Ligia Bolívar, socióloga y activista de derechos humanos.
Ligia Bolívar, socióloga y activista de derechos humanos.

Venezuela se encuentra hoy en una situación de extrema agitación, en un combate cada vez más álgido entre la fuerza ciudadana y el uso de la maquinaria del Estado para amedrentarla. Cualquier observador avezado puede evidenciar, que el chavismo ha perdido el favor popular del que alguna vez disfruto. Como nunca, la voluntad ciudadana de una opción pacifica se ha impuesto por sobre cualquier diferencia entre los factores democráticos y les mantiene apegados a la solución electoral.

Frente a ello, un gobierno débil pero en control de toda la institucionalidad, ha recurrido a todos los medios a su alcance para deslegitimar a esa fuerza ciudadana, inhabilitando candidatos, prohibiendo uso de transporte aéreo a quien ostenta actualmente el liderazgo opositor, negándole acceso al combustible para poder moverse por tierra, bloqueando carreteras, deteniendo a quien le brinde hospedaje, cerrando los locales comerciales que visita, acosando dirigentes e incluso amenazando con usar la fuerza bajo el falso argumento de que la oposición será violenta (o quien inicie la violencia).

Ante ese panorama, es obvio que estamos frente a una contienda electoral que dista mucho de ser limpia y que no cumple con los parámetros mínimos de una elección auténtica. A pesar de ello, la oposición persiste en la vía electoral convencida de que, por una parte, si cuenta con la insistencia y el apoyo de la comunidad internacional para asegurar el respeto de los resultados reales, evitando avalar el fraude y, por otro lado, exige además a las fuerzas gubernamentales el abstenerse a reprimir la expresión pacífica del deseo de la población, una transición en paz será posible.

Toca al mundo democrático entonces hacer escuchar su voz, con total claridad, para garantizar con la fuerza ética que ello otorga, el que se respete y no se tuerza la voluntad de la población. Veinticinco años de gobierno han desgastado al otrora popular Partido Socialista Unido de Venezuela de una manera tal, que solo le queda como recurso el empleo de todas las instituciones del Estado que controla, para imponer por la manipulación o por la fuerza, una victoria que es cada vez más evidente que no se correspondería con el voto de la ciudadanía.

El sistema internacional, organizaciones de derechos humanos incluidas, deben velar por los ciudadanos que irán masivamente a las urnas y demandar el respeto a sus votos. Toca entonces la doble función de denunciar y reclamar ante cada violación a los derechos humanos que ha ocurrido hasta ahora y que ocurra en el devenir de las próximas semanas, mientras advierte al gobierno de Nicolás Maduro que debe respeto a las formas y maneras democráticas y que es obligación de todo Estado, el acatamiento sin esguinces de la voluntad popular que es expresada cuando se le consulta.

El gobierno, la fuerza armada bolivariana y las fuerzas policiales, deben estar conscientes de que la comunidad internacional está atenta a lo que en Venezuela sucede y que cualquier violación de los derechos humanos conlleva responsabilidad individual y responsabilidad de la cadena de mando. La obediencia debida no será excusa. La democracia como bien colectivo, no es exclusiva de nadie. La obligación de defenderla donde quiera que se vea en peligro, es obligación de todos. Venezuela espera de la comunidad internacional, la solidaridad y el respaldo a su voluntad que claramente se expresará en los comicios del 28 de Julio.

Es la coordinadora general de Alerta Venezuela e investigadora asociada del centro de derechos humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Estudió sociología en la Universidad Católica Andrés Bello y una especialización en derechos humanos en la Universidad Central de Venezuela. Sus áreas...