Colombia es un lugar mucho más democrático para las personas LGBTIQ+ de lo que fue hace décadas. Prueba de ello son las movilizaciones y celebraciones del orgullo que se están realizando entre junio y julio en todo el país. Pero el reconocimiento de derechos formales no implica que los problemas desaparecieron; el hecho de poder casarse no transforma mágicamente la cotidianidad.
El principal problema que enfrentamos es la violencia por prejuicio. Las organizaciones han avanzado en documentar los ataques a la vida e integridad personal contra personas LGBTIQ+. Los informes son innumerables y repetitivos. Han sido las redes sociales la principal plataforma para denunciar la permanencia de estos hechos. Pero las denuncias no son más que gritos al vacío que quedan como constancia de la impunidad.
Mientras tanto, el Estado es inoperante para enfrentar este asunto. Si bien hay una reunión por aquí y un comité por allá, la lucha contra la violencia no es prioridad de ninguna institución pública. El Gobierno Nacional, que de dientes para afuera apoya la diversidad, ni siquiera ha nombrado al viceministro/a de las diversidades. Ningún ministro parece hacerse cargo de este asunto. El Presidente trina de vez en cuando. La Vicepresidenta brilla por su ausencia. A los alcaldes y gobernadores les da lo mismo que exista esta forma de violencia. Es como si no fuera con ellos.
En este tema el gobierno y la oposición son parecidos: dejan que nos sigan matando, unos por ineptitud y otros por ideología. Mientras tanto las personas que viven según su autonomía siguen siendo vulnerables a la violencia letal que se da sin ningún freno institucional. Esto es particularmente grave contra las personas trans o que viven en zonas en las cuales el Estado no tiene control territorial. Y esto tiene una macabra explicación: la muerte es la confirmación del desprecio por nuestras vidas.
A la violencia se le suma la instrumentalización de nuestra existencia para inflar proyectos políticos fundamentalistas. Cada vez que se intenta avanzar en medidas de política pública en este campo, actores políticos extremistas inundan de desinformación las redes sociales; políticos en decadencia se despiertan y salen a la cacería de las palabras “género” o “identidad de género”.
Durante la campaña por el plebiscito del Acuerdo de Paz envenenaron el debate público usando la mentira de que el texto contenía la llamada “ideología de género” y con ello engañaron a votantes con profundas creencias religiosas. Recientemente, revivieron una estrategia similar frente a un proyecto de ley que buscaba prohibir las mal llamadas “terapias de conversión”, que no son más que torturas disfrazadas.
Esta vez difundieron contenidos digitales mentirosos vía Tik Tok. En una campaña bien coordinada, los extremistas dijeron que con este proyecto se iba a cambiar la identidad de género de la niñez. Estos actores no tienen ningún escrúpulo y tienen en la mira las elecciones; poseen la habilidad discursiva de transformar iniciativas que buscan proteger a las personas LGBTIQ+ en supuestas agresiones a sus creencias religiosas. Su lema es confunde, asusta y vencerás.
A lo anterior se suma la indiferencia y el silencio de gran parte del establecimiento político. Son escasas las voces críticas para exigir acción estatal al gobierno de izquierda y para controvertir las mentiras de los extremistas. Los políticos y funcionarios públicos temen quedar atrapados en ese torbellino de desinformación y que con ello se lesione su capital político. Por su parte, movimientos sociales todavía tienen la esperanza de que el Gobierno Nacional avance en este campo. Pero la ilusión es vana y los problemas se profundizan. Pasados dos años, el gobierno de izquierda solo ha mostrado su incapacidad, pérdida de tiempo y despilfarro. Por ello se requiere que desde la sociedad civil seamos más críticos y vigilantes.
Sin duda es importante que se hagan declaraciones, que se instalen banderas y que se organicen actividades de conmemoración por parte de entidades públicas y privadas. Los símbolos fortalecen nuestra conciencia colectiva. Pero lo más importante es que se tomen acciones efectivas contra la violencia basada en la orientación sexual e identidad de género. No necesitamos más declaraciones de buenas intenciones ni otra mesa de burócratas. La principal necesidad es que el Estado funcione y lleve a la práctica políticas públicas para garantizar derechos.
En otras palabras, que el Gobierno Nacional y la Fiscalía se tomen en serio esta forma de violencia, como un problema de seguridad pública. Desde la ciudadanía nos queda la tarea de seguir construyendo apoyo social basado en la evidencia, defendiendo los derechos constitucionales contra las amenazas de retroceso y abriendo canales de diálogo para buscar soluciones a los problemas que aquejan a las personas que viven más expuestas a la violencia.
