El Jarillón de Cali: un potencial tema de choque entre gobierno Petro y Eder

Durante su gira la semana pasada por el Pacífico, Gustavo Petro y Francia Márquez recibieron una carta de familias desalojadas hace una década del Jarillón de Cali, en la que les piden reunirse para ser escuchadas e intervenir tras el nombramiento de Eder del nuevo gerente del proyecto Plan Jarillón, Juan Diego Saa.

El nombre de Saa es polémico porque, aunque conoce muy bien el proyecto, cuando estuvo en el cargo durante la alcaldía de Maurice Armitage tuvo una relación difícil con las comunidades que estaban asentadas en el dique y luego fueron desalojadas en el marco del Plan Jarillón. El tema, entonces, es un potencial choque entre la administración local y el gobierno nacional de Gustavo Petro.

“Tenemos el interés de articular la ciudad con lo nacional y de acompañar socialmente a las familias del Plan Jarillón”, dijo Mauricio Zamora, concejal del Pacto Histórico y actual vicepresidente de la comisión de plan y tierras del cabildo. Zamora señaló que el compromiso de la coalición es adecuar los planes de Cali con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno, específicamente el ordenamiento del territorio alrededor del agua. 

La carta es el último acto de fe que hicieron las familias.

—¿Usted cree que el presidente va a responder? —Le preguntó La Silla a un adulto mayor de Venecias Las Vegas, sector que firmó la carta.

—Le pongo la misma fe que le tengo a que me va a llegar una casa antes de que me muera—, respondió. 

Una obra de 11 años

El Jarillón de Cali es un dique de 26 kilómetros en el oriente de Cali. Fue construido por la Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC) en los años 50 para prevenir una inundación porque el muro colinda con el Río Cauca, la segunda arteria de agua más grande del país.

Tras la ola invernal de 2011, y ante el inminente riesgo de inundación, la Alcaldía de Rodrigo Guerrero, un año después, firmó con el Fondo de Adaptación del gobierno Santos lo que hoy se conoce como el Plan Jarillón de Cali y sentó las bases del proyecto. Luego el alcalde Maurice Armitage le dio forma a partir de 2016. 

El objetivo del Plan Jarillón era reasentar a 8 mil familias que vivían encima y al lado del dique, muchas de ellas desplazadas por la violencia del Pacífico, y reforzar el Jarillón para reducir el riesgo de inundación. El plazo para lograrlo era hasta el 2019. Para ello se han invertido más de un billón de pesos, de plata de la Nación y sobre todo, de la ciudad.

Tras 11 años de firmado, el Plan Jarillón registra un avance de un 75  por ciento, con el reforzamiento de 25 kilómetros del muro, y según el Fondo de Adaptación, ya han entregado 4.038 casas de las casi 8 mil que tenían planeado entregar a las familias.

Aunque el plazo se venció hace rato, unas 10 mil personas —afro, campesinos y urbanos— siguen viviendo en los pastizales del dique en casas de zinc, madera, ladrillo, adobe y reciclaje. 

Y la mayoría de las que ya sacaron, siguen esperando una casa. Por lo menos 120 familias, las cuales firmaron la carta a Gustavo Petro, buscan ser reparadas por lo que ellas llaman un “desalojo”.

 “A nosotros nos desalojaron, no nos reubicaron. Nos sacaron a la fuerza de nuestras casas”, dice Jackeline Ariza, líder y vocera de Venecia Las Vegas, una comunidad desalojada. Su voz ha sido la guía por diez años para las familias que sacaron sin muchas garantías.  

 “Fue en el 2015.  Fui a una operación del ojo derecho. Cuando llegué, ya me habían tumbado la casa con todo adentro”, le dijo a La Silla Juan Bautista Arias. Arias, de 70 años, llegó a Cali de Cartago y se asentó en el Jarillón por más de 40 años. También pertenece a la comunidad de Venecia Las Vegas que, forzada a salir del Jarillón, se dispersó en diferentes partes de Cali, como Alfonso López, Gorgona y Llano Verde. Hasta el día de hoy, sigue esperando una casa y justicia, por cómo lo sacaron de su hogar. 

El plan de Eder

Ahora la Alcaldía de Eder, en cumplimiento del Plan Jarillón, planea sacar a todas las familias que faltan por ubicar. Según el Fondo de Adaptación, si el dique se rompe, el 75 por ciento de Cali sufriría grandes impactos. No solo por el desborde del Río Cauca que contiene, sino porque dos de las tres plantas de tratamiento de agua potable de la ciudad (Ptap) se inundarían.  

Para manejar esta última fase del Plan, el alcalde Eder nombró al economista Juan Diego Saa Tafurt, como gerente del proyecto. Ya lo había gerenciado en la administración de Armitage, entre 2016 y 2019. Y aunque conoce como pocos el proyecto, enfrentó muchos problemas que ahora utilizan las familias y el Pacto Histórico para oponerse a su nombramiento.

Enfrentó una denuncia en la Contraloría por problemas en las bases del censo y en el sustento jurídico de las compensaciones, que a la postre se archivó. También auditorías con la Defensoría, debates de control político y protestas. 

Por eso, varias familias que viven en el Jarillón ven con recelo su llegada. “Todos esos abusos nosotros los sufrimos cuando Saa era gerente. Es increíble que Eder lo haya puesto ahí”, dijo Jackeline Ariza.

La bancada de tres concejales del Pacto Histórico —que se declaró en independencia frente al gobierno Eder— tiene a Saa en la mira. Las concejalas Ana Erazo y María del Carmen Londoño rechazaron su llegada por “la constante violación de derechos de las personas y su mal trabajo en la gerencia”. 

Aunque varias personas del Jarillón entrevistadas por La Silla coinciden en que la llegada de Saa es problemática, Erica Gallego, una de las afectadas, cree que esta vez las cosas serán diferentes y que la gerencia que asumirá Saa puede llegar a una conciliación. “Yo creo que esta vez puede ser diferente. De pronto llegue renovado y con ganas de escucharnos”, mencionó. 

Juan Diego Saa dice que tiene disposición de diálogo con las comunidades, aunque confirmó que por ahora no hay reuniones planeadas con ellas.  “Hay que consolidar la gobernanza. Vamos a hablar con todos. La idea es concertar y conciliar con todo el mundo”, señaló. 

Entre las metas que espera lograr, está la construcción de un parque lineal en Venecia Las Vegas, un sector que va desde Petecuy hasta la recta Cali-Palmira, y que podría ser aprovechado por familias que se han reubicado cerca, como en Llano Verde. 

Así mismo, Saa dice que espera continuar con el reforzamiento del Jarillón en los barrios de Comfenalco, Floralia y Río Cali, así como recuperar las lagunas de Pondaje y Charco Azul, que regulan el agua que viene de los Farallones y de los ríos en temporada de lluvia.  

Su gran desafío, sin embargo, será la reubicación de las familias que viven en el Jarillón, y la relación con las que se sienten víctimas de abusos en los desalojos del pasado.

En cabeza del consejo comunitario Brisas del Cauca, que lleva una pelea de diez años con la Alcaldía, está Emilio Mosquera, un chocoano desplazado que vivió en el Jarillón por 20 años. “Del Chocó me desplazaron los paracos. Me fui a Buenaventura y me desplazó el frente 30 de las Farc. Me vine a Cali en busca de algo mejor y me desplaza el Estado”, fueron sus palabras. 

Mosquera recuerda que tanto el Esmad como la policía arremetieron en contra de la comunidad cuando fueron reubicados en 2018, hechos que quedaron registrados en redes sociales y en medios.  En ese momento, la Alcaldía también denunció que sus funcionarios fueron agredidos y que las familias utilizaron a los niños como escudos contra la policía para evitar el desalojo.

“Llegaban sin avisar. A muchos no nos dejaron ni sacar nuestras cosas”, dijo Mosquera. “Nosotros no nos oponemos al Plan Jarillón ni a lo que se planea. Esperamos respuesta y que las cosas por fin se hagan bien. Reubicación sí, pero no así”, le dijo Ariza a La Silla. 

Las comunidades de Venecia Las Vegas y Brisas del Cauca han peleado con la gerencia del proyecto, con las diferentes alcaldías y con los órganos de control. Como lo contó La Silla en 2018, varios consejos comunitarios le protestaron a Armitage por los desalojos y el trato poco digno. 

Pero el exconcejal conservador Richard Rivera, quien le hizo seguimiento al Plan Jarillón el periodo pasado, considera que su llegada es positiva. “Fue una elección acertada de Eder poner a Saa otra vez de gerente, porque ya conoce el proyecto”, dijo. “El reto de esta administración será terminarlo porque ya va pasado de tiempo y el avance conlleva represión y denuncias de la gente”, continuó.

Por ahora, la respuesta de Petro será igual de clave que la de Eder y su gerente, en un terreno donde aún falta mucho por conciliar.