El Plan Nacional de Desarrollo que Gustavo Petro le presentó al país la semana pasada incluye la propuesta de transformar el sistema de adopción en Colombia. El gobierno quiere que este sea manejado solamente por el Estado, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Eso saca de la ecuación los centros de protección, instituciones privadas que por años han acompañado a los niños que no pueden estar con sus familias biológicas y que hoy tienen a su cuidado a 19 mil niños.
“Se avanzará en la desinstitucionalización de la niñez en protección, ampliando las modalidades alternativas de cuidado. El servicio de adopción se reestructurará para ser ejecutado directamente por el Icbf”, dice el documento en su exposición de motivos.
La propuesta aterriza los llamados de organismos internacionales para que las adopciones estén a manos del Estado, con el fin de evitar que privados metan la mano y tergiversen el proceso. Además, la “desinstitucionalización” busca que, bajo la tutela estatal, los niños abandonados estén en hogares sustitutos mientras son adoptados y no en casas donde los cuidan como pasa ahora.
Pero desconoce que las casas de adopción privadas en Colombia –que cuentan con el respaldo del Icbf– se encargan del 34 por ciento de las adopciones y que el sistema actual de familias no da abasto.
Lo que Petro quiere cambiar
Todas las adopciones en Colombia están a cargo del Icbf a través de la misma institución o de seis Instituciones Autorizadas para Adelantar Programas de Adopciones (Iapas). Cuatro están en Bogotá, una en Medellín y una en Cali. Además de adopciones, las Iapas también están encargadas de la protección de la infancia y en ellas residen los niños y niñas durante un proceso de restablecimiento de derechos.
De los niños que cuidan solo el 15 por ciento son adoptables pues la mayoría regresan a sus familias tras un largo proceso de acompañamiento.
El Icbf tiene asiento en los comités de esas instituciones, asiste a sus reuniones y es el que autoriza o no los procesos de adopción. Pero cuando un niño va a ser adoptado, es la institución la que contrata a los abogados para adelantar el proceso y a los psicólogos para acompañar al niño y a la familia.
Como el Icbf tiene en su planta a los profesionales que hacen el proceso administrativo, este es gratuito. Mientras que en una de las Lapas la adopción puede valer entre 6 y 12 millones de pesos, según la institución. Con los privados es la familia la que paga directamente a los profesionales que se necesitan a través de esa casa.
Ana Isabel Moreno es psicóloga especializada en procesos de adopción y madre adoptiva de dos niñas. Ambas adopciones las hizo a través de la Fundación Casita de Nicolás, que es la única autorizada en Medellín para adelantar las adopciones.
Contexto
Según ella, la decisión de hacer el proceso a través de una Iapa y no del Icbf la tomó por desconocimiento. “Yo conocía la fundación y llamé ahí y finalmente hice todo el proceso. Desde la primera llamada hasta que me encontré con mi hija pasaron 18 meses”, cuenta Moreno. Ella pagó cerca de cuatro millones de pesos por el proceso administrativo, las sesiones de psicología y el acompañamiento postadopción. Cuatro años después hizo lo mismo para adoptar a su segunda hija. Hoy adoptar en esa fundación vale $8.200.000
“Es por eso que muchas personas hablan de compra de niños. Pero ese es un precio autorizado por el Icbf. En Colombia no existen las adopciones privadas”, explica Cristina Plazas, exdirectora del Icbf y hoy secretaria del comité de adopciones de la Iapa Casa de la Madre y el Niño en Bogotá.
El año pasado las Iapas estuvieron a cargo de 244 de las 718 adopciones a familias nacionales y extranjeras. El 78 por ciento de los niños adoptados a través de esas instituciones tenían características especiales. Algunas graves como autismo, Síndrome de Down, enfermedades graves del corazón otras no tanto, como diabetes o enfermedades mentales leves. Además, la mayoría eran mayores de 10 años.
Aunque son niños que por sus condiciones y edad es difícil que las familias los adopten, Plazas dice que lo que diferencia a las Iapas del Icbf es que buscan activamente a familias que los quieran. Acompañan a las familias para que adopten a esos niños y las acompañan después de la adopción. “Podemos concentrarnos meses en la adopción de un solo niño para garantizar que llegue a una familia, incluso cuando les advertimos sobre esas condiciones que tienen”, dice.
Por eso Moreno, quien trabaja con familias que adoptan a través de esas instituciones y del Icbf, cree que “nuestro sistema todavía no está preparado para que las casas de adopción desaparezcan”.
El cambio que propone Petro
Además de dejar todas las adopciones a manos del Icbf, el PND también dice que las instituciones de protección van a desaparecer porque se “implementará la política de familias hasta 2030, bajo la coordinación del Icbf como rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), construyéndose una ruta integral de atenciones, evaluándose e integrando las acciones para la creación de comunidades protectoras integrales”.
Ese es el funcionamiento de las adopciones que ha sugerido la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez a todos los países del mundo. Dicta que mientras los niños y niñas no han sido adoptados por una familia definitivamente o no han regresado a su familia biológica, deben estar en familias sustitutas por un tiempo y no en instituciones como funciona hoy.
Una persona que trabajó en el tema de la adopción dento del Icbf durante varios años, defiende la visión de que el Estado es capaz de asumir toda la carga de las adopciones: “Si desaparecen las instituciones no se van a afectar los derechos de los niños”, afirma, aunque pide no mencionar su nombre porque no está autorizada para hablar. La Silla se puso en contacto con el Icbf, y no obtuvo respuesta. En el gobierno Petro la institución ya va por su segunda directora, tras la salida de Concha Baracaldo, quien llegó al puesto por su cercanía con la primera dama, Verónica Alcocer, y no dio la talla.
Moreno, reconoce que el modelo que plantea el PND es el ideal, porque les permite a los niños hacer un tránsito más amable entre la salida de su núcleo familiar y la llegada a uno nuevo definitivo. “Si el Estado va a garantizar eso, el modelo que plantea está bien”, dice.
Pero en realidad hoy no existen las garantías para la desaparición de las instituciones de protección porque el modelo de familias sustitutas no da abasto y aún no es claro cómo el Estado va a lograr su meta sin el apoyo de las Iapas.
Según el Icbf en Colombia hay cerca de 73.417 menores de edad con medidas de restablecimiento de derechos. La mitad siguen con sus familias mientras el ICBF verifica que la situación mejore y los niños estén bien, el 30 por ciento está en instituciones –directamente del Icbf o vigiladas por él– y solo el 14 por ciento están en hogares sustitutos.
Para que desaparezcan las instituciones en las que residen los niños y se cumpla lo que establece el PND, el Icbf tendría que trabajar con al menos 500 familias sustitutas más de las que tiene ahora. En 2021 la institución hizo una campaña para conseguirlas pero no lo logró.
La funcionaria del Icbf explica que esa institución siempre ha tenido que hacer grandes esfuerzos para garantizar la mayor cantidad de hogares sustitutos posibles y aún así no son suficientes.
Las Iapas tampoco se oponen al modelo de familias, pero reconocen que ante las limitaciones del Icbf, el modelo está crudo para implementarse ya. “Como medida de restablecimiento de derechos eso es viable. Pero hoy eso significa que se pierda efectividad”, dice la directora de una Iapa en Bogotá que pidió no ser citada para evitar conflictos con el Gobierno.
Para Moreno, que recoge el llamado de varias familias a las que acompaña, “es preferible que si los niños no pueden estar en una familia, al menos estén en una buena institución”.
