Los directores de las Corporación Autónomas Regionales (CAR) están en plena época de recambios. Las CAR tienen un poder poco conocido pero enorme.
Por un lado, son fortines burocráticos de los políticos regionales con presupuestos generosos. Por el otro, son instancias de decisión con la capacidad de frenar o permitir grandes proyectos. Sobre todo en un gobierno con grandes ambiciones ambientales, su rol será decisivo.
Las CAR se encargan de proteger las reservas naturales y áreas protegidas del país. Además, son las responsables de otorgar las licencias ambientales. Por ejemplo, en Bogotá, la CAR Cundinamarca tiene jurisdicción sobre la reserva Van Der Hammen, de la cual se pretende tomar 20 hectáreas para la ampliación de la avenida Boyacá.
En los santanderes la Cdmb y Corponor protegen el Páramo de Santurbán que ha estado en disputa varios años por los proyectos de minería. El recién electo gobernador de Santander Juvenal Díaz le contó a La W que ve viable la extracción de oro en los límites del páramo.
Por esta razón, uno de los principales retos del gobierno nacional es sumar fuerzas y tener figuras aliadas al mando, pero el panorama parece indicar que no será así. Los directores de las CAR son elegidos por los miembros de las juntas directivas de cada corporación.
Están conformadas por el gobernador de cada departamento, cuatro alcaldes escogidos previamente, dos representantes del sector privado, un representante de ONG, un representante de las comunidades indígenas, un representante de las comunidades afro y dos representantes del gobierno nacional: uno del MinAmbiente y otro de Presidencia.
Bajo el gobierno Petro, entre recusaciones y tutelas en contra de los consejos directivos, las elecciones de nuevo director en las 33 Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) se han visto interrumpidas. La mitad de estas entidades siguen sin elegir una nueva dirección, a pesar de que la mayoría de ellas, tal como se había planeado desde el MinAmbiente, tenían como plazo límite designar las directivas a finales de octubre de 2023, salvo algunas excepciones.
Como contó La Silla, estas entidades se han vuelto fortines de corrupción para grupos políticos con intereses particulares y han dejado atrás su función principal: ser autoridades ambientales.
La disputa por las CAR es una muestra del poder regional que puede tener el gobierno nacional frente a los clanes o líderes políticos dueños de las entidades territoriales. Algo que está en discusión porque el giro a la izquierda que se dio en 2022 se frenó en estas elecciones regionales.
Esta es una radiografía de cómo se está moviendo el gobierno nacional en algunas regiones frente a estas elecciones:
