Los debates alrededor de la memoria rodean al gobierno Petro. El presidente ha reivindicado el uso público de la bandera del M19, la guerrilla a la que perteneció. A muchos eso les parece un irrespeto con sus víctimas, como recientemente dijo Helena Urán, hija de uno de los magistrados asesinados durante la toma del Palacio de Justicia en 1985. Petro ha dicho en intervenciones: “no les gusta que la saquemos, pero no va a estar debajo de los colchones”.
Preguntas sobre la memoria que también rodean el futuro de instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con las críticas que se le han hecho recientemente por la demora en la definición de la situación jurídica de los exFarc y en la imposición de las sanciones a los culpables de delitos. Incluso el mismo gobierno ha criticado el papel de la JEP frente a los paramilitares.
Para hablar sobre estos temas, La Silla Académica entrevistó a Elizabeth Lira, psicóloga, de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Lira ganó el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales (2017) de ese país. La Universidad Javeriana la trajo esta semana para participar en el Simposio Educar para la Democracia por su trabajo como directora del Centro de Derechos Humanos de esa universidad y por sus estudios sobre construcción de memoria y atención a los traumas que dejó la dictadura de Augusto Pinochet.
Lira ha publicado trabajos como “Trauma, duelo, reparación y memoria” (2010) y “Políticas de Olvido, Resistencias de la Memoria y Ética de los Investigadores” (2024) en los que se basó esta entrevista.
La Silla Académica: ¿Qué opina de que el presidente Petro dispute tan abiertamente el relato en torno a la violencia del M-19, usando en varios escenarios la bandera de esa guerrilla?
Elizabeth Lira: En ese caso habría que distinguir la función de ser presidente de un país con la identidad personal. Creo que los presidentes deben representar los intereses comunes.
Tal vez la reivindicación de la bandera de esa guerrilla puede venir de su corazón, de su vida y de sus experiencias personales, pero cuando uno tiene responsabilidades mayores que son públicas debe velar por el bien común ante todo.
El presidente Petro apoyó el proceso de paz con las Farc y ha dicho abiertamente que quiere reivindicar a las víctimas. Pero su presidencia defiende una ambiciosa agenda de paz propia, que no define tan claramente los temas de memoria y reconciliación, como sí lo hicieron las instituciones que crearon el Acuerdo de Paz. ¿Qué piensa sobre la memoria en la “paz total”?
La memoria no parece ser el tema central de las negociaciones del gobierno con los actores armados de la paz total. El tema central es lograr acuerdos para desactivar el control territorial que estos tienen y que mantienen la violencia. Es decir, busca un país donde la violencia política no sea la manera de reivindicar los derechos de los pobres, de los excluidos. Primero viene eso y luego se puede pensar en hacer memoria sobre por qué estos grupos persisten en su lucha, qué fue lo que hicieron, y por qué la violencia es una manera de hacer política todavía tan presente en Colombia. Los grupos que persisten en la idea de que la violencia es la manera de hacer política son muy autoritarios, no toman en cuenta que la mayoría del país no quiere la guerra.
¿Qué opina de las diferencias entre el relato para juzgar delitos que construye la JEP y el ejercicio de memoria de la Comisión de la Verdad o del Centro Nacional de Memoria Histórica?
En Colombia hay muchas instancias de la verdad –el Centro de Memoria Histórica, la Comisión de la Verdad, la JEP–. Y otras anteriores que precedieron a estas.
Las comisiones de la verdad no tienen efectos penales. Son maneras distintas de documentar las mismas situaciones. Documentar el testimonio de los actores para establecer la verdad es diferente a examinar los hechos y las actuaciones de las personas a la luz del derecho, definiendo si son amnistiables o, de acuerdo con la negociación que generó la JEP, que pueden dar lugar a medidas de justicia restaurativa.
La Comisión de la Verdad recoge lo que para las personas es la verdad de lo que pasó, es decir, recoge el testimonio directo de cada declarante. El énfasis probablemente no va a ser el acontecimiento en sí mismo, sino cómo los acontecimientos violentos afectaron a las personas y las obligaron a tomar decisiones como desplazarse, salir al extranjero, perder estudios, tierras o cosas queridas. Una comisión de la verdad recoge también un hilo de acontecimientos que ocurrieron en un territorio en un periodo de tiempo determinado y puede identificar a los actores responsables de ciertos procesos, permitiendo entender mejor lo que le ha pasado a cada persona que declara.
Específicamente, la Comisión de la Verdad colombiana tiene una característica distinta a otras comisiones creadas en el pasado, y es que incluye explícitamente a las y los colombianos fuera de Colombia y sus historias, algo que es importante en una sociedad donde tantas personas debieron abandonar el país buscando proteger sus vidas.
Las personas esperan ser escuchadas y creídas. Para algunas personas ser escuchadas en nombre del Estado es el comienzo de la reparación, Para muchas personas la reparación requiere de una condena moral de lo ocurrido y una sanción judicial para quienes causaron daños.
El Centro de Memoria Histórica desde sus inicios tuvo una función relevante. Ha recogido las historias de distintas masacres y situaciones de violencia, investigando desde el presente, reconstituyendo sus consecuencias con perspectiva histórica, y permitiendo conocer en detalle situaciones que ocurrieron décadas atrás, cuyos efectos se prolongan hasta el presente. Hacer memoria es también una manera de educar, como lo ha señalado expresamente el Centro. Es una función diferente, aunque complementaria a la de una Comisión de la Verdad
Si eso es lo que aportan esas instituciones, ¿qué es lo diferente que hace la JEP?
El prisma de la JEP, me parece, es reconstituir los hechos y calificarlos a la luz del derecho y de la institucionalidad creada para poder convocar a los comparecientes y a las víctimas y resolver sobre las responsabilidades.
El modelo es importante porque le da una posible salida al conflicto, pues si se aplicara la penalidad de la legislación ordinaria no se habría podido negociar la paz; tampoco era posible asegurar la impunidad de este tipo de crímenes como ocurría en el pasado. Es una iniciativa audaz y esperanzadora. Aunque es una apuesta que genera incredulidad, creo que puede ser una posibilidad de desactivar la violencia como forma de hacer política. La JEP posibilita que las personas se hagan cargo moralmente de las consecuencias de lo que hicieron. Aquí hay un componente educativo, de prevención, de tener la esperanza de poder convencer, bajo distintas vías, a la mayoría de los colombianos de que es mejor tramitar la diferencia y no recurrir a la violencia y a la muerte. Tal vez muchos de los responsables encuentren en la JEP una forma distinta de enjuiciar sus actuaciones y una forma distinta de hacer justicia, y ese es un gran logro.
¿Qué significa la construcción de memoria en las sociedades del siglo XXI?
Una característica de las historias conflictivas de nuestros países es que compartimos una tradición, posiblemente española, en la que los conflictos se resolvían con diversas leyes de amnistía, que hacían desaparecer el delito, y también las víctimas y los victimarios. La estabilidad política asociada a la impunidad permitía arreglos pragmáticos entre las élites, impidiendo la sanción de los responsables, pero también la reparación de las víctimas. Esto funcionó durante siglos.
La noción de memoria política se universalizó con los grandes conflictos del siglo XX y hoy en día, con el acceso a la información de las mayorías. La memoria hoy es inevitable. Con la capacidad digital, cualquier persona puede reproducir y reinventar cosas. Ese poder nunca existió antes en la historia.
El reverso de esta situación, entre muchos otros, es el Edicto de Nantes del rey Enrique IV, en Francia, en 1598, después de décadas de sangrientas guerras de religión, promulgó una ley de amnistía amplia. El texto se iniciaba ordenando que los hechos pasados deberían darse “como hechos no sucedidos”. Es decir, esos hechos no se podrían nombrar, disputar, ni cobrar con fines judiciales ni políticos a partir de la promulgación. Gabriel García Márquez en su obra Cien años de soledad, menciona las amnistías y las formas de hacer desaparecer la memoria, no solamente imponiendo una versión diferente sobre una masacre, con el fin de confirmar que nunca ocurrió, sino también haciendo desaparecer los archivos.
Estas dos escenas permiten hacerse una idea de cómo se resolvieron los conflictos y su memoria en los últimos 200 o 500 años. Hoy en día es muy distinto, porque con los medios tecnológicos actuales los hechos pueden ser reconstituidos fácilmente mediante fotografías, filmaciones y audios que permiten construir evidencias que muestran lo qué pasó, así lo nieguen las autoridades, los medios de comunicación o los responsables. También pueden contribuir a construir memorias desde pequeños grupos, que quieren contar su historia. Es un proceso en desarrollo.
Denos un ejemplo de cómo este nuevo escenario de la memoria afecta la revisión de ciertos episodios violentos en el continente.
Por ejemplo, cuando apareció el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación en Chile en 1991, el presidente de la República pidió perdón a las víctimas en nombre del Estado, pero la reacción de la Corte Suprema, y de las Fuerzas Armadas y de Orden fue rechazar el informe, pero no negar los hechos. Los hechos estaban suficientemente documentados. Lo que se rechazó drásticamente fue la interpretación proporcionada en el informe: de que se trataba de crímenes y de violaciones a los derechos humanos, pues dijeron que la Comisión había desvalorizado la función de salvación de la patria realizada por los militares, al derrocar al gobierno constitucional en 1973.
Otro ejemplo lo vi en estos días en Colombia. Entendí que las audiencias de la JEP se documentan, se registran para que el público pueda acceder a ellas a través de distintos medios, de manera simultánea o diferida. El registro digital realizado por las instituciones refuerza la conciencia de responsabilidad ante la sociedad de los jueces, las víctimas y algunos comparecientes. El registro institucional es una de las fuentes de la memoria más valiosas, pero no la única. Otra vía son las acciones explícitas de carácter conmemorativo y educativo.
La existencia de esos registros impide establecer una memoria oficial desde la autoridad, porque toda memoria será disputada, tampoco se pueden prohibir las memorias alternativas. La memoria asegura que casi siempre va a haber una presión por más verdad y la verdad pone en evidencia que no hay una memoria, sino muchas.
Justo en Colombia se han hecho propuestas tanto desde la derecha como desde la izquierda para hacer una ley de amnistía, o de punto final. Esta es una idea muy sugerente en un país con tantos actores involucrados en el conflicto y, por lo tanto, parece muy difícil gestionar las responsabilidades de tantos fuegos cruzados. ¿Qué consideración le da a una propuesta así?
Creo que hay que hacer una diferencia entre el olvido jurídico y el olvido moral, psicológico y social. El olvido jurídico decretado por las amnistías, con el fantasma del Edicto de Nantes como referente, dice que un hecho no ocurrió e implica que no se puede perseguir o castigar. Siempre se definen unas fechas, unos periodos, unos beneficiados y otras condiciones bajo las cuales un delito señalado en el Código Penal no se puede sancionar. Este tipo de disposiciones suele tener un plazo acotado.
El olvido jurídico no puede regular el olvido moral y personal. La gente no olvida fácilmente. Al revés, cuando se prohíbe recordar, las personas mantienen la memoria, recuerdan y se expresan de maneras alternativas con relatos, filmaciones, textos, películas, etc. La propuesta de olvido jurídico es una alternativa a la sanción, y ha sido una de las formas para desactivar las motivaciones para seguir en el conflicto en los tratados de paz en diferentes épocas. Es una alternativa a considerar en la JEP, pero el punto decisivo es ofrecer alternativas jurídicas distintas según la cooperación de la persona con el proceso de justicia.
Las amnistías son decisiones de olvido jurídico que garantizan grados de impunidad o muchas veces, impunidad completa en nombre de la paz social, lo que puede ser vivido como agraviante para las víctimas. Esta ha sido la historia de nuestros países. Tenemos conflictos recurrentes y casi nunca hubo persecución penal contra los responsables de delitos mayores y menores en contextos de conflictos políticos, y cuando la hubo se dictaron indultos y amnistías inclusivas para generar condiciones de paz. Es el caso de Chile durante el siglo XIX y XX.
En una cultura autoritaria la falta de sanciones genera irresponsabilidad y favorece las conductas ilegales. Se requieren personas con conciencias morales autónomas, es decir, personas que hagan el bien, no por temor al castigo, sino porque quieren hacer el bien. La falta de una noción de responsabilidad personal explica muchas veces el enrolamiento de jóvenes en acciones delictuales, asegurándose únicamente de no ser sorprendidos y castigados. Una sociedad en paz requiere de ciudadanos con una conciencia autónoma, capaz de regirse por principios éticos. Educar en la responsabilidad sobre los propios actos forma parte de las garantías de no repetición.
En contraste, ¿cómo fue la experiencia chilena de construcción de memoria?
La construcción de la memoria en Chile empezó institucionalmente en los organismos de derechos humanos, que se formaron frente a la instalación de la dictadura. El país fue ocupado militarmente; se declaró como enemigos a todos los que eran partidarios o fueron funcionarios del gobierno derrocado y los miembros de los partidos políticos que formaron la coalición gobernante. Más del 40% de los chilenos fueron puestos en la categoría de enemigos.
La gente perseguida buscó ayuda en las iglesias, con los pastores y sacerdotes. Las iglesias organizaron en menos de 20 días el Comité de Cooperación para la Paz, como organismo ecuménico que dispuso de abogados que presentaron recursos de amparo (habeas corpus) en los tribunales de justicia y trabajadores sociales que procuraron asistir a las personas en todas sus necesidades.
Las acciones legales no tuvieron muchos resultados. En 17 años solo se aceptaron 24 de estos recursos. Los organismos de derechos humanos escogieron la defensa legal y lucharon para que los miles de casos fueran registrados en los tribunales, lo que ha sido muy relevante para las acciones judiciales posteriores. También se ofreció apoyo social y psicológico que comenzó muy pronto en los organismos de derechos humanos, observando que las personas y familias que pedían ayuda estaban muy angustiadas.
El museo de Memoria y los Derechos Humanos basó su colección principal en los archivos de los organismos de derechos humanos, que registraron sus actuaciones en favor de quienes fueron detenidos y de las familias de personas ejecutadas y desaparecidas. Los archivos también fueron fundamentales para el reconocimiento de las víctimas en la Comisión de la Verdad en 1990.
La contribución más importante para la memoria del pasado fue organizar estos archivos que reconstruyeron la verdad de los hechos y su impacto sobre las personas. En ellos se basan las acciones para conmemorar y educar en función de valores que sustentan la convivencia en paz en un país democrático. La memoria tiene un componente ético que recoge, a partir del sufrimiento de las personas, cómo fue posible sobrevivir, cómo se reconstruyeron formas de convivencia y cómo se buscó cambiar la situación. Gran parte de la memoria tiene que ver con pensar en cómo aquello contribuye a una forma de convivencia que asegure que nunca más el exterminio sea una forma de resolver conflictos.
El Estado tiene el deber de posibilitar todas las memorias y encauzar esfuerzos para que esas memorias sean las garantías democráticas del futuro. Es decir, que las personas sepan qué ocurrió, cómo ocurrió y que puedan elegir vivir en una sociedad en la que se pueda construir otra historia.
En uno de sus textos menciona que no cree que las comisiones de la verdad causen necesariamente un interés memorial de recordar para no repetir. ¿Qué tanto uno puede encontrar en los ejercicios de memoria elementos para garantizar la no repetición?
Creo que las comisiones de la verdad tienen una función histórica y simbólica, pero las víctimas en general no leen lo que producen. Las personas cuentan su historia, pero no quieren volver a saber de cosas tan terribles. La gente común tampoco lee. Los únicos que leen suelen ser los estudiantes para hacer trabajos o pruebas. Para el resto, las comisiones y sus informes son como un tótem, algo sagrado y temido, pero del que no se quiere saber mucho porque implica ver y saber cosas dolorosas y excesivamente penosas de conocer y escuchar, sin tener muy claro qué hacer con ese conocimiento.
La disponibilidad de los informes es importante, pero no tiene la capacidad de persuadir sobre la no repetición de estas formas atroces de violencia. Para que no vuelva a ocurrir es necesario trabajar en dos planos. Primero, proporcionar una formación ética amplia, profundizando en la noción de dignidad humana, la propia y la de los otros. Esto implica generar una educación en la familia y en la escuela de respeto por las otras personas. El lugar donde hay más maltrato y humillación es en la familia. ¿Cómo podemos pretender tener paz en la sociedad si conservamos formas muy primarias de resolver conflictos a nivel personal, recurriendo a golpes e insultos?
Segundo, hay que resolver los problemas que alimentan el conflicto. Es decir, no se puede tener un país donde el crimen organizado reemplaza al Estado en la resolución de los problemas sociales de la gente. Otra arista aquí es formar funcionarios públicos con una idea de responsabilidad política por la sociedad en la que viven. Esto significa respetar los derechos de las personas y transformar la noción del honor militar para que refleje que son y deben ser los mayores garantes de los derechos humanos.
En Colombia los que abordan los temas de la memoria y la reparación vienen principalmente de abogados y científicos sociales, por lo que el debate sobre la reparación suele ir muy ligado a la reparación económica o a la verdad, pero no a un cuidado de los traumas. ¿Qué piensa de esta carencia?
No tengo claro que sea una carencia. Haber puesto como eje el reconocimiento de la responsabilidad personal en los hechos apunta a situar a un sujeto responsable ante la posibilidad de una conexión emocional sobre los efectos que sus acciones tuvieron sobre terceros, que son víctimas. Adicionalmente, la JEP hace lo mismo que la Corte Interamericana, y es que las víctimas son acompañadas con psicólogos durante el proceso ante el tribunal.
El trauma no es una enfermedad mental, es un padecimiento agudizado y desorganizador que se reactiva en la vida todas las veces que una persona enfrenta una situación análoga a la amenaza que vivió previamente. El trabajo, el acompañamiento y la terapia sirven para que la persona desarrolle recursos para enfrentar esa vulnerabilidad y no quede devastado cada vez. La neurociencia de hoy día muestra que los traumas no se borran. El cerebro conserva el registro de esa amenaza vivida y puede ser reactivado.
Por esto mismo, todo el proceso de la reparación debería estar acompañado por ayuda psicológica, pero no sólo durante el proceso ante el tribunal sino también después. Después del tribunal, las víctimas recuperan su condición de ciudadanos. Ya no son jurídicamente víctimas: sus victimarios fueron sancionados por la justicia adversarial o restaurativa, el Estado los reconoció como víctimas y los compensó. Pero no se borran las secuelas. Abordarlas es un proceso complejo. Tal vez iniciar en una instancia de atención de salud integral, incluyendo factores fundamentales, tales como un trabajo que les permita desarrollar sus capacidades y resolver sus necesidades básicas. También se requiere establecer una vinculación permanente a una comunidad en la que reciba apoyo y afecto, incluyendo de ser posible a las familias.
Esta recuperación requiere pensarse más. Pasa a menudo que mucha gente vive treinta o cuarenta años esperando justicia, pero una vez que la obtiene, o cuando encuentra a su familiar desaparecido y puede hacer un funeral y se completa el objetivo, ¿qué pasa al día siguiente? ¿Cómo recuperar o reorientar su vida con otro sentido? Mucha gente lo logra con su familia, o en agrupaciones de víctimas en las que se apoyan recíprocamente, pero otras personas han envejecido y se quedan solas… Y es ahí donde el marco institucional del Estado para enfrentar las consecuencias del conflicto debe considerar una política de acompañamiento, de salud y reparación.