Bajar impuestos en un ajuste fiscal presiona las finanzas públicas: expertos

“Es bueno reducir la tasa de renta a las empresas, pero el momento político no favorece su aprobación en el Congreso”.

Carolina Soto

Excodirectora del Banco de la República y exviceministra General de Hacienda en el primer gobierno de Santos.

Es bueno que en las medidas planteadas avancemos hacia estándares internacionales y mejores prácticas tributarias, al reducir la tasa de renta a las empresas y con el aumento del impuesto al carbono, que favorece a la transición energética. 

La primera medida no solo contribuye a reducir el costo de uso del capital, que es tan alto en Colombia y nos resta competitividad, sino a la concentración del impuesto a la renta en las empresas. En Colombia cerca del 80% del recaudo de impuesto sobre la renta proviene de las personas jurídicas y solo el 20% de las personas naturales. Lo recomendable es tener la proporción contraria. 

Además, reitera el compromiso del gobierno de cumplir con la regla fiscal y de mantener la disciplina de las finanzas públicas. El ajuste a la regla fiscal, como se ha anunciado, solo elimina la transición para empezar a aplicarla desde el 2025 y no desde el 2026, es decir, la nueva fórmula establecida en la reforma del 2021.

Pero, el momento en el que se está proponiendo es una desventaja. Como son reformas legislativas que deben ser estudiadas y aprobadas por el Congreso, eso aplaza el arranque de su implementación hasta el año entrante, sus resultados no se verán pronto. Esto es contrario a la necesidad de recuperación económica. El ambiente político puede hacer difícil el trámite de los proyectos de reactivación.

Falta un componente importante en el plan de reactivación y es la creación de confianza. La incertidumbre en aumento frente a los cambios legislativos, normativos y regulatorios ha sido otro factor importante en la caída de la inversión que hemos visto desde hace más de un año. El reciente anuncio de una asamblea constituyente dificulta aún más el ambiente para la inversión.

“Los subsidios, incentivos o la inversión estatal directa en sectores específicos son mejores que obligar a los bancos a invertir en esos sectores”.

Luz Karime Abadía

Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana.

La idea de reducir la tasa de impuestos a las empresas es correcta, porque acerca la tasa a la de los países con los que competimos. Atrae y reduce el costo de capital para las empresas colombianas. 

Pero, hay dos grandes preguntas. ¿Cómo se compensará el recaudo perdido por esta reducción de 35% a 30% en las tasas de impuestos de las empresas? Esto puede ser del orden de 13 billones de pesos y podría desestabilizar las finanzas públicas, ya bajo presión. La otra pregunta es ¿esta menor tasa de impuesto será uniforme para todas las empresas?, es decir, ¿eliminarán la sobretasa para las empresas financieras y de explotación de recursos naturales no renovables?

Creo que la propuesta de imposición de inversiones forzosas al sector financiero, o sea, obligar al sector a invertir una parte de los ahorros de las personas que manejan en sectores como vivienda e industria, es inconveniente, pues aumenta el costo de financiamiento. Los créditos podrían ser más caros porque para los establecimientos de crédito y los bancos sería más caro apalancar ese crédito, y acabarían pasando esos nuevos costos a los tomadores de crédito, por ejemplo, a través de la tasa de interés. 

Es por esto que ese tipo de represión financiera –como se le dice técnicamente– ha sido abandonada en todo el mundo como mecanismo de fomento a la inversión y al desarrollo o para dirigir recursos a sectores específicos. Además, hay mejores armas para impulsar la economía, como los subsidios, los incentivos y la inversión estatal directa.

La medida más urgente para impulsar la inversión en Colombia es que haya señales de confianza y certeza de parte del gobierno Petro, para atraer la inversión y frenar la migración de jóvenes que se están yendo a otros países. Hay que dejar los anuncios improvisados por redes sociales. Anunciar una nueva reforma tributaria sin tener claros los detalles no es una buena estrategia económica.

“Es inoportuno que se presente cuando las necesidades de un ajuste fiscal son más evidentes”.

Cristina Fernández

Economista. Exasesora del gerente del Banco de la República y del BID.

En principio, estas medidas parecen ser positivas. Especialmente, la reducción del impuesto de renta a las empresas –que, por ser tan alto, reduce la competitividad del país– y el crédito para reactivar sectores específicos.

Pero, llama la atención que el gobierno presente este plan cuando el marco fiscal de mediano plazo muestra que es necesario un ajuste más grande para enfrentar los menores ingresos que recibió el Estado recientemente¿De dónde va a salir la plata para el plan de reactivación? Hay que preguntar si se espera que el plan sea tan exitoso en el crecimiento que, por sí solo, traiga mayores ingresos tributarios, no solo contrarrestando los costos del plan, sino contribuyendo al ajuste que el gobierno debe hacer sí o sí.

En los gobiernos anteriores, estas apuestas venían acompañadas de estudios juiciosos que estimaban los costos del programa para el gobierno y sus beneficios. Y advertían de sobreestimaciones de ingresos y subestimaciones de gastos, así como de los arbitrajes regulatorios que pueden ocasionar las medidas específicas.

En este caso, los certificados de reembolso tributario que buscan dar subsidios a las empresas exportadoras, pero crearon problemas de corrupción y de contabilidad falsa. Una medida más adecuada sería reducir el costo de los insumos de producción, porque los efectos tienden a ser más equitativos y causan menos distorsiones en el mercado. 

Otra duda es sobre los beneficios de largo plazo de subsidiar el sector turismo, cuando la tasa de cambio es favorable para el sector. Sobreestimular el sector podría causar sobre inversiones y elefantes blancos que son insostenibles en el largo plazo.

El paquete de medidas también incluye obligaciones extra a las empresas en inversiones forzosas para otros sectores (energías limpias, tecnología, salud y educación). Como esto aumenta los costos de las empresas, puede acabar opacando el efecto de otras medidas, como el menor impuesto de renta. 

Hay puntos positivos en el plan de reactivación, pero el aumento de cargas y procedimientos puede ser ineficiente. Es inoportuno que se presente justo cuando las necesidades de un ajuste fiscal son más evidentes.

“Lo ideal sería que la reforma considere una disminución de los impuestos a las empresas ligada a su tamaño. Las grandes siempre se benefician más”.

Mariana Matamoros

Economista. Investigadora en DeJusticia.

Más que disminuir el impuesto de renta para las empresas del 35% al 30%, lo ideal sería que la reforma considere una disminución de la tarifa ligada al tamaño de la empresa. Las grandes empresas son las que más se benefician de las exenciones, deducciones o descuentos. Las grandes empresas pagan proporcionalmente menos impuestos que las pequeñas, mantener una sola tarifa para todo tipo de empresas es regresivo.

Crear beneficios tributarios en ciertos sectores puede crear problemas indirectos de distribución. De nuevo, son las empresas más grandes las que tienden a ganar más con estos instrumentos. Eso tiene el potencial de profundizar en las deficiencias estructurales de nuestro sistema tributario.

El plan debe crear mecanismos de monitoreo y evaluación para garantizar que los beneficios tributarios se usen transparente y equitativamente. Hay que hacer una evaluación exhaustiva de los beneficios tributarios existentes para eliminar los que no cumplen con su objetivo y crear nuevos que sí impulsen la economía local.

Colombia fue uno de los pocos países en el mundo en poner en marcha el impuesto al carbono desde 2016, pero su tarifa actual no refleja el verdadero costo social de emitir dióxido de carbono. Aumentarlo es positivo, aunque debe subir paulatinamente. En simultáneo, hay que incentivar el uso de energías limpias, para que los consumidores no se vean abruptamente perjudicados. 

Es importante eliminar las exenciones del impuesto al carbono, porque también son las empresas más grandes las que acceden a estas. Eso crea dudas sobre la efectividad de las compensaciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y sus efectos en el recaudo de impuestos. 

“Un gobierno sobreendeudado no puede insistir en reactivar la economía endeudándose más”.

Jaime Ahcar

Director del programa de Economía de la Universidad Javeriana de Cali.

Un plan de reactivación económica es apenas lógico en un entorno de estancamiento económico como el actual. Pero, todo plan de reactivación está sujeto a la capacidad de endeudamiento del gobierno que lo ejecuta. Y un gobierno sobreendeudado no puede insistir en reactivar la economía endeudándose más para financiar el aumento del gasto público, porque lo que puede conseguir es estancar más la economía. 

Esto porque los mercados no consideran creíbles las fuentes del ajuste fiscal –que suelen ser por un mayor recaudo debido al éxito de la reactivación o por la vía de aumentos de impuestos en el mediano plazo–. Por ello, optan por no invertir, previendo tiempos peores. La pregunta es: ¿cuál es el grado de confianza que tiene el sector privado en la capacidad del plan de reactivación de ser exitoso?

Si el ambiente sigue siendo que la búsqueda de errores del gobierno prima sobre la construcción de oportunidades entre el sector privado y el sector público, creo que Bonilla debe hacer una lectura realista de la respuesta que espera del sector privado frente a sus planes. 

Si el ejecutivo no percibe una mejora en el clima de confianza inversionista, lo mejor es que concentre el plan de reactivación en que el déficit fiscal no sea mayor al 5.8% del Producto Interno Bruto (PIB) este año. No debe modificar la regla fiscal y en cambio sí centrarse en reducir el déficit a 4.0% en 2025, frenando el aumento del gasto de funcionamiento. 

El gobierno debe optar por por no asfixiar la economía en el presente, pero no llevar a cabo un plan de gastos que puede ser contraproducente en un escenario de falta de confianza, por alto endeudamiento y falta de cooperación política. El resultado sería más devaluación, inflación y una parte más grande del presupuesto para pagar deuda. 

La reducción del impuesto a la renta de las empresas es un buen punto del plan de reactivación, y uno malo son las inversiones forzosas que erosionan la confianza. El gobierno debe dejar de subsidiar el Acpm y defender con argumentos la necesidad de que el Banco de la República baje más decididamente las tasas de interés.

“No hay espacio fiscal para los beneficios que se proponen, ya hay mucha presión por los gastos de funcionamiento”.

Oliver Pardo

Director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

La coyuntura fiscal actual es muy delicada. En 2024 hace falta recortar más de $30 billones de pesos en gastos y no hay espacio fiscal suficiente para los beneficios que se proponen y que significan menos recaudo. Las presiones son muy grandes y difíciles de subsanar, especialmente en gastos de funcionamiento. Para 2025 ya hay una caída en la inversión pública de más del 33%. Por lo tanto, si se recortan más los ingresos tributarios, el recorte de los gastos de inversión tiene que ser aún más dramático. A menos de que el gobierno quiera incumplir con la regla fiscal.

La principal preocupación es que la disminución repentina de la tasa del impuesto de renta para las empresas cause una caída en el recaudo de $13 billones de pesos. Eso son más de 0,8 puntos del PIB. Aparte, los beneficios tributarios para actividades económicas particulares suelen ser regresivos, ya que benefician más a las grandes empresas y no a las micro, pequeñas y medianas.

Es necesario tener más información sobre lo progresivo de darle beneficios tributarios al turismo. Y sobre qué tan amplias serían las exenciones y exclusiones a los productos producidos localmente.

“Están hablando de una reforma tributaria sin tener muy claro por qué es que ha caído el recaudo y cuál es su propósito final”.

Luz María Rivas

Profesora titular de la Escuela de Administración de la Universidad Eafit.

Lo que propone la reforma es contradictorio. La manera en la que proponen reactivar la economía –bajando los impuestos a las empresas– no va a reactivarla porque la demanda está muy contraída y hay bajos niveles de inversión. 

Un empresario no toma la decisión de montar sus proyectos solo porque los impuestos son bajos, sino que toma en cuenta la seguridad jurídica, la estabilidad institucional, hoy hay mucha incertidumbre. Bajar los impuestos no va a hacer que los empresarios inviertan en el país. Además, es complicado prometer bajar los impuestos a las empresas, mientras que el déficit fiscal sigue creciendo.

Las inversiones forzosas encarecen el crédito y disminuyen la rentabilidad del sector financiero, por lo que se aumentan los costos que paga el consumidor. 

Están hablando de una reforma tributaria sin tener muy claro por qué es que ha caído el recaudo y cuál es su propósito final. También hay que sumar lo que dijo Juan Camilo Restrepo, si la reforma arranca en 2026 ¿qué va a pasar con el déficit fiscal hasta entonces? 

Lo positivo es el énfasis en inversiones en energías limpias, en salud, en educación, en vivienda, en tecnología.

“Sería prudente analizar el contexto macroeconómico para no cometer el mismo error que llevó a un estallido social”.

Isidro Hernández

Doctor en Economía. Profesor de la Universidad Externado.

El contexto macroeconómico es importante para hacer una reforma tributaria y no agravar los problemas, como ocurrió en la pandemia. Si la reactivación está basada en reducir la renta a las empresas, el ministro tiene que decirnos qué parte de la sociedad va a cubrir esos menores ingresos.

Las actividades que jalaban la economía han cambiado significativamente en los últimos años. Solo el sector público, por ejemplo, aportaba el 28,8% al crecimiento económico antes de 2019 y entre 2021 y 2023 ese aporte cayó al 8,6%. 

Si hay que reducir en $20 billones de pesos el gasto, eso significa que el gobierno no tiene la capacidad financiera para hacer una política amplia de gasto que mueva la economía. Afortunadamente no estamos en recesión, sino en bajo crecimiento. Si se disminuye el ingreso eso obliga a hacer un nuevo ajuste sobre el gasto público, que ya está contribuyendo menos al crecimiento de la economía.

Antes de la pandemia, el sector financiero contribuía el 10,6% al crecimiento económico, porque la inflación estaba alrededor del 4% y las tasas de interés no estaban altas. Ahora solo aporta el 4,6% del crecimiento, porque para contrarrestar la inflación hubo aumento en las tasas de interés, lo que afecta a ese sector. Como a las personas les sale muy caro endeudarse, la inversión y el consumo se frenan.

Dinamizar la economía y la inversión no depende solo de los impuestos que las empresas pagan, sino de si venden o no. Si venden, invierten, si no venden, no invierten. El efecto compensatorio que habría para mantener el equilibrio de las finanzas públicas llevaría a que los hogares frenaran su demanda.

Sería más prudente analizar con cuidado el contexto macroeconómico y no cometer el mismo error que llevó al paro de 2021.

“La reducción de impuestos a las empresas es una excelente noticia, es una medida diagnosticada como positiva”.

Martín Jaramillo

Director del Centro de Gerencia y Empresa Eafit.

Si estamos cambiando impuestos, es una reforma tributaria, independientemente de como quieran llamarla. Y salvo que hagan un recorte del presupuesto, estaríamos hablando de que sería necesaria una subida de impuestos, porque Colombia ya tiene el presupuesto desfinanciado. Si no se hace algo sobre esto, la regla fiscal va a romperse. Si reducen impuestos en un lado, en otro tendrán que aumentarlos para que les den las cuentas. 

La reducción de los impuestos de la tarifa corporativa de renta es una excelente noticia. Eso lo había propuesto Carrasquilla y estuvo contemplado en la ley hasta que se suspendió en el gobierno de Duque. Es una medida diagnosticada como positiva por la Comisión de Expertos Tributarios y Fedesarrollo.

Sobre los incentivos al turismo, hay que decir que la situación actual de San Andrés se debe a la negligencia de la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Aerocivil del gobierno Petro para regular la competencia del sector, en el caso de Viva Air y de Avianca. Los efectos de esos incentivos no están adecuadamente calculados.

El certificado para las exportaciones, en principio, no suena como una mala idea. En cambio, pasar las inversiones forzosas de pequeñas, como están hoy, a grandes agrava los efectos negativos que tienen sobre la competencia y competitividad del sector. 

El elefante en la habitación es que si la reforma reduce impuestos, de dónde va a salir la plata para tapar el hueco, no han dicho nada sobre esto. Eso es una pésima práctica internacional.

El impuesto al carbono es bajo y hay margen para aumentar. Es el único en el que se ha hablado de aumento, pero lo que se recaude por ese concepto no es ni una décima parte de lo que se espera recortar en otros lados.