Daniel Wiesner.
Daniel Wiesner.

En noviembre del año pasado, el gobierno nacional creó el Fondo para la Vida y la Biodiversidad (Fpvb) y le asignó, inicialmente, el 80% del recaudo por el impuesto al carbono. El fondo busca financiar los pagos por servicios ambientales (PSA) y otros programas de conservación, con énfasis en 13 núcleos de deforestación. La noticia es buena, pero hay un problema: el 50% del recaudo del impuesto nacional al carbono antes se destinaba a la financiación del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis). Ahora al Pnis solo le quedará el 20% de ese recaudo.

Es decir, para fortalecer programas como los PSA, que se financiarán desde el Fpvb, el gobierno está desfinanciando la implementación del punto 4 del Acuerdo de Paz. Esto es, posiblemente, un paso más en el camino de incumplirle a las cerca de 100 mil familias que en su momento firmaron los acuerdos de sustitución voluntaria en el marco del Pnis. 

Aunque el Pnis no ha sido una herramienta muy efectiva para luchar contra los cultivos ilícitos, con la prohibición de la fumigación aérea y los problemas múltiples de la erradicación manual forzada, la sustitución voluntaria es prácticamente el único instrumento que el gobierno tiene para atender el tema de la coca. Si se debilita la sustitución voluntaria, es previsible que el área sembrada con coca siga aumentando —ya vamos en 230.000 hectáreas—, con lo que se fortalecerán los grupos armados que controlan el territorio y administran el narcotráfico.

El fortalecimiento de los grupos armados al final alimenta un círculo vicioso que dificulta la conservación de la biodiversidad. Como han denunciado varios medios de comunicación, la deforestación se ha convertido en una ficha de negociación para las disidencias de las Farc, que dan la orden de conservar o tumbar el bosque, según les convenga para presionar al gobierno en las mesas de diálogo de la paz total. Lo mismo pasa con los PSA, mecanismo que los grupos armados apoyan o prohíben, según la situación política.

El Fpbv puede hacer eficiente la inversión de los dineros que el gobierno, la cooperación internacional y el sector privado aporten para la conservación de la riqueza natural del país. No obstante, el éxito del Fondo de Biodiversidad y los esquemas que financia (PSA y otros) depende de que el gobierno cumpla primero sus funciones básicas. Si el Estado no tiene el monopolio del uso de la fuerza, si los territorios en los que operan los esquemas de pago por conservación están en manos de bandas criminales que aplican su propia ley, es difícil pensar que la creación de un fondo o la inversión de recursos pueda tener los resultados esperados.

Por el contrario, los mecanismos de transferencias de efectivo condicionadas —categoría en la que están los PSA—, cuando operan en escenarios en los que el Estado no tiene el control territorial, pueden poner en peligro a los beneficiarios. O, peor aún, los actores armados pueden capturar los recursos de los programas. Eso sería el peor escenario: la plata del impuesto al carbono financiando a las disidencias. Ya ocurrió antes con el Pnis. En varias zonas, los beneficiarios de la sustitución fueron extorsionados y amenazados por los grupos armados, que les impedían participar o les quitaban los recursos.

El gobierno debe realizar una intervención integral en los núcleos de deforestación. Para que sean efectivos, los PSA del Ministerio de Ambiente deben estar acompañados de intervenciones de la fuerza pública, la Fiscalía y el aparato judicial que desmonten las cadenas criminales que controlan la deforestación y el acaparamiento de tierras.