Ley de cuotas: mujeres y afrocolombianos en la justicia

Esta columna fue escrita por la columnista invitada Laura Fernández.

Cada vez es más mencionado que la subrepresentación de las mujeres y personas racializadas en los altos cargos del sistema judicial perpetúa la discriminación, la desigualdad de género y el racismo. En este sentido, la reforma a la justicia que está en trámite en Colombia busca mitigar este problema, aumentando la participación de estas poblaciones en las altas cortes.

El comisionado Alí Bantú Ashanti propone un proyecto de ley sobre cuotas, focalizado en mujeres y personas negras, que garantice la equidad de género y racial en escenarios de toma de decisiones, como la Corte Suprema, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Esta iniciativa visibiliza un problema de legitimidad jurídica debido a la subrepresentación de las personas afro en un Estado reconocido como pluriétnico y multicultural. Además, subraya la necesidad de aumentar la representación de las mujeres en estas instituciones, teniendo en cuenta que la ocupación de estos cargos es principalmente masculina. Pero, por qué es necesario dar cuotas para garantizar la equidad, qué significa esto para la justicia, cuáles son las ventajas y los factores que deben trabajarse si se materializa esta iniciativa. 

Competir en igualdad de condiciones para alcanzar altos cargos puede ser una deducción tentadora para cuestionar la necesidad de las cuotas. Sin embargo, creer que el esfuerzo de las personas afro y las mujeres es suficiente para ocupar escenarios de toma de decisión, ignora que la meritocracia se preocupa por la igualdad de acceso a oportunidades y no por la inclusión con equidad.  

La representación de las personas racializadas

En Colombia, las personas negras e indígenas han sido históricamente excluidas de espacios y beneficios sociales, económicos y políticos. La herencia colonial, que concentra el poder en la blanquitud, ha permeado las instituciones del Estado y sesgado la representatividad de estas poblaciones. Por esta razón, el sistema judicial no escapa a las lógicas de dominación racial. Las voces que emiten providencias judiciales están encabezadas por personas blanco-mestizas y esto constituye un problema de legitimidad, permeado por el privilegio blanco, si se tiene en cuenta que han sido pocos los abogados afro que han llegado a ser magistrados en un país donde el 10% de la población es afro, raizal o palenquera, según los datos del Departamento Administrativo Nacional Estadístico (Dane). 

En ese sentido, la propuesta del comisionado Bantú de aumentar la representatividad afro al 10% en las altas cortes promueve la equidad social, resolviendo el problema de la legitimidad en una doble vía. Por un lado, permite que las personas racializadas gocen de una justicia que atienda a sus experiencias socio-raciales, territoriales y culturales, garantizando su acceso y disminuyendo los sesgos en la aplicación de las penas permeadas por la discriminación racial, la deshumanización y la criminalización de la gente negra. Por otro lado, permite que abogados y abogadas negros y negras participen en altos cargos de la justicia y decidan sobre las problemáticas que afectan a sus comunidades, teniendo en cuenta la perspectiva étnicoracial. 

Y de las mujeres

Al igual que la hegemonía de la blanquitud, la dominación masculina se ha arraigado en los altos cargos del sistema judicial. Para abordar estas desigualdades, Bantú propone aumentar la representación femenina al 50% en las altas cortes, para que el sistema de justicia sea verdaderamente representativo para la sociedad a la que sirve. 

De acuerdo con el informe realizado en 2021 por la Corporación Excelencia en la Justicia, la participación femenina continúa siendo un desafío en Colombia, ya que los puestos de mayor jerarquía están ocupados predominantemente por hombres. Por ejemplo, la Corte Constitucional está compuesta en un 25% de magistradas y un 75% de magistrados. Frente a las brechas en la participación, el Observatorio para la Equidad de las Mujeres (OEM) ha identificado que las mujeres no solo tienen menor acceso a la justicia que los hombres, sino que están subrepresentadas en los espacios de toma de decisión y liderazgo. En sus investigaciones, han encontrado que las principales barreras para el acceso son la revictimización, la discriminación por parte de funcionarios judiciales, la falta de atención de los casos y la denegación de los derechos por la reproducción de los estereotipos de género. Por esta razón, la paridad en el sistema judicial es necesaria para que las mujeres puedan impartir justicia con perspectiva de género, apostando por la construcción de sociedades más equitativas.

El proyecto de ley está siendo discutido por expertos para la reforma a la justicia antes de ser presentado en el Congreso el 20 de julio. Hasta el momento, la iniciativa para promover la representatividad de las mujeres y personas afro es prometedora para garantizar la equidad en la justicia y sus instituciones. De ser aprobada, la tarea por la inclusión no termina: la defensa de la pluralidad y la lucha contra el racismo y la dominación masculina deben invitar a la justicia a trabajar continuamente desde una perspectiva interseccional, que involucre las distintas opresiones que las mujeres y personas racializadas sufren, como la situación socioeconómica vulnerable y la diversidad sexual y de género. De esta forma, la representatividad lograría responder a las necesidades de las comunidades de manera contextual y la justicia podría revisar las prácticas que promueven la discriminación en sus instituciones.