Desde hace dos meses la universidad está en paro por un debate sobre cómo se elige el rector. El gobierno ha buscado sumar su constituyente al debate de la Unal.
Presidente Petro y la minEducación, Aurora Vergara, entregando una obra en la Universidad Nacional. Foto: Presidencia.

Tras dos meses de paro en la universidad pública más grande del país, la Universidad Nacional todavía no está cerca de resolver la designación de quien será su rector por los próximos tres años. Pese a que el gobierno ya estaba representado y votó en el Consejo Superior (CSU) que hace esa designación, ahora exige el nombramiento de un rector encargado, mientras se soluciona el lío. 

El problema empezó en marzo cuando el CSU eligió a Ismael Peña, derrotando a los representantes del gobierno, que preferían a Leopoldo Múnera, quien ganó una tercera parte de los votos en las consultas internas a estudiantes y profesores. 

La discusión llega en medio de la propuesta del presidente Gustavo Petro para hacer un proceso constituyente con la participación de las universidades públicas. Las intervención del gobierno en la Nacional busca pescar apoyos a esa propuesta en un río ya revuelto universitario para su iniciativa constituyente. 

El paro de la Nacional empezó luego de la designación de Ismael Peña, pues fue cuestionada porque se utilizó un método que no se había usado antes en esa designación. Tras su derrota, Múnera convocó a una constituyente universitaria, en donde, según afirman integrantes, el gobierno ha buscado incidir para incluir la constituyente de Petro.

Un rector encargado de la cuerda del gobierno

El 16 de mayo, el gobierno ordenó al CSU la designación de un rector encargado como solución al lío en el que está la universidad. Lo hizo a través de la resolución 007480, firmada por Juan David Correa, minCultura designado como ministro de Educación ad hoc tras el impedimento de la ministra Aurora Vergara, por haber participado en el polémico proceso inicial. La orden le daba al Consejo Superior Universitario (CSU) 24 horas para la designación de un rector, mientras se “adopta una decisión frente a la autoposesión de Ismael Peña”. De no hacerlo, se enfrentan a una multa de hasta 100 salarios mínimos. 

La decisión fue criticada por representar una intervención a la autonomía universitaria. El autoposesionado rector Ismael Peña respondió a la orden ilegal. “Viola flagrantemente la autonomía universitaria, desconociendo principios fundamentales del derecho como el principio de legalidad y el debido proceso”, se lee en la respuesta.

También la rechazaron desde el Consejo Superior. “Esa resolución está violando la autonomía universitaria, ese mecanismo de Seguimiento y Control no se creó para romper la autonomía. De hecho, en las razones que aducen hay una gran desinformación, porque fue el gobierno nacional, la ministra que creó este problema”, dice Diego Alejandro Torres, representante profesoral en el CSU.

Pero el rector encargado hace parte de una estrategia ya planteada por el gobierno para poner a alguien de su cuerda en la rectoría. La propuesta llegó hace dos semanas. Según una fuente enterada del Consejo, quien pide la reserva de su nombre para dar detalles, las delegadas del gobierno en ese órgano (María Alejandra Rojas y Danna Nataly Garzón) y el del Consejo Nacional de Educación Superior, Víctor Manuel Moncayo, empezaron a mover la propuesta. Pero no tenían mayorías en el Consejo, pues solo tres de los siete miembros la apoyaban. 

Los otros tres miembros del CSU son más cercanos a la cuerda del autoposesionado rector Peña. La división al interior de la universidad hace parte de un grupo de poder que se ha mantenido en la rectoría de la entidad por cerca de 12 años, que son de la cuerda del exrector Ignacio Mantilla. Ese grupo ha tenido cuestionamientos por sobrecostos en viáticos y tercerización de funciones, como lo ha denunciado la Revista Raya.

Por eso, cuando el gobierno empezó a citar la sesión para discutirla, los otros cuatro miembros rompían el quórum necesario y no se terminó discutiendo. 

Para lograr citar la sesión, el gobierno la organizó con el objeto de aceptarle la renuncia a Sara Jiménez, la representante de los estudiantes ante el CSU, quien renunció tras el hostigamiento y las amenazas que recibió por haber apoyado a Peña en la votación del Consejo. Después de que el CSU aceptara su salida, en la sesión del martes, llegó la orden del gobierno del rector encargado. 

La propuesta volvió a la sesión del Consejo esta mañana. Las mayorías seguían complicadas, pues tras la renuncia de Jiménez, había tres delegados del gobierno y tres de la Universidad. Según supo La Silla, los delegados del gobierno llegaron con hojas de vida ya seleccionadas y con la decisión de elegir rector con 4 votos, en lugar de los 5 que constituyen la mayoría de la sesión. 

La Silla no pudo comprobar si en las hojas de vida estaba la del profesor Múnera. En esas circunstancias, los delegados de la Universidad se abstuvieron, por lo que no se completaron los votos necesarios para hacer la elección. El gobierno argumenta que ellos rompieron el quórum, mientras los delegados aseguran que no lo hicieron por las condiciones de votación que les impusieron.

La constituyente de Múnera 

Si Leopoldo Múnera, profesor de Ciencia Política, llegara como rector encargado, el gobierno podría consolidar su entrada en el proceso de la universidad pública, en medio de sus anuncios sobre un proceso constituyente que propuso el presidente Petro a través de las universidades.

Según supo La Silla por dos estudiantes que han participado en las asambleas convocadas, quienes piden no publicar sus nombres porque ya han recibido amenazas por hablar del tema, la idea del gobierno era hacer del Encuentro Nacional de Estudiantes de la Universidad Nacional (Eneun) un piloto para su idea de constituyentes universitarias. “La idea era que la constituyente surgiera como resultado del paro”, dice una de las fuentes. 

Por ejemplo, según dicen las dos fuentes, la mano del gobierno se vio en la cercanía de Yenny López, quien fue representante estudiantil y hoy trabaja en el gobierno, con las organizaciones estudiantiles. López hizo parte de la veeduría estudiantil. Según cuentan, en las dos aún tiene relevancia y participación, pero desde hace tres meses trabaja en el MinEducación en el cargo de enlace legislativo, según su perfil de LinkedIn.

Sin embargo, la injerencia de López y otros cercanos al gobierno en las asambleas, terminaron en enfrentamientos entre las organizaciones estudiantiles, que no han logrado organizarse en un solo proceso constituyente. 

Más allá de la intervención directa, el gobierno se ha montado en la idea de proceso constituyente de Múnera como vehículo para su propia idea de convocar al “poder constituyente”, como lo llama Petro. El profesor Múnera no contestó los mensajes de La Silla sobre el tema. 

A pesar de tener el mismo nombre, se trata de dos procesos distintos. Por un lado, el proceso de la universidad está dirigido a la modificación del sistema de gobernabilidad de la universidad, para que los estudiantes, profesores y trabajadores de la comunidad universitaria tengan más autonomía en sus decisiones, sin la intervención del gobierno nacional. Por ejemplo, la elección del rector. La idea, básicamente, es hacer vinculantes las consultas para esa elección. 

“Desde la ley 30, los gobiernos intervienen en la autonomía universitaria, por la designación de directivas a través de un CSU donde tienen tres asientos”, dice Mónica Godoy, egresada de la Nacional, quien ha trabajado con organizaciones internacionales sobre el tema. Godoy ha apoyado la elección de Múnera como rector por su apoyo en las consultas universitarias.

Por otro, la idea del presidente de llamar a un proceso constituyente, busca, sin que aún sea muy claro cómo, cambiar la Constitución del país. Sobre esto Petro ha mencionado un referendo, pero también la activación de asambleas populares y estudiantiles. 

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien fue representante de los estudiantes en el CSU, resalta que se están mezclando constituyentes que son distintas. El de la Nacional es “un proceso de construcción democrática, de toma de decisiones de la universidad, que se ha llamado la constituyente universitaria, no es la constituyente de Petro, sino una causa del movimiento estudiantil”, dice la congresista, que ha sido crítica del gobierno. Pedraza ha apoyado la candidatura de Múnera y el proceso de votación que lo dejó como favorito.

La idea de la constituyente de Múnera está basada en “transformar las normas y las formas de adopción de decisiones de la universidad”, según dijo en entrevista con El Espectador. “Para que los cuerpos colegiados tengan a una mayoría de la universidad”, agregó. 

Aunque el proceso que lleva el mismo nombre de la constituyente del gobierno es distinto a lo que propone Petro, Múnera y el presidente tienen coincidencias. El candidato favorito de los estudiantes y profesores ha hablado de la importancia de una reforma a la Ley 30, que regula la educación pública en el país. Precisamente para cambiar la composición del Consejo Superior. 

Por esa cercanía, la percepción desde adentro es que el gobierno nacional ha instrumentalizado ese deseo de cambio en la institución.“No hacemos constituyente porque Petro haya dicho, la hacemos porque necesitamos que sean las asambleas quienes decidan, pero no es porque un gobierno haya mencionado la constituyente. Se puede malinterpretar porque tienen el mismo nombre”, dice una estudiante del movimiento estudiantil, que pide el anonimato porque no tiene vocería.

“El presidente ha instrumentalizado al movimiento estudiantil con la clara intención de modificar la forma como se nombra el rector en las universidades públicas, para introducir un rector por votación popular, que es una de las peores opciones para la institución”, opina Moisés Wasserman, quien fue rector entre 2006 y 2012. 

Parte de esa instrumentalización, según cuatro de las fuentes de la Universidad consultadas por La Silla, también responde a la cercanía partidista que tienen con el gobierno. 

“El quebrar la autonomía universitaria es un arma de doble filo, a pesar de que aquí haya profesores y estudiantes que están de acuerdo con eso, pero al final, ¿qué va a pasar cuando haya cambio de gobierno? Entonces esos mismos profesores, la autonomía que buscaron quebrar, no se puede salvaguardar el día de mañana”, agrega Torres, del CSU.   

El efecto constituyente en las públicas

“Si me pregunta cómo estoy, le cuento que hay mucha tristeza, desánimo, a mis estudiantes les dije que podíamos alternar clases para discutir la situación con la universidad y avanzar en el programa, pero el 58% de mis estudiantes están con el paro”, cuenta un profesor de la Nacional, quien pide no publicar su nombre para dar detalles sin comprometer su cargo. 

Más allá de la crisis en la Nacional, que tiene a más de 33 mil estudiantes matriculados en riesgo de tener que aplazar su semestre, el efecto de contagio podría terminar montando a otras públicas en una constituyente del gobierno promovida por el movimiento estudiantil.

Hace cerca de un mes también empezaron las protestas en varias sedes de la Universidad Distrital de Bogotá. Las jornadas de protesta de los estudiantes, quienes buscan tener más incidencia en las decisiones que toma el Consejo Superior de su institución, han terminado en largas jornadas de enfrentamientos con la Policía en la sede del barrio La Macarena. Además de la quema de un bus público por parte de encapuchados en Ciudad Bolívar. 

La idea de reformas al interior de estas otras universidades públicas entra en la agenda de constituyentes en esas instituciones del gobierno. Sobre la Nacional, Petro ha justificado la intervención de su gobierno. “Parece que para algunos la única intervención que les gusta en la Universidad Nacional es con gases y Esmad”, trinó. Y aunque no ha hablado sobre la Distrital, ha hecho entregas de nuevas sedes.

Ese acercamiento con universidades públicas llega en medio de una tensa relación entre el gobierno y los jóvenes. Como quedó demostrado en la sesión del Sistema de Participación Juvenil que tuvo lugar esta semana en Bogotá, en donde los asistentes criticaron las medidas “populistas” del gobierno y la falta de ejecución, después de varias quejas de los consejeros de juventud por no ser incluidos en la agenda gubernamental. 

En medio de las protestas, aún no hay señal de una solución para el lío que vive la universidad pública más grande del país. Por ahora, al Consejo Superior le corre el tiempo límite para escoger un rector encargado, que podría ser más cercano a la iniciativa constituyente del gobierno.

Nota del editor: En la versión original de esta nota se incluía que Yenny López hizo parte de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios. Esa información fue rectificada el 29 de mayo, pues López no estuvo vinculada a esa organización.

Cubro al gobierno de Carlos Fernando Galán en Bogotá. Empecé como periodista del En Vivo y escribiendo sobre política exterior, la relación con Venezuela y migración. Soy politóloga e historiadora de la Universidad de los Andes. Escríbame a mrestrepo@lasillavacia.com