La nueva propuesta de apelar al fast-track que hizo ayer el presidente Gustavo Petro ante la ONU es su intento más reciente para sacar sus promesas de campaña con la mínima resistencia de las otras ramas del poder. La diferencia, esta vez, es que tiene el sello de Juan Fernando Cristo, su recién posesionado ministro del Interior.
Desde que Petro rompió su coalición de centro izquierda arrancando su segundo año, Petro ha puesto a circular varias ideas para sacar sus reformas sin que se vean modificadas por una intensa deliberación en el Congreso.
Propuso marchas masivas ante el Capitolio (que no fueron tan masivas y no surtieron ese efecto); propuso una Asamblea Constituyente (pero ningún ministerio trabajó en un borrador de convocatoria); propuso un Referendo; avaló la idea de su excanciller Álvaro Leyva de que podía decretar una Asamblea Constituyente como un desarrollo pendiente del Acuerdo de Paz (y que dejó de mencionar cuando tanto Santos como Rodrigo Londoño negaron haber pactado eso); un poder constituyente (ya nombró a un ministro de Educación que agitará las constituyentes universitarias) y ahora el fast-track.
El fast-track es una figura que se creó con el Acuerdo de Paz con las Farc para sacar las primeras reformas pactadas con la guerrilla para implementar el Acuerdo firmado en 2016. Esto permitió que las comisiones de Cámara y Senado sesionaran conjuntamente y aprobaran un ambicioso paquete legislativo en menos de seis meses. Juan Fernando Cristo, el ministro del Interior de Juan Manuel Santos, fue clave para lograrlo.
Ahora, lo intentará de nuevo con las reformas que no ha podido sacar adelante Gustavo Petro.
Según le dijo ayer el presidente al consejo de Seguridad de la ONU será el mecanismo que utilizará para poder redirigir la plata que ya está comprometida en vigencias futuras para las carreteras a obras de inversión social en territorios azotados por la violencia; para poder sacar adelante el artículo que la entonces ministra de Agricultura Cecilia López denunció como una “expropiación express” y que Petro ve como necesaria para poder entregarles a los campesinos sin tierra las 3 millones de hectáreas prometidas en el Acuerdo de Paz; y para reformar a la JEP para que haya un tribunal de cierre del conflicto que incluya además de los guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, criminales de bandas a los terceros que apoyaron el paramilitarismo. Es una versión del “perdón social” que impulsó en las cárceles su hermano Juan Fernando Petro desde campaña.
Petro no desarrolló el punto de las reformas de salud y educación salvo en una línea sobre la integración del territorio a la Nación en las que las menciona de pasada. Pero seguramente también tratará de incluirlas.
Es decir, el temario de reformas que intentaría impulsar es el mismo que lleva promoviendo hace dos años. Pero hay dos diferencias fundamentales y ambas tienen el sello de Cristo: la primera es que lo haría bajo la sombrilla de implementar el Acuerdo de Paz, en el que sus ejecutorias han sido muy pobres hasta ahora como él mismo lo ha reconocido; y dos, incluyó en el temario el cambio en la distribución del sistema general de participaciones, que será la carta de negociación de Cristo para aunar voluntades en el Congreso y avanzar su propia plataforma política.
La carta ganadora
Cambiar la distribución del sistema general de participaciones ha sido la bandera de Juan Fernando Cristo y su movimiento En Marcha desde siempre. Los tres senadores de ese grupo están impulsando un proyecto de acto legislativo, que ya superó cuatro de ocho debates con mayorías en el Congreso.
Este propone un revolcón al Sistema General de Participaciones. Por un lado, pide aumentar de manera gradual hasta el 2034 del 23 al 46 por ciento el porcentaje de plata que les llega a departamentos y municipios de los ingresos corrientes de la Nación.
Por otro lado, plantea modificar los criterios que usan desde el gobierno nacional para la distribución y priorización de esos recursos del SGP, para que los mandatarios locales tengan más plata y una mayor flexibilidad en su destinación.
Los alcaldes del país se han venido quejando desde hace rato que el Gobierno Nacional cada vez les gira menos recursos porque, además de que no hay plata suficiente, la repartición de los dineros se hace con base en el censo de 2018. En ese censo, según los alcaldes, les han restado habitantes y por ende los recursos han bajado.
“Hoy como están distribuidas las platas es que la Nación les entrega a las regiones entre el 70 y el 80 por ciento con una destinación específica para educación, salud y saneamiento básico”, explica Gonzálo Araújo, experto en el Congreso de la firma de relacionamiento estratégico Orza. “El proyecto de ley genera unas regiones con mayor autonomía en la gestión presupuestal en el gasto de los recursos que recibe de transferencias y a los alcaldes les libera presión. Pueden gestionar más libremente la plata”.
Como este proyecto descentralizará más los recursos de la Nación, es de alto interés para los mandatarios locales y regionales y para sus jefes políticos que suelen ser los congresistas. Más atractivo aún cuando arrancan su tercer año y comienzan a pensar en su campaña reeleccionista.
Es la bandera, además, con la que Cristo se está acercando a las bancadas. Lo mencionó, por ejemplo, en su reunión de esta semana con los gobernadores como parte de lo que tendría el Acuerdo Nacional en el que nuevamente está interesado Petro.
Esta bandera de la descentralización de los recursos que llegan vía el sistema general de participaciones, y que representan entre el 70 y el 90 por ciento de los presupuestos locales dependiendo del tamaño del municipio, también le servirá a Cristo para desinflar la bandera de la descentralización que está impulsando el gobernador de Antioquia, el concejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo y otras figuras más cercanas a la derecha. Es una bandera con buena tracción política en regiones con recursos como la paisa y que podría ahora converger con la idea de meterla en un Acuerdo Nacional.
La pregunta es si le dará a Cristo para sacar adelante un Acuerdo Nacional o, por lo menos, para lograr el consenso necesario para sacar el fast-track.
El proceso del fast-track
Si el presidente quiere apelar a la figura del fast-track tendrá que impulsar una reforma constitucional para lograrlo. Y eso exige una mayoría calificada que le ha sido esquiva hasta el momento.
“El trámite se le demoraría, dándole prioridad, por lo menos 6 meses. Y después tendrían que empezar a tramitar norma por norma”, dice Mario Puerta, abogado que trabajó en el Acuerdo de Paz en el equipo del comisionado de Paz Sergio Jaramillo. “Seguramente tendría muchas demandas. El fast track era parte de la implementación del Acuerdo y la corte podría decir que la oportunidad ya pasó y que no se puede usar un mecanismo extraordinario para tramitar lo ordinario”.
Si logra sacar la reforma constitucional, entonces tendría que impulsar cada norma. Con lo cual antes de un año, por bien que le vaya, no alcanzarían a estar listas.
Hay dos particularmente problemáticas. La de la expropiación express porque cualquier tema que toque la propiedad privada es de difícil aceptación en el Congreso. Y el que en la práctica reemplazaría a la JEP.
La Corte Constitucional ya dijo que incluir a los terceros civiles violaba el principio de juez natural protegido en la Constitución. Por eso, la decisión de la Corte fue que la JEP solo tenía competencia cuando los terceros (como los políticos o los empresarios) se acogieran voluntariamente a este tribunal. Sería difícil para la Corte reversar su propio precedente.
Tampoco es claro para expertos en el tema que el problema de implementación del Acuerdo de Paz dependa de nuevas normas. Como lo han dicho las dos cabezas firmantes –Santos y Londoño– lo que hace falta es voluntad política y capacidad gerencial para cumplir lo firmado.
Con esta propuesta, sin embargo, el presidente consigue que el tema en todo caso siga girando alrededor de puntos diferentes a su ejecución.
