El viernes pasado, el presidente Gustavo Petro insinuó que los alcaldes del Caribe son corruptos y que por eso no le están apostando a la transición energética que promueve su gobierno. Sin embargo, como estableció La Silla Vacía, esa acusación omite que 116 mandatarios de la región se inscribieron en el programa Municipios Energéticos, una de las principales apuestas del Ministerio de Minas y Energía por llevar panales solares a las regiones.
En su discurso, Petro también señaló que decisiones judiciales y políticas le impiden cambiar la fórmula tarifaria, en una evidente referencia al fallo del Consejo de Estado, del año pasado, que suspendió el decreto con el que asumía las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Mientras tanto, el gobierno no ha nombrado en propiedad a los expertos comisionados de la Creg, que son quienes deben regular las tarifas, a pesar de que el actual ministro remitió hace meses a Presidencia una lista con nombres de candidatos.
En su intento de reducir las tarifas de energía en el Caribe, uno de los chicharrones más grandes de la región, Petro ha señalado enemigos inexistentes que impiden esa apuesta. Pero omite hechos que van en contravía de sus acusaciones.
Petro versus los alcaldes por la transición energética
El señalamiento de Petro contra los alcaldes se dio en el municipio de Sabanalarga (Atlántico), en la inauguración de un enorme parque solar, con 100 megavatios de capacidad instalada, de la empresa generadora de energía Isagén. Petro dijo que las granjas solares no solo deben ser creadas por las empresas privadas, sino por los alcaldes de los municipios. Y allí vino el dardo.
“Le podrían resolver las tarifas, casi que, conduciéndolas a cero, de los usuarios de la energía eléctrica de su propio municipio. Lo propuse hace unos seis meses en alguna reunión. No han llegado, ¿qué les pasa a los alcaldes del Caribe? ¿CVY? ¿Qué les pasa a los alcaldes del Caribe, están en las nóminas de Air-e y de Afinia que no se dan la pela de hacer una revolución?”, señaló Petro desde una tarima en la granja con cientos de paneles solares y funcionarios en el público.
La acusación fue un golpe inesperado para los mandatarios. El alcalde de Luruaco, Ameth Hanna, un municipio de sexta categoría de 31 mil habitantes, le dijo a La Silla: “Me parece injusto que el presidente de la República, el máximo jefe del país, insinué esas cosas en un pueblo donde la gente no paga el servicio porque ni siquiera tiene para comer. Prácticamente, está poniendo el pueblo en nuestra contra”.
El discurso de Petro fue sorpresivo para los alcaldes porque en el Caribe son 116 los municipios postulados al programa Municipios Energéticos del gobierno nacional, como se puede ver en la página web del ministerio. Es decir, casi dos tercios de los 191 municipios de la región.
Municipios Energéticos es un programa del Ministerio de Minas y Energía creado en febrero de este año, que les dio la posibilidad a los alcaldes de postular a sus municipios para que allí se instalen granjas solares. Los municipios se podían inscribir disponiendo de un lote para la granja y llenando una documentación con los detalles del proyecto, en la que se incluía el impacto del mismo.
La etapa de postulación finalizó en mayo, y ahora la pelota la tiene el Ministerio de Minas, que está evaluando la viabilidad, las posibilidades de concurrencia, la priorización y las fuentes de financiación de los proyectos, según afirman en un comunicado reciente. El ministerio no respondió preguntas adicionales sobre su percepción del compromiso de los alcaldes con programas como este para bajar las tarifas de luz.
Hanna, el alcalde de Luruaco y del partido Mais, dice que en vez de acusarlos de corruptos, el gobierno nacional debería apoyarlos más en la formulación de los proyectos. “Llega uno a los ministerios y nos entregan unos folletos. Pero eso ya lo tenemos claro y no tenemos que dirigirnos hasta Bogotá. Queremos es el acompañamiento por parte de los ministros o sus equipos de trabajo para la formulación de los proyectos. Que nos apoyen en alternativas para obtener un proyecto de tal magnitud, que para un municipio como el nuestro es casi imposible con recursos propios”.
Al alcalde de Polonuevo del partido Liberal, Óscar Avilez, también rechazó las acusaciones: “Nosotros como alcaldes estamos en contra de las declaraciones que hizo el presidente porque no todos los alcaldes son corruptos. Tiene que limitar ese tipo de discurso y ese tipo de ofensas porque no estamos en campaña, él está en campaña. Nosotros tenemos tierra disponible para montar este tipo de proyectos de granja solares, y estamos dispuestos a trabajar con el gobierno”.
La insinuación de Petro de que los alcaldes hacen parte de la nómina de Air-e y Afinia no solo no tiene pruebas, sino que en la práctica muchos alcaldes han sido vocales en las críticas a esas empresas.
“Fue una equivocación del presidente. Los más interesados en que se solucione el problema de Air-e en el Atlántico son los alcaldes, porque cuando ellos quitan la energía o cuando hay un problema energético, eso termina en un problema de orden público. Nos cierran las vías y nos toca salir a los alcaldes a poner la cara por algo que tienen que responder los privados”, dice el alcalde de Galapa, Fabián Bonett.
Y además, por fuera de los programas del gobierno nacional, los alcaldes locales se han movido en línea con la transición energética. Jaime Pumarejo, en su periodo como alcalde de Barranquilla, contrató por 354 mil millones de pesos un proyecto para la instalación de paneles solares. Hace unos días el alcalde Álex Char sacó pecho por los avances de ese proyecto.
El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, le respondió al presidente en Twitter que sin ayuda del gobierno nacional su municipio ya dio el primer paso para la creación de una empresa de servicios públicos con foco en la transición, que están estructurando la instalación de paneles solares en 35 edificios municipales y que están desarrollando un proyecto para construir una granja solar de 3 megavatios.
En general, los alcaldes no están en contra de la transición energética, pero la ven como una solución a largo plazo para reducir las altas tarifas, y le piden acciones más inmediatas al presidente Petro. “Sabemos que estas soluciones se enfocan en el largo plazo y que los ciudadanos necesitan una disminución en las tarifas hoy. La fecha límite que usted dio para asumir la opción tarifaria pasó hace varias semanas. ¿Para cuándo?”, le respondió el alcalde Kerguelén al presidente en Twitter.
El intento de Petro por intervenir la Creg
En su discurso en Sabanalarga, Petro también buscó culpables que supuestamente le impiden cambiar la fórmula tarifaria. “Tengo que hacer un esfuerzo en la fórmula que no he podido en dos años porque una y otra vez se atraviesa algún tipo de decisión judicial o política para defender los intereses de seis grandes pulpos de la generación eléctrica”, dijo Petro.
La obsesión del presidente con las tarifas de energía ha sido asumir las funciones que hoy tiene la Creg. En febrero del año pasado expidió un decreto con el que las asumía, pero en marzo de ese año el Consejo de Estado suspendió la medida.
La razón del Consejo de Estado fue que el decreto infringió normas porque el presidente reasumió todas las competencias de las comisiones de regulación, sin distinguir que dentro de estas funciones algunas fueron asignadas expresamente a esas comisiones, como la definición del régimen tarifario.
Ante esa negativa, Petro presentará una ley de servicios públicos el próximo 20 de julio, para tener esos poderes. Lo inexplicable es que, mientras busca el camino más largo para cambiar las tarifas, ha dejado sin dientes a la Creg.
El presidente puede nombrar a los seis expertos comisionados que regulan las tarifas de energía, pero solo ha nombrado a dos en propiedad, y uno de esos nombramientos lo anuló el Consejo de Estado porque no tiene la experiencia necesaria. Sin esos comisionados, la Creg no puede tomar decisiones porque necesita un quorum de cuatro miembros.
Esa inacción ha sido cuestionada por gremios y expertos del sector energético. Hace unos días la Procuraduría le solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca abrir un incidente de desacato contra Petro y el ministro, Andrés Camacho, porque no cumplieron el plazo que ese Tribunal estableció para nombrar a los comisionados.
Hasta ahora, las apuestas por la transición energética, y la puja por asumir las funciones de la Creg, no se han visto reflejadas en reducciones de las facturas de los usuarios del Caribe.
El anuncio más esperanzador del gobierno fue el de asumir el costo de la opción tarifaria para los estratos 1, 2 y 3, una deuda que se generó en el gobierno Duque tras congelar las tarifas de energía en medio de la pandemia. Es decir, unos 2,7 billones de pesos en el país. Pero eso aún no se concreta y deberá esperar que se presente un proyecto de ley en el Congreso. Mientras tanto, el presidente sigue peleando.
