Entre los mandatarios regionales que se sumaron al día cívico de Gustavo Petro hubo uno que sorprendió: Dumek Turbay, el alcalde de Cartagena. Turbay ha sido una de las voces más críticas contra el gobierno Petro pues ha tenido diferencias en seis temas centrales para la ciudad.
Sin embargo, el jueves Petro le agradeció por “por poner al compromiso de ahorrar energía y agua sobre cualquier diferencia”. Ese gesto fue motivo de cuestionamientos a Turbay porque contrasta con el discurso de opositor duro que había tenido. Minutos después, Turbay matizó la medida aclarando que solo era para colegios públicos y agregó: “Aunque difiero de él (de Petro) en muchos asuntos, respeto su dignidad”.
Turbay y el presidente Gustavo Petro no se han visto las caras en estos casi cuatro meses. Turbay se ha mostrado indignado por la falta de atención del gobierno nacional y ha sido vociferante en sus críticas. “Nos están viendo cara de marranos”, dijo frente al tema de las altas tarifas de energía. “Ni lavan ni prestan la batea”, ha repetido en varias intervenciones.
Rodolfo Díaz, asesor de cabecera de Turbay, dice que el alcalde tiene derecho a discutir: “Son temas naturales que un alcalde debe discutir, sino, ¿qué hace un alcalde? ¿Dejar que todo el mundo venga a imponer y que no pase nada? 160 mil votos es una legitimidad”.
Sin embargo, en el entorno del alcalde también hay preocupación de que el gobierno se radicalice. “Petro ha demostrado ser un presidente que entre más se reta, más terco se pone”, dice Fejed Alí, coordinador en Cartagena del Nuevo Liberalismo, partido que avaló a Turbay. Alí dice que si no hay trabajo articulado “la ciudad podría perder porque quedarían obras abandonadas y no habría respaldo para proyectos futuros”. En cambio, Alí señala que si el gobierno nacional lo dispone podría encontrar en Dumek el mejor aliado.
Estos son los seis temas claves que enfrentan a la Alcaldía de Cartagena con el gobierno Petro:
1. La puja por la gerencia de Transcaribe
En Transcaribe, el sistema integrado de transporte de Cartagena, la puja es por la gerencia. El gerente lo elige una junta directiva conformada por tres representantes del gobierno nacional y dos de la alcaldía.
Pese a las mayorías nacionales, es habitual que los representantes de Presidencia lleguen a acuerdos con los representantes del Distrito, y el gerente elegido sea de la línea del alcalde de turno. A ese acuerdo informal habitual, se le suma el hecho de que el año pasado se liquidó el convenio de cofinanciación entre el gobierno nacional y el Distrito. A partir de ahí, el financiamiento de Transcaribe recayó sobre la Alcaldía de Cartagena.
El choque entre el alcalde Turbay y el ministro de Transporte, William Camargo, se dio cuando El Universal reveló que los representantes del gobierno postularon a Humberto Ripoll para el cargo de gerente.
Turbay, que había postulado otros dos nombres, reaccionó en X: “No puede ser que desde Cartagena tengamos que cargar con los problemas mientras en Bogotá se tomen las decisiones. Pues no. Vamos a hacernos cargo del problema y a tomar las decisiones para intervenir con soluciones”.
El ministro Camargo respondió en la misma red social diciendo que, aunque ya no hay un acuerdo de cofinanciación, la Nación aportó durante 20 años a Transcaribe y que en el 2023 aportó más de 24 mil millones para el déficit operacional del sistema. El ministro señaló que para futuros aportes de la Nación se requieren esos asientos en la junta directiva.
Camargo también señaló que el alcalde no ha podido acomodar su agenda para conversar del tema y que es clave el trabajo en conjunto para ese y otros proyectos del Ministerio en Cartagena. Turbay le respondió a Camargo que eso era una amenaza: “Señor Ministro, lo hemos tomado en Cartagena como una amenaza velada de muy mal gusto”.
En medio de la puja está un sistema de transporte en crisis, que nació con problemas estructurales pues no recauda con pasajes la plata que necesita para su funcionamiento y que ha tenido atrasos históricos en la inversión. Transcaribe necesita la plata de ambos para sobrevivir.
2. La falta de soluciones en la protección costera
El proyecto de protección costera fue adjudicado en 2021 por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) por 160 mil millones para mitigar la erosión y evitar inundaciones en Bocagrande y el Centro Histórico. El Distrito puso 60 mil millones y el resto el gobierno nacional.
Es un proyecto que ha tenido problemas desde su estructuración, especialmente por los estudios técnicos que hizo la Universidad de Cartagena. En una de las fases del proyecto se interesaron 90 empresas, sin embargo solo se presentaron cuatro consorcios, y solo uno cumplió con los requisitos.
En una entrevista de 2021 con La Contratopedia, Jurgen Nieuwenhoven, representante legal de una empresa neerlandesa con amplia experiencia en el sector marítimo, calificó el proyecto como “inviable” y sostuvo que por ese motivo desistieron de participar. Es decir, el proyecto nació con líos, hoy tiene retrasos, millonarias adiciones y el contratista está pidiendo un adicional de 51 mil millones para terminar la obra. Este año la Procuraduría anunció que está analizando la posibilidad abrir una investigación disciplinaria.
El alcalde Turbay se ha quejado por la falta de presencia en Cartagena y por no presentar soluciones frente a los inconvenientes de la obra. Le advirtió al entonces director de la Ungrd, Olmedo López, que se convertiría en su “pesadilla” para que dé explicaciones. La queja de Turbay se refuerza pues funcionarios de la administración de William Dau ya habían cuestionado el rol de la Ungrd y el contrista también ha señalado falta de comunicación con esa entidad.
Ante esa situación, Turbay le ha pedido que la Ungrd le ceda el manejo de la obra a la Alcaldía de Cartagena, algo que le costaría mucho dinero al distrito pues el contratista está pidiendo una adición de 51 mil millones de pesos.
Ante una falta de respuesta, Turbay ha protestado: “Ni lava ni presta la batea. Hemos decidido trabajar con lo que tenemos sin acudir a nadie. Pero hay asuntos que sí o sí, son del resorte del gobierno central y más cuando tengo que compartir competencias en el territorio con hasta siete entidades del Estado, unos más diligentes que otros, pero en su mayoría ausentes”. El viernes, durante el día cívico al que se acogió, se reunió con el nuevo director de la Ungrd, Carlos Carrillo, y celebró los avances del encuentro para el futuro de la obra.
3. Los obstáculos para el Canal del Dique
El proyecto del Canal del Duque es una obra clave para mitigar las inundaciones en tres departamentos de la región Caribe y recuperaría sistemas naturales deteriorados en la zona. Fue adjudicado en diciembre de 2022 por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a la compañía española Sacyr, la única proponente, por 2,78 billones de pesos. Iba a ser adjudicada en el gobierno Duque, pero por alertas de la Procuraduría se aplazó, y finalmente se adjudicó en el gobierno Petro.
La molestia de Turbay y otros mandatarios costeños ha sido por las trabas del gobierno tras la adjudicación. En primer lugar, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, anunció que el proyecto necesita una licencia ambiental que no estaba contemplada inicialmente. Según la ministra, la licencia servirá para que el proyecto contemple aspectos como afectaciones a tres Parques Nacionales Naturales, seguridad alimentaria de las comunidades, entre otras afectaciones.
El alcalde Turbay, en un principio, se quejó con fuerza: “Es un proyecto de restauración ambiental. ¿Y entonces quién entiende que si vas a restaurar ambientalmente el ecosistema tengas que pedir un licenciamiento ambiental? Realmente es una contradicción. No más obstáculos ni demoras”. Sin embargo, después cedió y apoyó la idea de la licencia ambiental.
Pero hubo un nuevo conflicto. En marzo, en su gira en el Caribe, Petro se refirió a un proyecto para cobrar un impuesto de valorización por las obras del Canal del Dique: “ministro del Transporte, ¿está preparado el proyecto para cobrar por valorización las obras del canal del Dique?, que van a limpiar la bahía de Cartagena, de tal manera que esa plata no sea solo pública, sino que podamos recuperar una parte de ese dinero para invertir aquí en la gente pobre”.
El anuncio indignó a Turbay: “En total descuerdo. Anuncio que ahonda más en el excesivo centralismo (…) ¿Por qué tanto maltrato al Caribe colombiano si cada 4 años somos nosotros quienes definimos Presidente?”.
4. Las altas tarifas de energía
El problema de la energía ha sido histórico en el Caribe y, por un régimen tarifario especial aprobado en el gobierno Duque, las tarifas han tenido un alto incremento en los últimos años. Frente a esa situación, mandatarios, gremios y usuarios agrupados le han pedido plata al gobierno para subsidiar las tarifas.
No obstante, la respuesta del gobierno Petro no ha ido en ese sentido, sino en proyectos a largo plazo enfocados en la transición energética y en una reforma de servicios públicos que le daría más poderes regulatorios al presidente.
El inconformismo de los mandatarios del Caribe es generalizado, pero ninguno ha sido tan crítico como Dumek Turbay. A comienzos de marzo, previo a una cumbre energética liderada por el ministro de Minas, Andrés Camacho, el alcalde de Cartagena dijo que el gobierno nacional “nos vio la cara de marranos” y “en la cumbre de Sincelejo no va a haber ninguna buena noticia”.
Semanas después, como parte de su gira en el Caribe, el presidente Petro convocó a un evento con mandatarios de Bolívar y Atlántico para discutir el tema, pero ante la baja asistencia Petro no se presentó. Estaban, en todo caso, Dumek Turbay, el gobernador de Bolívar y el gobernador del Atlántico, y decenas de mandatarios y congresistas más. Turbay ha dejado ver su molestia por esa situación.
Y ante otra cumbre convocada por el gobierno, Turbay advirtió que no asistiría si era para ambientar una asamblea constituyente: “No estoy de acuerdo con que use este tipo de escenarios para promoverla”.
5. El incremento de la inseguridad
En los últimos dos años, Cartagena alcanzó los índices de homicidio más altos en la última década (pasaron de 180 en 2019 a 395 en 2023). Con Turbay los indicadores han empeorado, según Cartagena Como Vamos. En el primer bimestre se han registrado 70 homicidios, 6 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado.
Turbay, que dentro de sus banderas tiene la seguridad, ha cuestionado la falta de apoyo del gobierno de Petro. En enero, en un foro de la revista Semana, Dumek advirtió que tomaría medidas legales: “Pronto vamos a comenzar a procesar un amparo constitucional para Cartagena, vamos a acudir vía legal ante los jueces de la República, para que Cartagena tenga el acompañamiento de las autoridades de Policía que se merece”.
El director de Seguridad de Cartagena, Jaime Hernández, le dijo a La Silla que: “Si el presidente no se pone la camiseta para resolver la seguridad, la capacidad que tiene un alcalde para resolver los problemas se limita mucho (…) No hay una política de seguridad en el país, y así no va a haber una prioridad en la agenda del gobierno. Por ende, la Policía no va a tener una línea clara”.
6. La intervención de la ESE Cartagena de Indias
El alcalde le pidió a la Superintendencia de Salud levantar la medida de intervención en el hospital público, ESE Cartagena de Indas, que le presta la atención primaria a unas 300 mil personas. Esa ESE ha sido un fortín burocrático de la clase política tradicional y fue intervenida en 2021 por el gobierno Duque por deficiencias asistenciales y hallazgos administrativos y financieros que impiden su buen funcionamiento. La intervención se prorrogó en el gobierno de Petro hasta el 16 de mayo de este año.
La Superintendencia de Salud le respondió formalmente a Turbay que para esa fecha se hará un análisis de la ESE para ver si la intervención se levanta, se prorroga o se modifica. Turbay reaccionó: “Como dicen por ahí, ni lavan, ni prestan la batea”.
