El alcalde de Cali, Alejandro Eder, ha protagonizado titulares esta semana al poner sobre la mesa la posibilidad de reactivar los bombardeos aéreos en el país. Por su parte, la gobernadora Dilian Francisca Toro aumentó el tono de sus reclamos al gobierno, y consiguió el respaldo de los principales gremios de la región. Ambos a raíz de la situación crítica en el municipio de Jamundí, al sur del Valle.
A pesar de la preocupación común, la respuesta de los dirigentes ha mostrado su división. El debate se centra mas en repartir culpas que en encontrar soluciones conjuntas.
La propuesta de Eder de volver a los bombardeos fue rechazada por el gobierno nacional y otros mandatarios del Pacífico. Y el intento de Dilian por unificar el mensaje terminó en discordias con sus contradictores en la política tradicional, que le cobran sus ocho años de hegemonía.
Las diferencias tendrán que tramitarse al calor de atentados, explosiones y hostigamientos que se repiten semana tras semana. Y con la mirada internacional acercándose cada vez más a la región, por la COP 16 de Cali, el evento internacional más grande del que ha sido anfitrión Colombia.
Eder y Toro suben el tono frente al gobierno
La semana pasada estalló una motobomba en la estación de policía de Jamundí, una ciudad a 20 minutos de Cali. Cuatro días después, el papá de la vicepresidenta Francia Márquez fue atacado cuando transitaba en un vehículo por una vereda de ese mismo municipio.
Desde entonces, tanto Toro como Eder se han movido para llamar la atención del gobierno de Gustavo Petro. La gobernadora citó el sábado a una reunión con las “fuerzas vivas” del Departamento, en la que participaron políticos, gremios, empresarios, representantes de la academia y líderes. Allí consiguió respaldo para pedirle al gobierno mayor contundencia.
“Los vallecaucanos no podemos enfrentar la criminalidad solos. Hemos hecho todo lo que hemos podido, la fuerza pública ha estado en articulación. Hemos recibido apoyo del gobierno, pero hay unas acciones que solo son posibles si ellos toman las decisiones que se requieren”, dijo la gobernadora al final de la reunión.
Insistió en una estrategia unificada para el Pacífico colombiano, un mayor aumento del pie de fuerza y recursos para inversión social y sustitución de cultivos. “El ministro ha cumplido a cabalidad con lo que prometió. Envió la Policía, las fuerzas especiales, va a haber recursos para las horas de vuelo, pero necesitamos más”, agregó.
Los problemas de seguridad y violencia en el Valle del Cauca son históricos, pero vienen en aumento en los últimos años. Este año es el departamento con más masacres, con seis de los 29 casos que reporta Indepaz. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, en 2023 ocupó el tercer lugar en casos de reclutamiento y desplazamiento forzado.
El impacto de la violencia ha pegado más duro en Jamundí, donde la semana pasada quedó registrada la angustia de un hombre con las piernas desfiguradas por la explosión de la motobomba. Lo que pasa allí llama la atención citadina por su cercanía a Cali. De hecho, el conflicto ya tocó la puerta de la capital del Valle, con un atentado en el batallón del barrio Nápoles en abril.
“Se necesita más pie de fuerza, inteligencia, capacidad de reacción y mayor coordinación con la sociedad civil”, dijo Claudia Calero, presidenta de Asocaña y líder del Comité Intergremial del Valle, quien le pidió al presidente una reunión para hablar del tema. “Tenemos que coordinarnos, pensar en la región y hacer una intervención entre todos”, agregó.
El alcalde Eder dejó sus propuestas en un comunicado dirigido al gobierno. Entre ellas, aumentar las tropas, más recursos para inteligencia e investigación judicial, una estrategia contra el reclutamiento de menores y mejorar la capacidad carcelaria.
“Con las capacidades que tenemos hemos capturado a 18 personas asociadas a esas acciones criminales. Lo que le estamos diciendo al presidente es que si la Policía y las Fuerzas Militares cuentan con más capacidad, vamos a tener mejores resultados”, dijo el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García.
Eder también tiró bengalas desde otros frentes y estrenó su cargo como presidente de Asocapitales. A nombre de la Asociación le pidió al gobierno garantizar el funcionamiento de la vía Panamericana e incluso pidió considerarla sujeto de derechos.
Pero su nombre resonó más por su propuesta de reactivar los bombardeos, que en la práctica se encuentran suspendidos por el riesgo que implican para menores reclutados. Eder lanzó una frase en Blu Radio que causó polémica: “el responsable por cualquier cosa que le pase a un niño que haya sido reclutado a la fuerza es quien lo reclutó”.
“No quiere decir que es que salgan a bombardear como locos. Son casos muy específicos, con estudios de inteligencia previos. Hay un reglamento jurídico que se debe cumplir”, explicó el alcalde. “El llamado, más que a que se retomen los bombardeos, es a que utilicen todas las herramientas que tiene el Estado”, dijo luego. Ayerreiteró su propuesta en un foro junto a los alcaldes “Fico” Gutiérrez y Dumek Turbay.
Los bombardeos cayeron mal en el gobierno y la región
El debate es particularmente sensible, teniendo en cuenta los antecedentes. En 2019, un bombardeo de la Fuerza Aérea mató a ocho menores en San Vicente del Caguán. El hecho le costó el puesto al ministro de Defensa de la época, Guillermo Botero, y puso un manto de duda sobre ese tipo de operativos.
“Donde haya menores, no hay bombardeo, eso es definitivo. No es que estén prohibidos, está prohibido bombardear donde haya menores”, respondió el ministro de Defensa, Iván Velásquez. “Todo menor que esté con esas organizaciones ilegales es un menor reclutado forzosamente. De ninguno de ellos se puede predicar su voluntad”, agregó.
La propuesta de Eder fue respaldada por el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, pero fue rechazada por la vicepresidenta Francia Márquez. También por el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, y la gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, dos de los departamentos donde más se concentra la violencia.
“Los bombardeos, sean de la fuerza pública o de las estructuras, afectan a la población civil. Ningún bombardeo de gran altura es preciso”, dijo Octavio Guzmán, gobernador del Cauca y cercano a la vicepresidenta. “Considero que es necesario fijar una postura de toda nuestra región y no criterios personales. Siempre y cuando tengamos como bandera proteger el derecho a la vida de la población”, continuó.
La gobernadora del Valle no descartó la propuesta, pero advirtió el riesgo para los menores reclutados. “Hay mucho reclutamiento. Los derechos humanos no dejan, porque van a morir muchos niños que no deberían morir”, dijo. Sin embargo, propuso realizarlos para frenar el avance de una carretera que están construyendo las disidencias en la zona rural de Jamundí, para facilitar el tránsito de la droga hacia el Pacífico.
El alcance de la propuesta y la coyuntura le han permitido al alcalde poner la situación del Valle en la agenda nacional y le da impulso a su proyección como líder de la región. Pero también puede tener daños colaterales.
El alcalde le puso de nombre a su plan de desarrollo “Cali Capital Pacífica” y, con base en su trayectoria como negociador de paz y exdirector de Reintegración, construyó un discurso conciliador que le ha permitido acercarse al gobierno, a diferencia de sus homólogos en las principales ciudades. De insistir en su petición, podría arriesgar su relación con Casa de Nariño y su fama como líder de paz.
Los bombardeos, por otro lado, cuentan con el lastre del gobierno Duque, que también fue cuestionado cuando el exministro Diego Molano comparó a los niños reclutados con “máquinas de guerra”. Por eso, las probabilidades de que la propuesta sea acogida por el Petro son escasas.
“Bombardear no es tan estratégico como antes, cuando se buscaban objetivos de alto valor”, dijo Andrés Ortega, politólogo experto en seguridad y asesor del Departamento Nacional de Planeación en esa área. “Es una estrategia indiscriminada, se puede terminar afectando población civil, hoy por hoy no sabes contra quién se hace. Es meterse en un problema, como le pasó a Duque. Si eso le pasa a este gobierno se le cae la mitad del discurso”, agregó.
“Si cambia el curso de la guerra, acaba el conflicto o mejora indicadores sociales se puede tomar el riesgo”, dijo Manfred Grautoff, consultor en temas de seguridad nacional y exasesor de Iván Duque.
“Eso debe ser medido, requiere inteligencia tanto aérea como en tierra y la valoración de todos los indicadores. Pero en este momento, en el gobierno no hay instancias técnicas para hacerlo”, agregó. Desde su perspectiva, uno de los hechos que debe entrar a la discusión es el uso de drones por parte de los grupos armados, un cambio determinante en las dinámicas del conflicto.
Dilian sufre disfonía tras ocho años en el poder
La gobernadora busca armar un frente común para enfrentar la oleada de violencia en el sur del Departamento del Valle. El fin de semana lo logró parcialmente, al reunir más de 30 gremios, siete cámaras de comercio y representantes de la academia y organizaciones sociales para discutir el tema.
Pero, la reunión causó discordia entre varios líderes políticos de la región que, según dicen, no fueron tenidos en cuenta. Entre ellos, los congresistas Duvalier Sánchez, Julián López y Carlos F. Motoa, que tienen en común su oposición a la gobernadora.
“Le hago un llamado a que deje la politiquería afuera de las reuniones y que todos podamos participar”, dijo López. Fue aliado de Dilian, pero desde el año pasado partieron cobijas y ahora le hace oposición dentro su mismo partido. También se refirió a los gremios que respaldaron las peticiones de la gobernadora: “no pueden tomar partido y hacer política, no están para eso. Les pido que sean imparciales y no se dejen utilizar”.
El senador Motoa, opositor tanto del gobierno nacional como del departamental, citará a la gobernadora a debate de control político en el Senado, porque la considera “corresponsable” de la crisis. “Se eligen con banderas de seguridad, pero no asumen las competencias una vez se eligen”, dijo. También señaló al gobierno de su antecesora, Clara Luz Roldán: “¿por qué no actuaron de manera oportuna? Tenían la responsabilidad constitucional y legal y también los recursos”.
La gobernadora desde ya dijo que no asistirá a la cita. “Hay que decirles que estudien un poco más, porque la responsabilidad del país de acuerdo a la Constitución es del presidente. Yo soy una delegada del presidente aquí, pero yo no puedo manejar la Fuerza Pública”, respondió. Sin embargo, prometió asistir al debate de control político en la Asamblea Departamental el próximo miércoles.
El principal tema a discutir en el debate será el uso que se le da a los $30 mil millones de pesos que recauda la Gobernación anualmente por cuenta de la sobretasa para la seguridad, un impuesto que pagan los comerciantes y los vallunos de estratos altos.
A pesar de que pone plata, los expertos le dan la razón a Toro sobre las limitaciones de su cargo. “El sector defensa es el que coordina la política y la iniciativa contra las disidencias. Usualmente, lo que se hace es que las fuerzas armadas le piden a las entidades dotación, material de intendencia y otros recursos”, dijo Andrés Ortega.
“Por el tipo de grupo armado y la capacidad de control que muestran es un tema nacional. Implican movimiento de Ejército, Fuerza Aérea y Armada”, opinó Manfred Grautoff.
Más allá de las competencias legales, quedaron en evidencia las dificultades para lograr una voz unísona, incluso cuando hay un objetivo común. Por un lado, los aliados de Petro no ven con buenos ojos las críticas constantes al gobierno. Por el otro, la autoridad de la gobernadora es puesta en duda por sus opositores, tras el desgaste de ocho años de liderazgo de su grupo político.
El diálogo, por ahora, está fragmentado por la política y corre el riesgo de convertirse en una discusión de bandos. Desde la Alcaldía de Cali y los gremios se hace un llamado a la concertación.
“Estamos rodeando al Valle del Cauca, a las instituciones, a la Gobernación del Valle, para que todos aporten sus mejores esfuerzos y apliquen los compromisos que cada uno tiene”, dijo Claudia Calero, de Asocaña.
“Esto no se puede evaluar en términos de culpabilidad. Se debe evaluar en términos de responsabilidad y de capacidad”, dijo Jairo García, secretario de seguridad. “Es un objetivo común, aquí no hay espacio para la pelea política, sino para una colaboración permanente”, agregó.
A pesar de los esfuerzos del gobierno y de la decisión del presidente de mantener la ofensiva militar, cada acción terrorista, por pequeña que sea, aumenta la intranquilidad en el Valle. En la región nadie duda que se debe actuar en conjunto, pero la política siempre está en el medio.
