El presidente Gustavo Petro propuso revivir el programa “Jóvenes en Paz” que implementó en la Alcaldía de Bogotá. Con 1.2 billones de pesos tiene la meta de vincular a 100 mil jóvenes a un programa estatal para reducir el riesgo de entrar a la delincuencia, o sacar a los que ya están adentro. El incentivo es una retribución económica de un millón de pesos, con el compromiso de estudiar y/o trabajar.
Este programa ya lo había implementado en Bogotá, cuando fue alcalde de la ciudad. Su idea ahora es llevarlo a todo el país. Empezará el primero de enero del 2023.
El mandatario dijo que el programa permitió la reducción del homicidio y el hurto de celulares, entre otros delitos de alto impacto. Aunque las cifras en su alcaldía no lo respaldan, sí hay otros resultados de iniciativas parecidas que sugieren que el programa puede funcionar.
Sin embargo, el antecedente de Bogotá también muestra que el programa de subsidio es útil para generar una población políticamente fiel y dispuesta a participar en las movilizaciones públicas en apoyo del Gobierno.
Del nuevo programa con Petro como presidente aún hay pocos detalles. Se sabe que estará bajo un ministerio político, el de Interior, que lidera Alfonso Prada, quien en el pasado ha usado su cargo para pagar favores y negociar con partidos tradicionales.
En esa misión lo acompañará Gabriel Rendón, quien ha trabajado en la dirección de Seguridad de la Bogotá Humana coordinando gestores de convivencia. También hizo la misma tarea en la Secretaría de Seguridad con Claudia López.
Contexto
En Bogotá los resultados no fueron claros
El programa Jóvenes en Paz empezó a funcionar en septiembre de 2014. Según explica Donka Atanassova, quien fue directora de Seguridad durante la alcaldía de Petro, la estrategia surgió de la necesidad de impactar en 18 zonas con altos índices de delincuencia y en donde había una participación protagónica de jóvenes entre 18 y 28 años en los crímenes.
Para entrar al programa no se hacía convocatoria. Según Atanassova, se establecieron unos equipos territoriales que hacían trabajo de campo con base en datos del Observatorio de Seguridad. Y a través de líderes barriales y organizaciones que ya trabajaban con esta población, llegaban a los jóvenes que tuvieran ese riesgo y que estuvieran delinquiendo.
Una vez llegaban a ellos, tenían que cumplir con un modelo en el que ya trabajaba el Idipron desde hace años: les daban una remuneración, en ese momento de 700 mil pesos al mes, a cambio de tres días de estudio y tres días de trabajo a la semana. Esas actividades fueron acompañadas con terapias psicosociales.
En un año, y con una inversión de 105 mil millones de pesos, el Gobierno Petro logró llegar a 10 mil jóvenes. De esos, apenas alrededor de 800 lograron graduarse de bachillerato o un técnico. Además, según el informe del Idipron, 40 por ciento de los jóvenes vinculados tuvieron un 40 por ciento de permanencia alta en el programa. Es decir que por ese año asistieron a los programas de trabajo, estudio y terapia más de 123 veces.
Marcela Tovar, quien fue coordinadora de la dirección de Seguridad durante la Alcaldía de Petro, dice que “lo más valioso del programa fue empezar una estrategia de seguridad con un enfoque de invertir el dinero en prevención”.
Sin embargo, no es tan claro que haya impactado en la reducción de la inseguridad. Al menos no como lo planteó el presidente.
Según las cifras de la secretaría de Seguridad, el homicidio durante la alcaldía de Petro solo se redujo en 2012, cuando el programa no había empezado. Ese año la reducción fue de 23 %, al pasar de 1.638 homicidios en 2011 a 1.267. Pero en los tres años siguientes tuvo aumentos. En 2014 aumentó en 5 % y en 2015, cuando “Jóvenes en Paz” ya llevaba andando un año, subió en 0.7 %.
Atanassova dice que “quizá en el resultado general no se vio el impacto, pero sí en las 18 zonas donde ejecutamos el programa”.
La Silla no pudo acceder a los resultados específicos de los barrios donde se implementó “Jóvenes en Paz”. Pero revisó las cifras de localidades donde se ejecutó la estrategia y ahí tampoco es claro que el programa haya tenido el impacto en la reducción de delitos.
En Santafé, a finales del 2015, sí se redujo el homicidio en 16 %, así como el hurto a celulares (- 14 %), hurto a personas ( -14 %) y lesiones personales (-16%). Algo similar pasó en Kennedy. Pero en las localidades de Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Engativá, Usme y los Mártires la mayoría de delitos de alto impacto, incluido el homicidio, aumentaron.
Más allá de este caso, hay evidencia de que programas similares han tenido mejores resultados, aunque su éxito no necesariamente se mide por su impacto en la reducción de delitos específicos.
Hay evidencia de que la fórmula funciona
Cuando Enrique Peñalosa llegó a la Alcaldía en 2016, “Jóvenes en Paz” tenía resistencia en la opinión pública y en el Concejo de Bogotá. En ese momento, tal como pasa ahora con la propuesta de Petro, había el temor de generar un incentivo perverso que terminara promocionando a jóvenes que delinquen en la ciudad.
Pese a las críticas, dentro del Gobierno de Peñalosa se le dio continuidad. Kattia Pinzón quien trabajó en oficina de Planeación, explicó “como había tanta oposición le cambiamos el nombre a ‘Distrito Joven’. El entonces director del Idipron, el padre Wilfredo Grajales, defendió que no se podía cerrar el programa para los 10 mil jóvenes que ya estaban ahí y Peñalosa cedió”.
Cambiaron los filtros de entrada al programa y marcaron otros criterios de evaluación. Por ejemplo, los beneficiarios no recibieron la remuneración de entrada, sino que tenían que pasar primero por un proceso psicosocial antes de vincularse formalmente.
En cuanto a los criterios de evaluación, “no nos propusimos a reducir el homicidio con el programa porque ese delito tiene múltiples factores. Además nos parecía estigmatizante”, dijo Sáncez. Los logros se medían en las graduaciones de programas educativos y el número de personas que podían vincularse y permanecer en los programas.
Al finalizar el Gobierno de Peñalosa, vincularon a “Distrito Joven” a 9.366 jóvenes y 3.617 se graduaron de bachillerato o de un técnico. La cifra que recibían era de un poco más de 850 mil pesos. Cuando se pregunta por qué la cifra es de 9 mil cuando recibieron 10 mil, Pinzón explica que hubo un alto índice de deserción.
“En programas como estos es normal que un joven que empiece, recaiga, pero siempre debe haber una puerta abierta para que puedan regresar”, dijo Pinzón. Explicó además “es clave hacer un trabajo con esa población pues ellos no tienen otras oportunidades y por eso son presa fácil de la criminalidad”. Y concluye: “el programa funciona”.
Pero para Atanassova la desersión se debe a que el programa tal como fue concebido dejó de existir.
Más allá de los cambios, para la siguiente administración también fue claro que había que hacer algo con la población en riesgo de delinquir o que ya lo hacía.
“Distrito Joven” se convirtió en “Parceros” con el Gobierno de Claudia López que ya ha alcanzado a 15.000 jóvenes. También reciben incentivos económicos de 500 mil pesos. Luis Ernesto Gómez, exsecretario de Gobierno, explicó que tampoco se evaluó la eficacia de la estrategia en la reducción del crimen aunque también tiene ese objetivo.
“Es muy difícil decir que por un programa se reduce un delito determinado”, dijo Gómez. “Pero en todo caso sí le abre oportunidades a una población que efectivamente está en riesgo de caer en la delincuencia o que ya hace parte”.
Ya lo había hecho también Maurice Armitage en Cali con Gestores Paz y Cultura Ciudadana que formaba a jóvenes expandilleros, víctimas del conflicto armado y excombatientes de las Farc para convertirse en promotores de convivencia.
En este caso también recibían retribución económica. Armitage explicó que era la forma de competirles a las bandas que les pagaban a los jóvenes por delinquir. Para el 2019, de los más de 1.000 jóvenes que entraron al programa, el 40% logró emplearse después de recibir un certificado en algún tipo de oficio.
A nivel internacional, Chris Blattman, un investigador de la Universidad de Chicago, publicó un estudio, sobre cómo el trabajo con población al borde de la delincuencia acompañada de incentivos económicos y terapia psicosocial puede dar resultados a futuro para la criminalidad. Los jóvenes con los que trabajó redujeron sus actividades delictivas entre 30% y 50%.
El riesgo de crear una guardia “petroriana”
Una de las mayores críticas del programa es el alto riesgo de que se use a esta población para fines políticos. Así lo advierten memes en redes sociales, usando el término de “guardia petroriana” que acuñó Vladdo en una columna durante la campaña.
En efecto, varios de los entrevistados coinciden en que es fácil que se caiga en esta dinámica sobre todo cuando el programa empieza en plena campaña regional, porque seguramente el programa va a necesitar del apoyo de los gobiernos locales.
Una persona que trabajó directamente con los jóvenes al finalizar la Alcaldía de Petro, pero que pidió no citar su nombre nombre para hablar con libertad porque es funcionario del Ejecutivo, dijo “hubo algunos jóvenes que dentro de Jóvenes en Paz que denunciaron que eran convocados a marchas y protestas por los mismos canales que los llamaban a los programas de ‘Jóvenes en paz’”.
Tovar, quien trabajó en el programa también, dice que “es falso”. En todo caso, reconoce que “ese es siempre un riesgo alto que tienen todos los programas que prestan asistencia social”.
Ya pasó con otros programas de otros gobiernos, como los subsidios que recibieron las familias durante la pandemia. También con el programa Familias en Acción del expresidente Álvaro Uribe.
El hecho de que el proyecto esté en manos del ministro Prada genera aún más sospechas. “Es una señal de que el objetivo del programa se aleja de los postulados técnicos de prevención del delito y se acerca más al clientelismo disfrazado de programa de prevención del delito”, dice Alejandro Pelaéz, ex subsecretario de Seguridad de Peñalosa.
Petro además ha demostrado en varias oportunidades que la calle es importante para él. Prueba de eso fue su crítica al expresidente peruano Pedro Castillo luego de ser destituido: “no logró la movilización del pueblo que lo eligió”, trinó Petro. Y durante la campaña a la Presidencia ya probó que la movilización da réditos políticos pues la calle terminó votando a su favor.
Por eso ya algunos temen que usen a los jóvenes del programa para contar con apoyos en el 2023 en la calle. “Con programas como ese para Petro era fácil llenar la Plaza de Bolívar en cada convocatoria cuando era alcalde”, dijo Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad de Peñalosa. “Es lo mismo que espera hacer ahora”.
Sin embargo, tanto Pelález, como otros expertos consultados, consideran que en todo caso siempre es mejor hacer algo con esta población que no hacer nada. También coinciden en un parte de tranquilidad con el programa sería tener claros los criterios de selección de los jóvenes, el equipo técnico que los buscará, la financiación y la forma como se medirá el programa de esta versión 2.0 de “Jóvenes en Paz”.
