atención en los que los migrantes pueden pedir su visa o asilo para Estados Unidos. Estas arrancaron en junio del año pasado en Costa Rica, Guatemala y Colombia. 

Pero el proceso para tramitar la visa en estas oficinas se demora entre 1 y 2 años. Hasta ahora, hay 2.000 venezolanos, cubanos y haitianos que han acabado el proceso, pero todavía no se han ido a Estados Unidos. En total, más de 20.000 personas están a la espera de que su trámite avance. 

“Es un tema más demorado, quienes pasan por el Darién no tienen el tiempo para esperar el proceso en esas oficinas”, cuenta un funcionario del gobierno, quien ha conversado con las autoridades gringas. 

El afán de las 170 mil personas que han cruzado el Darién en lo que va de 2024 es llegar a EE.UU. antes de enero del 2025, cuando se posesionará el siguiente presidente. Los dos candidatos que luchan por llegar a la Casa Blanca, el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump, tienen un discurso contra la migración. 

Particularmente, Trump —que en las elecciones pasadas se eligió con la promesa de construir un muro en la frontera— ha endurecido su narrativa antimigración. Propone una “Operación Espaldas Mojadas”, para deportar a quienes lleguen a la frontera e, incluso, habla de una Liga de Boxeo de migrantes porque son “duros” y “malos”.  

Según el ponderador de encuestas gringas, FiveThirtyEight, la victoria podría ser de cualquiera de los dos candidatos. El ponderado de Trump es de 42%,mientras que el de Biden es de 40%, a cinco meses de la elección. Pero la confianza en Biden ha caído después de un mal desempeño en el primer debate entre los dos candidatos. 

A 4.000 kilómetros de la frontera, Necoclí empieza a preparase para el escenario más complejo: que Mulino cierre el paso, Maduro se declare ganador en Venezuela y Trump llegue a la Casa Blanca. Por ahora, el gobierno colombiano solo ha lanzado apuestas orientadas a mejorar la seguridad del Darién y aun no es claro cómo enfrentarán el posible represamiento. 

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Carmelina Yule Paví fue asesinada el 17 de marzo de este año. La líder, de 62 años, era mayora Nasa del resguardo Kiwe Thegna en Toribío, Cauca. En 2019, había trabajado como coordinadora del programa Mujer del Territorio en ese municipio. Nada evitó la matara que el frente Dagoberto Ramos, del Estado Mayor Central, mientras Yule exigía la liberación de un menor reclutado por esa disidencia. 

Por el asesinato de Yule, el presidente Gustavo Petro anunció el fin del cese al fuego bilateral que tenía el gobierno con esa disidencia. Una decisión entendible, pero que agrava los riesgos para la vida de los líderes sociales. Como Yule, a lo largo del primer semestre de este año, han sido asesinados 90 en todo el país. 

La Silla Vacía revisó la información del seguimiento que hicieron la ONG Indepaz y la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP del asesinato de líderes sociales a lo largo del año para consolidar una base de datos propia. Para hacerlo, La Silla tomó la información de los líderes que coinciden en las dos bases de datos y complementó esa información con reportería propia sobre cada uno de los casos para establecer qué tipo de liderazgo ejercían las víctimas.

El resultado, es igual a los primeros seis meses del 2023 —cuando hubo 90 asesinatos—. Así fue la variación mensual de estas muertes a lo largo del primer semestre de 2024:

Valle entra en los departamentos más peligrosos

En la celebración de año nuevo, Eliécid Ávila, concejal electo por el Partido Conservador en Tuluá, estaba en su casa, en el barrio La Victoria. No llegó a la cuenta regresiva del San Silvestre, porque dos sicarios entraron a la fiesta y le dispararon. Murió dos días después y se convirtió en el primer líder asesinado en 2024. 

Como Ávila, en el departamento del Valle fueron asesinados 10 líderes sociales. Desde hace dos años, Antioquia, Cauca y Nariño se consolidaron como los departamentos más peligrosos para los líderes, pero en este balance Valle supera a Nariño (en donde solo hubo un asesinato en estos meses) y llega al tercer puesto. 

“La situación en el suroccidente del país es compleja”, dice Ana Gimena Sánchez, directora regional para los Andes de la Oficina de Washington para América Latina (Wola). “Vemos que la situación en Cauca ha empeorado por la ruptura con el EMC, y eso está impactando también al Valle del Cauca porque están conectados”. 

Desde que el gobierno Petro rompió el cese al fuego con el Estado Mayor Central, el Cauca ha sido testigo de un recrudecimiento de la violencia que obedece, por un lado, a la fortaleza militar de esa disidencia de las Farc y, por otro, a la puja por el manejo de las economías ilegales con la Segunda Marquetalia, la otra disidencia; y el ELN. 

La mitad de los asesinados en el Valle, un total de cinco líderes, vivían en Tuluá, que se consolidó como el municipio más violento para líderes sociales en este año. En ese municipio, más que la puja entre guerrillas, la violencia es provocada por la banda local La Inmaculada, que le declaró la guerra al alcalde Gustavo Vélez, quien está amenazado desde la campaña a las regionales. 

Los líderes asesinados en ese municipio hacían parte del partido del alcalde, el conservador, o trabajaban con su alcaldía. 

A Tuluá le siguen los municipios de Tame, Arauca, en donde fueron asesinados cuatro líderes; Quibdó, Chocó, también con un saldo de cuatro; y Puerto Asís, Putumayo, con dos asesinatos. 

Más de la mitad fueron asesinados en un municipio Pdet

Marián Rodríguez Camelo era la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Unibrisas, en el municipio de Mapiripán, Meta. Originalmente, venía de Fortul, Arauca, en donde fundó el Espacio Autónomo Departamental de Mujeres Nosotras para Nosotras. Fue asesinada el 4 de junio. Aunque no se ha confirmado el responsable, los indicios apuntan al Frente 39 del Estado Mayor Central.  

Mapiripán, en donde fue asesinada Rodríguez, es un municipio que hace parte de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, los famosos Pdets. Este es el principal instrumento del Acuerdo de Paz de 2016 para transformar el territorio, pues el gobierno nacional asumió un compromiso para financiar, ejecutar, dinamizar y entregar obras en esos municipios priorizados. 

Mapiripán es uno de los 42 municipios Pdet en los que asesinaron a un líder en 2024. 

Para Francisco Daza, coordinador de la línea de paz territorial y derechos humanos de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), la violencia en estos municipios priorizados responde a una tormenta perfecta provocada por la baja implementación del Acuerdo de Paz en el gobierno Petro y que no han terminado de aterrizar las apuestas de la paz total del gobierno. Lo que ha hecho que estos municipios sigan siendo violentos, como lo eran cuando se priorizaron en 2016, y que los líderes de estos territorios sigan bajo peligro. 

El avance de los Pdet es una de las grandes deudas del gobierno Petro con la implementación del Acuerdo de Paz. 

Raúl Delgado, como director de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y uno de los encargados de la implementación en este gobierno, se ha concentrado en revisar y organizar la implementación de las 32 mil iniciativas de proyectos aprobadas para los Pdets. En esa tarea, ha llegado a la conclusión, que comparte con el presidente Petro, de que no hay plata para cumplir esos planes territoriales y que tomará tiempo priorizar esta política.

El objetivo del gobierno es hacer una inversión de $18 billones en los Pdet. De acuerdo a las cifras de esta entidad, hasta ahora han invertido $4,26 billones. Es decir, apenas el 28 por ciento de la meta, a la mitad del periodo presidencial. Según dos expertos y Pastor Alape, exmiembro del Secretariado de las Farc, el tema de falta de plata es cierto, pero además hay una falta de voluntad del gobierno para su correcta implementación. 

Los líderes comunales siguen siendo los más amenazados 

Cristian Alberto Castrillón fue candidato al Concejo de Caldas, Antioquia, y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda. El líder también trabajó como vicepresidente del acueducto multiveredal La Quiebra, pero fue asesinado por sicarios en un establecimiento comercial en la vereda La Tolda, en ese mismo municipio.

Castrillón cumple con las dos principales causas que han puesto a los líderes sociales en la mira de los grupos armados que los asesinan: era un líder asociado a una Junta de Acción Comunal y un político. 

Dentro de los líderes comunales, los presidentes, vicepresidentes o tesoreros de Junta corren especial peligro. En este semestre, 14 líderes comunales que ocupaban estos altos cargos fueron asesinados.  

Aunque en la mayor parte de los casos no se tiene certeza de quién asesina a un líder, las Juntas de Acción Comunal son la primera forma de institucionalidad que funciona en las regiones. Por eso, los liderazgos comunales se convierten en un blanco para los grupos criminales que quieren controlar el territorio. 

Así ocurrió con Abelardo Quintero, presidente de la JAC en la vereda de El Mango en Puerto Guzmán, Putumayo. En este municipio hay una fuerte puja entre el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, y los líderes comunales quedan en la mitad de esa lucha por el control territorial. 

“La amenaza contra liderazgos comunales responde más a la dinámica misma de los grupos ilegales y el acercamiento de estos a la sociedad civil a través de las Juntas de Acción Comunal, ellos son los primeros que reciben, para bien o para mal, los mensajes de los ilegales”, explica Daza, de Pares. 

Este riesgo en el que continúan los líderes comunales se puede agravar una vez comiencen a recibir los cuantiosos dineros públicos que este gobierno quiere contratar con las Juntas de Acción Comunal como parte de su apuesta por la economía popular.

Líderes políticos en la mira

De los 90 líderes asesinados en este semestre, 10 eran líderes políticos. Entre los asesinatos hay tres que militaban en partidos que hacen parte del Pacto Histórico, la coalición del presidente Petro. Cuatro de ellos militaban en el Partido Conservador y estaban asociados al alcalde de Tulúa, dos en el Liberal, y uno en Cambio Radical. 

“Es un coletazo de las elecciones. Pese a las advertencias que hubo el año pasado sobre la violencia en algunos territorios para las regionales, incluso con la propuesta del exdefensor del Pueblo, Carlos Camargo, de mover las elecciones, terminaron siendo relativamente tranquilas”, explica Daza. “Lo que ocurre es que los grupos armados permitieron que los líderes llegaran a sus cargos y ahí empezaron a pedir cosas. Ahí ven quiénes no están colaborando y ellos se llevan su amenaza”, agrega el investigador de Pares.  

Las muertes de profesores sindicalizados

Los profesores son el tercer grupo de líderes asesinados, con siete muertes. Entre ellos está Efrén de Jesús Zapata, quien hacía parte de la Asociación de Maestros y Trabajadores de la Educación de Córdoba, pero fue asesinado en Cáceres, Antioquia, el pasado 26 de marzo. También está Eliécer Guevara Rojas, quien hacía parte de la Asociación de Educadores del Cesar (AduCesar) y fue asesinado en Valledupar en febrero.

Las dos organizaciones son sindicatos de maestros que hacen parte de Fecode, la agrupación más grande de este gremio a nivel nacional y uno de los bastiones clave del actual gobierno.  

“Por mucho tiempo hubo mucha presión política para la protección de líderes sindicalistas, por acuerdos comerciales o los TLC con Estados Unidos y la Unión Europea, y eso se ha caído. Y desafortunadamente, con la baja de la mirada internacional, la situación de los líderes sindicalistas se ha hecho más peligrosa”, explica Sánchez, de Wola. 

Se ha reducido la amenaza contra los líderes indígenas

Yoli Áchito Rojas era miembro de la guardia indígena de la comunidad Alto Tumandó, en el municipio de Alto Baudó, Chocó. Además, era el personero estudiantil de la Institución Educativa Ikaba de Puesto Indio en el Resguardo Río Jurubirá Chorí y Alto Baudó. Fue asesinado el 29 de marzo, por un grupo de hombres que entraron armados a Puesto Indio. 

Como él, un total de seis líderes indígenas fueron asesinados en el primer semestre de 2024. Esto equivale a un 7% del total de asesinatos contra una población que representa solo el 3,4 % del total de colombianos.

En el balance de líderes asesinados del 2022, los liderazgos étnicos, particularmente los líderes indígenas fueron “desproporcionadamente” victimizados. Pues en ese año, el 20% del total de líderes asesinados fueron indígenas. Esta proporción se redujo para 2023. No es claro por qué.  

La justicia se mueve más rápido cuando llega de Twitter

“Ha sido asesinado el periodista Jaime Vásquez en Norte de Santander, su oficio era denunciar la corrupción. Espero de la Fiscalía la más profunda investigación”, trinó el presidente Petro el 14 de abril. Ese día, en Cúcuta, fue asesinado Jaime Vásquez, periodista, abogado y veedor de la capital de ese departamento. 

Tan solo 12 días después, Alejandro José Arias fue enviado a la cárcel. Hacía parte de la banda delincuencial AK-47, en donde era conocido como alias “El Puré” o “El Cojo”. Llegó a la cárcel mientras avanzaba en su contra el proceso por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y concierto para delinquir por el asesinato. Arias no aceptó los cargos. 

El caso del asesinado veedor es una excepción, pues solo cuatro de los 90 asesinatos ocurridos durante este semestre han terminado en capturas. 

La impunidad de los asesinatos de líderes ya ha sido reconocida por las altas cortes. En diciembre del año pasado, la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional por la situación que viven los líderes sociales en el país. 

Entre las medidas que generó la declaratoria, se incluye la orden a varias entidades, como el MinInterior, la UNP y la Fiscalía, de adoptar medidas específicas para garantizar la seguridad, integridad y la vida de los líderes. 

“La Corte llamó la atención a la Fiscalía porque esta entidad tiene vacíos en el esclarecimiento de estos crímenes”, explica Daza, de Pares. La diferencia está en que, para la Fiscalía del exfiscal Francisco Barbosa, el esclarecimiento significaba que el caso estaba bajo investigación. Mientras que para la Corte, para decir que un caso se ha esclarecido debe el perpetrador debe haberse judicializado.  “Volverse a ganar esa confianza será uno de los retos de la Fiscalía de Luz Adriana Camargo”, dice el investigador. 

Este año, no se tiene certeza de quién cometió 63 de los 90 crímenes. 

Además de las dudas extra que generan los 15 casos de sicariato, pues a través de esta modalidad grupos criminales como el Clan del Golfo o las disidencias de las Farc pueden asesinar a líderes sin, necesariamente, enviar a uno de los suyos a cometer el crimen.

La indignación de los influencers por los asesinatos prácticamente ha desaparecido

“Van 66 líderes sociales asesinados en el 2024, pero Adriana Lucía no dirá nada”, trinó la influenciadora de derecha Ani Abello el pasado 15 de mayo, denunciando el asesinato de Sandra Lorena Anacona. La lideresa era miembro del resguardo de Canoas, en Santander de Quilichao, Cauca. Y había participado en varias movilizaciones y asambleas comunitarias antes de ser asesinada en la vereda Patico, en ese mismo municipio.

Como esa denuncia, Abello ha trinado en cuatro ocasiones sobre el asesinato de líderes en 2024. El año pasado alcanzó 17 trinos.  Su preocupación sobre el asesinato de líderes se ha intensificado durante el gobierno Petro, ya que durante todo el gobierno de Iván Duque nunca hizo más de seis trinos sobre el tema al año. 

Lo contrario ha sucedido con los influencers de izquierda que han perdido indignación ante el asesinato de líderes sociales durante el gobierno Petro.

Pese a que el asesinato de líderes persiste en el país, el fenómeno es cada vez menos visible en las redes, pues las denuncias de estos crímenes se utilizaron durante el gobierno Duque como una herramienta política para hacerle oposición al mandatario de la derecha. 

En 2019, hubo un aumento en los trinos sobre líderes sociales asesinados según una revisión de los 36 influenciadores políticos más relevantes en Twitter del Atlas de los influenciadores políticos de La Silla Vacía. La revisión consistió en mirar, año a año, cuántos trinos publicó cada uno de los influenciadores sobre asesinatos de líderes. En total, las cuentas alcanzaron un pico de 623 trinos sobre el tema en 2019. 

Pero la cifra ha bajado desde la llegada de Petro al gobierno, en 2022 fue de 199, en 2023 de 117 y en lo que va del año solo llega a 55 trinos entre las 36 cuentas.

De esos 36 perfiles, La Silla sistematizó las 10 cuentas que más trinaban sobre el asesinato de líderes sociales en 2018. Juntas sumaron un total de 323 trinos sobre estos crímenes en 2018, 400 trinos en 2019 y 329 en 2020. Desde que empezó el gobierno Petro, las cifras han caído a 134 en 2022, 83 en 2023, y 42 en lo que va del año. 

La representante María Fernanda Carrascal, por ejemplo, fue la gran denunciante en Twitter del asesinato de líderes, con 121 trinos en 2018 cuando asesinaron a 252. Lo cual contrasta con ningún trino el año pasado, cuando murieron 177. O los escasos 3 trinos desde que arrancó este año, a pesar de que su voz hoy tiene mucho más peso por ser congresista y que han sido asesinados 90 líderes parecidos a los asesinados en la época de Duque.

La falta de interés sobre la violencia contra líderes de los líderes mediáticos y políticos se refleja también en una drástica baja en el interés ciudadano en el tema, medido por las búsquedas en Google, según Trends. Esta herramienta toma muestras sobre los conceptos que se buscan en una ubicación determinada. Según la intensidad de búsqueda, les asigna un puntaje entre 0 y 100 a los momentos específicos en los que el concepto es menos o más buscado, respectivamente. 

La Silla revisó, mes a mes, el interés de búsquedas del concepto “líderes sociales” desde enero del 2018 hasta junio del 2024. Así, agregó los puntajes de búsquedas mensuales para comparar el interés de búsqueda entre enero y julio de cada uno de los últimos años. 

“Si bien hay una reducción en los números de asesinatos, hay todavía amenazas, ataques, acciones complejas contra ellos. Cuando más se llama la atención sobre este tema, particularmente desde una mirada internacional, más protegidas se sienten las personas, porque creen que habrá más consecuencias si les pasa algo, pero eso no es un sistema de protección efectivo”, concluye Sánchez, de Wola. 

Con cada vez menos indignación pero con las mismas condiciones de inseguridad para los líderes, el tema aún no tiene una respuesta de parte del gobierno Petro. Esto a pesar de que arrancó su presidencia con una apuesta anunciada con bombos y platillos para proteger a los líderes a través de los Puestos de Mando Unificados por la Vida. 

Desde los primeros 100 días de gobierno, sin embargo, el tema se ha reducido a encuentros con líderes. El último, el viernes pasado en Popayán, terminó con reclamos de esta población al presidente para que por favor tome medidas para evitar que los maten. Petro se salió del recinto sin responderles a los asistentes. 

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La alcaldía de Carlos Fernando Galán recibió un socio, estatutos y la financiación para aterrizar la que será la primera fábrica de vacunas del país. Dos días antes de dejar el cargo, la administración de Claudia López le dejó armada una alianza público privada con Sinovac, el laboratorio chino, para hacer realidad el proyecto de más de 70 millones de dólares. Fue un legado de la pandemia y de López. 

La administración llegó con una movida para modificar los estatutos de la empresa, para poner a un gerente interino que no cumplía con los requisitos originales que se negociaron con los chinos para el proyecto, llamado BogotáBio. A 10 días de que se acabe ese periodo y tras seis meses de alcaldía, la percepción desde de la empresa y sus socios, es que la administración se ha movido con poco interés. Se trata de un proyecto al que el Distrito, que es dueño del 70% de la empresa, ya puso plata para la construcción, equipamiento y operación de la fábrica durante tres años. 

El riesgo es que la ejecución de un proyecto único en el país, de más de $280 mil millones, termine por perder el impulso que dejó la pandemia para avanzar en soberanía biotecnológica. Y ya hay impaciencia y preocupación entre los socios, según le dijeron a La Silla Vacía ocho fuentes que han participado en asambleas de accionistas, la junta directiva y equipos de trabajo de los socios. Por la naturaleza del proyecto y la información del detrás de escena, piden no publicar sus nombres.

Frente a esa percepción desde el interior de la empresa, el secretario de Salud, Gerson Bermont, dice que el proyecto está lejos de enfriarse. “Nos alegra que haya tantas personas pendientes, que tal vez querrían que se moviera más rápido, pero tuvimos que empezar la empresa y vamos dentro de los plazos establecidos”, responde.  

El proyecto no es visible en la agenda del alcalde

Durante la alcaldía de Claudia López, la agenda de producción de vacunas tuvo un gran catalizador, pues la propuesta surgió después de la pandemia. La alcaldesa y su secretario de Salud, Alejandro Gómez, hicieron bombo de la fábrica hasta diciembre del 2023, su último mes en la administración, cuando se asociaron con el laboratorio chino. 

Sin embargo, las fuentes consultadas perciben que el proyecto cayó varios escalafones en la agenda de Galán y de la Alcaldía, en general. 

Parte del problema que perciben las fuentes al interior de la empresa es que los funcionarios encargados son pocos y su dedicación no es exclusiva. El mismo gerente encargado, que quedó después de los cambios de estatutos, Leonardo Arregocés, tiene otras responsabilidades como asesor de la Secretaría, por lo que las fuentes consultadas perciben que su dedicación con BogotáBio va y viene.

BogotáBio fue mencionado en público por el secretario Bermont fue el pasado 8 de mayo. Cuando, frente el Concejo, el funcionario habló sobre “la posibilidad de generar vacunas a nivel nacional”. 

Lejos del rol protagónico con el que terminó la administración post-pandémica de López, el proyecto ahora está enmarcado en una agenda más compleja de ciencia y tecnología. El secretario de salud Bermont explicó a La Silla que BogotáBio es uno de los tres grandes pilares de esa cartera. Los otros dos son el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación (Icdbis) y el laboratorio de salud pública BCL3. “Esos tres proyectos, lo que hay es un corazón de ciencia, innovación e investigación muy fuerte que debe apostarle a conformar un ecosistema de la ciencia, innovación y tecnología”, dice.

Por eso, BogotáBio no aparece explícitamente en el Plan Distrital de Desarrollo. Sino como parte del objetivo 3, titulado “Bogotá confía en su potencial”, en donde hay una meta general que habla del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación para la salud. Para “contribuir a la generación y la apropiación social de nuevo conocimiento para la toma de decisiones relacionadas con las problemáticas en salud pública”, se lee. Para lograrlo, la destinación presupuestal es de 70 billones de pesos. 

Dentro de la empresa, el equipo también siente el golpe que viene con la pérdida de protagonismo. Pues el equipo en BogotáBio se ha reducido. La alcaldía de López cerró con siete funcionarios trabajando exclusivamente en la fábrica de vacunas, pero en seis meses han ido saliendo. La planta quedó reducida a dos personas: Rigoberto Lugo, el contador cuyo contrato se venció hace un mes, y un abogado recién contratado. 

Para el secretario Bermont, el proyecto tiene las manos que necesita. “En este momento están los que se necesitan. El gerente encargado es asesor mío y cuenta con todo el apoyo de la Secretaría, él no necesita tener más personas a cargo para lo que requiere”, dice. 

Pero entre expertos del sector salud también se percibe una pérdida de relevancia. Claudia Vaca, directora del centro de pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la Nacional, dice que “esperaría que la empresa estuviera en el centro de la política pública de esta administración, incluso en el centro de la agenda del alcalde”. 

Bermont niega que ese sea el caso, pues el tema sí figura en la agenda central de la Secretaría. “Es sencillo hacer anuncios, pero más complejo hacer las cosas. Nosotros no estamos haciendo anuncios, estamos trabajando en la filigrana empresarial que el proyecto necesita”, dice el secretario.

La confianza en el sector privado

Hace un mes, Sura inauguró su propia versión de fábrica de vacunas, la primera en el país en envasarlas. Se trata de VaxThera, una planta de terminado —es decir, para los últimos pasos en la elaboración de vacunas—, que lanzó el Grupo Sura desde 2021. 

La iniciativa fue del Grupo Sura, pero aunque nació del sector privado, la propuesta aterrizó con el guiño del gobierno de Iván Duque, particularmente de su ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien estaba en medio de asegurar que las vacunas contra el Covid-19 llegaran al país.

El grupo extenso que estuvo con Ruiz en el Ministerio, terminó llegando a la Secretaría de Salud de Galán. 

El primero, y más notorio, es el mismo Bermont, quien llegó a la Secretaría, después de haber sido director de Promoción y Prevención de esa cartera a nivel nacional. Arregocés, hoy gerente interino de BogotáBio, fue el director de medicamentos. Por lo que estuvieron en esa entidad nacional cuando se manejó la pandemia y después, durante el desarrollo del proyecto de terminación de vacunas de Sura.

Cinco de las fuentes consultadas coinciden como parte de la escuela de Ruiz los funcionarios se sienten más cercanos al sector privado que al público para el desarrollo de estas iniciativas de avance tecnológico en el sector. En ese sentido, BogotáBio es una empresa pensada en el marco de una política industrial liderada por el Estado.  

Para el secretario Bermont, no hay una diferenciación. “Todas las iniciativas, públicas y privadas, hacen parte del sistema de innovación y tecnología, no solo se necesita BogotáBio, ni VaxThera, se necesitan muchos proyectos en ese sentido en Colombia para que sea reconocida a nivel mundial y que tenga una sostenibilidad sanitaria para una futura pandemia”, dice el funcionario. 

Además, desde que llegó al cargo, Bermont ha tenido que encabezar una respuesta a otras situaciones coyunturales, que se alejan de esos vestigios que dejó la pandemia. En la lista están la intervención que hizo la SuperSalud de Gustavo Petro de una de las subredes de salud en la ciudad; los acuerdos para que no se intervenga la EPS de la ciudad, Capital Salud; e incluso los retos en la atención al riesgo de feminicidio en la ciudad.

Más allá de si hay una distancia con el sector público, el tema de salud no ha estado en el centro del debate durante la administración Galán. “Uno sabe cuáles son las Secretarías de primer y segundo nivel dentro de la administración, y en esta Alcaldía hemos visto que Salud no es el centro de la agenda del alcalde, a diferencia de otros temas como seguridad o infraestructura”, dice una de las fuentes enteradas. 

Los chinos como socios 

Uno de los riesgos que enfrenta el proyecto, desde una visión más corporativa, es que la injerencia del laboratorio chino en la empresa aumente ante la inactividad del Distrito. “Los chinos son muy hábiles en esos ambientes de política corporativa, posiblemente ellos sí quieran moverse para tomar decisiones más allá de las de la Alcaldía, que luchó mucho para ser el socio mayoritario”, agrega una fuente que ha participado en la empresa. 

En esta administración ya ha habido movidas del laboratorio para aumentar el control sobre el proyecto, que finalmente se evitó durante las conversaciones para modificar los estatutos. Según los mensajes, a los que tuvo acceso La Silla, mientras se negociaba el periodo de interinidad —que terminó siendo cuatro meses—, el laboratorio chino propuso que, si Bogotá no encontraba perfiles para hacer la terna, podrían ser ellos quienes lo hicieran. 

El reto de medir el avance de la fábrica, y el balance en el trabajo entre la Alcaldía y Sinovac es la elección del nuevo gerente. Para conseguir al candidato ideal, BogotáBio contrató a T Mapp, una cazatalentos enfocada en buscar perfiles para altas y medias gerencias. Es decir, presidentes, compañías y otros altos cargos de compañías públicas o privadas.

De las 80 hojas de vida que mandó la cazatalentos, la Secretaría de Salud depuró hasta llegar a 20, de las cuales saldrá la terna para elegir al gerente en propiedad. Entre los nombres iniciales, están, por ejemplo, Juan Fernando García, quien trabajó en el Ministerio de Salud durante el gobierno de Álvaro Uribe y en el de Comercio de Juan Manuel Santos. Desde 2012 trabaja en la empresa británica de productos farmacéuticos GlaxoSmithKline. 

También está el ex superintendente de Salud de Duque, Fabio Aristizábal. Él ha sido cercano al uribismo, incluso fue candidato al Senado por el Centro Democrático, pero se quemó en 2018 con más de 14.600 votos. Pero no es seguro que cumpla con los 15 años de gerencia en el sector privado, que exige el perfil. 

El lío que ahora se enfrenta la compañía, según supo La Silla por una de las fuentes de adentro, es que los candidatos están pidiendo un salario de casi el doble de los 35-40 millones de pesos que se tenía contemplado para el gerente de la compañía. 

Por otro lado, quien salga elegido tendrá el reto de navegar entre los intereses de los socios y buscar oportunidades con otras entidades del estado. La producción de vacunas es uno de los grandes temas que comparte el Distrito con la agenda nacional del presidente Gustavo Petro, quien ha dicho varias veces que el país debe reforzar su apuesta de ciencia y tecnología. Incuso ha hablado de una alianza entre el Instituto Nacional de Salud y el laboratorio farmacéutico Vecol para producir vacunas en el país.  

Hasta el 30 de junio tiene plazo la junta directiva para nombrar a un gerente en propiedad que llega con el reto de devolverle importancia a uno de los proyectos estratégicos que recibió Galán.

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La bebé llegó rígida y con las pupilas dilatadas. Era domingo, a las 9 de la mañana. Ese es el reporte de los paramédicos de la ambulancia que está de manera permanente en el Parque Nacional. Es la segunda menor que muere, de varios bebés nacidos en Bogotá de la comunidad embera de alrededor de 589 personas que llevan ocho meses viviendo bajo plásticos y lonas sobre la Carrera Séptima, en el centro de Bogotá. 

Pese al hacinamiento y las condiciones cercanas a la indigencia en las que viven, las soluciones a su situación no son claras. Las soluciones involucran a varias entidades, desde la Alcaldía hasta el gobierno nacional, que no tienen la misma visión sobre el retorno hacia los resguardos. Además, se enfrentan al rechazo de los líderes indígenas, que defienden un modelo de mendicidad que se ha instaurado en la comunidad.

Hay varias versiones sobre lo que ocurrió con la niña. El líder embera Elkin Vitucay Cintua dice que la llevaron en tres ocasiones al puesto médico, la noche antes de su muerte. Para protestar contra la falta de atención que recibieron, organizaron hoy un plantón hacia la Secretaría de Salud. Por su parte, otro embera, Demetrio Arias dijo en Noticias Caracol que los padres dejaron a la menor sola para “meter bebida”. Lo que es claro, según el seguimiento que ha hecho la Secretaría de Salud a la familia de la menor, es que desde septiembre del 2023, la madre ya había faltado a varias citas médicas. 

La tragedia llama la atención sobre un fallo colectivo del gobierno de Gustavo Petro, la alcaldía de Carlos Fernando Galán y la sociedad bogotana que se refleja en las malas condiciones de vida que tienen los 1.998 indígenas embera que están asentados en la capital. Según las cifras de la Secretaría de Gobierno, en total hay cuatro asentamientos en el Parque, en las Unidades de Protección Integral —casas de la Secretaría de Integración Social— La Rioja, y La Florida, y en la casa de paso Buen Samaritano. Además, hay 30 indígenas que están viviendo en pagadiarios,18 niños bajo el cuidado del Icbf y uno está hospitalizado. 

El reto de la articulación 

Desde el Distrito, la entidad que encara los asentamientos embera es la Secretaría de Gobierno, que encabeza Gustavo Quintero. El secretario es un viejo conocido en el tema embera en Bogotá, pues en 2018, cuando fue consejero para las Víctimas, Paz y Reconciliación de la alcaldía de Enrique Peñalosa, participó en los retornos de indígenas desde la capital hacia sus resguardos. 

Dentro de los límites de Bogotá, la Alcaldía debe encargarse de que los indígenas que están en la ciudad tengan buenas condiciones de vida. Para eso, ha hecho una caracterización de la población, 4.700 intervenciones en materia de salud y ha vinculado a 704 niños a colegios públicos. La inversión para lograrlo, entre septiembre del 2021 y mayo 2024, es mayor a los $18 mil millones.

Pero la solución definitiva depende también de la Nación. Desde el gobierno nacional, la respuesta a los asentamientos ha estado dividida entre la Unidad de Víctimas y uno de los Viceministerios del Interior, con participaciones del Icbf o del DPS.

Esa respuesta fragmentaria no ha conseguido organizar un retorno para los embera. Según dos funcionarios del Distrito, que piden la reserva de sus nombres para no generar tensiones, la respuesta articulada tiene diferencias de visiones sobre los retornos. 

La primera entidad nacional que está metida en el tema es la Unidad de Víctimas. Por ahora, su directora es la abogada Patricia Tobón Yagarí, quien también hace parte de la comunidad embera y tiene un historial como defensora de los derechos de las comunidades indígenas y afro en el país. 

La Unidad ha estado encargada de articular a las diferentes entidades en la respuesta. “El objetivo es acompañar, en una concertación, a la comunidad embera con las distintas entidades”, le dijo a La Silla la directora Tobón. En ese trabajo, la Unidad lidera la estrategia, desde el gobierno nacional, de intervención integral en el territorio.

“Esto desborda las competencias de la Unidad, porque tenemos la situación de un territorio indígena que tiene problemas que han ido creciendo y una población que está dependiendo alimentariamente de las ayudas del gobierno nacional, porque en esta comunidad, de un resguardo específico (el Alto Andágueda, en Chocó), la mendicidad se convirtió en un sistema de economía familiar”, explica Tobón. 

Pese a ese esfuerzo, en el Parque Nacional la Unidad no se percibe, ni por su trabajo, ni por su cercanía étnica con los grupos allí asentados. “Ella es de un grupo embera que vive muy lejos, vive por Jardín, Antioquia, y en este momento ese trabajo de Patricia Tobón no se ve aquí”, dice Elkin Vitucay Cintua, uno de los líderes del Parque. 

Según cuenta, en el Parque tienen encuentros con funcionarios de la Unidad o de la Secretaría cuando tienen reuniones. “Pero ellos no le entregan a uno sus contactos, porque necesitamos a veces llamarlos, y solo entregan sus correos electrónicos. Pero, ¿un embera que no tiene datos, que no tiene minutos? ¿Si no tiene internet, no tiene computador, cómo va a hablar con ellos?”, dice Vitucay. 

Los dos funcionarios del Distrito cuentan que su trabajo se ha visto obstaculizado por la posibilidad de que Tobón saliera de la Unidad. El 19 de abril, la funcionaria entregó al presidente Petro su carta de renuncia. Para reemplazarla, en la página de Presidencia fue publicado el nombre de Lilia Solano, la actual viceministra para el diálogo social en el MinInterior. Pero el nombramiento no se ha dado.

Solano ha participado en la resolución de los asentamientos embera en la ciudad. Lideró una negociación en marzo, cuando la comunidad hizo un plantón frente al Ministerio de Vivienda, exigiendo mejores condiciones para sus casas en los resguardos. Después de la negociación, Solano anunció un acuerdo con la comunidad, que incluía el retorno de 129 familias de Bogotá hacia sus resguardos, pero estos no se han terminado de materializar. 

Para Tobón, su renuncia “no tiene nada que ver con esto. Tenemos, como gobierno nacional, que resolver este problema y hemos venido trabajando. En el caso mío, yo trabajo hasta el último día y no puedo parar los procesos”. 

La funcionaria explica que la articulación “es de lo más difícil del mundo”. Entre las razones, dice que no todas las entidades han asignado plata para el tema, que hay diferencia de visiones sobre si el retorno resuelve o no los asentamientos. “La corresponsabilidad de las entidades no ha sido la más oportuna”, admite. Cuenta que para esa articulación son clave los espacios como la Asamblea Embera, que será el 21 y 22 de junio. 

Indígenas no quieren un retorno colectivo

Más allá de los retos burocráticos, la medida de retorno es compleja, pues no todos los indígenas que están asentados en la ciudad están de acuerdo con regresar a sus territorios. 

Ese regreso se puede hacer en dos modelos distintos. Por un lado, los retornos colectivos son organizados por el trabajo articulado entre Nación y Distrito, para que salga un bus desde la capital y recorra las más de 10 horas de carretera que separan a Bogotá de los resguardos embera, ubicados en los municipios de Bagadó, en el departamento del Chocó, o en Pueblo Rico, Risaralda. 

Además de organizar el transporte, el gobierno o el Distrito suele acompañar el retorno colectivo con insumos para construcción, agricultura, u otros para los indígenas en los resguardos. Por ejemplo, en el retorno que acompañó el secretario Quintero en 2018, llevaron una cocina industrial para la escuela del resguardo. 

Por otro lado, está el retorno individual, en el que cada familia o un grupo de individuos recibe un dinero de parte de la Nación o del Distrito para hacer el viaje. Este no depende de la logística estatal, sino de lo que organice cada uno de los grupos de indígenas a los que se les entregue el dinero para viajar. 

Para el Distrito, el retorno colectivo es la mejor opción. “Nuestra prioridad es desalojar el Parque Nacional, pero el retorno colectivo también ayudaría a aliviar el hacinamiento en La Rioja o en La Florida”, le dijo a La Silla el secretario Quintero. 

Sin embargo, entre los indígenas que están asentados en Bogotá, el retorno colectivo al que le apuestan las entidades, es una opción poco atractiva. “Solamente hablan cada día de temas de retorno para presionar hacia el territorio sin garantizar nada, nosotros queremos individual, pero entidades del gobierno nacional y de distrito quieren colectivo, pues por esa razón, la población regresan acá a Bogotá otra vez, como allá no hay nada para nuestras vidas”, dice Leonivar Campo Murillo, uno de los líderes asentados en La Rioja. 

Para el líder Vitucay, del Parque Nacional, el retorno colectivo es una forma de “lavarse las manos”. “No nos conviene porque nos llevan sin garantías al territorio, nos dejan allá de manos cruzadas, sin vivienda, sin platas”, dice el líder embera. 

Para el retorno, la comunidad pide garantías que van más allá de la seguridad en los resguardos, que es el primer argumento que usan los embera para justificar su llegada a Bogotá. “Necesitamos que se garantice una reparación a los que retornen. Que puede ser en forma de viviendas, producción de programas o unos subsidios, para las familias individuales”, dice el líder Campo Murillo. 

Aunque para Bogotá el retorno es clave, para el gobierno nacional esta no es la solución definitiva. “Han encontrado en la mendicidad una salida económica para sus familias, por eso estamos diciéndole a las entidades territoriales que necesitamos trabajar en esto, que no se resuelve pensando que se van a devolver a los territorios”, dice Tobón. 

Para el antropólogo Bastien Bosa, de la Universidad del Rosario, este no es un rasgo cultural de esta comunidad, sino una respuesta a un contexto de desplazamiento y violencia, que no les permite tener autonomía. “Las entidades hacen lo que pueden, pero no se ofrece una solución real en donde se den condiciones para ellos tener una vida digna y proyectos propios, de largo plazo. El horizonte no es solamente recibir unas ayudas para permanecer en una situación de dependencia y precariedad”, explica. 

“Tenemos dos planes, algunos quieren retornar individualmente, otros se quieren reubicar. El problema es que si en ese proceso lo matan a uno, uno solo es el que responde, el gobierno ahí ya no aparece”, dice el líder, quien le mostró a La Silla la solicitud que le hizo a la UNP para una medida de protección por las amenazas que recibió de la guerrilla antes de salir de su resguardo. 

Los embera prefieren ser reubicados

Elkin Vitucay Cintua llegó a Bogotá hace 12 años. Cuenta que salió del resguardo Cascajero, ubicado en el departamento del Chocó, después de que la guerrilla lo amenazara. Hoy vive en el Parque Nacional, pero también ha vivido en el asentamiento de La Rioja, en donde hoy hay cerca de 453 indígenas. 

“El que quiere retornar, sufrirá por allá. Porque los embera, cuando llegan a la comunidad necesitan su maíz, su herramienta, un techo, ¿quién le va a construir? Si llevan todas las tablas, pero uno no sabe construir, le toca contratar a alguien para que le haga su casa. Por eso el retorno es muy complicado”, dice el líder Vitucay. 

Cuenta que han “hablado bien bonito” con la Unidad de Víctimas sobre su salida del Parque. “Nos dijeron que si no queremos retornar, si queremos reubicar, ellos nos entregan la tierra para que podamos hacerlo. Fuera de Bogotá. Aquí es muy difícil, si queremos vivir aquí, tenemos que hacerlo con nuestra plata, para eso nos tocaría trabajar”, dice. 

La reubicación consiste en llevar grupos de emberas a una zona en la que puedan tener una vida digna, pero fuera de su resguardo. El lío es que en Bogotá, no podrían reubicarse, pues como la comunidad no tiene independencia financiera, el Distrito tendría que asumir de manera permanente la alimentación y el sostenimiento de esa comunidad. 

Para el secretario Quintero, esa dependencia no es una solución. “Estamos planeando una ruta de integración local, pero son rutas más individuales, para que lleguen por familias a distintos lugares. Si es el caso, entregar algunos auxilios de arrendamiento y que la comunidad se ajuste a las rutas de asistencia social del Distrito”, dice. 

Una de las opciones que contempla la comunidad es ser reubicados en Quibdó. Según el líder Vitucay, ya han tenido acercamientos con la comunidad Katío que vive en la capital del Chocó. “Pero todavía no sabemos con quién nos podemos quedar, qué organización va a responder allá. Todo eso nos tocaría por el lado de nosotros resolverlo”, dice.  

Por ahora, en lo que va del año, han muerto dos niños embera en el Parque Nacional. Desde que se regresaron el frío y las lluvias a Bogotá, en el asentamiento se oyen los tosidos de niños y adultos que caminan descalzos y se cubren con chaquetas de cualquier talla, color y condición. Por ahora, la ruta de regreso para los embera no es clara, y tampoco se sabe si la terminarán tomando. 

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El jueves 30 de mayo, por la tarde, Fabio Andrés Riveros esperó a que Natalia Vásquez Amaya, una enfermera jefe de 31 años, llegara a su casa en la localidad de Suba para asesinarla con un cuchillo. La enfermera llevaba dos meses viviendo en una casa de protección de la Alcaldía, tras repetidas agresiones de Riveros, quien era su expareja y el padre de su hijo. Pero hacía un semana, había salido de la Casa Refugio. Después del asesinato, Riveros se suicidó. 

La semana pasada, Vásquez fue la segunda mujer asesinada en un feminicidio en Bogotá. Estos homicidios le pegan duro a una alcaldía como la de Carlos Fernando Galán, quien llegó con la promesa de hacer que Bogotá caminara segura y con el objetivo de erradicar las violencia de género en Bogotá. Vásquez había seguido toda la ruta de la Alcaldía, sin embargo, no funcionó. 

Este año, los feminicidios han aumentado en Bogotá y en Colombia. El caso de Vásquez revela fallas en las ruta de protección para las mujeres que se repiten en todo el país. Y convierte en un ejemplo de los retos que persisten, incluso en los municipios con mecanismos de atención más desarrollados, para proteger a las mujeres de la violencia que ejercen los hombres. 

Los retos de la ruta de atención

El 1 de marzo de este año, Natalia Vásquez Amaya hizo la “llamada de vida”. Este es un mecanismo con el que cuenta la Alcaldía para buscar una medida de protección para aquellas mujeres que se encuentren en situaciones de violencia al interior de sus familias. 

Vásquez era en una de las 665 mujeres que están en riesgo de feminicidio en la ciudad, según datos del Distrito.  

Uno de los caminos para activar la “ruta única de atención” para las mujeres es una llamada, que puede ser de orientación o para empezar las medidas de protección. 

La primera es la línea púrpura, en la que las mujeres pueden recibir orientación y acompañamiento frente violencias basadas en género. De esta línea se encarga la Secretaría de la Mujer. También está la “llamada de vida”, la que hizo Vásquez, que está a cargo de Integración Social, la misma entidad que está a cargo de las comisarías de familia, que son las que atienden a quienes se enfrenten a violencias en el contexto familiar, como niños, mujeres o adultos mayores. Y está el 123, la línea donde se reportan los riesgos inminentes de seguridad, en donde participa la Secretaría de la Mujer como orientación.  

Tres días después de la llamada de Vásquez, en la comisaría de Suba, le otorgaron medidas de protección preventivas, después de evaluar su situación. Entre esas, la mandaron a una Casa Refugio, un espacio en una ubicación que no es pública al que pueden ir las mujeres acompañadas de quienes dependan de ellas, como sus hijos, para quedar por fuera del radar del agresor por un periodo de cuatro meses, que se pueden alargar otros dos meses. 

Aunque es una solución temporal, los refugios cargan sus propios problemas. “Las mujeres quedan entonces encerradas, con sus vidas congeladas. Muchas mujeres responden económicamente por sus familias, entonces quedan sin fuentes de ingresos”, explica Carol Rojas, coordinadora del Observatorio Colombiano de Feminicidios. Eso ocurrió en el caso de Vásquez, quien eventualmente salió del establecimiento y terminó asesinada. 

Rojas menciona que este es un riesgo mayor porque en el país existen familias ampliadas, primas, tías, y abuelas que se sostienen unidas “por la precarización de la vida de las mujeres en el país”. “Cuando se llevan a estos refugios, se rompe ese vínculo comunitario. No están hechos a la medida de las mujeres, sino de acciones fortuitas”, agrega. 

Mientras Vásquez estaba en la Casa Refugio, la Secretaría de Integración Social, desde la comisaría de familia de Suba, organizó la audiencia para definir las medidas definitivas en su caso. Originalmente, la audiencia estaba programada para el 27 de marzo, pero Vásquez pidió aplazarla, por temor a encontrarse cara a cara con su agresor. 

En esos escenarios, las mujeres se enfrentan a la revictimización no solo de encontrarse con su agresor en un espacio, sino también por tener que contar varias veces la historia de la violencia de la que fueron víctimas, a varias entidades y, muchas veces, sin el tacto necesario. “Por eso, esas medidas, como estan diseñadas, no garantizan la protección de las mujeres”, concluye Rojas, del Observatorio. 

La audiencia terminó siendo el 7 de mayo. Entre las medidas de protección que se le asignaron en esa fecha estaban que al agresor se le pedía “abstenerse de proferir agresiones verbales, físicas, económicas, psicológicas, ofensa, acoso, humillación, intimidación, hostigamiento, manipulación, escándalos, agravio y en general cualquier acto que ponga en riesgo la estabilidad emocional o física” a Vásquez y a su hijo, de tres años. 

También se le prohibía al agresor entrar en el lugar de residencia de Vásquez y acercarse a ella o a su hijo a menos de 500 metros. De manera provisional, se definió que la custodia del niño la tendría Vásquez y se le suspendieron las visitas al agresor, su padre. 

En la ruta de la Secretaría, según Tami, se vincula a las mujeres con la Fiscalía y abogados expertos en el tema de violencia de género para hacer las denuncias correspondientes. Las comisarías de familia, solo pueden imponer medidas de protección, pero que no tienen carácter judicial y no pueden privar de la libertad a los agresores.  

En la comisaría, además, ordenaron al agresor “terapias para aprender a comunicar de manera asertiva, manejar estados de ánimo, control de impulsos, respeto, tolerancia” y “un curso pedagógico sobre el deber de cumplimiento de las medidas de protección”, que hace la Personería. 

Pero 23 días después, Riveros asesinó a Natalia Vásquez, el 30 de mayo. Un día antes, en el centro comercial Santa Fe, también Stefanny Barranco fue víctima de feminicidio en manos de su expareja, por lo que la capital se convirtió en el centro de la atención por estos crímenes la semana pasada. 

El plan de Galán

Con corte a abril, en Bogotá hubo tres feminicidios más frente al mismo periodo del año pasado, según los datos del Observatorio de Feminicidios de Colombia, una ONG que le sigue la pista a estos crímenes y a las políticas de género en el país, desde el pertenece al centro de conocimientos y acción poítica Republicanas Populares.

“Cada vez que hay un feminicidio le fallamos, como sociedad, a las mujeres, les fallamos porque hay que seguir trabajando y derrumbando esos imaginarios machistas”, dice la secretaria Tami. 

Ante la situación, el alcalde Galán lanzó dos medidas para el corto plazo. A partir de julio, empezará un plan de fortalecimiento de las comisarías, que busca aumentar la formación y los recursos que tienen 51 equipos comisariales. Además, desde el segundo semestre, la Alcaldía lanzará un mecanismo para evaluar las medidas de protección adoptadas por las comisarías en casos de riesgo de feminicidio. 

A mediano plazo, el Plan Distrital de Desarrollo de la Alcaldía se pone como objetivo reducir en 30% el número de feminicidios, de la línea base de 89 que hubo en el periodo pasado. 

Para lograrlo, el documento habla de algunos cambios en la ruta. El más notorio es el cambio de las comisarías de familia, que pasarán de la Secretaria de Integración Social, a la de Seguridad. “Por su objeto misional deberían estar allá, porque las comisarías son parte del acceso a la justicia, e Integración Social estará enfocado en la prevención de la violencia intrafamiliar”, explica el secretario de Integración, Roberto Angulo. 

Además de cambiar de doliente, el Plan habla de un aumento en las comisarías de la ciudad, que pasarían de 51 a 67 en cuatro años. La primera tiene como fecha de inauguración septiembre de este año, en la localidad de Ciudad Bolívar, pues esta es una de las localidades con más denuncias por violencias de género y menos comisarías. 

La idea también es aumentar la periodicidad con la que se hace seguimiento a las mujeres en riesgo de feminicidio que atiende la comisaría. Hoy se hace cada dos meses, pero para el final de la administración debería hacerse seguimiento quincenal, durante los tres primeros meses, y después de ese periodo, un seguimiento mensual. 

Otro elemento que plantea el Plan de Galán es una mejora de la ruta de atención, para que esta sea integral, es decir, que se mejora la articulación entre las diferentes entidades, tanto las del Distrito como las de orden Nacional, como el gobierno o la rama judicial. 

“Esa visión intersectorial que le ha dado el alcalde es clave para plantear mejoras en esa ruta de atención, porque incluye un trabajo conjunto al tiempo que cada una de las entidades es responsable dentro de sus competencias”, dice la secretaria Tami. 

Más allá de las medidas de las administraciones locales o nacional, los feminicidios responden a una visión estructural en la que los cuerpos de las mujeres son vistos como espacios de conquista en donde los hombres pueden demostrar su poder. “Son consecuencia de un machismo estructural, por eso hay que apostarle a una transformación, además de atención, para cambiar ese imaginario”, reconoce Tami.

El problema más allá de Bogotá 

Este lunes, la Policía capturó en Medellín a un hombre de 57 años, después de más de un año de investigación, en la que participaron la Fiscalía y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, para esclarecer la muerte de Nancy Elvira Castaño. En marzo del año pasado, su cuerpo apareció decapitada, en un avanzado estado de descomposición, y con signos de tortura en el barrio El Cucaracho. La mujer de 34 años había desaparecido desde febrero del 2023 después de ir a la casa del hombre, quien era su pareja. 

Antioquia cerró el 2023 con 95 feminicidios, consolidándose como la región del país con mayor número de estos crímenes, según el Observatorio. Le siguieron Bogotá, con 58; y Valle del Cauca, con 52, del total de 525 registrados. 

Este año, el panorama es aún más escabroso. En solo cuatro meses, según el último boletín del Observatorio, en el país hubo 271 feminicidios. Esto representa un aumento de casi 100 homicidios en comparación con los 179 que se había reportado el año pasado durante el mismo periodo.

Por esas cifras, el manejo de las alertas por feminicidio supera las capacidades de los gobiernos locales. En el gobierno nacional ya se ha hablado sobre endurecer las medidas en contra de los feminicidas. 

Un día después de los dos feminicidios que ocurrieron en Bogotá, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que ya está lista para la sanción presidencial una ley que elimina los beneficios para los asesinos de mujeres, que ahora tendrán que cumplir toda su pena en la cárcel, sin posibilidad de casa por cárcel ni de salidas prematuras. Además, la ley incluye la creación de una oficina dentro de la Fiscalía para sancionar casos de feminicidio. 

El objetivo es que esa oficina mejore el movimiento del sistema judicial frente a los casos de violencia en contra de las mujeres, antes de que ocurran tragedias. En feminicidios, por ejemplo, hay una gran impunidad. El año pasado, fueron condenadas 124 personas por ese delito, pese a que hubo 525 víctimas de este delito registradas por el Observatorio. El último fue John Poulos, un estadounidense condenado a 42 años, que asesinó a su pareja colombiana, Valentina Trespalacios. 

El gobierno nacional, además se ha empezado a reunir con mandatarios locales, a través del Viceministerio de las Mujeres, que hace parte del MinIgualdad y está encabezado por Diana Gómez. Según la secretaria Tami, la viceministra ha estado en constante contacto con su despacho para articular las respuestas. 

Por su lado, Rojas, del Observatorio, cuenta que la organización participó en las mesas de alto nivel para prevenir el feminicidio, aunque de esta todavía no hay resultados concretos. “Pero el encuentro es vital, porque si no se articula la institucionalidad local con la nacional no lo vamos a lograr”, dice. 

Con un saldo en rojo de 271 mujeres asesinadas por ser mujeres, en el país se empiezan a mover modificaciones para castigar con mano dura y mayor efectividad a los asesinos de mujeres. Las nuevas medidas se enfrentarán a un reto mayor, que implica ser efectivas en un país que sigue siendo profundamente machista.

Una versión de esta nota la puede escuchar en esta capítulo de Huevos Revueltos con Política:

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Stefanny Barranco Oquendo y Natalia Vásquez Amaya fueron asesinadas en Bogotá con 24 horas de diferencia. Aunque ambas habían denunciado a sus asesinos —que eran sus exparejas— y siguieron las rutas de atención de la Alcaldía, nada impidió que dos hombres acabaran con sus vidas. En lo corrido del año van 271 feminicidios en Colombia, más de la mitad de los mismos casos ocurridos en todo el año pasado.

Hoy hablamos de las fallas del Estado en los casos de Stefanny y Natalia, el mea culpa de la Alcaldía de Bogotá y qué está pasando con el cuidado de las mujeres en la capital del país. 

Para saber más sobre los casos de feminicidios puede revisar:

Seguimiento de los casos de feminicidios en Colombia. Observatorio de Feminicidios. 

La culpa no era mía. Columna de Lina Scarpati para La Silla Vacía.

Justo cuando acabamos la producción del Huevo de hoy, fue condenado a 43 años de prisión el feminicida de la DJ Valentina Trespalacios. Sobre ese caso puede revisar este episodio

Chequeo de datos: María José Restrepo, periodista de La Silla Vacía. 
Producción:Juanita Escobar, periodista de La Silla Vacía.
Foto de portada:  Prensa Alcaldía Mayor de Bogotá – Lesly Segura

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“Hemos ahorrado más de 7 millones de metros cúbicos de agua, el equivalente a 2.913 piscinas olímpicas”, dijo el martes pasado el alcalde Carlos Fernando Galán, como balance positivo de los primeros 45 días de racionamiento de agua en Bogotá. 

Combinada con las lluvias que empiezan a caer, la estrategia ha resultado en un aumento de 15 puntos porcentuales en el nivel de los embalses de Chuza y San Rafael, los dos que componen el Sistema Chingaza, responsable del 70% del suministro del agua potable de Bogotá. En la última medición, su volumen superó el 31% de la capacidad. 

Según la Alcaldía, el racionamiento ha contribuido en casi un tercio del aumento de los embalses. Pero para los cinco expertos consultados, el aumento en los embalses responde a la llegada de las lluvias. Muestra de ello es que, en los 50 días que lleva el racionamiento, en solo una ocasión la ciudad alcanzó la meta de consumo que se puso la administración.
La meta menos conocida por la ciudadanía fue bajar en un 20% en consumo de agua que viene del sistema Chingaza. En los 50 días que lleva la medida, este ha bajado 22 puntos porcentuales.

La Silla Vacía consultó al despacho del alcalde, que remitió las preguntas al Acueducto.

Estos son los huecos que ha tenido la estrategia del alcalde Galán:

1. La comunicación poco efectiva

En la mañana del martes, la Alcaldía cambió la gráfica del racionamiento a la que ya se habían acostumbrado los bogotanos. “Queremos reflejar ahora hasta dónde tenemos que llegar en octubre de este año”, dijo el alcalde.

Desde que empezó el racionamiento, Galán publica a diario un balance del consumo del día anterior y el nivel de los embalses del Sistema Chingaza. Con el paso de los días, los mensajes dejaron de invitar al ahorro y se convirtieron en un “así vamos con el agua”. 

La redundancia se volvió objeto de burlas en redes sociales, que le quitaron la profundidad al tema de fondo de las gráficas. “Cuanto más específica y mejor calidad de información se dé es posible avanzar en una reducción efectiva del consumo”, afirma un estudio de dos semilleros de investigación de la Universidad de Los Andes, con los que Galán se sentó a discutir sobre su estrategia. 

“Después del chiste sobre bañarse juntos, la comunicación del alcalde Galán se fue apagando. Para generar cambios de comportamiento es importante tener agendas coordinadas con todas las entidades e insistir en medidas claras y pedagógicas que resalten cambios de comportamiento positivos y no regañen a la gente”, dice Henry Murraín, director del semillero de Cultura, Comportamiento y Políticas Públicas de Los Andes y exfuncionario de la alcaldía de Claudia López

Esa falta de claridad, según Murraín no ha ayudado a que funcione la estrategia comunicativa. En promedio, en el último ciclo de racionamiento, al tiempo que los memes, se registró el mayor consumo.

“Los datos y mensajes los veo muy confusos. Yo soy más o menos técnico, porque manejé el tema con mucho cuidado, pero en este momento no sé cuál es la estrategia de comunicación de la alcaldía”, dice Paul Bromberg, quien en la administración de Antanas Mockus en el 1995 encabezó la estrategia para ahorro. Bromberg entonces era director de cultura de la Alcaldía, pero terminó montando una aproximación de cultura ciudadana para ahorrar, con la que la ciudad evitó los racionamientos. 

“Se nos olvidó todo lo que aprendimos con las restricciones de 1997”, dice Carmenza Saldías, directora de planeación de las alcaldías de Mockus y “Lucho” Garzón. “Cuando el alcalde sale hacer un racionamiento parece que todas las experiencias de cultura ciudadana dejaron de importar y volvemos a prácticas gastadas que incitan a la acumulación”, agrega.

2. Las sanciones han sido impracticables

El sistema de agua en Bogotá tiene características estructurales que han dificultado el seguimiento del racionamiento. Particularmente, el sistema de medición del consumo, que se factura cada dos meses. Por eso, no han llegado los cobros que lanzaron para penalizar el consumo excesivo. “La multa por consumo excesivo no se ha empezado a cobrar, por el cobro bimensual del agua. Solamente hasta las facturas de julio se verá reflejada”, explicó la gerente del Acueducto, Natasha Avendaño, el martes pasado.

“El anuncio de las sanciones funcionó apenas se hizo, pero ya ahorita no. El tema con las sanciones es que son efectivas a corto plazo, porque la gente se asusta con el anuncio, pero a largo y mediano plazo no funcionan si no hay consecuencias inmediatas”, explica Diego Restrepo, consultor de la Fundación Riparia, que investiga sobre gestión del agua de cara a la crisis climática y la seguridad hídrica.

Restrepo menciona una estrategia que puede ser útil, la de impacto positivo o premiar a quienes tengan una mejor cultura de ahorro. No es el primero en proponerlo. El concejal Juan Daniel Oviedo, quien llegó a esa curul tras ocupar el segundo puesto en la alcaldía, también mencionó la posibilidad de premiar a las zonas que más ahorren en entrevista con La Silla. 

Los semilleros de Los Andes afirman que más que las sanciones, este tipo de mensajes son incluso más efectivos: “Es fundamental mostrar intensamente qué están haciendo las personas que ahorran agua y generar comparaciones del comportamiento con respecto al resto de individuos”. Ninguno de estos incentivos positivos se ha materializado.

Desde el Acueducto le respondieron a La Silla que están ejecutando una serie de medidas para automatizar la medición del consumo. Es decir, para que se puede ver automáticamente cuánto es el consumo y no cada dos meses que vaya el técnico a hacer una diferencia en el registro del agua. “Los primeros usuarios vinculados son los grandes consumidores como industrias, hoteles y grandes superficies. A la fecha hay más de 978 grandes clientes con este sistema de medición”, dicen desde la empresa. 

También hay obstáculos legales. “No tenemos posibilidades legales de prohibir la utilización de tanques de reserva, no podemos prohibirlos y entrar a sancionar a alguien que los utilice”, dijo el alcalde Galán. Los tanques se han convertido en el gran vacío de la medida, pues las propiedades horizontales los llenan el día antes de la restricción, para no sentir los cortes del sector. Y al día siguiente los vuelven a llenar, causando un gasto adicional y más demoras para que les llegue el agua a quienes están después en la tubería. 

3. Las metas son confusas

Las metas que se puso la Alcaldía son en tres frentes, dos de las cuales no se ha cumplido. Los objetivos originales tenían plazo para el final de abril. 

Un frente es reducir el consumo del agua que llega a la ciudad, una medida que está en metros cúbicos por segundo, haciendo referencia a la cantidad o el volumen de agua que entra de los embalses. Un día antes del racionamiento, este indicador era de 17,39 m3/s, y el objetivo inicial fue bajarlo a 15 m³/s. A final de abril, quedó en 15,79, casi un punto por encima de la meta.

Por otro lado, está el porcentaje de los embalses, que mide la capacidad del Sistema Chingaza.  La idea era que alcanzaran el 20%, pero en el último día de abril, los embalses estaban en 17,18%.

La meta cumplida fue la reducción de la dependencia que la ciudad tiene del sistema Chingaza, el objetivo era bajarlo un 20%. En promedio, esta reducción ha sido del 22%, pasando de alerta roja por suministro de agua, a amarilla.

Murraín, de Los Andes, y quien trabajó en cultura ciudadana con Mockus desde la fundación Visionarios, dice que cuando las metas no se cumplen y no pasa nada pierden su efectividad. “Es como cuando le dicen a uno que apague el celular en el avión”, afirma. 

La semana pasada, Galán insistió en que si se cumple la meta de consumo podría haber a un relajamiento del racionamiento. “Si logramos reducir el consumo por debajo de 15 m³/s por segundo y tenemos este nivel de afluencias, llegará un momento en donde eventualmente estaremos en una tendencia suficiente para poder reducir las medidas (de racionamiento)”, dijo.

Pero el único día que se ha alcanzado el objetivo, el lunes festivo 13 de mayo, cuando el consumo estuvo en 14,86 m³/s, apunta a que la meta está planteada sin reconocer aspectos claves, como los ciclos de consumo. “Nosotros encontramos es que el consumo de agua en Bogotá es cíclico, los sábados la gente lava la ropa, por ejemplo”, explica Bromberg.   

Para el festivo 13 de mayo se calcula que 2 millones de personas salieron de Bogotá desde el viernes 10, según la Secretaría de Movilidad.

Bromberg dice que en su paso por la Alcaldía, encontraron “un patrón de consumo de agua y entonces tratábamos de entender la estrategia que teníamos que seguir para la promoción del ahorro de acuerdo a esa ciclicidad”. Este elemento, hasta ahora, no se ha mencionado.

Sin haber alcanzado la meta de reducción de consumo, la nueva meta sobre el nivel de los embalses del Sistema Chingaza es que lleguen al 70% de su capacidad para finales de octubre del 2024. Este es el nivel mínimo, según la Alcaldía, para poder enfrentar el verano de 2025. Aquí no es claro cuánto de ese nivel dependerá de las lluvias y cuánto de la reducción de consumo. 

La proyección del Ideam daba un 80% a la posibilidad de que se desarrollara un fenómeno de La Niña, que trae fuertes lluvias al país, en la segunda mitad de este año. Aunque en el boletín de abril sigue contemplando la llegada de La Niña, en el mundo el pronóstico ha cambiado. 

Según la oficina de meteorología australiana —una de las más respetadas en el mundo—, con las temperaturas actuales del Océano Pacífico, La Niña está “En Observación”. Es decir, “hay algunas señales de que La Niña podría formarse en el Océano Pacífico al final del 2024. Pero En Observación no garantiza que La Niña se vaya a desarrollar”. De hecho, cuatro de siete modelos que corren los australianos muestran que no se materializaría.

Para Bogotá, eso implica que no se puede asegurar una temporada de lluvias más fuerte de lo normal en lo que resta del año. E incluso si llegara a ocurrir La Niña, las lluvias que trae no llegarían al principal suministro de agua potable de la ciudad, pues no hace que llueva más en la cuenca alta del río Guatiquía, en Meta, el río que alimenta Chingaza, como ha reconocido el mismo Galán.

“El gran error de la Alcaldía es vender esto como tema coyuntural”, dice el exconcejal Diego Laserna, quien desde el 2019 ha advertido por la falta de sostenibilidad del suministro del agua potable en la capital. “En vez de estar rezando para que llueva, deberíamos tratar de controlar lo que sí podemos controlar, que es el consumo”, agrega.

4. En el Plan de Desarrollo no hay un norte claro

Desde 2015, el Acueducto dice que se necesita ampliar la capacidad de las plantas que potabilizan el agua de los tres sistemas que suministran a la ciudad. Las intervenciones debían ampliar la capacidad de las plantas de Wiesner (que potabiliza el agua del sistema Chingaza), la de Tibitoc (que se encarga de la del sistema Norte), y la de Vitelma (del sistema Sur). El objetivo, del Plan Maestro del Acueducto, es lograr un procesamiento de 21 m3/seg, superior a los 17 y pico que se producen hoy. 

Sin embargo, las obras de las plantas no se han entregado, como denunció el exconcejal Laserna.

Desde el Acueducto, le respondieron a La Silla que, a modo de previsión sobre la posibilidad de que bajaran los embalses del sistema Chingaza, el año pasado empezaron a traer más agua del sistema Norte, que abastece cerca del 25% del agua potable de Bogotá. Desde julio del 2023, aumentó el volumen que entra por la planta de Tibitoc de 4,5 a 7,5 m3/seg, un incremento del 67%. Pero todavía no alcanza la meta que se plantean las obras de expansión, con las que debería llegar a 10,5 m3/segundo.

En el Plan de Desarrollo que el Concejo de Bogotá le aprobó a Galán, el tema aparece en dos lugares, pero en ninguno es claro sobre cuál es la estrategia de fondo. El programa 29 propone “servicios públicos inclusivos y sostenibles”. En 2025 debería empezar la estructuración de obras nuevas que contribuyan al abastecimiento de agua potable, para que en 2040 entren en funcionamiento. Para hacerlo, la Alcaldía dispone de $20 billones.

Aún no están claras las obras que surjan de esa inversión. Es un tema espinoso. Por un lado, está la posibilidad de construir un nuevo embalse en el sistema Chingaza, del que hablaba la exalcaldesa López. El presidente, Gustavo Petro, un exalcalde muy activo en los temas de Bogotá, ha afirmado que eso generaría “sequía en la Orinoquía y alza del precio de los alimentos en Bogotá”, trinó.

Los páramos han sido la fuente principal de agua de buena calidad de Bogotá y el sistema Chingaza es del Acueducto, lo que le da independencia a la ciudad. Sin embargo, el cambio climático los hace muy vulnerables al aumento de las temperaturas. Por otro lado, depender de la cuenca del río Bogotá, que nutre el sistema Norte, pone a Bogotá a negociar con la CAR Cundinamarca y exige mayores esfuerzos de potabilización.

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