A Tomás* le mataron al papá cuando tenía seis años. De ahí en adelante, según su relato, vino una especie de tiempo muerto. “Terminé en el Icbf. Cuando salí, a los 18 años, me fui para los paracos. Pero no me gustó”, cuenta, a las afueras de un auditorio, mientras 150 jóvenes escuchan a una mujer que habla sobre la importancia de tener un proyecto de vida. “Luego me vine para Medellín y me metí a una banda. Ahí vendía bareta y cobraba vacunas. Pero me pidieron matar a alguien, y me volé”. 

Tomás es testigo protegido de la Fiscalía y hace parte de Parceros, el programa con el que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, busca arrebatarles jóvenes a las bandas criminales. La iniciativa no es nueva: vio la luz en su primer gobierno (2016-2019) y se estancó con Daniel Quintero. Pero ahora, en su regreso a la Alpujarra, “Fico” —como es conocido— promete expandir exponencialmente el corazón blando de su política de seguridad: atender con este programa a 15 mil niños y jóvenes, 14 mil más que en su primer gobierno.

La apuesta le compite a Jóvenes en Paz, el piloto con el que el presidente, Gustavo Petro, busca atender a la misma población con pagos de un millón de pesos. “Algunos creen que a los jóvenes hay que pagarles para que no maten, nosotros pensamos diferente”, dijo “Fico” sobre la propuesta del gobierno en el relanzamiento de Parceros. Pero las transferencias son un incentivo que los expertos no descartan por la complejidad de estos procesos, y el modelo de “Fico”, enfocado en procesos de terapia y acompañamiento individual, aún tiene el reto de probar su impacto a largo plazo. 

Jóvenes en riesgo, el núcleo de la apuesta de “Fico”

Tomás cuenta su historia cerca de un comedor en el que más temprano desayunaron él y 149 jóvenes entre 14 y 28 años, de las comunas Manrique, Doce de Octubre y San Javier. Estos fueron los puntos priorizados por la Alcaldía para la primera cohorte de Parceros. 

“Me dijeron que tenía que asesinar a alguien que no había pagado la vacuna, pero yo no quería hacerlo”, recapitula Tomás. “A mí nunca me había tocado eso. Lo máximo era presionar a la gente para que hiciera los pagos”. La historia de Tomás es manejada con cautela por la Alcaldía. Sus antiguos “jefes” desconocen su paradero. 

La versión de los funcionarios del programa es la misma: el joven llegó con un arma y una bicicleta repleta de marihuana a uno de los puntos de atención de la Alcaldía. Allí, dijo que quería salirse de una banda pero que estaba en riesgo; que le habían ordenado matar a alguien pero no quiso. 

Su testimonio, aunque no es la regla en Parceros, retrata el perfil de los jóvenes atendidos por el programa que relanza “Fico”. “Casi el 97% de los muchachos que están acá consumen alguna sustancia: marihuana, tusi o alcohol”, dice Michael Murillo, psicólogo que lidera la iniciativa en San Javier, una de las comunas priorizadas. “Son víctimas del conflicto, tienen familiares o amigos en combos, algún tipo de antecedente”.

La selección de los participantes (actualmente hay 650 entre 14 y 28 años, y 150 más en edades menores) se da a través de la información referida por Fiscalía, Policía y los equipos territoriales de la Alcaldía. La iniciativa, explica Paulina Patiño, la directora del programa, opera como una especie de “fast track”. 

“Hacemos un acompañamiento psicosocial, para luego llevarlos a una formación para el trabajo”, dice Patiño. La mitad de un ciclo de seis meses, que es lo que dura cada cohorte del programa, se concentra en ejercicios de coaching, manejo de emociones y exploración de inteligencias. Luego viene la formación en oficios, la validación del bachillerato (en algunos casos) y el acceso a empleo.

“Este es uno de los proyectos estratégicos para ‘Fico’”, dice Patiño. “La idea es dejarles capacidades instaladas: conocimientos y una nueva forma de pensar para que, en un momento difícil, tomen una decisión diferente. Y formación en artes y oficios, para que esto también sea plata en el bolsillo”.

La meta de la Alcaldía este año es atender a 2.340 jóvenes, con una inversión de $10 mil millones. Y aunque en el Plan de Desarrollo se fija una meta de 5 mil jóvenes atendidos en el cuatrienio, el alcalde ha expresado que el objetivo es impactar a 15 mil. Si esa cifra se cumple, la apuesta multiplicaría en 14 veces el alcance de su primer gobierno, cuando 867, de 1.080 jóvenes atendidos, terminaron con éxito el proceso. 

Pero hay una línea roja: que no haya condenas activas. “Entre esos jóvenes, uno sabe que hay muchachos de la esquina, del combo, pero como no hay pruebas no se pueden judicializar”, explica Villa, el secretario de Seguridad.

Parceros 2.0, economía del delito y juego de incentivos 

La atención a jóvenes en riesgo de enlistarse en bandas criminales, entre los 10 y los 28 años, es la base del programa de “Fico” que repite en su segunda Alcaldía. Pero la iniciativa regresa con cambios: “La primera versión se enfocó solo en el núcleo. Ahora crecemos en públicos: tendremos Parceritos, Parceros Creadores y Parceras”, explica Patiño, la directora del programa. 

Santiago Tobón, director de Seguridad y Justicia del Centro de Valor Público de Eafit, ha estado cerca del diseño de las nuevas líneas, como Parceritos.

“Es un programa para niños de 12 y 14 años que están en una trayectoria de ilegalidad, pero que aún no participan de ella”, dice Tobón. “Encuestamos a 10 mil niños en colegios de Medellín y encontramos un grupo que tiene interés de participar a futuro en algún combo”. Estos últimos fueron priorizados en esta línea.

Parceros Creadores busca atender a los “ninis”, jóvenes que no estudian ni trabajan, y que tienen problemas de salud mental o consumo de drogas. Y Parceras, dice Patiño, se creó por la coyuntura de explotación sexual que vive la ciudad.

Este despliegue, según Villa, el secretario de Seguridad, busca arrebatarles “el talento humano a las empresas criminales”. La premisa no solo muestra el lado blando de “Fico”, un político que ha priorizado la persecución de los bandidos. También pone sobre la mesa su enfoque económico de un sistema criminal compuesto por sublíneas militares, administrativas, culturales, políticas y de talento humano. 

“Estas empresas criminales necesitan de la mano de obra, del capital de trabajo. Y esa fuerza laboral son los jóvenes de nuestra ciudad, que terminan siendo reclutados voluntariamente, entre comillas, porque las estructuras logran seducirlos”, dice Villa. 

Y agrega: “Es una apuesta por el justo medio: la mano dura se concentra contra los que corresponde, con capturas cualificadas y procesos que terminen en condenas (este año van 9 mil capturas, 13% más que en 2023, según la Secretaría de Seguridad). Y hacemos disuasión con inversión social, porque el Estado no se puede quedar con las manos cruzadas para después salir a perseguirlos”. 

Tobón, de Valor Público, ve con buenos ojos esta combinación de incentivos y desincentivos, y más en políticas de seguridad: “Al final se necesita garrote y zanahoria. Castigar fuerte el mal comportamiento para que todo el mundo aprenda la lección, y tener oportunidades como Parceros. Incentivos, por un lado, y castigo, por el otro”. 

La puja por el pago de Petro, frente al modelo de “Fico”

El alcalde de Medellín ha dicho en varias ocasiones que discrepa del pago a jóvenes para disuadirlos de delinquir. Incluso ha afirmado que la apuesta del presidente Petro con Jóvenes en Paz, que incluye transferencias mensuales condicionadas al cumplimiento de objetivos de formación, “estigmatiza” a quienes reciben los pagos. 

Pero entre los expertos este incentivo no es mal visto.

Max Yuri Gil, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, dice que no solo con “autoayuda psicológica se va a resolver el tema”. Para el experto, el éxito de un programa de este tipo radica en una combinación de incentivos, que incluso implica exigirles cierto compromiso a las bandas criminales. 

Agrega, en este sentido, que la ausencia de pago hace que la competencia con “el millón y medio que ganan los jóvenes empacando, transportando droga o haciendo vigilancia en los barrios” sea mucho más difícil. 

En eso coincide Camila Uribe, directora de la Casa de las Estrategias, una ONG que le hace seguimiento a políticas de seguridad en la ciudad. Si bien sostiene que es difícil hablar de auxilios económicos para poblaciones difíciles de enganchar a ofertas institucionales, “herramientas como pasantías o transferencias condicionadas, que implican deberes con el programa, nos parecen interesantes”. 

Por su parte, para Tobón, el pago puede ser funcional en tanto haya una focalización rigurosa de los beneficiarios, pero aún se requieren estudios que determinen si los incentivos económicos son o no determinantes en estos procesos.

“¿Una transferencia condicionada podría evitar que alguien ejerza actividades delincuenciales? Depende”, dice el experto. “Si se trata de alguien que delinque por voluntad económica y no de un asesino en serie, de pronto sí (…). Pero en ciudades con crimen muy organizado, como Medellín, es muy difícil”. 

Incluso Villa, el secretario de Seguridad, reconoce la necesidad de que los jóvenes reciban ingresos además de la formación, pero en su enfoque prima la meritocracia: “A estos jóvenes hay que acompañarlos y no pagarles indistintamente, sino generarles condiciones para que tengan ingresos sanos y sostenibles. Nos interesa que a sus manos lleguen unos dineros, pero que sea a través del esfuerzo”.  

El otro pero del gobierno de “Fico” con las transferencias, según Villa, tiene que ver con experiencias del pasado que no tuvieron éxito. “La idea es que no pase lo que ya ocurrió en Medellín (durante el gobierno de Alonso Salazar, 2008-2012): que a algunos jóvenes se les pagaba y en poco tiempo volvían a tener la necesidad de entrar a las estructuras, o estas los extorsionaban”. 

Pese a esto, José Luis Marín, concejal de oposición por el Pacto Histórico, dice que los programas se complementan en vez de repelerse. Tanto Parceros como Jóvenes en Paz buscan evitar el “reclutamiento voluntario” de las bandas: el de “Fico” desde la atención individual y en alianza con el sector privado; y el de Petro con un enfoque más colectivo y cercano a organizaciones comunitarias. 

“Los dos programas se complementan, pese a las diferencias. Y la inconformidad de ellos (el equipo de ‘Fico’ y parte de sus concejales) con el programa de Petro no está necesariamente en el fondo. Quizá si Jóvenes en Paz lo hubiera lanzado el alcalde, lo apoyarían más”, dice el concejal. 

Pero si el pago que hace Jóvenes en Paz necesita de evaluaciones para medir su impacto a largo plazo, la misma ruta deberá emprender Parceros en los cuatro años que ya corren. Ese es el principal reto de la iniciativa, según Gil: que se garantice que los jóvenes no delincan mientras participan del programa, y que haya una transformación en el perfil de los egresados.

Hoy la Alcaldía proyecta el diseño de indicadores de evaluación que permitan medir la eficiencia de su modelo para jóvenes en riesgo. Lo que por ahora dice Tobón es que la primera edición de Parceros tuvo resultados positivos: “Si bien esto no es una evaluación de impacto experimental, muy pocos participantes fueron arrestados o murieron víctimas de homicidio. Hay personas que ahora están trabajando en otras cosas”.

Y Tomás, antes de regresar a la sesión con sus compañeros, agrega: “En este tiempo he aprendido que la vida no es un gramo de droga, que la vida se la hace uno mismo. Estoy contento en Parceros. Espero que no me fallen, porque yo estoy dando lo mejor de mí”. 

*Nombre cambiado por seguridad de la fuente. 

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“Uno de los renglones más importantes y exportadores de Antioquia es el oro. ¿Quiere decir eso que tendríamos que tener la Secretaría del Oro? No”, dijo este martes el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Y agregó: “Las funciones del gobierno tienen que enfocarse en hacerle fácil la tarea a quienes generan riqueza y empleo, en estorbar lo menos posible con mecanismos regulatorios fastidiosos, y ahí viene la inversión”. 

La respuesta la dio el gobernador a medios tras presentar una reforma administrativa que elimina 16 de 33 despachos primarios de la Gobernación de Antioquia, y anticipa un ahorro en nómina durante el cuatrienio por casi $70 mil millones. Pero la declaración, más que una salida rutinaria ante la prensa, retrata la visión sobre el Estado del primer político del Centro Democrático en gobernar Antioquia: uno pequeño, que auxilia y dinamiza sectores, pero que descarga la mayor parte del juego en el mercado.

Con el recorte, Rendón cumple una promesa de campaña y se distancia del legado burocrático de su antecesor, Aníbal Gaviria. Pero también relanza el laboratorio fundacional de la derecha, de hacer más con menos, premisa que hoy resuena en el contexto nacional con un gobierno de izquierda. El matiz lo explica José Obdulio Gaviria, ideólogo del uribismo y asesor del gobernador: “La idea es modernizar el Estado: más eficiencia ante procesos largos y entorpecedores. Eso en Europa no tiene tinte de izquierda o derecha”. 

La avanzada, sin embargo, le cuesta a Rendón reclamos de sectores sociales y de grupos de mujeres que temen acciones regresivas por la fusión y eliminación de despachos. Y también genera tensiones entre los diputados gobiernistas que firmaron un cheque en blanco para la reforma. “Esto fue un acto de confianza, pero el resultado se parece mucho a las reformas a la medida de Aníbal Gaviria”, anticipa Jonathan Roldán, diputado liberal de la coalición. 

Rendón, y una derecha modernizadora

Desde La Alpujarra, con la proyección de una presentación en PowerPoint, el gobernador Rendón presentó este lunes su reforma burocrática. Ese día habló del cumplimiento de una promesa, con la llegada de “un gobierno austero, eficiente y sin excesos”. Meses atrás ya había retirado el pago de planes de celular a funcionarios, además de limitar los viáticos para misiones oficiales. 

Rendón dijo que con la reestructuración se recortan la mitad de las dependencias de primer nivel, lo que representará un ahorro del 40% en la nómina de directivos. “Bajamos de 33 a 17 organismos. Y, desde que llegamos, no ocupamos esas vicegobernaciones que ellos llamaban Seres (suprasecretarías creadas por Gaviria)”, dijo el gobernador.

Y agregó: “Tampoco ocupamos el 40% de los cargos de libre nombramiento y remoción (…). El año pasado había 3 mil contratistas. Este año no hay 400 contratos”. 

Además, el gobernador uribista, tras su llegada a la Alpujarra, delegó hasta tres secretarías en un solo funcionario. La promesa la hizo en campaña, debido a su distancia con Gaviria, un político que en su ejercicio público ha priorizado el tamaño del Estado, y a la reciente creación del Ministerio de la Igualdad en el gobierno de Gustavo Petro.

“Es una confrontación con esa manera de pensar”, dice Gaviria, el ideólogo también de los gobiernos de Álvaro Uribe, quien en 2002 fusionó cuatro ministerios en dos: el de Interior con Justicia y el de Salud con Trabajo. “Hemos tenido un Estado de bienestar para los políticos, pero el gobernador piensa que el bienestar de los políticos debería basarse en la mejora de la comunidad”. 

Además, el ahorro en nómina propuesto por Rendón, sostiene Edinson Restrepo, diputado del Centro Democrático, responde a “que el gobierno nacional no quiere invertir en Antioquia. Entonces el gobernador tiene que buscar alternativas para avanzar en la inversión”. 

Pero, más que alternativas de inversión, pues los $70 mil millones que se ahorrarán con la reforma lucen menores en un presupuesto anual de la Gobernación, que supera los $5 billones, el recorte de Rendón confirma un mensaje y envía otro. 

Confirma que su gobierno aún no necesita transar mayor burocracia por gobernabilidad. Hasta ahora, tiene un respaldo sólido en la Asamblea con su núcleo duro, integrado por el Centro Democrático y Creemos —el recién tumbado partido de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín y dupla del gobernador—, además del respaldo de partidos tradicionales.

“La idea del gobernador es concentrarse en asuntos cruciales donde el Estado es clave: el hambre, la calidad de la educación, el abandono de las obras públicas. Todo eso lo entorpece la burocracia que solo atiende a directorios políticos”, dice el consejero Gaviria.

El segundo mensaje retrata una modernización a partir del adelgazamiento del Estado. Lo que hoy llaman new management los estudiosos de la administración. “Acá hay mucho papel y lápiz, y tinta y sellos. Llegó un gobernador de la modernidad, de la tecnología, y esa es la combinación por la que quiere apostar”, agrega el ideólogo. 

Un cheque en blanco y una tijera sagaz que deja heridas

La reforma de Rendón se ponía concretar con dos mecanismos. Uno largo, en el que la Gobernación planteaba un proyecto de reestructuración que luego debía ir a votación. Y uno corto, que no solo confirmaba el poder del gobernador en la Asamblea, sino que lo autorizaba para realizar la reestructuración a puerta cerrada, bajo su visión.

Este último, con solo cinco diputados en contra entre 26, fue el camino que la Asamblea aprobó. “El gobernador podrá crear, suprimir, modificar o fusionar organismos y dependencias de la administración departamental”, se lee en la ordenanza del 7 de marzo que le dio luz verde al proceso. 

De esta forma, Rendón llegó al modelo que presentó este lunes. 

Uno de los cambios importantes se da en el frente económico. El gobernador elimina las secretarías de Turismo, Minas y Competitividad, y las incorpora a una macrosecretaría de Agricultura y Economías Emergentes. 

“Vemos como un retroceso el desmonte de la Secretaría de Turismo, por los retos en gentrificación, explotación sexual y turismo de drogas que afrontan Medellín y la región. También es exótico que la metan en Agricultura”, dice Roldán, uno de los diputados que aprobó las facultades para el rediseño. 

Y Mateo Escobar, diputado de Creemos, agrega: “Nos preocupa que Medellín está trabajando para tener un despacho que le dé importancia al turismo como nueva vocación y que la Gobernación tenga otra mirada (…). La Secretaría de Minas también se debe mantener, porque aunque hoy no tenemos la facultad para dar licencias, esperamos que eso vuelva al departamento cuando cambie el gobierno nacional”.

Pero la inconformidad no solo tiene que ver con el ajuste burocrático. Menos diplomáticos que en público se mostraron este lunes, en una reunión privada con voceros de la administración, seis diputados gobiernistas que le hacen seguimiento a este proceso a través de una comisión.

Tres diputados que participaron del espacio, y que pidieron la reserva para entregar detalles, le contaron a La Silla que allí se dijo que la Gobernación no cumplió con lo pactado antes de recibir las facultades para la reestructuración.

El equipo de Rendón le prometió a la Asamblea que la reforma se basaría en un estudio contratado con un tercero para garantizar su “objetividad”. Pero el acuerdo fue de palabra y no se incluyó en la ordenanza. 

Y aunque un portavoz de la Gobernación confirma que se contrató un estudio de cargas de empleados con la Universidad de Antioquia, lo cierto es que el rediseño lo asumió luego una oficina interna bajo la tutela de Rendón. “Se nos prometió una cosa y se hizo otra. Nos hablaron de un estudio técnico y después cambiaron las condiciones”, dice uno de los diputados. 

Crisis explícitas y temor por retrocesos en frentes sociales

El gobernador afirmó que el ahorro en nómina que traerá el recorte se invertirá en programas para adultos mayores y discapacitados. Pese a eso, Luis Peláez, diputado de oposición que votó negativas las facultades, sostiene que son justo las secretarías sociales y con enfoques diferenciales las que pierden músculo con la reforma. 

“Lo que se reestructura es el aparataje interno de poder del gobernador: le ponen burocracia a su despacho, Seguridad y el Interior. Concentran el presupuesto en lo que le interesa y lo social queda relegado”, dice el diputado de Dignidad y Compromiso Ciudadano.

Con la reforma, las gerencias poblacionales pierden independencia y presupuesto, quedando bajo la tutela de una nueva Secretaría del Interior. Y aunque Rendón difundió con particular énfasis el recorte, el despacho de Gobierno creció a cinco oficinas, entre gerencias nuevas y traslado de direcciones, y su oficina privada sumó dos direcciones. 

“Antes de la reforma, ya sentíamos una crisis explícita por las parálisis en dependencias como Juventud y Educación, y las gerencias poblacionales que hoy se suprimen”, dice sobre la reforma una fuente interna de la Gobernación, que pide la reserva por temor a perder su trabajo. “Internamente, dejando sin equipo y recursos humanos a algunas dependencias, el gobernador ya venía acabando con algunos sectores”.

Los grupos de mujeres también han cuestionado la reestructuración. Aunque Rendón propuso eliminar este despacho recién instalado el gobierno, su anuncio le costó críticas y ahora esa secretaría aparece ampliada pero con tareas que antes asumían oficinas de asuntos familiares y una gerencia de nutrición infantil.

“La reestructuración retoma un enfoque familístico superado hace décadas, proponiendo distribuir el presupuesto público del 52% de la población (mujeres) a otras poblaciones protegidas por otras secretarías”, expresaron desde Electas, un movimiento feminista que tuvo listas a Concejo de Medellín y Asamblea en las pasadas regionales. 

Ante esta inconformidad, por la que ya se convocó un plantón a las afueras de la Alpujarra para este jueves, la Gobernación le dijo a La Silla en respuesta escrita que la modificación hace parte de la creación de un sistema departamental del cuidado, que no concibe acciones regresivas. 

“Esta es una acción afirmativa, en busca del equilibrio de las cargas. Estamos lejos de  reforzar los roles de género de la mujer como la única responsable del hogar, de los niños, de la comida, de la crianza, de la familia”, expresaron. 

Y si bien la pelota está en la cancha de Rendón, porque las facultades que le dio la Asamblea no tienen vuelta atrás, los reparos de diputados y sectores civiles podrían llevarlo a matizar la reestructuración. Los cambios se presentaron como definitivos esta semana, pero la administración tiene hasta septiembre para concretar su reforma. 

Pero esa no es la única fecha clave. El recorte que propone Rendón y la modernización tecnológica que detalla su consejero Gaviria tendrán que medir su éxito en las planillas de ejecución del cuatrienio. “Además de los despidos, hay gente a la que van a sobrecargar. Si la Gobernación era lenta con esos funcionarios, ahora lo será tres veces más”, proyecta Peláez, el diputado de oposición. 

La aspiración del Estado pequeño y ágil se pone así a prueba. Otra vez. 

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Un barrio en silencio, partido en dos. Los árboles quietos, dando sombra a cada orilla. Y a lo lejos, una locomotora verde, modelo Gr12, que avanza sobre rieles hacia una vieja estación. “Llegó; el tren llegó”, dice sin sorpresa un celador. Un grupo de hombres, vestidos con uniforme azul, aparece en la que hasta entonces era una estación fantasma. Se preparan. Cada uno tiene una función. La modernidad aparece con un rugido de motor diésel, jalando vagones con toneladas de carga. No es la Colombia del siglo XX la que registra la escena. Ocurre el primer fin de semana de junio de este año en La Dorada, Caldas.

“El gobierno del cambio abre de nuevo el mundo del tren para Colombia”, escribió en Twitter el presidente, Gustavo Petro, un mes antes. La publicación es parte del sueño del mandatario por impulsar la reactivación del sistema férreo que ha operado a media marcha en el país. De esa forma lo consignó en su Plan de Desarrollo, en la segunda edición de Vida —el periódico del gobierno—, y así lo ha reiterado en redes, celebrando avances en los corredores heredados, y prometiendo nuevos trazados que no tienen pies a corto plazo: un tren interoceánico entre Antioquia y Chocó; una línea entre Villavicencio y Puerto Gaitán que lleve al río Meta; o una que complete el tramo entre Bogotá y La Dorada. 

La ambición de Petro ha sido la más sonada. Pero los logros fueron pavimentados en los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque, por lo que su adanismo férreo se desbarata. Pese a eso, que una tripulación viaje cada ocho días entre Santa Marta y el centro del país, en una locomotora cargada con café, cerveza y materias primas para cerámica y papel, sí es un logro suyo. El gobierno ha invertido medio billón de pesos con el objetivo de mover 5 millones de toneladas anuales, entre las 130 que se mueven por carreteras, y bajar los costos logísticos en un 25%. Y los resultados se ven: la carga que se mueve en tren ha aumentado 300% y el número de pasajeros 118% durante este gobierno. 

Pero lograr un sueño de la magnitud que ha enunciado Petro está lejos todavía: esta reactivación requiere más de un gobierno en un país que cambió su tren por carreteras, y reclama una actualización tecnológica urgente para que la red férrea esté a la altura de otras en el mundo. 

En este reportaje La Silla Vacía explora cómo se ha cumplido la promesa de Petro de reactivar los trenes en Colombia.  

Los ferroviarios del tren, Petro, Duque y Santos

La locomotora Gr12, con una capacidad para jalar mil toneladas, se acerca a su punto de llegada: la estación México, la primera en el tramo de La Dorada – Chiriguaná (Cesar), la columna vertebral de la red férrea del país. “Gamarra; 1209; Gobierno del Cambio; Colombia, potencia mundial de la vida”, se lee en la máquina. 

“Entonces, ¿cómo les fue?”, pregunta un hombre vestido de azul, con casco blanco y de zapatos gruesos. “Bien, casi que no”, responde desde un balconcillo de la locomotora Luis Alfonso Roa, envuelto en un overol verde fluorescente, con un casco azul y un poncho a medio colgar del cuello. Roa es quien cuida la carga en la cola del tren: es el último de una tripulación de tres, integrada por un maquinista y un auxiliar que viajan en la cabina, 20 vagones adelante. 

La locomotora se detiene sin el estruendo esperado sobre los rieles. Nadie celebra la llegada del tren. Los habitantes de Las Ferias, el barrio partido en dos de La Dorada, solo dejan pasar la tarde: los viejos se impulsan sobre mecedoras, los más jóvenes beben cerveza y otros se reúnen alrededor de un partido televisado. La vida corre de espaldas al tren: aunque, como en Macondo, el tren haya engendrado al barrio en un primer momento. 

De la locomotora bajan costales con clips que luego servirán para reparar la vía. Roa se escabulle porque su cuadrilla terminó el turno. En cuestión de minutos se hace el relevo y otros hombres, del consorcio San Felipe Férreo (a cargo de la operación del tramo), asumen las maniobras. El tren es una locomotora que jalona carga en plataformas que alcanzan 200 metros.

Mientras tanto, en la cabina de la locomotora, en un espacio estrecho, un auxiliar de maquinista explica la magia del tren.

“Aquí están las manijas y este es un combinador, con esto movemos el tren”, dice el hombre, de 41 años. “Para no sacarle aire, usted reduce la velocidad, así logra que los motores de tracción no generen corriente continua sino inversa”, agrega sobre la técnica de su trabajo, pero el rugido de la locomotora ahoga la explicación y el calor le cuesta gotas de sudor en la frente. 

Más tarde una mujer precisa que llegaron 36 mulas, con 216 estibas y, en el caso de la cerveza, 13.824 latas. En la zona confirman que la frecuencia del tren, que transporta carga entre La Dorada y Santa Marta (en ambos sentidos), ha mejorado en los últimos años. 

“Tengo años de estar en esto y todos los gobiernos han propuesto lo mismo, que van a revivir el tren”, anticipa José Pérez, un exferroviario de 64 años y hoy empresario de ferrocarriles, quien vive a unos metros de la estación del tren. “Pero hay que decir que en el mandato de Duque comenzaron a volver los trenes”.

De hecho, pese a que el presidente Petro se adjudicó en abril “el primer transporte de café de La Dorada a Santa Marta por tren”, el primer envío que hizo la Federación Nacional de Cafeteros fue en marzo de 2019, aún con Duque en Casa de Nariño. En este gobierno se han registrado otros tres envíos. El más reciente fue una carga de 160 toneladas de café de exportación, que pudo terminar en Estados Unidos, Bélgica o Japón. 

Pero no solo hubo avances con Duque, quien proyectó la ruta de transporte que seguirá el país de aquí a 2050 con un plan multimodal, un documento orientador pero no vinculante. Con Santos se avanzó en la recuperación de este corredor y de otro clave, el que conecta a Bogotá con Belencito (Boyacá), con contratos de recuperación y mantenimiento. Incluso se alcanzaron a hacer pruebas con 25 vagones. 

De estos intentos de reactivación ha sido testigo Pérez, como exferroviario y contratista de algunos tramos, y los trabajadores del tren que ahora esperan el ingreso de la locomotora a las bodegas para descargar la carga que llegó de Santa Marta. El arribo estaba proyectado para las 6 de la mañana, pero la tripulación apareció hasta partida la tarde. La lluvia tumbó árboles en la madrugada, a la altura de Gamarra, impidiendo el tránsito. 

Esas maniobras las han asumido por años hombres como Salvador Ruiz, de 57 años, quien es el jefe de la estación México. Como él, decenas de familias han enlistado a sus hijos en las cuadrillas férreas. De peones, reparando clips de hierro que mantienen firmes los rieles, a auxiliares o maquinistas. Esa es la curva en el oficio ferroviario. 

Los contemporáneos de Ruiz son quienes trabajaron hasta 1992, cuando Ferrocarriles de Colombia cerró sus puertas y el país renunció definitivamente al tren. Son los mismos que volvieron en los gobiernos posteriores para encarar la recuperación, con turnos de 12 horas

Porque “está güevonada tiene magnetismo. A usted lo jala”, dice Rodolfo Rueda, de 66 años, quien interrumpe a Ruiz para decir que las tarifas en tren son más favorables; que una locomotora mueve lo que 30 tractomulas, con 30 conductores, sin contar peajes. 

Quizá el mismo magnetismo, y el ejemplo de México con Andrés Manuel López Obrador, han llevado a que Petro refuerce su apuesta por reactivar el tren e incluso anuncie trazados que, para los conocedores del sector, no son prioritarios ni ejecutables a corto plazo. 

“Felicitaciones a México. Después de que los yupis neoliberales acabaron con la red férrea como en Colombia, el Ejército construyó este tren en su mayor zona turística”, dijo el presidente Petro en diciembre pasado. Y ese mismo día, a través de Twitter, dijo haberle ordenado al Ejército la construcción de una línea férrea que conecte a Villavicencio con Puerto Gaitán.

“En Pto Gaitán, el río Meta es navegable y por el Orinoco se llega al mar. La producción de Bogotá y los Llanos también pueden salir al mar por aquí”, dijo el presidente, obviando el reto logístico que implicaría una empresa de ese tipo. 

La Dorada – Chiriguaná: la promesa tangible de un sueño logístico

El presidente le ha dado alcance a varias promesas férreas en sus redes sociales. 

En febrero de este año dijo que ya avanzaba la preparación de un batallón de ingenieros para la construcción de la línea del Llano, y habló de una consulta a comunidades del Chocó para la construcción de un tren interoceánico entre Cupica y Urabá, por el Darién. También reiteró la necesidad de una conexión entre Bogotá y La Dorada, pues el tramo que conectaba a ambos destinos se perdió. El viejo sueño de volver a conectar a la capital con el tren del Magdalena Medio que sale a Santa Marta. 

Estos, sin embargo, no son los proyectos que más avance registrarán en este gobierno. Por lo menos no los dos primeros años. Según le respondió el Ministerio de Transporte a La Silla Vacía, tanto la línea del Llano como el tren para el Chocó son proyectos pensados a 2050 (como el Ferrocarril de Antioquia, el tren del Catatumbo y una conexión para el Eje Cafetero). 

Es decir, en este momento el gobierno perfila estas promesas del presidente pero dependerá de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (Upit) si llegan a la primera etapa de estudios en diciembre de este año. El MinTransporte incluso reconoce en su respuesta que la contratación de estas promesas podría quedar como tarea para los próximos gobiernos. 

“Estos proyectos requieren un mayor nivel de destaje por cuanto corresponden a nuevas infraestructuras y trazados que deberán guardar relación con los proyectos más avanzados y de más pronta implementación”, dicen desde la cartera. Y German Cardona, ministro de Transporte en el primer gobierno Santos, agrega: “Son muy importantes, pero los veo a muy largo plazo”.

La promesa que sí comienza a tomar forma es el estudio para conectar a la capital con La Dorada, donde Ruiz y Rueda, los veteranos del tren, presencian el descargue de los contenedores provenientes del Caribe. Un consorcio deberá entregar en octubre de 2024, en tres meses, un trazado que permita el regreso del que también es conocido como el tren del Carare. 

Pese a esto, el exministro Cardona dice que la prioridad deben ser el tren que alguna vez recorrió el suroccidente, desde el Pacífico, y el tramo Chiriguaná – Santa Marta. Y justo esta es la lectura que hoy prima en el gobierno, pese a las promesas del presidente. Tanto el MinTransporte como la ANI han priorizado los corredores heredados, que en las décadas de esplendor del ferrocarril interconectaban los dos mares de Colombia. 

El corredor del Pacífico, que se conectaría con La Dorada, aún está en estudio. La ANI contrató con Findeter una consultoría para determinar si el trazado debe ser el actual (que cruza el Tolima) o subir hasta Antioquia o el Eje Cafetero. El tramo de La Dorada, según el presidente, también ha tenido éxito. 

“Hemos pasado de transportar 60 mil toneladas a 180 mil toneladas al año. Este tramo llegará hasta Buenaventura con el tramo del Pacífico que ya se reactiva”, dijo Petro en febrero. Además de estos, el país tiene otros dos corredores activos: el de Bogotá – Belencito, entre Cundinamarca y Boyacá, y el tramo entre Chiriguaná y Santa Marta. 

En este último Fenoco ejecuta una concesión para el transporte de carbón que comenzó en el año 2000 y va hasta 2030, con cargas anuales que superan los 30 millones de toneladas.

Pese al balance del presidente, y a las inversiones por más de $300 mil millones que el gobierno ha hecho en el corredor férreo central, en La Dorada aún ven tímida la reactivación del tren. En la estación México, del otro lado de las bodegas donde avanza el descargue, va y viene Julián Sánchez, un celador que nació en Las Ferias, trabajó como peón arreglando rieles y ahora cuida de esa parte del ferrocarril. 

“Yo veo la carga lenta todavía”, dice el hombre, vestido con uniforme azul, de cinturón y bolinillo plástico a la cintura. “En los buenos tiempos teníamos dos trenes a la semana. Aquí llegaron a salir aguacates pequeños, de esos que van para exportación. Un día salió un tren ‘tetiadito’, con 40 vagones, se veía bacano”.  

Sánchez deja la conversación porque debe dar ronda. Emprende de nuevo su ciclo de caminatas repetidas entre los extremos de la estación. La tarde despunta, la locomotora sirve para el descargue en las bodegas, y en la vía férrea aún reposan vagones con carga que deberán desmontarse antes de que amanezca. “A eso no le pasa nada al sol”, dice el celador, mientras ajusta la puerta de la oficina del jefe de estación. 

Hasta ese espacio, que tiene un aire obsoleto y acumula las bitácoras con los viajes del tren en una esquina, llegó en la madrugada el aviso de que la tripulación se retrasaría. Lo atendió Ruiz, el jefe de estación, quien cuenta más temprano que “nos tocó enviar una tripulación ambulancia para que apoyara la operación”. 

En la oficina hay un mapa con la ruta que operó en la época dorada de los ferrocarriles de Colombia. Luce sucio y desgastado. Sobre esa imitación de óleo golpea el aire caliente que un ventilador de repuesto no logra enfriar. Es justo ese mapa, empezando por el tramo entre La Dorada y Chiriguaná, el que este gobierno se propone reactivar. 

“Hemos tratado de recuperar la confianza y la capacidad de carga. En el pasado el tren dejó de operar por la transición entre un contrato y otro, y eso generaba tropiezos en la continuidad”, dice por teléfono y desde Bogotá, el ministro de Transporte, William Camargo. 

Y agrega: “También estamos trabajando en la ley férrea, que es de 1904, y en la capacidad para gestionar proyectos. En la ANI creamos un equipo para actualizar el portafolio férreo, porque el interés del presidente no es nuevo. Desde Bogotá, está convencido de que el uso férreo es más eficiente en emisiones, y además tiene ventajas en costo”.

Volver al charco de la competitividad 

En La Dorada amanece. 

Mientras el país dormía, una tripulación desmontó la carga que llegó del Caribe y que será distribuida entre Sopó, Tocancipá y Guarne; también entre Marquetalia, Pereira y Belén de Umbría. Roa y su tripulación, integrada por un maquinista y otro auxiliar, regresan de su descanso y asumen de nuevo el turno. 

—Se corre el tren, muchachos —dice el maquinista. 

—Bueno, vamos a salir despacio —le dice Roa por teléfono al auxiliar que está en cabina . 

El auxiliar opera la locomotora. Luego se gira 180 grados para ver las señales que Roa hace con sus brazos 50 metros atrás. 

—Quieto, quieto —dice Roa, mientras manipula una manguera del tren—. ¡Téngalooo!

Roa salta sobre las plataformas con agilidad. Se contorsiona de un lado a otro, mientras las indicaciones vienen y van. “No desengancha, la palanca está atorada”, dice sobre la conexión entre dos plataformas que deben ser separadas para el montaje de carga. El hombre pone en escena su valía para la tripulación. 

La maniobra es milimétrica. Aunque la locomotora opera a diésel, el aire comprimido y caliente, que circula a través de una manguera gruesa, ayuda a jalonar las plataformas. Por eso, si el esfuerzo de Roa para desenganchar el tren no es preciso, podría haber un accidente.

—Vamos a abrirlo un pelito —le dice de nuevo Roa al hombre en cabina. 

Forcejea. Se muerde los labios. Salta sobre el enganche entre las plataformas.  

—No, no desengancha. 

El proceso se concreta luego de varios intentos. Y lo que dice un hombre, en tono reflexivo, es que “un país que se quiera desarrollar debe invertir en su tren”. Esa inversión, según la ANI, ya se está viendo en este corredor. Allí se pasó de transportar 27 mil toneladas de carga entre 2021 y el primer semestre de 2022 (con Duque), a 257 mil toneladas entre agosto de ese año y el cierre de 2023 (con Petro). 

En el país, dice Fabián Bernal, investigador del Consejo Privado de Competitividad, el 80% de la carga se mueve por carretera (sin contar el carbón, que ya viaja en tren, y el petróleo, que va por oleoductos). La ruta que se debe seguir, pese a la concentración actual en este modo de transporte, es equilibrar mejor las cargas entre las carreteras y los rieles. 

“La dependencia que tenemos le resta competitividad a la economía, porque la logística está sujeta al alza de combustibles, peajes y al poder de los transportadores”, dice Bernal. 

En eso coincide Luis Klein, presidente de la ANI en el gobierno Duque, quien dice que incluso la reactivación del tren podría estimular la producción de carga en los Llanos, con productos agrícolas; en Boyacá, con carbón; y en Bogotá, con manufacturas. “Uno podría decir que este proyecto es más importante o incluso igual que las 4G. Podríamos importar cosas hoy inimaginadas por los costos logísticos”, sostiene. 

Esos costos, en palabras del ministro Camargo, se reducirían en un 25%. Según los cálculos de su cartera, mientras que transportar un contenedor desde la capital hasta el Caribe cuesta 2.500 dólares en una mula que viaja por carretera, hacerlo por tren valdría menos de 2 mil dólares. “El país mueve cerca de 130 millones de toneladas por carretera, parte de esa carga debería migrar al tren”, dice el ministro. 

Es por esto que el gobierno ha hecho acercamientos con sectores como Fedecafeteros. Su gerente, Germán Bahamón, dijo hace unos meses que con los trayectos en tren proyectan ahorros del 16% e incluso una baja del 70% en Acpm. La presidente de Asocaña, Claudia Calero, dice que el gobierno no les ha tocado la puerta, pero también confirma que el gremio azucarero podría montarse en el proyecto del tren del Pacífico. 

“Sería buenísimo para interiorizar las materias primas que llegan por Buenaventura. Muchos países productores de azúcar hoy mueven su caña en ferrocarriles”, dice Calero. 

Aunque el ministro Camargo insiste en que es justo esta confianza uno de los legados que dejará el gobierno, Pérez, el exferroviario que vive a unos metros de la estación de La Dorada, le recuerda que la licitación para concesionar el tramo La Dorada – Chiriguaná a 10 años está colgada. 

“Ojalá que no pase lo mismo, porque el consorcio actual termina en agosto y, si la licitación sale en diciembre (estaba proyectada para el primer semestre de este año), la operación se vería afectada. ¿Y qué hacen las empresas que han vuelto a confiar? ¡Pues se van!”. 

El ministro dice que el calendario está corrido porque se cruzó una revisión de vigencias futuras, y asegura que hay $3,2 billones en la puerta del horno para la concesión por lo que la operación no se interrumpirá. “La idea es atraer carga con la concesión. O que otros operadores pongan sus locomotoras y muevan sus productos. Acerías Paz del Río nos lo ha planteado, y ellos mueven 350 mil toneladas de acero al año”, dice Camargo.

¿Y el viaje incluye pasajeros?

A cien metros de la estación de La Dorada se transportan a diario decenas de habitantes en balineras: tablas de madera adaptadas a motocicletas e incluso impulsadas por personas, que sirven para mover productos, mujeres a punto de parir y hasta familias enteras. 

Es el caso de los Colorado Londoño. “Cuando salimos para el pueblo, toca así”, dice Juan David. “Los profesores bajan por aquí para llegar a la vereda”, agrega su esposa, Luisa Fernanda. “Porque el tren no pasa todos los días”, interrumpe su hija, quien viaja sentada en la parte delantera de la balinera en compañía de una prima.  

La familia reconoce el riesgo de moverse por un corredor que también sirve al tren, pero la costumbre lleva a que Juan David empuñe de nuevo una vara de madera y emprenda los movimientos repetidos que le permiten avanzar. Requiere frecuencia y fuerza: son cuatro los cuerpos que debe transportar. 

Sobre otra balinera, Teófilo Rentería, un líder afro de La Dorada, aplaude la reactivación del tren. Pero aclara en paralelo que el desencanto llegó muy rápido: “La primera vez que se reactivó, la estación se llenó y la gente estaba emocionada. La segunda, también. Pero eso pasa como cuando usted conoce el mar: va una o dos veces, y ya”.

El líder admite que el regreso del tren puede traer bajas en los precios. Pero aclara que en la economía local, además de los empleos por la operación del tren, no son visibles los beneficios. De hecho un anciano, que transporta aguamasa para sus cerdos, guarda silencio cuando se le pregunta por el cambio en su vida tras la reactivación. 

“Hay que buscar un impacto local, a través del turismo o de un tren fijo de pasajeros, porque el único beneficio será la rebaja en la cerveza que Bavaria está moviendo”, dice Rentería, en tono socarrón. “A veces me dejan subir hasta Barranca, y no me cobran”, dice por fin el viejo que se aleja, con un semblante ya senil. 

El hombre se impulsa, sin perder ritmo. Viaja lento, entre ranchos de madera, muchachos que fuman marihuana y niños desnudos que juegan sobre la vía. Luego desaparece entre el humo del carbón casero que allí producen. Pero el aventón al que hacía referencia no ocurre en La Dorada sino entre Puerto Berrío (Antioquia) y Barrancabermeja (Santander). 

Entre esos dos municipios opera una línea de pasajeros que movió cerca de 60 mil personas en 2023, según la ANI. Y aunque en el corredor Bogotá – Belencito el movimiento fue siete veces mayor, con 420 mil pasajeros en el mismo año, en esta región del Magdalena Medio el sueño del tren no estaría completo sin pasajeros. 

En Barrancabermeja, a 255 kilómetros de La Dorada, la vida transcurre de frente al tren. En una cafetería de la estación de esa ciudad, decenas de pasajeros esperan la salida de un ferrobús que viaja hasta Puerto Berrío. Aún en la mañana, los pasajeros encaran la espera con rondas de cerveza y vallenato. “Pues aquí siempre sale gentecita. Esto se mueve más que todo con campesinos”, dice la administradora.

De repente, Roa, quien cuida de la carga en la cola del tren,  aparece envuelto en su overol fluorescente y con el poncho al cuello. “El tren debe estar que pasa, póngale media horita, lo dejamos casi listo en La Dorada”, dice el hombre, quien desaparece con prisa porque su tripulación debe descansar para salir al encuentro del tren en el norte del país.  

—¿Quién nos falta?—pregunta un hombre desde el ferrobús. 

Nadie responde en la estación. 

—Estamos, señor —dice mirando al conductor—. ¡Nos fuimos!

El ferrobús es una buseta sin ruedas, adaptada para avanzar sobre rieles. Pita como el tren o incluso más fuerte, pero no es un tren. Y de hecho podría tener más edad que la locomotora Gr12 que ya salió de La Dorada a Santa Marta: su interior lo recubre un tapiz verde, envejecido; la palanca de cambios termina en una bola de billar; y el óxido ya es notorio en las ventanas. 

—Código 3665, estación Berrío, ¿me copia? —pregunta por radio Jovany Cáceres, el conductor, de 48 años. 

Un amplificador emite una respuesta incomprensible. Luego el ferrobús desaparece entre los edificios del centro de Barrancabermeja. En el trayecto, a medida que avanza, recoge pasajeros; ya en el campo, dos cargas de yuca de un campesino. “Este servicio le sirve mucho a la gente”, dice Cáceres mientras conduce. “Esto a veces se llena, pa’ que usted vea”, refuerza el ayudante.

En el camino se repiten las mismas escenas que en bus urbano: un ayudante que cobra el pasaje y ayuda a subir carga, y un puñado de pasajeros que duermen mientras llegan a su destino. Pero hay variaciones considerables: esta vez el ayudante debe bajarse a ajustar una palanca que habilita una vía de rieles suplentes, una especie de doble calzada férrea.  

La de Colombia es una vía férrea angosta: en la mayoría de sus tramos solo es transitable en un sentido. Esto le resta competitividad al país, no solo porque las locomotoras deben ir más livianas y a menor velocidad, sino porque los componentes que requiere el trazado son cada vez más escasos en un mundo que ha optado por las vías anchas. La ANI tiene en mente este reto, pero eso implicaría renovar miles de kilómetros de rieles casi centenarios.

Cáceres toma de nuevo el radio y se lo lleva a la boca:

—Punto de cruzamiento, ¿me copia?

La respuesta es de nuevo ahogada. 

—¿Me copia?

El conductor se detiene. En frente, en sentido La Dorada – Santa Marta, aparece el tren. La maniobra es lenta pero no compleja. El ayudante ya ajustó los rieles y el ferrobús aguarda a un costado porque en este cruce la vía es amplia. Por el corredor principal se desplaza la locomotora verde, modelo Gr12, con tripulación y carga nuevas. 

La vía se estrecha nuevamente. Sobre esos rieles sale en forma de carga el anhelo al que no renuncian los veteranos del tren. Es la Colombia que sueña heredar Petro, pero que en realidad dependerá de sus sucesores: una que viaje sobre metales de acero por el Magdalena Medio, en medio de chigüiros, ovejas y largas palmeras que se convertirán luego en aceite.

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“La historia de estas estructuras es también la triste historia violenta de nuestro país”, dijo hace unos días Freyner Ramírez, alias “Pesebre”, ante un auditorio repleto en la Universidad de Antioquia, custodiado por un uniformado del Inpec. “Yo mismo soy producto de esa historia”, continuó “Pesebre”, excabecilla de La Oficina, hoy condenado a 36 años por homicidio, y uno de los siete voceros principales de las bandas criminales que negocian la paz urbana en Medellín desde la cárcel de Itagüí. 

La intervención tuvo lugar un año después de la instalación de la mesa, en una audiencia pública convocada por el Senado y las organizaciones sociales montadas en el proceso. “Esta audiencia se hace para celebrar ese año, de unos diálogos que han sido complejos pero que hemos sacado adelante (…). Que la paz se hace no solo con los rebeldes, sino con los no rebeldes”, dijo la senadora Isabel Zuleta, representante del gobierno Petro en este proceso en el que están montadas 14 bandas del Valle de Aburrá, incluyendo grupos que han ejercido una violencia extrema, como desmembramientos, desplazamientos y cientos de homicidios, como La Oficina y La Terraza. 

Pero la audiencia reiteró lo que hasta ahora era vox populi en Medellín: que esa paz con los “no rebeldes” continúa sin un marco jurídico sólido y sin una agenda aprobada para la negociación. Esto en medio de una ambigüedad entre los delegados de Petro, que reman para mantener vivo el proceso, y el Comisionado de Paz, Otty Patiño, a quien le reprochan su falta de interés. “El cambio de comisionado fue un obstáculo para el avance de este proceso”, sostuvo “Pesebre” en medios este fin de semana.

Pese a eso, y a que la mesa en Medellín parece perder la carrera contra el reloj, los sectores interesados coinciden en que ganan más con una mesa a media máquina, que mantenga la pax mafiosa en la ciudad, que con una ruptura definitiva. 

Una mesa que ha sobrevivido a un gobierno ambiguo 

La audiencia en la Universidad de Antioquia sirvió para que los voceros de las bandas y algunos grupos de víctimas se escucharan de frente por primera vez. También fue un espacio en el que, pese a sus reparos, hicieron presencia voces de oposición distanciadas del proceso, como el senador del Centro Democrático, Andrés Guerra, y la concejala y exfiscal de Medellín, Claudia Carrasquilla (del mismo partido). 

“Estas audiencias son para entender. La presencia nuestra es para decirles que, desde que haya madurez para escuchar, eso será beneficioso”, dijo el senador Guerra. En el espacio, además de otros senadores afines al proceso, hicieron presencia miembros del gobierno Petro. Fue el caso del viceministro del Interior, Diego Cancino; el director de Gobierno, Derechos Humanos y Paz del DNP, David Flórez; y la viceministra de Justicia, Johana Delgado. El comisionado Patiño no asistió. 

“Nosotros, como delegación, compartimos el llamado de la sociedad civil, la iglesia católica y las estructuras frente a la desidia del comisionado frente a los procesos de paz urbana”, dice la senadora Zuleta en conversación con La Silla Vacía. Y Sebastián Murillo, alias “Lindolfo” —uno de los voceros suplentes de La Oficina—, ya había anticipado en la audiencia: “El camino es la mesa, aun cuando ha sido inconstante, porque esto no se resolverá ni con la violencia ilegal ni con la del Estado. De ustedes, de nosotros y del gobierno depende que no sacrifiquemos a más generaciones”. 

Pero no solo Zuleta y los voceros de los combos piden más compromiso. Los testimonios de Jorge Mejía y Luis Fernando Quijano, jefe y asesor de la delegación del gobierno, ponen sobre la mesa la ambigüedad que hay en el gobierno. 

Por un lado, los representantes del presidente insisten en la necesidad de aprobar una agenda que concrete las negociaciones, mientras el Congreso avanza en una ley que permita el sometimiento de las bandas; y por otro está el comisionado Patiño, quien solo se ha reunido una vez con la mesa en lo que va de este año, y quien no respondió las consultas de La Silla Vacía sobre su visible distanciamiento de la negociación. 

Y aunque Mejía, el asesor del gobierno, precisa que no han recibido un “no” por parte del comisionado y que la delegación presidencial no depende de su oficina, afirma: “Hoy, la debilidad del proceso es el gobierno, no las estructuras ni lo social (…). Tres pilares mantienen vivo el proceso (bandas, civiles y gobierno), pero este último renguea porque el comisionado se ha tomado el tiempo para entender la complejidad de la paz urbana”. 

El pedido del comisionado, según Mejía, fue territorializar la discusión con las bandas: sacarla de la cárcel de Itagüí e involucrar a la ciudadanía. Pese a que eso se ha logrado, dice Quijano, no es claro “si uno ve interés del presidente, por qué hay menos por parte del comisionado. Le falta ímpetu y valorar más el espacio del Valle de Aburrá. Debería estudiar más la historia de las guerras urbanas: cuántos desaparecidos, cuántas víctimas deja esto”. 

La mecánica de la mesa evidencia que el proceso marchó a un ritmo con Danilo Rueda, el excomisionado, y hoy va a otro, con Patiño. Según una fuente cercana al proceso, que pidió la reserva para entregar detalles, en los tiempos de Rueda se adelantaban hasta tres encuentros semanales en la cárcel de Itagüí. Ahora, se hacen cada 15 o 20 días. 

“Cuando se siente ese abandono nacional, todo mundo empieza a escuchar muchas voces y eso es malo: otro viene y conquista”, dice la fuente. Y es que aunque la mesa tiene una agenda de conversación estructurada (con líneas gruesas sobre reparación a víctimas, trabajo con jóvenes, entrega de negocios y desarticulación de las bandas), el comisionado Patiño no ha dado su aval para avanzar a esa etapa. 

Otra aprobación pendiente tiene que ver con un protocolo de participación ciudadana que ya está en la oficina del comisionado, según Diego Herrera, vocero de las organizaciones sociales que impulsan el proceso. Además, “la institucionalidad se ha debilitado: la delegación del gobierno en Itagüí, porque han salido asesores; y la oficina del comisionado, porque no tiene un equipo para el proceso: hoy no sabríamos con quién hablar”. 

Aún con la mesa estancada, todos ganan (incluso “Fico”)

Los voceros cercanos al gobierno coinciden en que es mejor una mesa a media máquina que nada. De hecho, Quijano resalta que la ciudad ya cultiva frutos por los acercamientos adelantados en la cárcel de Itagüí.

“Esta etapa ha contribuido a la reducción de homicidios. En 18 meses, entre el año pasado y este, llevamos 144 días (no consecutivos) sin homicidios”, dice el asesor, quien también resalta que las muertes violentas están a la baja en comunas como Manrique y Aranjuez, zonas que tuvieron una escalada violenta el año pasado. 

Esto muestra, pese a las celebraciones de la administración de Federico Gutiérrez por una baja del 20% en los homicidios tras su regreso a la Alpujarra, que la ciudad aún sigue pacificada por el beneplácito de los combos. La famosa pax mafiosa, que también le sirvió al exalcalde Daniel Quintero en su reducción de homicidios (el logro más visible de su administración). 

Por estas bajas saca pecho “Pesebre”, el vocero de las bandas, en su conversación con El Colombiano. Afirma que, desde 2022, los muertos por guerra han caído 68% en la ciudad. También le atribuye a los combos que representa una lucha contra el fentanilo (porque parte de sus integrantes están cayendo en esa droga), el cese de homicidios como “regalo de madres” en mayo pasado, y la baja en el expendio de tucibi en algunos barrios. 

Aunque este balance —y la buena fe de los combos— es respaldado por la delegación del gobierno y las organizaciones sociales, hay voces que matizan los frutos que la mesa le ha traído a la ciudad. Andrés Preciado, director de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), sostiene que Medellín perdería poco en caso de que la mesa fracase debido a su escaso avance. 

Además, reitera que los acercamientos con estos grupos comenzaron en tiempos de paz y no de guerra, como ocurrió en Quibdó y Buenaventura, las otras dos ciudades con mesas de paz urbana en el país. “No creo que se dé una guerra si se rompe la mesa, porque no hubo una guerra para llegar a negociar (…). Es una oportunidad perdida, pero al final del día no hay avance”. La FIP incluso publicó un informe en el que desvirtúa que la tregua entre las bandas haya tenido un efecto visible en la baja de homicidios en Medellín.

Pero si los beneficios para la ciudad son hasta ahora discutibles, por el lado de los combos lucen más claros. Con el proceso, parte de los capos de bandas como La Oficina, Los Pachelly, Los Mesa, La Terraza y Los Triana fueron trasladados a la cárcel de Itagüí. Esta, para expertos como Preciado, fue la primera ganancia. La segunda tiene que ver con la tribuna mediática que han ganado. 

No hay que ir lejos. En la audiencia en la Universidad de Antioquia, tanto “Pesebre” como “Lindolfo” compartieron sus puntos de vista sobre el proceso e incluso sobre el camino que debe emprender la ciudad para conseguir la paz. Pero lo más riesgoso y que aún está en discusión, dice Preciado, es la búsqueda de un estatus político por parte de los combos. 

“El diálogo instalado en Itagüí no es uno entre el gobierno con unas estructuras de crimen organizado”, dijo “Pesebre” ante los senadores, miembros del gobierno y víctimas que participaron de la audiencia pública. “Es más bien un diálogo entre el Estado y una parte de los actores del conflicto armado en Colombia; actores que ejercen un poder social, político y económico (en los barrios), donde son hijos, parientes y amigos de sus vecinos”. 

Hasta hoy, dice Preciado, los combos de Medellín no se habían considerado como actores del conflicto armado interno. Y la vitrina mediática que hoy cultivan, sumada a la falta de claridad del gobierno frente a su posición respecto a este estatus, les ha abierto la puerta a “un premio muy gordo”. 

Incluso Carrasquilla, la concejala del Centro Democrático, afirma que el interés soterrado de los combos sería expandir sus rentas en las comunas mientras están sentados en la mesa. “Esas pueden ser sus pretensiones ocultas. Si miramos la administración anterior y lo que va de este año, las autoridades no han hecho una captura representativa”, dice la exfiscal. 

Y el gobierno Petro se lleva por ahora el punto de mantener una mesa que no avanza pero que tampoco fracasa. La cuestión es que esta medalla es insuficiente ante un reloj en contra. “Lo fundamental es que el proceso sigue vivo, a la espera de un impulso del comisionado”, dice Mejía, de la delegación del gobierno. Si eso ocurre, “podríamos terminar este año con unas decisiones importantes que nos permitan ejecutar en 2025”. 

La proyección es más que positiva para un proceso que luce “engavetado”, dice Preciado. Este no solo tiene en contra el tiempo y la falta de acción del comisionado Patiño, sino dos gobiernos locales con políticas opuestas: el de “Fico”, quien combatió en su primera alcaldía a los combos que hoy negocian desde Itagüí, y el del gobernador Andrés Julián Rendón, quien rechazó esta semana una invitación del comisionado para dialogar en Yarumal con el Estado Mayor Central, proceso que ha priorizado.  

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El miércoles pasado el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, firmó el acuerdo que le dio vida a su plan de desarrollo. Lo hizo desde su despacho en la Alpujarra, acompañado por la directora de Planeación, Ana Catalina Ochoa, y la gerente de Proyectos Estratégicos, Verónica Suárez. “Trabajaremos para llevar a Medellín a otro nivel”, dijo entonces el alcalde, posando para una fotografía, con un bolígrafo en la mano derecha y un folio de casi mil páginas sobre su escritorio.

Un día antes, Mónica Ospina, la directora de Cómo Vamos en Medellín (una red con participación privada que mide la gestión pública en varias ciudades del país), presentó el informe de calidad de vida para los últimos cuatro años. Ante un auditorio lleno, con “Fico” —como es conocido— y su gabinete en primera fila, la directora entregó el balance tras el paso de Daniel Quintero: la desnutrición en niños aumentó; la tercera parte de las familias tuvo problemas para acceder a las tres comidas diarias; la pobreza multidimensional creció; y la educación también cedió terreno. 

La radiografía reavivó la discusión sobre el alcance del plan de “Fico”. Para buena parte del establecimiento paisa es justo lo que la ciudad necesitaba; mientras que para algunas voces críticas es una apuesta tímida, que no lleva a la ciudad a “otro nivel”, como el alcalde ha prometido. “Uno no entiende cuál es ese otro nivel. Medellín está quieta, mientras que Bogotá está construyendo su línea del metro y Barranquilla, 16 mil viviendas”, anticipa Daniel Duque, exconcejal y excandidato de centro a la Alcaldía. 

Un plan de recuperación, con respaldo del establecimiento paisa 

Ospina, de Medellín Cómo Vamos, dice que el equipo de “Fico” recogió las necesidades claves que hoy tiene la ciudad, luego del descalabro que tuvieron los principales indicadores de calidad de vida en el gobierno de Quintero. “Hemos respaldado el plan de desarrollo porque es muy social. Ese plan es cerca del 60% de los problemas que estábamos advirtiendo”, dice la directora. 

El informe entregado por Cómo Vamos se soporta en una encuesta a 1.510 ciudadanos y se nutre con fuentes de información públicas. En este, además de la pérdida de confianza de los medellinenses en su gobierno (24% fue la cifra que registró Quintero en 2023), se reseñaron retrocesos en indicadores que podrían tomar años en recuperarse. 

Fue el caso de la desnutrición crónica en niños menores de cinco años. La cifra llegó a más de 9 mil menores en esta condición en 2023, ubicándose como la más alta en los últimos 12 años. Y además, siendo el registro más preocupante desde 2008, otras 350 mil personas pasaron a engrosar la lista de inseguridad alimentaria (entre severa y moderada).

Pero la lista es larga. 

La pobreza multidimensional, que mide el acceso a vivienda, empleo, salud, educación y servicios públicos, volvió a los niveles de 2018 —primera alcaldía de “Fico”— . La cifra marcó por encima de los 10 puntos, tanto en la zona urbana como en los corregimientos. Y en el plano educativo, además del deterioro de 410 de 421 sedes públicas, Medellín se convirtió en la ciudad principal del país con más estudiantes repitentes. 

“Entregaron computadores, pero los niños estaban desertando y bajando sus competencias. Un computador puede ser muy bueno, pero los colegios se estaban cayendo”, dice Ospina sobre la gestión de Quintero, quien se alinea con el plan de recuperación de “Fico” y reconoce que se ajustaron indicadores que en principio lucían tímidos en estos frentes.

Como un plan “esperanzador, en tiempos de crisis”, lo describe Ochoa, la directora de Planeación y quien estuvo al frente de su estructuración, en diálogo con La Silla: “Retrocedimos un montón en calidad de vida, y para mover un punto en calidad de vida se necesita mucha institucionalidad, tiempo y presupuesto”.

Con esto en mente, agrega un miembro del gabinete, que pidió la reserva por no tener vocería, la política social se concibió como una prioridad. “La administración anterior dejó unos huecos gigantes en todos los frentes, por eso no tiene sentido hacer obras sin recuperar lo social: trabajar de la fachada para adentro”, dice la fuente. 

Esta mirada la respaldó el Concejo, con 19 de 21 votos posibles, aprobando el plan hace un par de semanas. Entre las apuestas que aplaudieron entonces los concejales, y que hoy resalta Opsina, se cuentan los programas que buscan combatir la desnutrición y el hambre. 

Para el primer frente, se concibe un aumento en la cobertura de Buen Comienzo (5.626 niños más y 148 días extras de operación, en comparación con 2023). Y para el hambre, aunque se propone la construcción de tres centros de seguridad alimentaria (la misma meta del gobierno anterior), esta administración promete reducir los hogares en riesgo de 22% a 15%.

“Llegar a lo mismo que teníamos antes no podrá ser, pero hay algunos (indicadores) que sí podremos mejorar”, dice Ospina sobre los esfuerzos que proyecta el actual gobierno. “Y recuperar no es repetir lo que teníamos antes. El cómo tiene que ser diferente. Y ese cambio lo hemos visto en este ‘Fico’”.

Ese cómo incluye proyectos nuevos como la gestión de 21 centros de cuidado para las mujeres, el acceso de 50 mil hogares a agua potable (200% más que en 2023), la construcción de una cinemateca y la habilitación de 6 casas verticales (espacios para deporte y cultura). También fortalece programas del primer “Fico”, con el regreso de Parceros, iniciativa que busca atender a 5 mil jóvenes en riesgo de ilegalidad por el alcance de bandas criminales. 

Y si bien la línea del alcalde para sus secretarios ha sido “ir más allá” y romper las metas trazadas, el miembro del gabinete que pide la reserva reconoce que el plan se concibió sin la financiación del gobierno nacional —son públicas las tensiones entre “Fico” y el presidente, Gustavo Petro—. “Los $40 billones que se van a invertir vendrán de recursos propios. Es un plan de desarrollo muy realista”, dice la fuente. 

Falta ambición para el “siguiente nivel” que promete el nuevo “Fico”

El alcalde ha dicho que este es el plan de desarrollo con más inversión en la historia reciente de la ciudad, pese a que se financiará en su mayoría con recursos propios (a excepción de apuestas en salud y educación, que tienen giros asegurados de la Nación, y el metro ligero de la 80, una obra que cruzará el suroccidente de la ciudad y tiene cofinanciación estatal).

Es por esto que, según Duque, el exconcejal y excandidato a la Alcaldía, la planeación debió ser más ambiciosa. Si bien “Fico” también ha hablado de “metas sociales históricas”, hay indicadores claves que no conversan con los esfuerzos para paliar el avance de la pobreza multidimensional que registró la ciudad en el último gobierno. 

Aunque se proyecta una duplicación de los microcréditos para emprendedores y el Distrito espera ayudar a emplear a más de 6 mil personas (en comparación con 2023), el concejal de oposición, José Luis Marín, afirma que la política de empleo es tímida. Esto, pese a que la informalidad representó casi la mitad de la pobreza multidimensional medida por Cómo Vamos. 

“Plantean acciones para mover a los trabajadores de la calle, pero no para resolver las opciones económicas de la gente”, dice el concejal. Y agrega: “Incluso algunos concejales de la coalición de gobierno han dicho que la ciudad podría ir más allá en indicadores. Muchas de las enmiendas al plan fueron por esto, porque las metas eran abstractas y difíciles de medir”.

Otro pero, en palabras del exconcejal de Medellín y representante a la Cámara, Daniel Carvalho, tiene que ver con la construcción de vivienda. “Una de las grandes crisis que enfrenta la ciudad es el déficit de vivienda. Y uno esperaría un programa ambicioso, a 12 o 20 años, porque el encarecimiento se debe justamente a ese déficit”, afirma el congresista.

El plan de “Fico” solo propone sacar del déficit de vivienda a 206 hogares más que en 2023. Y aunque proyecta 2.697 subsidios extras, Duque dice que esto será insuficiente: “Medellín tiene 200 mil familias que no tienen dónde vivir o están en malas condiciones. Eso demanda una construcción de por lo menos 20 mil casas en cuatro años para que la crisis no sea insostenible”. 

Lo que dice Ochoa, la directora de Planeación, es que la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) será clave para detonar la construcción de vivienda y que, mientras eso ocurre, “estamos viabilizando temas normativos y de planeación (…) y tratando de cerrar proyectos que vienen desde hace mucho tiempo”. Esa lectura la anticipa Opsina, de Cómo Vamos, quien reconoce que el plan de “Fico” no tiene una apuesta sólida en vivienda, pero que parte de esa discusión podría remediarse a través del POT. 

Pero a “Fico” también le reclaman más ambición en infraestructura (aquí puede revisar parte de sus apuestas y sus metas).  

Si bien la administración promete intervenir más de 400 sedes educativas que necesitan algún tipo de reparación, además de hacer dotaciones tecnológicas, en el plan firmado por el alcalde se reduce en 28 kilómetros la construcción y el mantenimiento de vías urbanas (en comparación con 2023). Tampoco se proyecta la construcción de nuevos kilómetros de ciclorrutas, apuesta clave para la transición a una movilidad más limpia. 

Ospina también reconoce que el de “Fico” no es un plan de “grandes obras”, pero la administración tiene algunas banderas en este frente. Se proyectan, además de las obras en colegios, la ejecución del 50% del metro de la 80, la construcción de 56 mil metros cuadrados de Parques del Río Norte (un proyecto que busca mejorar la oferta de espacio público en el nororiente de la ciudad, la zona más pobre) y el arreglo de 700 centros deportivos (485 más que en 2023). 

“Decir que tenemos una agenda social potente no quiere decir que no tenemos una de infraestructura. Hay un equilibrio entre ambos temas”, responde Ochoa, de Planeación, ante los reclamos de más ambición en el plan de desarrollo. Pese a esto, Marín, el concejal de oposición, sentencia: “Discursivamente se plantea un salto tremendo, pero el plan es tímido en unas áreas y carece de otras. El alcalde, en la presentación del informe de Medellín Cómo Vamos, reconoció que no bastará con cuatro años para reponer a la ciudad del retroceso”. 

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Tan solo ha pasado una semana desde que EPS Sura pidió su desmonte ante la Supersalud, pero ese tiempo ha corrido con particular dramatismo en Antioquia. Aunque los voceros de la EPS explicaron que el retiro paulatino busca amortiguar el golpe para afiliados y prestadores, y la Superintendencia aún tiene tres meses para estudiar el caso, hoy el sistema de aseguramiento de los paisas no concibe su operación sin la participación de Sura, una aseguradora privada del Grupo Empresarial Antioqueño. 

La EPS tiene tres de los siete millones de afiliados en este departamento. Su cobertura e infraestructura en 41 de 125 municipios (en especial en el área metropolitana de Medellín) la convierten en la columna vertebral del sistema. Pero hay más. Su posible salida oscurece el futuro ya incierto de Savia Salud, otra EPS hoy intervenida con 1.6 millones de afiliados paisas (en su mayoría del régimen subsidiado). Y el sistema de hospitales públicos aparece como un último recurso con poca capacidad. 

La dirigencia antioqueña y voces autorizadas del gremio de la salud no están de brazos cruzados. Si bien la pelota está en la cancha del gobierno de Gustavo Petro, en la región se barajan planes para salirle al paso a la Supersalud, e incluso incidir en su decisión respecto a Sura. Las salidas proyectadas se piensan en tres escenarios: postergar la vida de EPS Sura, resucitar a Savia Salud o robustecer los hospitales de la red pública. 

El plan A: salvar a la EPS, pese al pedido de retiro de Sura

“El tiempo se agotó, y en este momento se deben tomar medidas para evitar un mayor deterioro que le impida a EPS Sura cumplir con sus obligaciones”, dijo la semana pasada Juana Francisca Llano, la presidenta de Suramericana, sobre la decisión de pedirle a la Superintendencia el desmonte progresivo de la EPS con más afiliados en Antioquia. 

El pedido fue una sorpresa incluso para la dirigencia antioqueña. Según fuentes cercanas al gobernador, Andrés Julián Rendón, a él se le comunicó sobre la decisión horas antes de que Llano saliera a medios. “La decisión debió suponer una conversación con la dirigencia del departamento y con el gobierno de Medellín. Pero eso no ha sucedido hasta hoy, a todos nos cogió por sorpresa”, dice el representante a la Cámara, Hernán Cadavid. 

Pero esto, y que Sura haya propuesto unas mesas de trabajo con el gobierno local una vez se conozca la decisión de la Super (tiene 65 días, contando desde el 28 de mayo), no supone que los ánimos estén caldeados. Por el contrario, el rol de Sura es tan crucial en el sistema de aseguramiento de los paisas que el “plan A” de sus dirigentes es impedir que su pedido de desmonte prospere.

En la región hay una visión distinta a la irreversibilidad de su retiro, una idea que hace carrera en Bogotá.

“La secretaria de Salud de Antioquia (Marta Ramírez) se reunió la semana pasada en Bogotá con el ministro de Salud y delegados de la Super, alertando el impacto que tendría la salida de Sura para la región”, cuenta una fuente al tanto de los acercamientos entre la Gobernación de Antioquia y el gobierno nacional, que pide la reserva para entregar detalles. 

Pero los acercamientos, que aún no llegan a la oficina del superintendente, Luis Carlos Leal —según una fuente de esa entidad que pidió la reserva por no tener vocería—, van más allá de mostrar el desbarajuste que implicaría la salida de Sura.

“Lo que buscan es llegar a un acuerdo sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Algo que aliviane la situación de Sura y le permita seguir operando en la coyuntura, al equilibrar los costos con la prestación de los servicios. A eso le apuntan desde la Gobernación”, agrega la fuente al tanto de los acercamientos. 

Aunque Sura no respondió las preguntas de La Silla Vacía sobre este escenario, “porque ya entregamos la información necesaria”, según dijo un portavoz, la UPC fue el centro del anuncio de la semana pasada. “La insuficiencia de la UPC en esos 2 años (2022 y 2023) ha sido importante para la compañía, porque ha habido un mayor consumo de salud, que se suma a la insuficiencia de UPC”, dijo Llano en entrevista con El Colombiano. 

Sura gasta 103 pesos sobre cada 100 pesos que recibe por paciente. Y el ajuste insuficiente de la UPC, una decisión del gobierno Petro, llevó a que la EPS registrara pérdidas de casi $360 mil millones en estos dos años (muy por encima de lo registrado en años anteriores). 

“Esta mayor siniestralidad en 2022 y 2023, porque los costos de la operación superan los ingresos, muestra que el paso a seguir debe ser mejorar la tasa de UPC”, argumenta Juan David Berrío, director de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud de Antioquia, sobre las pretensiones de la Gobernación. 

El funcionario advierte que en el departamento no hay un prestador con las capacidades humanas y de infraestructura para recibir los afiliados de Sura (en caso de que la Super apruebe el desmonte). En eso coincide Luis Gonzalo Morales, exgerente de Savia y secretario de Salud de Bogotá en la administración de Enrique Peñalosa, quien dice que la “prioridad en Antioquia debe ser salvar a Sura”. 

Porque aunque el panorama puede ser incluso más complejo en Bogotá, con casi seis millones de usuarios en vilo, la pita en Antioquia podría romperse y no tener remedio ante la desaparición de Sura. Casi el 65% de afiliados a la EPS (de mayoría contributivos) son adultos y adultos mayores; y entre sus pacientes puntean enfermedades graves como hipertensión, dislipidemia, asma, diabetes, distintos tipos de cáncer y VIH. 

“La salida de Sura generaría un caos nunca antes visto. Lo mejor es que el gobierno, a esta altura, le diga que le va a aplazar la salida y permitirá que opere por un tiempo más largo”, dice Morales. “No capitalizando (porque el Estado no puede invertir en EPS privadas), sino mediante un aumento transitorio de la UPC”. 

Y esto último, según el experto, podría acompañarse con la adecuación en paralelo de las condiciones para que Savia y la Nueva EPS (hoy intervenidas) asuman en un futuro los afiliados que dejaría Sura (en caso de que no se encuentren vías para su permanencia). “Eso sería lo más sensato”, dice Morales.

El plan B: resucitar a Savia en caso de que a Sura la dejen caer

El nombre de Savia aparece como colchón, un posible “plan B”. Savia es una EPS mixta, que este mes cumple un año de intervención. Pero es la segunda en cobertura en el departamento, y ante la complejidad del traslado de usuarios de Sura, aparece como un penúltimo recurso. 

Y aunque es temprano para esa proyección, porque aún está en marcha el “plan A” de salvar a Sura, o la Supersalud podría decantarse primero por una intervención forzosa y no por un desmonte, la capacidad instalada de las otras EPS que tienen presencia en Antioquia no sería suficiente para atender a los 3 millones de afiliados que hoy están en vilo. 

Nueva EPS y Sanitas, que en Antioquia son tercera y cuarta respectivamente en número de afiliados (ver gráfica), están actualmente intervenidas. Y aunque este jueves el Ministerio de Salud abrió la puerta para que reciban afiliados pese a esa medida de vigilancia (posibilidad que incluso había generado discusiones jurídicas entre la Supersalud y otras voces del sector), estas entidades están lejos de contar con las capacidades de personal e infraestructura de Sura.

El panorama es similar en Salud Total y Coosalud (aunque no están intervenidas).

“No creo que Salud Total esté dispuesta a hacer inversiones en el corto plazo. Y los socios de la Nueva EPS y Sanitas (en caso de que pudieran recibir usuarios) no les van a meter plata a sus sedes en Medellín”, dice Morales. “¿Y el interventor? Menos. ¿De dónde van a sacar plata para montar las sedes, personal y sistemas de información que hoy tiene Sura?”. 

Es por esto que Morales e incluso Gonzalo Vélez, de Asmedas (un sindicato que agrupa a más de 500 médicos en Antioquia), dicen que la opción para alivianar el golpe sería Savia. Porque si bien la intervención carga con cifras cuestionables, como el aumento de la deuda en 1.2 puntos este año y el crecimiento de las quejas mensuales en casi mil respecto a los reportes previos a la intervención —según cifras de la Secretaría de Salud de Antioquia—, la EPS es mixta y esto le da gabelas. 

En Savia tienen participación la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y Comfama, la caja de compensación con mayor poder en Antioquia. Y aunque son bien conocidas las diferencias entre el alcalde, Federico Gutiérrez, y el gobernador Rendón con el gobierno Petro, estas tres entidades podrían capitalizar la EPS y ampliar su capacidad para afiliar parte de los usuarios de Sura (incluso bajo el régimen contributivo). 

Pero esto, dice Morales, es difícil que ocurra en tanto la EPS siga intervenida. “El gobierno debería devolverla a sus dueños y que la Supersalud ponga algunas condiciones de seguimiento, porque así ni Gutiérrez ni Rendón van a invertir”. Además, si el gobierno da el brazo a torcer con Savia, la entidad ya cuenta con un plan de modernización y saneamiento, que incluso fue aprobado meses antes de la intervención. 

“Si esto ocurre, bajo la condición de que los dueños capitalicen, con la autorización del ingreso de hospitales públicos y privados, y la llegada de usuarios contributivos, Savia estaría lista en seis meses para recibir usuarios de Sura en el área metropolitana de Medellín y en el resto del departamento”, proyecta Morales, el exdirector de Savia. 

La idea, dice Juan Carlos Olarte, vocero de la Asociación de Usuarios de Savia, no sería descabellada. Si bien coincide en que la mejora anunciada por el interventor, Edwin Rodríguez, “ha sido un canto a la bandera”, este escenario podría beneficiar a la EPS mixta. 

“Por dramático que parezca, la decisión de Sura podría servirle a Savia. Porque el gobierno podría decir: ‘cómo vamos a liquidar a Savia, dejaríamos al 80% de sus afiliados más vulnerables (que son del régimen subsidiado) en el aire’”, dice Olarte. “Pero si no hay diálogo, y no se levanta la intervención, la Alcaldía y la Gobernación no pondrán un peso”. 

Para este diálogo, dice el representante Cadavid, Comfama podría servir de puente. Incluso el director de la caja, David Escobar, insistió en abril de este año en entrevista con La República en el interés que tienen de que Savia vuelva a manos de sus socios. 

“Desde su intervención, ha tenido un deterioro en buena parte de sus indicadores. Nosotros le hemos dicho al agente interventor, al gobierno nacional y a los demás socios que tenemos que trabajar conjuntamente para desintervenir a Savia”, dijo Escobar. 

Pero la vía del diálogo, aunque predilecta, no es la única que hoy allana el camino para el regreso de Savia y su posible relevo parcial de Sura. En por lo menos tres meses, dice Cadavid, podría conocerse un pronunciamiento del Consejo de Estado ante una demanda de nulidad interpuesta en contra del acto administrativo con el que se intervino Savia. 

Pese a esto, Berrío, de la Gobernación de Antioquia, sostiene que es imposible que esta EPS escale a Sura: “Podría llegarse a plantear este escenario, pero no sería la alternativa que genere el menor traumatismo. Tomaría años de aprendizaje llegar a las condiciones que hoy garantiza Sura”. 

El plan C: fortalecer la red pública, aunque sea insuficiente y demorado

Si no se deciden por Savia, el único margen que les queda a Gutiérrez y al gobernador Rendón para afrontar la salida de Sura es la red pública, una opción paradójica para dos políticos que han resaltado el valor del aseguramiento privado en la salud. De hecho, el alcalde de Medellín ya había puesto los ojos sobre este frente en sus primeros meses de gobierno, a través de inversiones que hoy alcanzan los $76 mil millones, según cifras de la administración.

“Mientras el gobierno nacional destruye el sistema de salud, nosotros vamos a fortalecer nuestra red pública”, dijo Gutiérrez el día en que se conoció el pedido de desmonte de Sura. Y agregó: “En los próximos días invertiremos $15.200 millones en el Hospital General (el principal de tipo público en la ciudad), $10.900 millones en Metrosalud y más de $2 mil millones en el Hospital Infantil Concejo”. 

La promesa de Gutiérrez de garantizar los servicios de salud a través de la red pública fue respaldada por Rendón, y también incluye la inversión de otros $4 mil millones en la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires, que oxigenarían al sistema con 56 camas de hospitalización y dos quirófanos. Esto enfila a dos opositores de Petro a contrarrestar la “estatización” del sistema de salud con inversión pública de los bolsillos regionales.

Sin embargo, dice Morales, esto es insuficiente y la ampliación de la red pública para soportar el hueco de Sura tomaría, mínimo, seis años. 

“La participación en camas del sector público en Antioquia es solo del 30%. Llevar eso al 50% implicaría casi duplicar lo que se tiene actualmente y eso implica muchísima plata que los gobiernos locales no tienen”, dice el exdirector de Savia. “Además, usted no construye hospitales nuevos de un día para otro”. 

Esto se suma al estado financiero de los hospitales paisas, que está lejos de ser bueno.

Aunque la Secretaría de Salud de Medellín no compartió información sobre el balance fiscal de su red, la Gobernación precisó que de 124 hospitales públicos (incluidos los del área metropolitana), 55 son objeto de planes de saneamiento financiero (40 están en riesgo alto y 15 en riesgo medio). Y Vélez, de Asmedas, incluso va más allá, y dice que son 68 los hospitales paisas en alerta roja por deudas de EPS y proveedores. 

Justo por este panorama, dice Morales, las administraciones de Medellín y Antioquia “tienen las manos atadas”. Y aunque Berrío, de la Gobernación, dice que el plan para fortalecer la red pública está incluso trazado en el plan de desarrollo del departamento, de poco serviría fortalecer los servicios sin la garantía del aseguramiento asumido por Sura. 

“De nada serviría tener unos hospitales muy fortalecidos, cuando el asegurador no envía el flujo de los recursos a esa red. Para el régimen contributivo tenemos muy poco margen, más que tratar, a través de los buenos oficios, que se reverse el desmonte”, sentencia el funcionario. Pese a esto, el “plan C” de fortalecer la red pública puede ser la última carta para Antioquia ante un posible fracaso de los dos primeros.

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La “vaca” ideada en Antioquia para conseguir un billón de pesos y cofinanciar los faltantes en las vías 4G se desinfló. El mecanismo no solo está lejos de cumplir su meta, con $6 mil millones recolectados entre casi 15 mil donantes. Ahora libra su suerte en los estrados judiciales y ante los entes de control, lejos de los reflectores mediáticos en los que se estrenó en cabeza del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y la primera plana del uribismo.

El “camello” principal no lo generó el presidente, Gustavo Petro, quien cercó la iniciativa con su pedido de parar la recolección ante la posible entrada de dineros calientes (el Clan del Golfo se adjudicó en principio una donación de $10 millones). El responsable fue Carlos Patiño, un abogado paisa que demandó la nulidad del decreto que le dio sustento a los aportes y quien hoy pide la pérdida de investidura de los congresistas que donaron.

En medio está un punto de fuga que generó discusiones recién estrenada la “vaca”: su naturaleza jurídica, si se trataba o no de un contrato. Y a esto se le suman ingredientes inesperados como la donación de funcionarios en ejercicio, quienes no pueden celebrar contratos con el Estado; y el posterior reembolso del dinero por parte del gobierno de Rendón a quienes donaron y que por esto tienen demandados sus cargos. 

“Es una movida política de neutralización para atemorizar a los ciudadanos que donaron”, dice José Obdulio Gaviria, el consejero del gobernador e ideólogo del uribismo. “No toda la clase política está furiosa. Me han llamado otros políticos que están pendientes del proceso”, se defiende Patiño, a quien le cobran haber sido contratista de la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín.

Una avanzada jurídica cerca a la “vaca” 

Patiño ha emprendido acciones en varios frentes para que el futuro de la “vaca” de Rendón se defina vía jurídica. Además de las acciones de nulidad y pérdida de investidura, el abogado ha interpuesto quejas ante la Procuraduría, la Superintendencia Financiera y ha insistido (sin éxito) en el acceso a información sobre los donantes con derechos de petición. 

El proceso de nulidad del decreto con el que Rendón blindó la “vaca”, revelado por La Silla Vacía, se libra ante el Tribunal Administrativo de Antioquia y no es el que más atención ha acaparado por parte de la prensa. Sin embargo, es clave porque busca dejar sin piso las donaciones y toca puntos neurálgicos que hoy hacen parte de la discusión jurídica. 

El abogado alega falsa motivación para la formulación del decreto, falta de competencia por parte de la Gobernación para invertir lo recaudado en las vías 4G (algunas están a cargo de la Nación) y también falta de competencia del gobernador para adoptar los recursos en el presupuesto ordinario de su gobierno. 

Y aunque la Gobernación ha dado respuesta a cada una de estas dudas, hablando de motivaciones legales, inversión en vías bajo su competencia y la ejecución de la plata solo después de la aprobación por parte de la Asamblea, la naturaleza que el decreto le da a la donación es clave en el proceso que más revuelo ha causado. 

Se trata de una demanda de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado contra los congresistas Miguel Uribe, Paloma Valencia, Esteban Quintero, Andrés Guerra, María Fernanda Cabal, Juan Espinal, Hernan Cadavid, John Jairo Berrío y Julián Peinado. Patiño argumenta que todos donaron y que, como el aporte se constituye en un tipo de contrato, deberían perder su silla como parlamentarios. 

El abogado alega que los congresistas violaron el régimen de incompatibilidades e inhabilidades concebido en el artículo 180 de la Constitución, que dicta que los funcionarios de este tipo no pueden celebrar contrato alguno con las entidades del Estado.  

Para esto se soporta en el decreto que le dio vida a la “vaca”, en el que el gobierno de Rendón argumentó que el Estado puede recibir donaciones de particulares. Y, además, especificó que el donante debería aceptar la celebración de un “contrato de donación”.

Es justo esta figura, de contrato por donación, la que llevó a que los congresistas Guerra, Quintero y Berrío negaran haber hecho un aporte ante el Consejo de Estado, en donde se radicó la demanda. Y a que, además, ahora protagonicen una defensa digna de un circo jurídico. 

Aunque fueron enérgicos difusores del mecanismo e incluso publicaron en redes capturas con las que referenciaban sus aportes, ahora dicen que esa donación se hizo en cuerpo ajeno. 

“Nuestros prohijados no han vulnerado ninguna de las normas que la parte actora cita como normas violadas (…)”, respondió el abogado Rodrigo Palacio, que es el defensor de los tres congresistas, en los documentos del proceso a los que accedió La Silla Vacía. Por el lado de Guerra, argumenta que el senador tiene una cuenta en Bancolombia pero bloqueada; del senador Quintero dice que no tiene una cuenta activa en la entidad; y del representante Berrío anexa un certificado de la Gobernación que afirma que no donó de su bolsillo.

Distintas son las respuestas de las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. 

La primera reconoce la donación, como contribución al “financiamiento de los gastos e inversiones del Estado”. Pero luego habla de la devolución de su dinero por parte de la Gobernación, antes de que “fuese notificada del acto administrativo de aceptación de la contribución voluntaria”. 

La defensa de Valencia también reconoce el aporte, pero alega que esa contribución se diferencia de una donación, porque la “figura además no es un contrato estatal, como tampoco es la contribución que se hace mediante aportes dirigidos a una iniciativa en específico”. Ese debate jurídico está abierto. 

Jueces definirán si hacer “vaca” (siendo funcionario) es ilegal 

Este último proceso, por el que los congresistas deberán presentarse en 20 días ante el Consejo de Estado, llevó a que Rendón anunciara en el Congreso en abril pasado la devolución de parte del dinero. “Con el ánimo de no involucrarlos en ningún tema judicial, vamos a proceder a regresarles los recursos. Y lo haremos, aun cuando tenemos convencimiento jurídico de que el contrato no se ha perfeccionado”, sostuvo. 

La orden ya se concretó, según Eugenio Prieto, el secretario de Hacienda, quien le confirma a La Silla Vacía que congresistas y otros funcionarios ya han recibido reembolsos. “A las personas que lo han solicitado se les han entregado los recursos con la misma voluntad con la que donaron”, dice el funcionario. 

Esta medida, además de enredar el engorde de la “vaca”, llevó a que Patiño interpusiera una queja disciplinaria ante la Procuraduría en contra de Rendón y Prieto. El abogado alega, basado en el artículo 355 de la Constitución, que la Gobernación al reembolsar la plata de la “vaca” “les hace donaciones a particulares” no concebidas por la ley. 

“Él está en todo el derecho de demandar, pero igual nosotros en dar las garantías a los ciudadanos que han hecho sus aportes”, dice Prieto. “Aquí se está haciendo algo transparente. ¿Dónde estamos cometiendo el error, para que nos digan que estamos cometiendo un delito?”. 

Es en este punto que el abogado Iván Zuluaga, profesor de derecho administrativo de la Universidad de Medellín, le pone matices a la discusión. El jurista primero vuelve sobre la demanda de pérdida de investidura contra las congresistas y afirma que, en efecto, la “vaca” representa un contrato de donación (soportado en el Código Civil).

“La ‘vaca’ sobrevivió en un inicio a las presuntas donaciones de grupos armados, porque se había proyectado un control de activos que la blindó”, dice Zuluaga. “¿Cuál fue el asunto que la enredó? La donación de los congresistas. Esa nadie la esperaba”. 

Con esto, el abogado reconoce que los congresistas celebraron un contrato con el Estado, algo que está prohibido por ley. Sin embargo, el proceso de pérdida de investidura no solo se concentra en hechos sino en las intenciones de los mismos. 

“El proceso no está tan claro en lo subjetivo. Los congresistas que donaron lo hicieron con qué ánimo: ¿aprovecharse del Estado, defraudarlo, usar su influencia para hacer algo en contra del patrimonio público?”, cuestiona Zuluaga, para quien el dolo será difícil de probar. 

En eso coincide Prieto, quien afirma que las donaciones se han hecho bajo el principio de solidaridad: “En la Constitución no hay una prohibición a ser solidario. Entonces, ante una tragedia, ¿un funcionario no podría donar porque eso se convierte en causal de pérdida de investidura?”. 

Sobre la devolución del dinero cuestionada por Patiño, y por la que puso su queja en la Procuraduría, tampoco hay rumbo definido. Zuluaga dice que ahí no habría lugar a una sanción porque el Estado suele devolverles dinero a los particulares casi a diario.

“La plata en este momento está recaudada, no es del contribuyente pero tampoco es ejecutable (porque aún  no entra al presupuesto)”, dice el jurista. “Eso da cabida a la decisión de usarla o devolverla”. 

Un relanzamiento para ayudar a una “vaca flaca”

Este panorama ha llevado al gobierno de Rendón a cerrar filas para proteger a sus donantes y eso ha puesto en segundo plano el recaudo de la “vaca”. Aunque cuando se estrenó fueron vastas las campañas en medios y redes, la frecuencia de las donaciones bajó, así como la invitación para hacerlas. 

“Sí, hay un estancamiento de los aportes. Todos esos señalamientos que hizo el presidente y lo que hacen estos abogados hacen que baje el espíritu de la gente para aportar, aunque el optimismo y el entusiasmo siguen”, dice Pireto. 

En esto coincide Gaviria, el consejero del gobernador, quien dice que la “vaca” está en una pausa y no estancada. Esta semana hubo un acuerdo para darle un relanzamiento, con una gerencia ad honorem, para lograr la participación de sectores empresariales que se han visto “amenazados” —en palabras de Gaviria—.

Ese relanzamiento vendrá luego de lo que el ideólogo uribista califica como una persecución judicial, “porque nadie es capaz de prever las bodegas casi que enfiladas contra una obra benéfica. Aunque es algo muy propio de personas como Quintero y el mismo presidente Petro, que han convertido el derecho en un instrumento de perversión”. 

Sobre esto vuelve Patiño, el demandante de la “vaca”, quien no niega su paso por el gobierno del exalcalde de Medellín y además afirma que el cerco jurídico del que es hoy protagonista responde solo a sus intereses. “El mandado me lo estoy haciendo a mí. Estudian más las intenciones del demandante que los argumentos de la demanda”, sostiene. 

Pese a esto, y a que dice que recoger el billón de pesos no fue nunca la meta, uno de los congresistas demandados, que pide la reserva para no entorpecer el proceso, afirma que el “camello” en que se ha convertido la “vaca” ha valido la pena. “La ‘vaca’ es un símbolo de dignidad paisa frente a un gobierno reacio a invertir en el departamento, y ellos quieren atacar ese símbolo”, concluye. 

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“Cuando él se presenta, en cualquier parte que sea, dice: ‘Hola, soy Daniel Quintero, y voy a ser presidente de Colombia’”, cuentan las personas que han trabajado con el exalcalde de Medellín. Y aunque es bien sabido que Quintero tiene los ojos puestos en las presidenciales de 2026 —ha sido reiterativo en ese propósito, desde que renunció a la Alcaldía—, por ahora los vientos no soplan a su favor. 

La implosión de un equipo político que hoy reniega de su gestión, reduciéndolo al círculo con el que se estrenó en la ciudad en 2019; la pérdida de la personería jurídica de su partido Independientes, que dejó en vilo su plataforma nacional; y un malestar creciente entre voces puristas del petrismo, por los escándalos de corrupción que lleva a cuestas y su cercanía con políticos tradicionales, lo embarcan en una carrera en solitario. 

Y aunque aún es temprano para proyectar qué viene para el exalcalde de la segunda ciudad del país, la semana pasada él mismo dio pistas del paso a seguir, luego de la caída de su partido en el Consejo de Estado. “Contra viento y marea pero con Dios por delante (sic). Aquí no nos rendimos. Saldremos a las calles a buscar las firmas que sean necesarias para participar y ganar las elecciones presidenciales”, sostuvo. 

La implosión del movimiento que llevó a Quintero a la Alpujarra

La pérdida de la personería jurídica de Independientes, conocida el jueves pasado, terminó de destapar el malestar entre las bases que llevaron a Quintero a la Alcaldía en 2020. Aunque varios de sus funcionarios ya habían hecho una retirada cautelosa de los reflectores mediáticos, esta vez algunos incluso abrieron la puerta para criticarlo de frente.  

“Sobre todo la maldad. Ahí apareció donchi a intentarme intimidar (sic). Atenta, eso sí, a lo que me pueda pasar, que ya les estamos midiendo los alcances y son gente muy peligrosa”, afirmó en redes Ana Valle, exsecretaria de las Mujeres de Quintero y quien tuvo amplia injerencia en su gobierno. 

El pronunciamiento de Valle fue el 16 de mayo y se dio en medio de la polémica que suscitó la caída de la personería de Independientes y las posteriores publicaciones que vinieron de @Independienteco, la cuenta oficial en X (antes Twitter) de la que hasta entonces fue una colectividad formal.

“Meras risas, meros recuerdos, qué lástima que te hayas desviado de los principios originales”, publicaron desde la cuenta, con un video que reseña las salidas en falso del exalcalde y de su círculo cercano durante el gobierno. La cuenta no publicaba desde octubre del año pasado, cuando concluyeron las regionales.

Esto llevó a que desde Independientes, en cabeza de Eli Shnaider —quien era el director del partido—, emitieran un comunicado en el que hablaron de hackeo. “Delincuentes informáticos accedieron a la cuenta, cambiaron las contraseñas y publicaron contenido no autorizado por la dirección de nuestro movimiento”, expresaron. 

La cuestión es que cinco fuentes al tanto de lo que ocurre en este grupo le confirmaron a La Silla Vacía que no se trató de un hackeo. La publicación estuvo a cargo de militantes del partido que tenían acceso a la cuenta y que rompieron con Quintero y su círculo primario (Esteban Restrepo, Juan Pablo Ramírez, Juan David Duque y el mismo Shnaider). 

“La cuenta la manejaban las bases del partido”, dice la exsecretaria Valle, quien agrega que no tiene participación en lo que ocurre y que ha llegado a sentirse intimidada porque el exalcalde y parte del equipo que aún lo acompaña la responsabilizan en redes e internamente. 

De ahí su mensaje del 16 de mayo en X, donde el exsecretario de Juventud, Santiago Bedoya, también mostró su malestar frente al partido y al gobierno de los que hizo parte. “No hay ética. Ni límites (…). Solo queda gente con intereses personales y maldad. Bien acabada esa mentira política donde ingenuamente deposité ideas y tiempo”, sostuvo. 

Pero este es solo el pico de una pelea interna que ya tenía camino.

Aunque Valle se mantuvo durante buena parte del gobierno de Quintero, renunció para hacerle campaña a Petro en 2022 e incluso fue la cabeza de lista de esa colectividad al Concejo en las pasadas elecciones, hoy le dice a La Silla que “el quinterismo es una ‘famiempresa’, rodeada por cuatro personas que sí o sí están con Quintero. Ese es su proyecto político”. 

Valle también afirma que se mantuvo en este proyecto hasta el final para tratar de tramitar, vía partido, los desacuerdos que comenzaron a hacer carrera más temprano. Niega que esta sea una jugada para desmarcarse de la cuestionada gestión del exalcalde, porque “el proyecto ha estado roto, nunca estuvo sólido”. 

Esa versión la respalda uno de los fundadores del movimiento, que hoy pide la reserva para no tener percances con el equipo del exalcalde. “Creímos ser parte de un proyecto político, pero muy tarde, ya en el gobierno, nos dimos cuenta de que se trataba de una apuesta personalista”, dice la fuente. 

Y agrega: “El partido era una fachada: un nombre y un registro, porque no había reuniones. El alcalde y su círculo primario siempre estuvieron enfocados en la política electoral y no en la ciudad. Este era solo un peldaño, porque su cabeza estaba puesta en otro lado”.

Según dos fuentes de este equipo político, que pidieron la reserva para entregar detalles, la fragmentación definitiva vino con el nombramiento de Shnaider como director cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) avaló a Independientes como partido.

“A Eli nadie lo conocía en Medellín, y pese a que había más personas con trayectoria y méritos para asumir el liderazgo de Independientes, nos lo impusieron porque él no le ponía pero alguno a Quintero”, dice una de las fuentes. 

Ahora, en conversación con La Silla, lo que afirma Schneider es que “genera sorpresa que gente que lideró todo tipo de cargos en el gobierno apenas destapa sus verdaderos rostros. Si había diferencias tan marcadas, ¿por qué no se expresaron en el gobierno sino ahora que hay ausencia de poder?”. 

Una plataforma nacional que vio el ocaso más rápido de lo esperado 

Aunque la desaparición de Independientes como partido pareció tener un coletazo contundente en Medellín, en los parajes nacionales donde el exalcalde y su equipo trataron de cosechar concejales y alcaldes en las pasadas regionales también se ha hecho evidente el malestar. 

Nicolás Quintero, excandidato de Independientes a la Alcaldía de Tabio (Cundinamarca) y quien hace poco compartió su carta de renuncia a la colectividad, dice que después de las elecciones de octubre el partido se estancó y no se trazó norte alguno por parte de las directivas.

“Aunque queríamos aportar al proyecto de Daniel Presidente, terminamos apartándonos, porque no hay una línea clara”, sostiene el político de Tabio. “A la gente, después de elecciones, no la puedes dejar en el olvido. Había que seguir construyendo, pero eso no pasó. Por eso presenté la renuncia”. 

Camilo Pedraza, quien fue fundador, jefe de prensa del partido y a quien incluso los medios locales cuestionaron por un contrato con supuestas irregularidades en Telemedellín, ahora afirma que Independientes nunca existió como partido.

“Se trata de una gente que recibió un aval o coaval, que lo necesitaba para competir en su territorio”, dice Pedraza. “Pero como partido no hay reconocimiento, no hay direcciones territoriales, no hay enlaces empoderados. Daniel Quintero ni siquiera se reunió con la gente que salió elegida”.  

Pedraza, quien fue hasta hace poco el enlace de comunicaciones entre Shnaider y los políticos regionales que aterrizaron en Independientes, incluso habla de un desinterés de las directivas para hacer partido por el fantasma temprano de la pérdida de la personería jurídica. 

Eso lo confirma Shnaider. Ahora dice que aunque se proyectó una convención nacional, “en la que esperábamos sentarnos a pensar el partido con los electos y con los liderazgos que salieron durante la campaña”, la sentencia del Consejo de Estado tenía el encuentro en vilo. 

Pese a que Shnaider reconoce que la caída del partido obstaculiza la construcción de una plataforma nacional, a partir de la entrega de avales y la creación de militancia, también agrega que esta no fue la vocación suya ni de Quintero: “Nos hemos hecho en el activismo, desde que empezamos en el partido de El Tomate, y así lo haremos en el 26”. 

Para el directivo la pérdida de la personería no es un embate grave, aunque traiga consigo la pérdida de financiación estatal de su proyecto político. Pero lo contrario opina otra persona que compitió con el aval de Independientes en Cundinamarca y que pide la reserva para entregar su lectura sobre lo que ocurre. 

“Esto deja a Quintero sin la posibilidad de construir una base. Porque la Presidencia no se gana con la opinión que se pueda recoger en cuatro ciudades; la estructura importa en el resto del país”, dice la fuente. Quedarse sin partido también enreda la posibilidad de llevar una lista a las legislativas que permita obtener votos y recuperar la titularidad del partido. 

Ahora parte del petrismo cierra filas ante la pedida de pista de Quintero 

Si bien el aterrizaje de varios exfuncionarios en el gobierno Petro ha servido para que los medios especulen sobre las buenas migas del exalcalde con el presidente, recientes coyunturas han puesto en evidencia la resistencia que Quintero genera entre algunos políticos claves en el Pacto Histórico.

Pero esa tensión primero hizo carrera en lo local.

En las regionales, varios sectores de esta coalición se resistieron a apoyar a los candidatos de Quintero: Juan Carlos Upegui a la Alcaldía de Medellín, a quien se sumaron en el sprint final, a regañadientes; y Esteban Restrepo, a quien no acompañaron con el aval en su intento por llegar a la Gobernación. 

Hoy, cuando Quintero se acerca a Petro casi a diario mediante mensajes de apoyo en redes e incluso marchando el pasado 1 de mayo en Bogotá —pero sin participar en cuerpo propio en el gobierno—, funcionarios como Gustavo Bolívar y Carlos Carrillo cierran filas en su contra. 

Bolívar trató de “desleal” a Quintero cuando dijo rechazar la dirección de Prosperidad Social y tampoco lo recibió en su campaña a la Alcaldía de Bogotá. Y Carrillo, en medio del escándalo de corrupción en la Ungrd, lo ha tildado de tener cuotas en la entidad e incluso lo ha encarado en radio nacional. 

Pero Quintero también genera resistencia en la bancada del Pacto en el Congreso. La senadora paisa Isabel Zuleta dice que las diferencias con el exalcalde vienen de atrás, por su gestión en Hidroituango y su intento de “meter un mico” en un proyecto de ley que buscaba reformar las competencias de las autoridades ambientales en Medellín.

Zuleta ve en Quintero a un político incoherente, que gobernó con sectores tradicionales y que no tuvo una agenda ambiental. Y aunque reconoce que su discurso cala en algunos sectores, dice que la figura del exalcalde le resta a la izquierda en Antioquia. “Allí su proyecto cooptó las bases y nos enlodó con cosas con las que no tenemos que ver”. 

Sobre la relación de Quintero con el petrismo vuelve el analista político Fredy Chaverra, quien coincide en que, aunque en las presidenciales se vio con buenos ojos el aterrizaje de Quintero y su equipo en la campaña de Petro, ahora el panorama es distinto. 

“Han influido mucho la derrota de Upegui en Medellín (quien no logró más de 100 mil votos) y los cuestionamientos a Quintero por supuesta corrupción, que han comenzado a escucharse por fuera de Antioquia”, dice Chaverra. “Es un político al que el electorado, en las pasadas regionales, le apuntaló el primer clavo de su cajón”. 

Pese a esto, Shnaider sostiene que estas críticas son propias de la campaña que comienza y que, de hecho, vendrán más. “Es natural que haya ataques de la izquierda radical al ver un liderazgo con posibilidades. Los primeros adversarios se encuentran en la misma esquina. Pero no es un tema generalizado del gobierno. Se trata de Carrillo, un personaje tóxico para el progresismo”. 

En medio de este panorama, “como un llanero solitario” —algo propio de su estilo, según Pedraza—, el exalcalde enfrenta la previa de la puja presidencial. Y con un proceso disciplinario en la Procuraduría, que podría darle aire o muerte política, cuya etapa final se reanuda este viernes en Bogotá. 

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—Lo que voy es por mi plata —dice por teléfono Alexis Cuesta, director de Corpourabá. 

—Pero, señor Cuesta, ¿qué tan cierto es que Julián Bedoya tiene mucho poder allá?

—Discúlpeme, discúlpeme…

El director cuelga el teléfono porque está a punto de ingresar a una reunión en Bogotá, muy lejos de Urabá, donde tiene jurisdicción la corporación que dirige. La razón: tanto Corpourabá como Corantioquia —Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) con influencia en Antioquia— hoy pujan para que se concrete un jugoso desembolso de $140 mil millones por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd). 

La transferencia carga con el pecado de haber sido aprobada con un aval exprés emitido por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, justo el día en que Olmedo López renunció a la dirección. Entonces, el escándalo por supuesta corrupción en la compra de carrotanques para La Guajira ya tenía a López con una denuncia penal a cuestas y a Carlos Carrillo a punto de convertirse en su relevo.

El giro exprés a Antioquia fue una de las últimas decisiones de Pinilla y una de las primeras denuncias de Carrillo tras su llegada a la Ungrd. Sin embargo, las matrices de colaboración y los señalamientos tempranos de Pinilla y López —quienes prometen prender el ventilador— pusieron primero los reflectores sobre las supuestas coimas pagadas por funcionarios del gobierno a Iván Name y Andrés Calle, presidentes de Senado y Cámara, para mover las reformas en el Congreso. 

Aunque las corporaciones en Antioquia alegan que el giro tiene un sustento técnico, varios hechos que revela esta investigación de La Silla Vacía generan indicios de que detrás hay otro caso de posible corrupción. Primero, los giros se aprobaron en solo tres días. Para aprobarlos, Pinilla recibió un poder especial del exdirector Olmedo López, y fue avalado por un abogado de la cuerda de Julián Bedoya dentro de la Ungrd. Las solicitudes de ambas corporaciones están “gemeliadas”, y comparten incluso errores de ortografía. Y las sumas transferidas son atípicamente grandes y dejan en los rines a la subdirección del Riesgo. 

Ya en marzo La W había revelado que en Itagüí, fortín del senador Carlos Trujillo, se selló el negocio de los carrotanques e incluso se contrataron sus microperforados con empresas vinculadas al grupo primario de este político, que fue un aliado clave para Petro en Antioquia durante las presidenciales. 

El detrás de cámaras de un millonario giro relámpago 

El 27 de febrero, a las 4:42 de la tarde, llegaron dos solicitudes a la Ungrd. Provenían de Antioquia, con los membretes de Corpourabá y Corantioquia, y en el asunto reposaba el mismo pedido: “Solicitud de transferencia de recursos”. Corpourabá pedía $43.500 millones y Corantioquia $96.500 millones. 

El concepto para justificar el pedido de la transferencia fue el mismo en ambas solicitudes: “Ejecutar acciones para la adaptación, mitigación y corrección de los efectos del cambio climático, la atención de puntos críticos y recuperación de obras y pasos de fauna, además de la ejecución de acciones asociadas a la gestión del riesgo para abastecimiento”. 

“Las solicitudes parecían gemeliadas, porque eran idénticas: palabra por palabra, excepto los montos”, dice una fuente de la Ungrd que pide la reserva por no tener vocería. En efecto, en los pedidos solo cambiaban los membretes y las firmas de los respectivos directores. Cuesta en Corpourabá y Liliana Taborda en Corantioquia. 

Los argumentos para el pedido de la plata fueron los mismos: trabajar contra los efectos del cambio climático y puntos críticos, con obras de mitigación, protección de taludes y recolección de aguas; así como estudios sobre la capacidad hidrológica de reservorios de agua. 

“Parecen hechas por la misma persona”, dice la fuente de la Ungrd, y es que hasta en los errores hay coincidencias entre una y otra solicitud. En el encabezado de los documentos, además de al entonces director López, el pedido se dirige a “DIANA POLA ARIZA (sic)” con la misma falta ortográfica, en referencia a Diana Paola Ariza, quien para entonces fungía como encargada de la subdirección del Riesgo. 

Pero eso no es todo. 

La Silla Vacía también accedió a las resoluciones 185 y 186 del 29 de febrero, que sirvieron de respaldo técnico y jurídico para la aprobación de esta transferencia a los Fondos de Inversión Colectiva (FiC) habilitados para Corantioquia y Corpourabá. Los documentos suman casi 20 páginas cada uno y aunque tienen variaciones relacionadas con los municipios de influencia, acciones y hasta normas jurídicas, lo cierto es que sí lucen como una plantilla. 

Incluso algunos errores evidencian la premura con la que se avaló la solicitud. 

“CORPOURABÁ en calidad de Autoridad Ambiental de 80 municipios del Departamento de Antioquia, y en atención a las condiciones excepcionales presentadas… (sic)”, se lee en el documento que autoriza uno de los giros. El error tiene que ver con el alcance de cada corporación. Es Corantioquia la autoridad ambiental a cargo de 80 municipios y no Corpourabá, que tiene 19 localidades a su cargo.

“Esos días se produjeron FICs casi que en serie. Además, en los certificados de disponibilidad presupuestal para estos giros aparece la firma de una persona que dice no haber firmado”, dice la fuente de la Ungrd.

El trámite salió del horno en tiempo récord, con una solicitud que entró en la tarde del 27 de febrero, un soporte de disponibilidad presupuestal del 28 y resoluciones en firme del 29. Y hay una modificación propuesta cuatro días antes, por el exdirector López, que le da asidero a la hipótesis de una aprobación en serie de transferencias en la entidad. 

En las resoluciones de Corpourabá y Corantioquia se lee que la resolución 0140 del 23 de febrero de este año modificó una del 14 de febrero. El quid del cambio tuvo que ver con “la delegación de funciones en materia contractual y ordenación del gasto”. En pocas palabras, el ajuste le dio facultades al exsubdirector Pinilla y a los demás subdirectores de la Ungrd para mover plata del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo a financiaciones de proyectos específicos a través de los FIC. 

De esa forma, y bajo el concepto de atención de emergencias, el millonario giro directo pudo ser aprobado por Pinilla, a una semana de dejar su despacho. 

Un botín anómalo, hecho a la medida de dos CAR

Pero, además de la premura, el tamaño de los desembolsos también es inusual. Eso llevó a que el 4 de mayo pasado el presidente, Gustavo Petro, diera la directriz sobre la salida de esta plata: “Todo giro preestablecido por la Ungrd a Corpourabá, Corantioquia y municipio de Girón quedan suspendidos (sic)”, dijo Petro.

Y es que la subdirección del Riesgo tenía un presupuesto de $165 mil millones para este año y con la aprobación de estas transferencias quedó desfinanciada, con solo $25 mil millones en caja. Y aunque la plata del giro no bajó a las CAR, y hoy está congelada en una especie de fiducia, la subdirección continuará desfinanciada hasta que estas y la Ungrd lleguen al acuerdo de echar para atrás o no los giros. 

“Acceder a esos recursos es muy difícil”, dice una fuente conocedora del tejemaneje de las corporaciones ambientales en Antioquia, que pide la reserva para compartir su lectura. “Sonsón, un municipio que tiene que atender unos temas de riesgo en el río San Miguel, la ha tenido muy difícil. Y eso que es más común que les giren a los municipios y gobernaciones”. 

Aunque la fuente reconoce que Corpourabá suele recibir transferencias de la Nación, por el ecosistema que protege y las dificultades de caja que afronta, considera que los montos en cuestión son por completo anómalos. 

“La ley dice que los municipios son los encargados de liderar estos temas. Las corporaciones se concentran más en áreas relacionadas con el conocimiento del riesgo, aportando con estudios y a veces con cofinanciaciones para mitigaciones”, agrega la fuente.

Lo otro es que las transferencias incluso doblan el presupuesto proyectado para esta vigencia en el caso de Corpourabá, que tiene $20.650 millones, entre ingresos y funcionamiento. Y aunque con Corantioquia no pasa lo mismo, los $96.500 millones del giro representan casi la mitad de los $164 mil millones en ingresos percibidos en 2023. 

Desde Corantioquia un portavoz le dijo a La Silla Vacía que el giro es solo una “gestión interinstitucional de apoyo ante el gobierno nacional, así como se solicita en otros frentes, pues la complejidad de los 80 municipios requiere de la inversión desde la cooperación de diferentes entidades locales, nacionales e internacionales”. 

Pese a eso, las cuentas no cuadran ni revisando los estados financieros de estas entidades en los últimos tres años. Por concepto de transferencias, entre 2021 y 2023, Corpourabá recibió un total de $10.674 millones; mientras que Corantioquia percibió en el mismo tiempo casi $25.500 millones, cifras muy inferiores a los giros aprobados por Pinilla. 

Un dato extra es que Cornare, una de las tres corporaciones ambientales regionales que tiene Antioquia, no ha recibido en los últimos meses recursos por parte de la Ungrd. Lo confirmó la fuente de esa entidad y de esa forma lo expresó una fuente al interior de Cornare, que pidió la reserva por no tener vocería: “En los últimos años, se han recibido unos $3 mil millones”. 

Los vasos comunicantes entre la Ungrd, María Eugenia Lopera y Corantioquia

En las resoluciones que autorizan el desembolso para Corpourabá y Corantioquia no solo aparece la firma de Pinilla. La acompaña la de José Fernando Tobón, un contratista que renunció a su cargo justo después de revisar y aprobar estas autorizaciones y cuya hoja de vida ahora aparece publicada en la página de Presidencia para asumir el cargo de subdirector del Sistema de Aportes Parafiscales, del Ministerio de Hacienda. 

En una entrevista con El Colombiano, el director Carrillo dijo que Tobón entró a la Ungrd como ingeniero de sistemas y que, aunque ya obtuvo su título de abogado, en los archivos de la entidad no reposa su tarjeta profesional en derecho. La Silla Vacía consultó a Tobón para conocer su versión sobre estos señalamientos, pero no obtuvo respuesta. Lo cierto es que su participación en el trámite le mete más ruido a este caso. 

Varios documentos y fotografías confirman que Tobón hace parte del equipo político de la representante liberal María Eugenia Lopera, quien trató de arrojarle un salvavidas con su voto en la Comisión Séptima a la reforma a la salud del gobierno y quien ahora se perfila como clave en el trámite que debe surtir la pensional en Cámara. Además, Lopera hace parte del equipo de liberales comandado por Julián Bedoya. 

Tobón, Lopera y Bedoya aparecen juntos en una fotografía de un encuentro con más miembros del equipo político de la Renovación Liberal. “María Eugenia es renovación”, dice un cartel que sostiene Tobón para la instantánea. Además, Tobón y Lopera son oriundos de Entrerríos. Allí militaron en el directorio del Partido Liberal, según documentos oficiales de 2017 y 2020. 

Tobón incluso fue concejal en esa localidad y la representante Lopera confirma conocerlo en respuesta a La Silla Vacía. “Efectivamente lo conozco, es de mi pueblo. Es un joven que a su corta edad logró con esfuerzo ser abogado e ingeniero”. Pese a esto, la representante dice que “no tengo ni he tenido cuotas en la Ungrd”.

Pero este no es el único vínculo del círculo de Bedoya con el giro multimillonario. La representante Lopera y Taborda, la directora de Corantioquia, también son amigas. De hecho, son “amigas del alma”, según publicó la representante en una felicitación a Taborda cuando se convirtió en directora de la corporación.

Y aunque la fuente cercana a Corantioquia confirma que la directora tiene todas las medallas técnicas, reconoce que desde que la eligieron este vínculo la persigue como “una sombra, porque aunque fue subdirectora por muchos años y tiene legitimidad en el territorio, en la elección se arrimó al árbol que más sombra le dio”. 

“A la doctora Liliana la conozco desde hace más de 10 años, cuando inició en la corporación como prestadora de servicios. Tengo para decir que es una excelente técnica y que deseo que haga una excelente gestión”, dice la representante Lopera. 

Desde Corantioquia, aunque precisaron que la directora no se pronunciaría en medios, agregaron sobre esta relación: “La directora es una mujer con conocimientos técnicos de la misionalidad de la CAR, a la cual ha servido durante muchos años desde diferentes escenarios, tiene amplio conocimiento del territorio y de la gestión del riesgo”. 

Desde las corporaciones insisten en que no ven nada raro en el proceso exprés con el que la Ungrd por poco les desembolsa $140 mil millones. “Vamos a insistir, es un proceso legítimo después de que una entidad lo encuentra técnica y jurídicamente ajustado”, dice Cuesta desde Bogotá sobre la decisión del presidente de suspender el giro. 

Corantioquia, por su parte, afirma que su directora le pidió a Carrillo claridad respecto al futuro de la plata para contar, como expresó luego la corporación en un comunicado, “con los elementos argumentativos para la respuesta por parte de nuestra área jurídica”. 

Lo que dice el director Carrillo, luego de una reunión la semana pasada en la que no llegó a acuerdos ni con Cuesta ni con Taborda, es que seguirá a rajatabla la orden del presidente. Sostiene además que la única vía para salir de este enredo, en el que las irregularidades de la entidad parecen encontrar eco en políticos de Antioquia, es deshacer los actos administrativos con los que Pinilla aprobó los giros.

El poder de Bedoya y Trujillo en Corantioquia y Corpourabá 

Ambos políticos ajustan ya varios años operando como dupla. Sus últimas juntanzas fueron visibles en la campaña en favor de Petro y en la candidatura de Bedoya a la Gobernación de Antioquia. Y es claro que, con la ayuda del gobierno Petro, influyeron en la elección de la dirección de la Corantioquia el año pasado. 

Lo lograron a través de la erosión de un acuerdo informal que definía las planchas que presentarían los alcaldes adscritos a Corantioquia para acceder a sillas en su consejo directivo, que opera como un cuerpo colegiado y elige al director.

Con intermediación del senador liberal John Jairo Roldán, según reseñó entonces El Colombiano, este grupo político logró que los alcaldes de Heliconia, John Fredy Ortiz, y de Cáceres, Juan Carlos Rodríguez, llegaran a ese órgano. Ya después, en conjunto con Presidencia, Minambiente y otros sectores, estos alcaldes (Ortiz ahora es personero de Itagüí, la casa política del senador Trujillo) se montaron en la elección de Taborda.

Cerrada la puja, la esposa de Bedoya, la periodista Pilar Rodríguez, sonó con fuerza para ser la directora de comunicaciones de la entidad. El revuelo fue tal que su nombramiento se cayó, pero la fuente cercana a la corporación confirma que tiene contratos temporales, “con videos para redes y presentación de eventos importantes”. 

Otro nombre que cobra un interés particular en Corantioquia es el de Luisa Fernanda Gómez, quien estuvo a punto de ser nombrada en la subdirección del Riesgo de la Ungrd, luego del despido de Alethia Arango. Tanto Gómez como Arango trabajaron en el gobierno de Daniel Quintero en Medellín, a quien el director Carrillo ha señalado de tener burocracia en la entidad. 

Sin embargo, una fuente cercana al trujillismo en Itagüí, que pide la reserva para entregar detalles, dice que ambas fueron cercanas a este equipo político antes que a Quintero. “Porque no hay que olvidar que el exalcalde le dio juego burocrático a Trujillo y a Bedoya en su alcaldía”, dice la fuente. Gómez ahora es la subdirectora ambiental de Corantioquia.

Pese a esta precisión, Carrillo ha insistido en medios sobre la cercanía de Quintero con la Ungrd. El director incluso publicó en días pasados un historial de visitas a la entidad en el que aparecen Esteban Restrepo —excandidato de Quintero a la Gobernación—, el representante Alejandro Toro y otros aliados del exalcalde. 

En esa visita también se les vio a los alcaldes de Urabá pero no al director de Corpourabá. “No tengo vínculo alguno con el señor Cuesta, él nunca ha estado en las reuniones ni en los acompañamientos que hemos hecho, que han sido para conocer la oferta institucional de estas entidades”, dice el diputado de Independientes, Walter Salas, quien estuvo en la visita pero no encuentra un hilo conductor con el giro a Corpourabá. 

Pero es justo por este lado donde la injerencia de Bedoya es más visible.

Aunque en Urabá los Independientes lograron una alcaldía en las pasadas regionales, buena parte de los alcaldes le responden al exsenador liberal. “Cuando él viene a Urabá, atiende reuniones en la casa del alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar, y de Jonan Alexis Cerquera, exalcalde de Carepa”, dice una fuente política de Urabá, que pide la reserva por temas de seguridad. 

Y es que en la elección de Corpourabá incluso hubo más sorpresas que en la de Corantioquia. El Minambiente pidió suspender el proceso debido a amenazas a la universidad que lo organizaba y ya en diciembre pasado, luego de un cambio de los representantes del gobierno, Cuesta resultó elegido.

“Tanto en Corantioquia como en Corpourabá, el gobierno acompañó la elección de los actuales directores. Solo se distanció en Cornare (CAR que no ha recibido giros de la Ungrd)”, dice la fuente conocedora del tejemaneje en estas corporaciones. 

Aunque Cuesta cuelga el teléfono cuando se le pregunta por el poder de Bedoya en la corporación, dos fuentes de la región le dijeron a La Silla Vacía que el exsenador tiene varias subdirecciones en la entidad, pero evitaron precisar nombres. Lo cierto es que los alcaldes de la zona incluso apelan a su nombre para entrar en el radar del presidente Petro.

“Muchas gracias, soy del equipo de Julián Bedoya”, le dijo el alcalde Abuchar al mandatario en su visita a Urabá en marzo pasado.  

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“Que Colombia entera lo sepa: se robaron a Medellín”, dijo Federico Gutiérrez esta semana, en una de sus repetidas denuncias por supuesta corrupción contra el exalcalde Daniel Quintero. En su segunda alcaldía, Gutiérrez le habla al país y no solo a la ciudad. Y además del retrovisor sobre Daniel Quintero (quien anunció una precandidatura presidencial para el 2026), “Fico” —como es conocido— ha usado su voz como opositor al presidente, Gustavo Petro, para mantenerse activo en el escenario político nacional.     

Desde Medellín ha criticado la ruptura de relaciones con Israel, la reforma a la salud, los problemas de seguridad y la asignación presupuestal del gobierno Petro para Antioquia. Además, como excandidato presidencial, derrotado por la campaña de Petro, ahora es la cara más visible del proceso en su contra en la Comisión de Acusaciones de la Cámara por supuestas irregularidades en la financiación de su campaña. 

Se trata de un juego a tres bandas, que contrasta con el “Fico” de la primera alcaldía (2016-2019), que forjó con su política de seguridad desde las calles una chapa de sheriff. En este nuevo arranque, ese cambio cae bien entre los políticos locales que lo apoyaron y en la opinión paisa. Pero en las críticas de la oposición, hoy mermada en Medellín, ya se delinea cuál será el flanco de ataque contra esta visibilidad: un alcalde que desatiende los problemas de la ciudad mientras cultiva otra candidatura presidencial. 

“Fico” le habla a Colombia a través de sus diferencias con Petro 

En el último mes, Gutiérrez ha cuestionado en varias ocasiones las apuestas del gobierno.

“La amenaza de las Farc a Colombia es muy grave”, dijo el 7 de abril, luego de que el Estado Mayor Central amenazara con ataques ante la suspensión por parte del gobierno del cese al fuego. “Anuncian atentados en contra de nuestra Policía. Este es el resultado de la complacencia con los criminales”. 

Días antes, justo en la semana que se archivó la reforma a la salud en el Congreso y que el gobierno intervino de forma exprés a Sanitas y la Nueva EPS, “Fico” dijo que el gobierno ponía en “riesgo la vida de la gente”, ahogando financieramente a las EPS, y que “nos llevan hacia un salto al vacío sin paracaídas”. 

Aunque a simple vista Andrés Julián Rendón, su dupla en la Gobernación, ha casado una pelea más directa con Petro, dándole dientes a la oposición que hace contrapeso desde regiones como Antioquia, Gutiérrez también se ha montado en ese bus.

Ha hablado del desdén del presidente con el departamento, por la demora en el giro de la plata para las vías 4G, e incluso en días pasados alertó sobre una posible intervención a EPM. “He recibido información de que el gobierno estaría planeando intervenir la empresa. No existe fundamento para que se tome esta decisión”, sostuvo. 

Justo esta salida crispó los ánimos de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, quien denunció luego a Gutiérrez por el supuesto delito de pánico económico. Ella hoy afirma que mensajes como ese muestran que el ahora alcalde sigue en una campaña nacional y que eso podría llevar al descuido de su gestión en Medellín. 

“Federico no está gobernando, eso se siente en la ciudad”, dice Zuleta. “Busca mantener vigencia como candidato presidencial, en vez de asumir lo que le corresponde: gobernar a la segunda ciudad más importante del país”. 

Pero aunque suma detractores, Gutiérrez también tiene defensores. 

“Él tiene una responsabilidad en Medellín, pero también tiene un eco nacional. No hay que desconocer que fue candidato presidencial y que hoy es uno de los mandatarios legitimados para liderar la oposición a Petro”, dice el representante uribista, Juan Espinal. 

“Fico” promete no ser candidato pero le da aire a juicio contra el presidente

La senadora Zuleta dice que la exposición de Gutiérrez con temas nacionales no es en vano.

Para ella no es descabellada la posibilidad de que el alcalde renuncie para participar en las presidenciales de 2026. “Creemos que es lo que va a pasar. En reuniones de la bancada paisa, he notado que algunos congresistas lo han animado. Y esa ambición la vimos con el proyecto nacional por el que apostó Creemos en las elecciones pasadas”. 

Aunque recientemente el Consejo Nacional Electoral (CNE) tumbó la personería jurídica del partido de “Fico”, Manuel Villa, hoy secretario de Seguridad y hasta el año pasado director nacional de Creemos, le dijo a La Silla en noviembre que Gutiérrez cumpliría a rajatabla su mandato: “No, Federico no renunciará para ser candidato a la Presidencia (…). ‘No quiero ser un salvador’, es lo que dice Federico”. 

Esa versión la actualiza Santiago Perdomo, concejal del partido de gobierno en la ciudad, quien desvirtúa que el alcance nacional que hoy tiene Gutiérrez responda a un interés de ser candidato en 2026. Y es que para esto “Fico” tendría que renunciar un año antes de la primera vuelta presidencial, es decir, en mayo de 2025. 

“Él ha sido muy reiterativo con ese asunto y nos ha dicho que no tiene interés de participar como candidato en 2026”, dice el concejal. “Incluso, pese a las diferencias, ha sido respetuoso y ha mantenido la institucionalidad en temas nacionales. No lo veo en ese rol de activismo, sino en el de alcalde”. 

Gutiérrez fue explícito en su promesa de que no renunciaría antes de terminar su mandato en la campaña a la alcaldía. Pero el representante uribista, Hernán Cadavid, dice que su rol como denunciante de Petro en el proceso de supuesta violación de topes le da cuando menos asidero político al improbable juicio contra el presidente que hoy pide parte de la derecha. 

“Federico conoció el desempeño de la campaña de su contendor. Si alguien tiene autoridad en esta discusión es él. Aunque esto es un pulso político más que probatorio, su alcance nos remite a un punto en el que no habíamos estado en la Comisión desde la era Samper”, dice el representante, que es uno de los miembros de la Comisión. 

Pese a esto, Sebastián Gómez, secretario General de Medellín y quien acompaña al alcalde en este proceso, le dice a La Silla que el caso debe abordarse desde dos frentes: “La denuncia la hizo (Gutiérrez) como ciudadano, basado en hechos que se conocen a nivel nacional; y ahora coincide con una posición de alcalde, en la que tiene que primar la institucionalidad”. 

“Fico” denunció la supuesta violación de topes en la campaña de su excontendor en junio de 2023, cuando era candidato a la alcaldía. Medio año después, la semana pasada, la Comisión lo llamó a una diligencia para ratificar versión y en esta amplió su denuncia. 

“También amplié la denuncia y llamé la atención sobre la declaración del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que cataloga como ‘CREÍBLES’ las informaciones que existen sobre ingresos de recursos irregulares a la campaña Petro (Sic)”, dijo Gutiérrez. 

Una fuente del gabinete de la Alcaldía, que pide la reserva para pronunciarse sobre el tema, dice que “Fico” no está montado en el bus del juicio político al presidente. Pero eso no impide que hoy su equipo analice constituirse como parte afectada, o “víctima”, en este proceso.

“Fico” gobierna a Medellín mientras le pasa cuenta de cobro a Quintero 

El concejal uribista, Sebastián López, dice que además de incidir en el plano nacional haciéndole frente a Petro, el mandato de Medellín para “Fico” fue “poner la casa en orden”. Según López, al alcalde “le pedimos unir de nuevo a Medellín; recuperar la prestación de servicios y el tejido institucional; y exponer, hasta donde sea necesario, la corrupción en el gobierno de Quintero”. 

Gutiérrez ha cumplido este último pedido. 

Nada más la semana pasada, un juzgado de Medellín emitió una orden de arresto domiciliario de cinco días en su contra, que también cobijaba a su secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño. La sanción, que finalmente no se aplicó, estaba soportada en el incumplimiento del pago de la licencia de maternidad de una maestra que fue despedida en la alcaldía pasada. 

“Fico” volvió sobre ese detalle, y pese a que parte del proceso jurídico se libró en el arranque de esta administración, sostuvo: “Pagando los platos rotos de los corruptos. El daño que generaron quienes se robaron a Medellín no para y veremos secuelas por mucho tiempo (…). Lo único que hemos hecho es trabajar duro para poner la casa en orden después del desastre que encontramos”.

Pero este es solo un caso reciente. 

La auditoría forense prometida por Gutiérrez en el empalme lo ha embarcado en un tire y afloje con su antecesor. El alcalde ha denunciado cientos de hallazgos de supuesta corrupción e incluso acompañó su primer corte de cuentas con una abultada papelería que respaldaría sus denuncias contra Quintero.

En respuesta, los congresistas Alejandro Toro y Álex Flórez —ambos del Pacto Histórico y de la primera línea de Quintero— empapelaron con derechos de petición a los entes de control en los que “Fico” dijo haber denunciado e interpusieron tutelas para acceder a los reportes. 

Este corte de cuentas, que incluso ha tenido un alcance institucional en campañas oficiales con estribillos como “recuperar la ciudad” o “poner la casa en orden”, no ha caído del todo bien en las pocas voces de oposición que hoy cuestionan el arranque de “Fico”. 

El concejal del Pacto Histórico, José Luis Marín, dice que el alcalde no tiene un proyecto de ciudad claro y que eso lo ha llevado a reciclar su pelea con Quintero: “Ante la ausencia de proyectos, él insiste en movilizar a la gente a esa pelea. Además, al querer posicionarse en lo nacional, está casando peleas innecesarias. Comete el mismo error de Quintero”. 

Pero el concejal Perdomo amplía el abanico de logros y dice que el alcalde está enfocado en trabajar por temas claves para la ciudad.

Habla de su lucha contra la explotación sexual de menores y de los coletazos del turismo (una apuesta local que ha cobrado relevancia nacional); el regreso de 24 mil niños a las aulas por la estrategia el “Colegio Cuenta con Vos”; y de las billonarias inversiones en educación y programas contra el hambre que se proyectan en el plan de desarrollo. 

“Porque buena parte del inicio se tuvo que destinar a poner la casa en orden. Hubo que hacer una inversión muy fuerte para poner a andar los procesos”, sostiene. En esto coincide López, quien dice que “lo que hemos visto es un corte administrativo, que debería terminar con la presentación del plan de desarrollo. Ahí viene la visión política de ‘Fico’”. 

Esta mirada la comparte Piedad Restrepo, de la veeduría Todos por Medellín, que mantiene su control tras la salida de Quintero. Dice que por ahora el retrovisor no debería levantar críticas, porque la gente debe conocer el “desbarajuste” que encontró esta administración, “pero la prueba de fuego para medir si ha habido desconcentración (por la exposición nacional de Gutiérrez) será la calidad del plan de desarrollo”. 

Esa discusión apenas comienza en el Concejo, donde el alcalde tiene una holgada mayoría. Entre tanto, Medellín premia el regreso del nuevo “Fico”, y de su gobierno a varias bandas, con un 77% de favorabilidad, según la más reciente medición de Invamer.

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