La desfinanciación de las universidades públicas llega al límite

A menos de dos meses de haber asumido el cargo como rector de la Universidad de Antioquia (UdeA), Jairo Arboleda anunció a los profesores, por medio de la Vicerrectoría de Administración, que el pago de la nómina del periodo nueve de 2024 se postergaría debido a problemas del estado de liquidez actual de la universidad, derivado de la insuficiencia de los pagos y transferencias que recibe periódicamente la institución. Posteriormente en una asamblea general de profesores, el vicerrector general, Elmer Gaviria, presentó los datos sobre la situación financiera de la UdeA, que, aunque no son nuevos, son realmente preocupantes, debido a que las cifras del desfinanciamiento de la universidad —el faltante de recursos de la Ley 30/92 que la UdeA ha tenido que aportar para poder funcionar— para el año 2023 ascendieron a $348.095 millones. 

El desfinanciamiento estructural de las universidades públicas es, según el informe del Sistema de Universidades Estatales (SUE) en 2021, de $17,6 billones al año 2018. Este se ha generado, según este informe, por el impacto económico de diferentes leyes, decretos y sentencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, producidas en el período de 1992 a 2011 en materia prestacional y salarial, que crearon nuevas obligaciones a las universidades sin un aporte presupuestal de la Nación para su efectivo cumplimiento. Estas obligaciones han tenido que financiarse con los recursos propios de las universidades públicas ante la insuficiencia de las transferencias de la Ley 30 derivadas de los artículos 86 y 87 que, en promedio, solamente han cubierto cerca del 50% de sus presupuestos. 

La Ley 30 de 1992 congeló los aportes asignados por la Nación a las universidades, determinando que su presupuesto crezca anualmente al mismo ritmo del IPC, es decir no ha habido incremento real, puesto que los gastos han crecido muy por encima de la inflación, producto de nuevas obligaciones legales que han tenido que asumir las universidades públicas: la expansión de cobertura, la cualificación docente, el aumento de la investigación y los compromisos con la calidad.

Como consecuencia de las movilizaciones estudiantiles y profesorales en el año 2018, las universidades públicas recibieron unos recursos adicionales, resultado del acuerdo de diciembre de 2018 entre el gobierno del presidente Iván Duque y los actores universitarios —$3,03 billones de los cuales el 45,9% fueron recursos a la base presupuestal de las universidades, el 26,4% a los planes de fomento a la calidad, el 16,5% al saneamiento de pasivos y el 7,3% al bienestar—. Esta suma fue insuficiente para superar el acumulado histórico de la desfinanciación. 

Ahora bien, la insuficiencia de recursos no se convirtió en un impedimento para que la UdeA, así como las demás universidades públicas, asumiera un crecimiento de la cobertura educativa y del mejoramiento continuo de la calidad. El número de estudiantes matriculados en las universidades públicas pasó de 159.218 en 1993 a 638.221 estudiantes en 2021. En la UdeA, pasó de 17.687 estudiantes en 1994 a 39.872 en 2024.

Este crecimiento de la cobertura vino acompañado de otros cambios como la cualificación docente, el aumento de la investigación, ampliación de infraestructura, la internacionalización, el bilingüismo, la movilidad de estudiantes entre regiones del país y a nivel internacional, la diversificación y especialización en la oferta de posgrados, los requisitos de acreditación y condiciones de alta calidad para el sector de educación superior, y la ampliación del bienestar, entre otros. 

Todo esto ha sido hecho con los recursos propios generados por las mismas universidades públicas sin el aporte presupuestal de la Nación, lo cual ha terminado produciendo, lo que ha sido denominado un crecimiento misional desbordado.

Esta crisis —resultado del acumulado histórico de desfinanciación y del crecimiento misional desbordado— se ha manifestado de forma dramática en la UdeA con el anuncio de la postergación del pago de la nómina de los profesores. Una situación que puede ser coyuntural pero que puede convertirse en estructural. A la caja para gastos de funcionamiento no llegaron para esta quincena los recursos para cubrir la primera obligación que tiene la universidad, los salarios de sus trabajadores. “La caja que tienen las instituciones universitarias para atender sus gastos de funcionamiento, sobre todo los pagos de nómina, cada vez es más limitada”, escribió Ramón Javier Mesa Callejas. 

Lo que aquí se manifiesta como un síntoma, dramático para los profesores que vemos amenazada la seguridad material de nuestras condiciones de vida, es la expresión de un serio problema estructural, que puede agravarse en la UdeA y que tarde o temprano puede extenderse a las demás universidades públicas, que proviene, como ya lo he dicho, de cómo se estableció su financiación desde la Ley 30 de 1992. 

El problema de la postergación del pago de la nómina, el anuncio de una cifra muy elevada de desfinanciación en la UdeA ($348.095 millones), la utilización de los recursos de los fondos patrimoniales como medida para solventar la falta de liquidez y el diagnóstico de un crecimiento misional desbordado, se ciernen entonces como amenazas para el equilibrio presupuestal de la institución y para su estabilidad política, y puede afectar de manera grave el proyecto educativo que representa la UdeA en la región y el país, porque toda esta situación genera una inseguridad total no solo para los profesores y sus familias, los estudiantes se verán afectados, los profesores y estudiantes están en asamblea permanente, no hay actividades académicas, y así muchas personas que dependen directa e indirectamente de la universidad, podrían resultar perjudicadas.

¿Cómo enfrentar esta situación? Hay varias propuestas. La desfinanciación es un problema estructural que se mantiene y por esto su solución demanda reformar la Ley 30, asunto que fue propuesto por el Ministerio de Educación Nacional en el proyecto de la nueva Ley Estatutaria de la Educación, que sin embargo, avanza muy lentamente en el Congreso. 

Hay grupos de profesores que proponen modificar el sistema de estímulos para la producción académica por uno de bonificaciones. Un grupo de rectores ha propuesto que las universidades generen recursos propios para financiarse. Hay propuestas de austeridad para revertir el ritmo de crecimiento de los gastos que actualmente es superior al crecimiento de los ingresos. Está diagnosticado que hay un consumo desbordado de tiquetes y viáticos; se invierte en gastos no misionales; se utiliza la figura de contrato de cátedra para actividades administrativas; en muchas facultades los planes de trabajo no comprenden docencia directa; hay profesores que abusan del sistema de asignación de puntaje por publicaciones mediante figuras como la falsa coautoría y la endogamia de los comités de puntajes.

Es necesario, por estas razones, hacer correcciones radicales en la gestión administrativa y financiera, empezando por la rectoría y las vicerrectorías hasta cada una de las decanaturas y direcciones, y volver a pensar el crecimiento que ha tenido la universidad en los últimos años dándole valor a lo que debe ser fundamental y estratégico en la universidad, en cada facultad, escuela e instituto.

Otra situación problemática de la Ley 30 es la limitación a la participación democrática. En el sistema político y administrativo que tenemos, las decisiones sobre el financiamiento de la universidad son tomadas sin contar con la participación de los profesores y estudiantes en aquellos ámbitos donde pueden influir eficazmente en el proceso político y administrativo de la universidad. 

No se trata de defender una idea de democracia directa, sino la de una posible participación de todos, como concernidos, en los procesos de formación de la opinión acerca de las normas o políticas importantes que en cada momento requiere la universidad y en la designación de los directivos.