Cumplir incumpliendo: el proyecto de ley sobre violencia de género

Varios representantes a la Cámara, liderados por Heráclito Landínez, del Pacto Histórico, ignoran recomendaciones de ONGs expertas y pisan el acelerador a un proyecto de ley que debía proteger a las víctimas de violencia de género digital pero las termina desprotegiendo.

En 2022, la Corte Constitucional hizo un exhorto para que el Congreso reglamentara la “prevención, protección, reparación, prohibición y penalización de la violencia de género digital”. La Corte reiteró ese exhorto en 2023 cuando encontró que este fenómeno también afectaba a las mujeres periodistas. Hoy, con un proyecto de autoría de Clara López y con ponencia ahora de Heráclito Landínez, el Congreso tramita un proyecto de ley que dice cumplir con estas peticiones de la Corte, pero realmente desprotege. Cumplir incumpliendo.

La violencia de género en línea tiene muchas formas, pero los casos tratados por la Corte en las sentencias que hacían el exhorto eran sobre dos de las formas más frecuentes y graves. La primera involucraba la grabación no consentida de un video de las partes íntimas de una mujer y su difusión en WhatsApp. La segunda se refería a la estrategia de varios partidos políticos de armar campañas de desprestigio contra las mujeres periodistas que publican cosas que a ellos no les gustan. 

En su libro “Recuperar tu nombre”, Juan Álvarez habla de un fenómeno bastante cotidiano de las políticas públicas colombianas: el cumplir a partir del incumplimiento. Varios habrán escuchado la historia: una entidad pública que quiere mostrar resultados y cambia la forma en que los mide; otra entidad que recibe una orden judicial para atender una emergencia y busca mostrar que cumplió a partir de actividades no relacionadas con la orden. Eso es lo que pasa con este proyecto de ley: dice cumplir un exhorto pero se va por las ramas, crea institucionalidad paquidérmica e inútil y, de paso, crea huecos que en el futuro podrían usarse para abusos. 

Las sentencias que exhortan al Congreso a crear este proyecto de ley hacen referencia a que esta norma incorpore recomendaciones de las Naciones Unidas y de la OEA. No obstante, como se cuenta en un comunicado de 18 organizaciones* feministas y organizaciones dedicadas a temas de derechos humanos en Internet, el proyecto de ley está lleno de errores que lo hacen insalvable y que deba ser archivado. La codirectora de la Fundación Karisma, Catalina Moreno, detalló estos problemas en una columna de hace un par de semanas. La renuencia de los congresistas parece otro episodio del Pacto Histórico diciéndole a las organizaciones feministas que ellas no saben de feminismo, pero ellos sí. Heráclito nos hace bañar en el mismo río de siempre.

Acá unas líneas rojas del proyecto de ley: 

El monumento a la burocracia

Primero, el proyecto establece la creación de un “Comité rector” conformado por 13 entidades públicas y representantes de organizaciones de la sociedad civil. 

Este monumento a la burocracia se reunirá una vez al mes y su propósito es el de adoptar medidas de protección en distintos ámbitos: laborales, políticos, físicos, entre otros. Esto, en la práctica, implica que la gente que necesite atención de emergencia pueda quedarse esperando a su día en el Comité mientras los efectos de la violencia en línea siguen cayendo sobre ella. 

Este paquidermo va de la mano de varios artículos redactados de formas amplias y difusas, diciendo que se “podrán” adoptar medidas de urgencia, que miembros de uno u otro sector (sin dar nombres concretos) tomarán distintas acciones. Nunca se dice cuáles son las distintas medidas o acciones. Esto, en la práctica, puede terminar en una tirada de pelota, o en decir que se cumple la ley con lo que ya se tiene.

Lo anterior está acompañado de la creación de una plataforma virtual que tiene riesgos graves de inefectividad con personas sin acceso a Internet, o con acceso limitado, y que puede llevar a revictimizaciones por la subida de evidencia. Otro caso de funcionarios del Estado dejándose deslumbrar por la palabra “tics”.

¿El cambio de enfoque para censurar?

Durante el primer debate en Cámara, el ponente Heráclito Landínez dijo que “este proyecto de ley se basa en la violencia digital contra las personas, cuando se les viola su derecho a la intimidad, ya sea en sus actividades privadas o incluso en actividades públicas, por temas sociales, culturales, laborales e incluso políticas, contra algunos actores políticos”. 

Esto vino acompañado de cambios sutiles en la redacción, como decir que este proyecto ya no es para “asegurar una vida libre de violencias por razón de género en entornos digitales” si no para “asegurar el bien jurídico tutelado de la intimidad”. Esto significa irse por las ramas, no focalizar las políticas públicas en quienes se consideraban más vulnerables según las sentencias de la Corte y, por el mismo camino, abrir el campo para que cualquier persona, como un político, alegue que está siendo víctima de este tipo de violencia cuando les digan algo incómodo que sea tangencialmente íntimo.

Otra puerta para la censura

El proyecto de ley crea un delito que castiga la difusión, distribución o intercambio no consentido de “fotografías o videos” con “material íntimo”. Algunas de las personas involucradas en este proyecto de ley dicen que esto “claramente no está previsto para censurar temas políticos”. Lo mismo se dice de la injuria y la calumnia: delitos que, se supone, no están hechos para censurar, pero son una de las principales herramientas de los poderosos. Las normas que castigan la libertad de expresión y que se redactan de forma ambigua son siempre aprovechadas para censurar acá y en todo el mundo. 

Uno de los eufemismos que están usando los promotores del proyecto de ley es que nada de esto es inconstitucional. Aunque esto es debatible, estas personas ignoran que no hay nada más dañino que una política pública inútil. Reiterar funciones, crear burocracia dispersa y sin estructuras claras, irse por las ramas, etc., no es proteger. Es cumplir incumpliendo.

Estas y otras observaciones están siendo ignoradas por Landínez y por el equipo de congresistas impulsando el proyecto de ley. Algunos han accedido a incluir cambios cosméticos, pero la verdad es que este proyecto debería ser archivado. 

*Una de esas organizaciones es El Veinte, ONG que codirijo.