“Éramos supuestamente la primera cara de la Secretaría y éramos a quienes más nos maltrataban”, dice María Antornia Niño, de 43 años. Trabajó como guarda de seguridad de la Secretaría de la Mujer por siete años. “Renuncié el 4 de enero de 2023 porque estaba demasiado agotada tanto física como mentalmente”, dice Martha Peña en su carta de renuncia.
Ambas trabajaron en las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de Bogotá. Son unos centros que buscan relevar a las mujeres de la sobrecarga de los trabajos de cuidado. En ellos se ofrecen cursos de educación financiera, servicios jurídicos y psicológicos y sensibilización sobre la violencia de género.
“Eso de casa para la mujer y la igualdad es apenas un nombre o no aplica para nosotras”, dice Joana Jara, una celadora de 40 años, que también trabajó en varias de las 20 casas en la capital: “Me hacían doblar los turnos constantemente”, afirma. Además, le prohibieron acudir a los servicios que se prestaban ahí para otras ciudadanas.
La Silla Vacía recogió seis denuncias de mujeres que trabajan o trabajaron en estos centros y denuncian acoso laboral. Vivieron situaciones similares aunque eran contratadas por empresas diferentes que trabajan con el distrito. Aseguran que no las dejaban salir de las Casas sin pedir permiso, incluso en sus horas libres. Denuncian que les negaban permisos para matricular a sus hijos o pedir una cita médica y que tenían que trabajar con insumos vencidos que iban desde café, que ellas y los que van a las casas consumían, hasta otros productos como el Clorox.
El ambiente laboral que describen expuso su salud y choca con la bandera de igualdad de género que ha buscado promover la alcaldesa Claudia López. Riñe además con el objetivo de estos centros, que buscan, entre otras, “el reconocimiento de los derechos y la sensibilización para la eliminación de la violencia contra las mujeres”.
Los tratos humillantes
Myriam Méndez tiene 60 años, vive con su esposo en Soacha y se jubiló el año pasado. Trabajó en las Casas de la Mujer de Kennedy, Ciudad Bolívar y la Central a través de la empresa Aseocolba por ocho meses, hasta enero de 2023. Su trabajo consistía en barrer, trapear, limpiar el polvo de los escritorios y las paredes y lavar los baños. También preparaba cafés y aromáticas para los usuarios de las Casas de la Mujer.
Según cuenta Méndez, mientras trabajó como empleada del aseo la obligaron a cargar objetos pesados en trasteos de oficina, le negaron permisos para citas médicas, le dieron café y aromáticas vencidas y en vasos de cartón con hongos, y le impidieron salir de la sede en la que trabajaba sin un permiso previo de la supervisora, incluso si era para almorzar.
La responsable de esa situación, según dice Méndez, es Blanca Lucero Cuervo, una contratista del distrito que lleva siete años en la Secretaría de la Mujer. Se encarga de ayudar a la supervisión de los contratos de aseo y los demás relacionados con la logística de la secretaría. Su nombre aparece en el testimonio de otras empleadas de la entidad, como vigilantes y supervisoras.
“No podíamos salir de la sede. Nos tocaba llamar a la jefe y pedirle permiso. Ni en la hora del almuerzo podíamos salir. De lo contrario, tenía problemas. Salíamos con miedo porque salir era un regaño”, cuenta Méndez.
Marta Peña, de 43 años y quien renunció a su trabajo como contratista de aseo el 3 de enero de este año, también recuerda que en los trasteos en los que participó tampoco la dejaban usar ni la greca ni el microondas de la institución. “A nosotras, las empleadas del servicio ni a las guardas de vigilancia nos dejaban usar estos objetos. Nos tocaba pagar o comer frío”, dice. Agrega que después del trato que recibió, siente miedo: “A mí la Secretaría de la Mujer me da susto. Quedé tan marcada que me da susto”.
Algo similar dice la celadora María Antonia Niño: “Desde que la señora Blanca Lucero llegó se nos desmejoró mucho el trabajo. No nos dejaba ni siquiera calentar el almuerzo. Y no podíamos usar los servicios de la Casa de la Mujer como lo jurídico o psicológico”.
Niño recuerda que durante la pandemia su mamá murió de covid “y no me dejaron ir a recibir apoyo psicológico de la Casa de la mujer de Suba donde yo trabajaba”. Según cuenta, Blanca Lucero le dijo que fuera en sus horas libres pero a otra sede. “Eso era imposible porque mis turnos eran de 12 horas”. Además, dice, en varias ocasiones tenía que repetir su jornada sin descansar.
Después de que a Méndez se le cayó un computador mientras limpiaba un escritorio, y que luego ella tuvo que pagar, el ambiente de trabajo fue tan estresante que “casi todos los días me hacían llorar. La señora Lucero me preguntaba todos los días por dos meses que cuándo iba a reponer el computador, que cuidado dañaba otro”. Dijo que la situación paró solo cuando quedó claro que su empresa, Aseocolba, se lo iba a descontar de su sueldo, que era el mínimo.
El testimonio de Peña coincide con el de Méndez, aunque trabajaron en distintas empresas y sus jefes directos son diferentes. Peña era empleada de Ladoinsa, otra de las contratistas de la alcaldía para servicios de aseo y cafetería.
Peña dice que las empleadas del aseo eran tratadas de forma despectiva por Cuervo, y que la sometieron a “persecución laboral”.
En la carta en la que les explica a sus superiores el motivo de su renuncia dice que “no teníamos permisos para citas médicas u odontológicas y mucho menos para matricular a nuestros hijos en el colegio”, necesidades asociadas a las tareas de cuidado que asumen, en su mayoría, las mujeres.
Para salir de la sede y atender asuntos urgentes debían pedir un día completo de permiso no remunerado, que equivale a cerca de 75 mil pesos, así la diligencia durara dos horas.
Las situaciones que describen ambas empeladas podría tipificarse como acoso laboral, según Mónica Cuervo, consultora y profesora de derecho laboral en la Universidad del Rosario. Aunque su reconocimiento depende de qué tan reiterativo y comprobable fueron esas prácticas, “que te hagan unas exigencias específicas y que te nieguen los permisos de una manera determinada y sin causa, puede ser acoso laboral”.
La queja también la tienen empleadas de otras empresas y que tenían que cumplir otras actividades. Joana Jara, quien trabajó por tres años como guarda de seguridad de esas Casas a través de la empresa Fidelity, cuenta que “me hacían doblar los turnos nocturnos. Si decía que no, al otro día me mandaban a una sede que quedaba lejos de mi casa”.
Ella vive en Santa Librada, Usme, y debía vigilar la casa ubicada en esa localidad. Pero – dice– cuando se negó a doblarse en turnos la mandaron para Chapinero, al norte de Bogotá.
“Por miedo a perder mi trabajo dejé que pasaran por encima de mi. Al final de diciembre de 2022 hice seis turnos nocturnos sin parar. Estaba agotada físicamente”, cuenta Joana. Según explica, en condiciones normales de trabajo ella debería hacer dos turnos de día seguidos y dos turnos nocturnos seguidos.
Fue despedida en enero de 2023 porque se perdió un computador de las casas donde ella vigilaba. “El computador se lo robaron de un punto ciego. Llevaba tres años y medio y era la primera vez que me pasaba. Pero me despidieron. En cambio nunca tuvieron en cuenta que me hacían doblarme en los turnos”, le dijo a La Silla.
Daniel Sastoque, representante de las Servidoras y los Servidores ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Copasst, dijo que ha recibido denuncias de empleadas del aseo a las que se “les prohibió acceder a los servicios de la Secretaría de la Mujer”. Eso pese a que la entidad ha dicho en su respuesta a la Personería que las mujeres que trabajan ahí tienen derecho a acceder a ellas.
Por eso, la semana pasada Sastoque envió una carta a la Secretaría de la Mujer pidiendo que revoquen a Blanca Lucero Cuervo y que revisen el rol de la directora administrativa y financiera de la Secretaría de la Mujer, Ana Rocío Murcia; la subsecretaria de Gestión Corporativa, Marcela Tami y la secretaria Diana Rodríguez.
Varias empleadas de Ladoinsa, entre ellas Martha Peña, denunciaron los malos tratos ante el abogado de su empresa, Pedro Buitrago, siguiendo el conducto regular. Él los reportó a la Secretaría de Mujeres. “Nosotros como compañía contamos con un comité de convivencia y gestión humana y en febrero recibimos la queja de que algún funcionario no les permitía salir”, contó. Y confirmó que ese funcionario era Blanca Lucero Cuervo. Asegura que desde que habló con la Secretaría de esa situación no ha vuelto a recibir quejas.
Sin embargo, ninguna de las afectadas puso una queja formal ante la Secretaría de Mujeres, que sería la encargada de investigar el supuesto acoso laboral de Cuervo a las contratistas. La Silla Vacía buscó a la secretaria de la Mujer, Diana Rodríguez, para preguntarle sobre el tema y nos remitió a su jefe de prensa. A través de ella respondieron que “Cuervo no tiene procesos de acoso laboral en la entidad, por cuanto no se han recibido denuncias formales”, pero están recogiendo información para esclarecer las denuncias en su contra por maltrato laboral y por la gestión inadecuada de productos vencidos y en mal estado.
Sastoque dice que muchas de ellas no se han atrevido a denunciar por temor a perder su empleo: “Son mujeres que se ganan el mínimo, madres cabeza de familia, víctimas del conflicto”.
El uso de productos vencidos
Carmen Cecilia Díaz tiene 40 años. Vive en Venecia, en Soacha, y tiene tres hijos adultos. Hace 12 años se dedica a ser coordinadora de servicios generales en diferentes entidades. Su tarea es vigilar que el aseo esté bien hecho y que las empleadas del servicio tengan los implementos necesarios para cumplir su tarea, así como distribuir insumos que proveen las mismas empresas de aseo.
Desde febrero de 2022 trabaja en las Casas de la Mujer de Bogotá. Quien le paga y su jefe directo es la empresa Ladoinsa, pero, al tiempo, recibe órdenes de Blanca Lucero Cuervo, la contratista que supervisa que se cumpla con la tarea de aseo y cafetería por parte de la alcaldía.
La experiencia de Carmen no ha sido grata desde que llegó a la Secretaría de la Mujer.
Desde marzo de 2022 empezó a darse cuenta de que los insumos de aseo para las casas y que usaban las trabajadoras estaban vencidos. “Jabón de manos, jabón de loza, Clorox, el café, las aromáticas”. También encontró vasos plásticos y papel higiénico con hongos. “Cuando visité las 20 casas y la bodega, estaban atestadas de insumos vencidos. Igual la bodega”, recuerda.
Ella asegura que alertó a Cuervo, “pero ella me dijo que no pasaba nada, que los repartiera, que no podía cometer detrimento patrimonial”. Ella, por temor a perder su trabajo, obedeció inicialmente. “Lo único que pude hacer era alertar a las trabajadoras que los productos estaban vencidos”, dijo.
Su testimonio lo confirma Myriam Méndez. Dijo que “todos los insumos estaban vencidos, gracias a Dios nunca me hicieron daño, y creo que fue porque usábamos tapabocas y guantes. El jabón de la loza sí olía a podrido y con eso lavábamos”. Señala que la orden de usar esos insumos así estuvieran vencidos “la daba la señora Blanca Lucero”.
Además –dice Méndez– tomó café aún sabiendo que superaba su fecha de caducidad, “porque las jornadas eran pesadas y pues uno no tenía permiso para salir de la casa en el horario laboral. Y uno sin tener cómo llevar un cafecito”.
Joana Jara, la vigilante, dice que “también usábamos papel higiénico y vasos plásticos con hongos porque esos eran los que disponían, no había más”.
Esas condiciones ponen en riesgo la seguridad y el ambiente laboral al que las trabajadoras tienen derecho. “Los alimentos vencidos producen infecciones y posibles enfermedades en el tracto gastrointestinal”, dice Mayling Leal, enfermera jefe y especialista en seguridad y salud en el trabajo consultada por La Silla.
Leal explicó que el hecho de que las empleadas del servicio se vean obligadas a usar productos vencidos es un indicio de que “no hay una implementación adecuada del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Eso ya es un riesgo para la salud”.
La Silla intentó comunicarse con la contratista Cuervo, pero para la publicación de este artículo no obtuvo respuesta. Sin embargo, La Silla conoció su contrato y el objeto de este es justamente supervisar que empresas como Ladoinsa hagan bien su trabajo y que tengan lo necesario para hacerlo.
Desde la Secretaría de la Mujer dicen que desde febrero de este año se recogieron los productos de aseo y cafetería caducados. La advertencia sobre el mal estado de los productos, sin embargo, la hizo Ladoinsa directamente a Cuervo por primera vez el 2 de agosto del año pasado y la reiteró Daniel Parra, contratista de la oficina de Planeación de la Secretaría de la Mujer el 29 de noviembre. El concejal Manuel Sarmiento también denunció los hechos a la secretaría el mes pasado.
La entidad explicó que reforzaron el esquema de apoyo a la supervisión, “para prevenir situaciones en las que pudieran presentarse nuevos inconvenientes”. Y que “se están realizando visitas semanales por parte de personal de la Entidad, en conjunto con el contratista responsable del servicio, para revisar el estado de las bodegas de almacenamiento de los insumos y la calidad de los mismos”.
También explicaron que la gran acumulación de productos vencidos se debió a la pandemia.
Sastoque, integrante del sindicato, critica que lo estén viendo como un tema administrativo. “El hecho de que las operadoras tengan que usar vasos y papel higiénico con hongos muestra una discriminación. Esos productos no los tiene que usar, por ejemplo, la secretaria de la Mujer, Diana Rodríguez”, dice.
