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El sector salud no volverá a ser el mismo independientemente de si se aprueba o no la reforma en salud presentada por el gobierno nacional. Algunos afirman que valió la pena el esfuerzo porque se puso en la agenda pública el tema del derecho a la salud y la necesidad de cambios en el sector, sin embargo, la manera en que se ha tramitado la reforma y la comunicación del gobierno nacional con los diferentes actores ciudadanos e institucionales no ha permitido que la reforma, contrario a lo que ocurrió con la ley estatutaria en salud, se convirtiera en un punto de encuentro y se generaran consensos de visión de país sobre un nuevo modelo de salud.
La Organización Mundial de Salud ha señalado que los componentes críticos de un sistema de salud que deben funcionar apropiadamente para proporcionar mejores servicios equitativos y sostenibles son los siguientes: liderazgo y gobernanza/rectoría, financiamiento, recursos humanos, sistemas de suministro, gestión de servicios y sistemas de información y monitorización.
Estos componentes deben funcionar armónica y coordinadamente, lo cual implica generación de confianza y credibilidad. La ley estatutaria en salud en Colombia (Ley 1751 de 2015) también señalo que el centro del sistema de salud en Colombia deben ser los ciudadanos, las familias y comunidades. Esa confianza se ha venido deteriorando progresivamente por el trámite de la reforma en salud.
Se ha producido desconfianza ciudadana y la reforma en salud se convirtió en un pulso entre una visión política del gobierno de estatización y monopolio público y, por otro lado, de unos actores institucionales como las EPS y prestadores privados sin mayor posibilidad de interlocución y de construcción conjunta.
La incertidumbre de los pacientes y de la ciudadanía en general ha hecho que aumenten las solicitudes de servicios de salud y las quejas por la oportunidad en la atención. Muchas personas consideran que el sistema de salud tal como lo conocían se va a acabar y sienten la necesidad de ser atendidas y tratadas antes de que esto suceda.
La siguiente tabla tomada de la Superintendencia de Salud muestra el aumento progresivo de reclamos en salud y solicitudes de información por canal de radicación, de 197.143 solicitudes en el mes de enero de 2023 se pasó a 239.115 en el mes de marzo de 2023, lo cual equivale a un incremento de 21,3%. Se resalta que en el año 2022, en el mismo periodo de enero a marzo el número de reclamos en salud y solicitudes de información fue de 599.616.
La Defensoría del Pueblo también ha señalado un incremento de las quejas, reclamos y solicitudes de servicios de salud durante el primer trimestre de 2023.
El Ministerio de Salud y Protección Social a la fecha de corte de primer trimestre de 2023 ha atendido un total de 7.716 tutelas, fallos e incidentes. En el mismo periodo de año 2022 fueron 6.107 tutelas, fallos e incidentes, lo cual representa un incremento de 26,3%.
La incertidumbre de los pacientes ha aumentado en la medida que se hace inminente en la reforma la desaparición de las EPS y tal como lo señala la asociación de empresas gestoras del aseguramiento en salud (Gestar Salud):
“Si bien se habla de transformación, en la práctica las EPS se eliminan en dos años y se pierden las capacidades logradas por el sistema de salud en las últimas tres décadas, al partir de cero en funciones como la organización de los servicios en las diferentes entidades para ayudar a los ciudadanos a transitar el sistema”.
Asimismo, las EPS han visto una demanda en las solicitudes de servicios de salud. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), gremio que agrupa a 11 EPS, ha señalado en su cuenta de Twitter: “Además, hoy los colombianos estamos solicitando más servicios de salud. Esto hace que si antes teníamos 100 pesos para atender a 100 personas, ahora tenemos los mismos 100 pesos, pero para atender a 125 personas”. Sin duda, se necesitan más recursos.
El aumento de solicitud de servicios de salud no solo se debe a las secuelas del Covid-19 y al llamado síndrome poscovid-19 o de Covid persistente. El síndrome poscovid-19 se define por la persistencia de signos y síntomas clínicos que surgen durante o después de padecer la Covid-19, permanecen más de 12 semanas y no se explican por un diagnóstico alternativo y cuya carga real todavía se desconoce en Colombia.
El incremento en la solicitud de servicios y tratamientos médico-quirúrgicos se ha incrementado también por la incertidumbre que reina en el sector salud y la desconfianza que se ha generado entre los diversos actores del sistema de salud en Colombia debido al accidentado trámite de la reforma en salud y la no disposición del gobierno nacional para realmente “construir sobre lo construido”, generar consensos y diseñar una visión de país en el modelo de salud.
Muchos pacientes para estar seguros deciden solicitar el servicio de salud y al mismo tiempo establecer una queja o acción ciudadana para garantizar su pronta atención y sentirse más respaldados.
Gestar Salud ha señalado también que “en el texto aprobado se percibe una falta de claridad frente a los responsables de las funciones y una fragmentación tanto de las redes de prestación (entre el primer nivel y las instituciones de mediana y alta complejidad), como en las funciones relativas al sistema de referencia y contrarreferencia, que tendrían las gestoras de salud y vida, los CAP, la Adres y las entidades territoriales”. Obviamente los pacientes y en general la ciudadanía perciben esto y están demandando más servicios previendo un escenario en el cual se puedan quedar sin atención médica.
A lo anterior hay que agregar una tendencia desde el gobierno central a deslegitimar y desfinanciar a los diversos actores privados del sistema de salud, así como estigmatizar contradictores, voces y posturas diferentes al discurso gubernamental.
Independiente de los resultados de la reforma en salud en el Congreso de la República, el reto para el gobierno será generar de nuevo confianza institucional y ciudadana en el sistema de salud, está por verse si lo logra.
