En la crisis de feminicidios las migrantes son las más vulnerables

Esta columna fue escrita por la columnista invitada Catalina Vargas Villamarín.

El feminicidio en Colombia acaba con la vida de cientos de mujeres cada año a lo largo y ancho del territorio. Este fenómeno –que es el asesinato de mujeres por razones de género– se ha convertido en una de las expresiones más extremas de la violencia. En los últimos años, las cifras muestran un aumento crítico en la incidencia de estos crímenes, lo que refleja una profunda crisis de derechos humanos y seguridad para las mujeres. En este contexto, las mujeres migrantes y refugiadas enfrentan riesgos y barreras adicionales para acceder a mecanismos efectivos de protección y justicia, encontrándose expuestas a una situación de mayor vulnerabilidad.

Según Migración Colombia, se estima que en el país hay al menos 2,8 millones de personas migrantes provenientes de Venezuela, de las cuales más de 500.000 cuentan con un estatus irregular. Al menos el 52% son mujeres que pueden enfrentar barreras significativas para el acceso a servicios básicos, mercado laboral digno y medios de vida sostenibles. 

En este escenario, las mujeres migrantes enfrentan un riesgo mayor de violencia, incluidas formas extremas como el feminicidio. Dentro de los factores de riesgo particulares que refuerzan la exposición a las violencias están: el estatus irregular que aumenta la vulnerabilidad, la dependencia económica de sus parejas, el desconocimiento de sus derechos y rutas de atención, así como las barreras institucionales que en ocasiones obedecen a estereotipos y discriminación y la falta de redes de apoyo comunitarias y familiares, entre otras.

Solo en el año 2023, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Violencias Basadas en Género (VBG), en Colombia se presentaron alrededor de 137.000 casos de VBG, de estos, más de 7 mil ocurrieron en mujeres migrantes y refugiadas. En ese marco, el feminicidio representa una proporción alarmante; según cifras del informe “Vivir Sin Miedo” de Pares, fueron registrados en ese mismo año, alrededor de 630 casos de feminicidios, lo que equivale a un promedio de casi dos asesinatos por día. 

Y solo en los primeros 4 meses del 2024, han sido registrados por el observatorio, 271 casos de feminicidio y 193 intentos. Estos datos muestran que las políticas y programas actuales no logran frenar la escalada de violencia contra las mujeres.

En este panorama, las mujeres migrantes, especialmente venezolanas, han enfrentado un aumento desproporcionado de casos desde el 2022. En concordancia con las cifras reportadas por el Centro de Justicia y Paz de Venezuela (Cepaz), que reporta que Colombia concentra al menos el 53,3% de asesinatos de mujeres venezolanas en el exterior, el país es uno de los más inseguros de la región para las mujeres migrantes. 

La respuesta del gobierno colombiano a la crisis de feminicidios ha incluido la creación de nuevas estrategias y programas para la protección de las mujeres, derivadas de la declaración de emergencia por las VBG, en el marco de la emisión del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294) que vincula, la creación de cuerpos especializados para la atención, como la patrulla púrpura de la Policía Nacional, el fortalecimiento de la activación de protocolos y rutas de atención, la puesta en marcha de planes de sensibilización y capacitación al personal de la rama judicial y demás entidades competentes, en el enfoque de género, entre otras, así como la creación del Ministerio de la Igualdad y su responsabilidad en la operativización y funcionamiento del Mecanismo nacional y territorial de articulación para la prevención y atención de las VBG. 

Sin embargo, la puesta en marcha de estas iniciativas ha sido desigual en los niveles territoriales, con una brecha evidente en la incorporación de un enfoque sensible a la migración que mitigue las barreras de acceso a mujeres migrantes, especialmente cuando cuentan con un estatus irregular. Por lo tanto, en la práctica, son insuficientes para brindar una protección efectiva. Esto refuerza el hecho de que los avances en la difusión de información clave y de atención para con servicios dignos y humanizados de protección de sobrevivientes a VBG ha estado bajo la responsabilidad de las organizaciones de cooperación internacional y de mujeres y no del Estado. 

A pesar de que la Fiscalía General de la Nación ha reportado avances en la investigación y sanción de casos de VBG, de acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación, para el año 2023, del total de casos de feminicidio denunciados, el 54,1% se encuentran en fase de indagación (etapa inicial), el 8,6% en investigación, el 47,3% en etapa de juicio y el 7,3% en proceso de ejecución de pena. Lo anterior, implica que, en su mayoría, los casos están en una fase muy preliminar y que solo el porcentaje más bajo se encuentra en etapa de ejecución de una condena efectiva; concluyendo, tal y como lo dice la Fundación, en la consecución de un escenario con riesgo alto de impunidad. 

Con este escenario complejo e inseguro para el ejercicio de los derechos humanos y la ciudadanía plena de las mujeres en Colombia, deben redoblar los esfuerzos  para abordar la crisis de VBG y feminicidios desde un ángulo integral e interseccional. Hay que considerar las barreras, realidades y necesidades particulares de las mujeres migrantes y refugiadas. 

Desde esta perspectiva, Care Colombia, como ONG internacional, ha venido trabajando en el país desde el año 2019, garantizando la implementación de un modelo de protección que vincula la prevención, mitigación de riesgos y respuesta a las VBG en mujeres migrantes, víctimas del conflicto armado y de las comunidades de acogida vulnerable, con un alcance de más de 100 mil personas en cinco departamentos. En ese marco, a partir de procesos de recolección de información con herramientas como el Análisis Rápido de Género, se ha identificado la importancia de usar diferentes medidas relacionadas con:

1. El fortalecimiento de los mecanismos de protección legal que garanticen la implementación de los marcos normativos y rutas de atención de manera efectiva a todas las mujeres, independientemente de su estatus migratorio.
2. Garantizar que las instancias de coordinación institucional (como los mecanismos articuladores nacional y territoriales) prioricen la recopilación de datos, la actualización y construcción de rutas intersectoriales con enfoque de derechos humanos y sensible a la migración, la vinculación de las organizaciones de mujeres para la identificación de barreras y recomendaciones, entre otras. 
3. Por su parte, las alcaldías y gobernaciones tienen la responsabilidad de fortalecer los mecanismos regionales de género, con la consolidación de secretarías y la inyección de recursos que derive en la adecuación de políticas públicas más efectivas para la prevención y atención de las VBG. La importancia de desafiar normas sociales y promover procesos de transformación socioculturales que favorezcan cambios en las relaciones de poder y los sistemas de desigualdad. 
4. Reconocer que Colombia cuenta con un contexto de múltiple afectación con crisis humanitarias por flujos migratorios mixtos, conflicto armado y  riesgos asociados al cambio climático,  que se traslapan, y exacerban los factores de riesgos de VBG. Los impactos desproporcionados de estas crisis son enfrentados principalmente por las mujeres, niñas y población Lbtiq+, por tanto, es clave contar con una respuesta coordinada y oportuna que responda a estas necesidades particulares.

Se trata de un llamado a la acción y visibilidad para garantizar una vida libre de violencias para todas las mujeres y niñas en Colombia.