Sandra Balanta Cobo, de la Red Amassuru.
Sandra Balanta Cobo, de la Red Amassuru.

Esta columna fue escrita por la columnista invitada Sandra Balanta Cobo.

Stefanny Barranco y Natalia Vásquez fueron asesinadas en Bogotá el 29 y 30 de mayo por hombres que fueron sus parejas. Gracias a la atención de los medios de comunicación, a los testimonios de personas cercanas y a lo que las grabaciones revelan, se sabe que las dos fueron abordadas por sorpresa y en el escenario de una discusión brutalmente agredidas a la vista de personas que no pudieron hacer nada porque los ataques fueron mortales. Stefanny tenía 32 años y Natalia 31. La resonancia que han tenido estos dos casos es una ocasión para hablar de la violencia contra las mujeres y mostrar algunas cifras consolidadas. 

Al ser el feminicidio la primera hipótesis delictiva que se debe seguir ante la muerte violenta de una mujer, los datos de homicidios de mujeres del Instituto de Medicina Legal sirven para tener un panorama sobre la situación en el país. Para el 2022 se presentaron 1.080 homicidios de mujeres en Colombia, una cifra mucho menor que los homicidios de los hombres (12.846), y muy por encima del total de homicidios de mujeres de países con población similar como Argentina, España o Kenia. Los datos del Instituto también permiten acercarse a las características de estas mujeres y tener un perfil de ellas: la mayoría de las víctimas eran jóvenes, el 47% tenían entre 18 y 34 años; el 42% tenían bajos niveles educativos (solo la primaria o ningún nivel educativo); el 44,5% eran solteras; 5,2% eran afrodescendientes o indígenas y 7,7% eran mujeres nacidas en Venezuela. Los homicidios ocurren en entornos de confianza para las mujeres: el 39% de ellas se encontraban en sus viviendas al momento del hecho y el homicida fue una persona de confianza en el 36,9% de los casos  (23,4% la pareja o la expareja, 6% otro familiar y 7,5% un conocido o amigo).

La mayoría de estos homicidios y feminicidios ocurren por fuera de los radares mediáticos y afectan a las mujeres en mayores condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, una investigación que analiza los homicidios de mujeres entre 2009 y 2019 en Cali, una ciudad que tiene un patrón marcado de segregación residencial, económico y racial, muestra que el 35% de los casos se concentraron en cuatro comunas del oriente de la ciudad.  Comunas que son vecinas entre sí, que exhiben los peores indicadores sociales y económicos y que agrupan principalmente a población y mujeres afrodescendientes con altos niveles de vulnerabilidad.

Las investigaciones y el análisis de los datos también permiten comprender las razones subyacentes o factores explicativos para la ocurrencia de los feminicidios. Entre los factores que pueden hacer más vulnerable a una mujer ante un feminicidio se encuentran estar embarazada, tener un hijo de una relación anterior y haber sido víctima de violencia de pareja previamente. Y entre los factores que ayudan a explicar la conducta feminicida del agresor se encuentran: estar desempleado, tener problemas de salud mental, haber agredido previamente a la pareja y tener un arma de fuego. Aquí es importante señalar que aunque la tenencia de armas no es por sí misma el hecho causante de los feminicidios, que hombres violentos tengan fácil acceso a armas aumenta la probabilidad de que estas puedan ser usadas en una eventual situación de violencia intrafamiliar o de pareja, y que, por lo tanto, el desenlace sea fatal; las mismas cifras de Medicina Legal indican que las armas de fuego son las responsables del 57,8% de los homicidios de mujeres. 

Un elemento en común entre los factores detonantes para ser víctima o victimario es la presencia de violencia de pareja y en esa medida, los datos de Medicina Legal ofrecen luces sobre la gravedad del asunto en el país. La institución  elabora una valoración del riesgo de violencia mortal a partir de la información recabada de las mujeres que acuden al reconocimiento médico legal por violencia de pareja o exparejas. Los resultados indican que de las 11.749 valoraciones realizadas en 2022, el 21,6% corresponde a riesgo grave y el 37,7% a riesgo extremo. También desde la misma institución se estimaron para 2023 casi cuarenta mil eventos de violencia intrafamiliar. 

Cuando ocurre un feminicidio, las características de la víctima, la crueldad del suceso o el lugar de ocurrencia determinan la atención de los medios y en consecuencia, el interés social. Pero más allá de eso, es un asunto complejo y doloroso que como sociedad nos debe interpelar todo el tiempo. Es un fenómeno que tiene múltiples causas y por esa razón los abordajes que se requieren son amplios, integrales y de largo aliento. Para que las mujeres podamos ejercer nuestro derecho de vivir una vida libre de violencias, necesitamos políticas y estrategias que apunten a garantizar condiciones sociales y económicas dignas; instituciones que comprendan la importancia de incorporar el enfoque de género e interseccional en sus procedimientos y deconstruir los modelos machistas y patriarcales donde la violencia contra las mujeres y niñas se encuentra naturalizada. 

Sandra Balanta Cobo

Economista y magíster en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo, investigadora en asuntos de género, cuidado y desarrollo, y miembro de la Mesa de Economía Feminista de Cali y de la Red Amassuru, Colombia.