Están perdiéndose instrumentos para evaluar la seguridad

Colombia, a nivel de América Latina, es uno de los países que más avances ha tenido en materia de manejo de la información sobre violencia, delincuencia y problemas de convivencia. La Policía Nacional, La Fiscalía General de la Nación, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuentan con importantes sistemas de información e investigaciones que permiten hacer seguimiento a estos problemas y a las políticas públicas que ejecutan las autoridades de seguridad y justicia nacionales y territoriales (alcaldías y gobernaciones).

De manera complementaria e importante se ha avanzado en distintas encuestas nacionales y locales sobre percepción de seguridad, victimización, confianza ciudadana en las instituciones de seguridad y justicia; y en torno a temas de convivencia y cultura ciudadana. En este último campo hay que destacar los esfuerzos privados de las cámaras de comercio, de los programas Cómo Vamos, que se llevan a cabo en varias ciudades, y de Corpovisionarios. En esta línea se destaca el trabajo que desde 2012 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) viene haciendo con la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Los avances importantes en el manejo y difusión democrática de la información, los instrumentos fundamentales para la gestión de la convivencia y la seguridad de los ciudadanos hoy están en riesgo, por decisiones erradas.

Desaparece la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 

En 2004 el entonces director del Dane, el doctor Cesar Caballero, había realizado un importante trabajo para el análisis y seguimiento de la seguridad ciudadana y de la política pública en esta materia. Elaboró, ejecutó e iba a hacer pública la primera encuesta sobre este tema, denominada “Primer Gran Estudio sobre Delincuencia Urbana” y ante la orden de Palacio de Nariño de no hacer público los resultados de este gran trabajo, renunció, dejando claro que:

“Siempre he entendido que mi primer deber consiste en velar por la entrega de información con el máximo rigor técnico y la mayor transparencia posible. He consultado los canales pertinentes, he presentado la información en las instancias técnicas correspondientes, pero, muy a pesar mío, he recibido una orden que moralmente me siento incapaz de cumplir”.

Con esta orden irracional y antidemocrática del Palacio de Nariño durante el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, y con la renuncia de Caballero, se frustró un gran avance en materia de gestión de la seguridad a nivel de país. Y solo hasta 2012 se enmendó ese gran error, cuando nuevamente el Dane, en conjunto con la Alta Consejería para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, llevó a cabo la primera Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Ecsc). Esta comenzó a producir información estadística valiosa sobre las dinámicas delictivas asociadas a problemas de seguridad tales como: hurto a residencias, hurto a personas, hurto a vehículos, riñas o peleas y extorsión, así como sobre la percepción de seguridad. 

Esta encuesta, que hasta el 2022 hacía análisis detallados sobre estos temas, tuvo una cobertura nacional desagregada entre cabecera y resto (centro poblado y rural disperso) y cabecera de cada una de las siguientes ciudades: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pasto, Pereira y Villavicencio. Era un instrumento importante para el análisis y gestión de la seguridad y la convivencia en el país y en las ciudades seleccionadas.

Hoy parece que esta importante encuesta volvió a desaparecer bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro. No hay noticia desde finales de 2022 de la encuesta. En 2023 no se aplicó y sería un gran error que otra vez se desapareciera, dejando sin este valioso instrumento la gestión, evaluación y seguimiento de la política pública de seguridad y convivencia. También para el conocimiento en general de este importante tema de desarrollo y bienestar ciudadano.

De ser así, las veedurías ciudadanas en materia de seguridad y convivencia, los centros especializados en estos temas, las universidades, los académicos, los expertos, los ciudadanos y sociedad en general pierden este avance logrado desde 2012, se pierde la transparencia de las cifras de violencia y delincuencia que no se pueden contrastar con la percepción ciudadana sobre la seguridad y la convivencia, la victimización y la valoración de la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad y justicia 

Esta situación pone en evidencia, una vez más, los retrocesos en materia de acceso libre y democrático de los ciudadanos a la información y saber que está pasando en uno de los temas más importantes que tiene el país, como la seguridad de los ciudadanos. Ojalá sea un error y se enmiende rápidamente por parte del gobierno nacional y en particular del Dane, con la aplicación de la encuesta este año y la continuidad de este gran instrumento que permite el seguimiento y la evaluación de la gestión de la política de seguridad y convivencia. 

Menos homicidios: sin registrar algunos

La decisión que ha tomado la Policía de no reportar los homicidios dolosos por uso legítimo de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad del Estado, los casos que suceden en legítima defensa ciudadana y los homicidios preterintencionales –donde no hubo intención de cometer el homicidio– hace que se presenten importantes diferencias con las cifras que tiene Medicina Legal y, por tanto, la Fiscalía.

Esta decisión de la Policía no solo no permite contar cifras ciertas y confiables sobre la violencia homicida en el país, sino que se adelanta de manera irregular a una calificación de las muertes violentas que solo pueden tomar los jueces, previamente el estudio de las pruebas periciales que presenten los fiscales. Son ellos los que determinan, en el caso de los homicidios, si hubo o no dolo. Aquí hay que recordar que en los famosos “falsos positivos” todas las víctimas fueron presentadas como dadas de baja en combate, como producto de “uso legítimo de la fuerza”. Igual sucede con algunos casos de legítima defensa, donde después se comprueba que sí hubo intención de asesinar, que hubo dolo. Por otro lado, se menciona otros homicidios que no se reportan y que los denominan “decesos” y es la víctima baleada, apuñalada o golpeada que muere días después en un hospital por problemas graves de salud que le produjeron las lesiones sufridas.  

Como se puede ver en la siguiente gráfica, las diferencias de las cifras entre la Policía superan los quinientos casos anuales: 

Al analizar detenidamente las diferencias de las cifras de los dos últimos años, preocupa que hoy haya un mayor subregistro si se tiene en cuenta que: 

• En los años anteriores la diferencia de cifras, donde la Policía registraba más homicidios en Colombia, era comprensible si se tiene en cuenta que esta institución tiene presencia en todos los municipios de Colombia y, por tanto, registra de mejor manera los casos de homicidios. Medicina Legal no tiene esa cobertura en todo el país y no alcanza a registrar todos los hechos. Antes de 2002 la Policía tenía una diferencia que superaba los 600 homicidios anuales frente a los datos de Medicina Legal, como puede verse en la gráfica. 
• En 2002, cuando la Policía comenzó a hacer algunas exclusiones de homicidios, casi se igualaron las cifras y en 2003 las cifras de Medicina Legal superaron el reporte de la Policía en más de 500 casos. Entonces, cómo explicar esa diferencia tan alta del año pasado si Medicina Legal no tiene presencia en todo el país. 

Podríamos estar ante un subregistro más alto de homicidios en el país, lo que dificulta no solo el análisis de este grave problema, sino su solución. 

La eliminación de la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana por parte del Dane y el no reporte de algunos homicidios por parte de la Policía pone en entredicho los resultados de la gestión de la seguridad y la convivencia en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Igualmente, acaba con los avances que en materia de gestión de la seguridad había logrado el país en los últimos años, en lo que tiene que ver con la confiabilidad, transparencia y el acceso democrático a la información de violencia y delincuencia.