Camilo García Duque.
Camilo García Duque.

Durante el pasado 29 y 30 de mayo, se realizó en Medellín el evento Innovation Land 2024, un espacio que ha ido consolidándose como el principal foro de discusión de diferentes temáticas relacionadas con la innovación en el país y que en esta edición contó con un panel de expertos con el sugestivo título: “¿Qué tiene pasar para que Colombia pase del puesto 66 en el Índice global de Innovación al top 10?

En este espacio se discutieron algunos elementos clave que dan luces sobre la provocadora pregunta. Sin embargo, vale la pena profundizar sobre algunos de los resultados más relevantes que el Índice Global de Innovación (GII, por sus siglas en inglés) revela sobre el desempeño del país en esta materia.

El Índice Global de Innovación (GII)

El GII es una clasificación anual realizada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ompi), la Universidad de Cornell y el Instituto Europeo de Administración de Negocios (Insead) que ubica a los diferentes Estados de acuerdo con sus capacidades y resultados en innovación. Para ello, el GII busca mapear el comportamiento de alrededor de 80 indicadores para proporcionar un análisis integral del desempeño de la innovación en aproximadamente 132 economías. 

Por supuesto, no faltan críticos al enfoque del GII que señalan la rigidez de sus variables de medición, los sesgos en su diseño metodológico que tiende a enfatizar aspectos propios de las dinámicas de innovación de las economías más desarrolladas, entre muchos otros aspectos. Sin embargo, a falta de mejores instrumentos, el GII nos ofrece información valiosa para entender nuestro desempeño en la innovación y compararnos con otros.

Desempeño de Colombia en el GII

En la última edición de este instrumento, realizada en el 2023, Colombia ocupó el puesto 66 entre 132 economías, manteniéndose en la misma posición del año anterior. Sin entrar a revisar en profundidad todas las dimensiones del índice, es importante tener en cuenta que, de acuerdo con este, el país se enfrenta a importantes retos en áreas como las instituciones, el capital humano, las capacidades para la investigación, la infraestructura, y la sofisticación empresarial y de los mercados.

Fortalecer estas dimensiones es fundamental. Aunque sobre este tema se han realizado análisis de sobra, atender a las necesidades de un entorno político que genera desconfianza para las inversiones en innovación, que en esencia se benefician principalmente de esfuerzos de mediano y largo plazo, resulta vital. Según el GII, factores como la estabilidad política, la eficacia del gobierno y la calidad de las regulaciones son determinantes para el desarrollo de un entorno favorable para la innovación.

Atender los desafíos en calidad y cobertura del sistema educativo colombiano (incluyendo la educación terciaria), es esencial para fortalecer las capacidades del talento humano (puesto 81 en el GII) que el país requiere para realizar actividades de investigación y desarrollo con relevancia industrial. 

De acuerdo con el Banco Mundial, Colombia invierte solo el 0.24% de su Producto Interno Bruto (PIB) en investigación y desarrollo (I+D), una cifra muy por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). Esto evidencia la necesidad de generar esquemas de incentivos y mecanismos que aseguren colaboraciones academia-industria en el largo plazo.

Requerimos con urgencia hacer entender a nuestros gobernantes y diseñadores de políticas que avanzar en el grado de penetración y apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), no es lo mismo que promover la innovación. El Informe de Competitividad Global, que ubica a Colombia en el puesto 67, evidencia que, pese a los avances en la adopción de las TIC, aún enfrentamos grandes desafíos en la capacidad de innovación de las empresas y en su aprovechamiento efectivo. Más computadores, sin el talento, las competencias y la mentalidad para la innovación, no son la solución milagrosa para convertir una sociedad anclada en sectores económicos tradicionales en un nuevo “valle del software”. Crear costosos centros para el diseño de políticas públicas tampoco.

Como muestra el GII, Colombia enfrenta desafíos enormes para convertir sus inversiones en productos y tecnologías innovadoras. En este ámbito, resulta evidente que la repetición de las mismas estrategias durante varios años no ha producido impactos significativos en el desempeño innovador de la sociedad y las empresas. El camino de Colombia hacia la innovación se ve obstaculizado por desafíos que impiden convertir sus inversiones en tecnologías y productos innovadores, impactando negativamente su producción general de innovación.

¿Qué podríamos hacer diferente?

Una primera propuesta tiene que ver con “deselitizar” el lenguaje y la cultura de la innovación como un asunto exclusivo de las grandes empresas y los sectores más sofisticados, haciéndolos más accesibles para pequeñas empresas y comunidades. La cultura de la innovación debe tener un alcance más “terrenal”, humano y social. En ese contexto, actores como las universidades, las empresas y el sector público pueden generar contribuciones significativas. Ejemplos de esto existen de sobra y pueden encontrarse en diferentes iniciativas de innovación social e innovaciones de base (grassroots innovations).

Por otra parte, el sistema de financiación para actividades de ciencia, tecnología e innovación, bajo el cual se da soporte a proyectos de naturaleza diversa y a esfuerzos aislados sin una mirada integradora de los grandes problemas sociales, económicos y ambientales del país, ha probado su obsolescencia. Algunos de estos grandes derroteros ya han sido planteados en ejercicios como la Misión de Sabios, pero cada año esta visión se pierde entre la escasa financiación a pequeños proyectos. Las grandes agendas de I+D toman tiempo en consolidarse y aunque tanto funcionarios como encargados del área de finanzas de algunas empresas no lo entiendan, estamos hablando incluso de horizontes temporales que, dependiendo del sector de actividades, pueden superar una década. 

En ese contexto, un abordaje plausible y efectivo puede encontrarse en movilizar esfuerzos de diferentes actores para atender algunos de los retos más apremiantes del país. Por ejemplo, Colombia cuenta con amplias zonas rurales en las que existen enormes obstáculos para la prestación del servicio de energía, afectando, de acuerdo con datos de Promigás, a más de 9.6 millones de personas (18,5% de la población), que se encuentran en condición de pobreza energética (población que no puede suplir necesidades humanas básicas usando la energía adecuada). 

¿Qué tal si empezamos por trabajar en acelerar soluciones innovadoras en temas como este, con horizontes temporales de mediano y largo plazo, y donde sería posible apalancar inversiones considerables mediante esquemas de asociaciones público-privadas, el uso de instrumentos poco aprovechados como la compra pública de innovación, y los areneros o zonas de tratamiento especial para la prueba de tecnologías y esquemas de producción y consumo?

Por lo pronto, esperemos que, con la llegada de nuevas administraciones locales a los diferentes municipios y departamentos de Colombia durante este año, poco a poco podamos movilizar esfuerzos para potenciar el capital humano, fortalecer los lazos entre los actores de la cuádruple hélice, y avanzar hacia la implantación de una cultura de la innovación más incluyente y orientada al largo plazo.

Miremos el GII el otro año, y el siguiente, y el siguiente, e iremos encontrando cada vez más ideas, y ojalá menos de lo mismo.