La Corte Constitucional falló por primera vez una tutela sobre el mercado de bonos de carbono en Colombia con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés, y la aprobación de la magistrada Diana Fajardo y Vladimir Fernández. Es un mercado que viene cogiendo fuerza, pues el país tiene un área grande de bosques preservados. La decisión, que surge de tensiones entre comunidades y empresarios, traza las primeras líneas legales sobre la protección a las comunidades indígenas en los proyectos de bonos de carbono. 

Al mismo tiempo, llama la atención al gobierno sobre la falta de regulación, lo que envía una señal de que es un negocio legítimo que necesita bases regulatorias más fuertes, algo en lo que han insistido todas las partes. En el contexto de un debate donde algunos sectores han mostrado desconfianza en este mecanismo de mercado de protección forestal y lucha contra el cambio climático, el fallo es leído como un espaldarazo.

El fallo es un triunfo para las autoridades indígenas del territorio del Pirá Paraná, en Vaupés. Amparó los derechos de autodeterminación y gobierno del Consejo Indígena y las Autoridades Tradicionales, que se habían opuesto al proyecto de bonos de carbono firmado en ese territorio. Pero también es una decisión bien recibida por Asocarbono, el gremio que representa a distintos actores del mercado. Incluso por Masbosques, la empresa señalada de abusar de las comunidades indígenas para hacer negocios con ese proyecto de preservación forestal.  

La corte le dio la razón a las autoridades indígenas

El mercado de los bonos de carbono consiste en que las comunidades indígenas, campesinas o afro que cuidan el bosque firman contratos con empresas que quieren compensar su propio uso de combustibles fósiles. Lo que se intercambian son las toneladas de dióxido de carbono (CO2) que no se emitieron por el esfuerzo de conservación de las comunidades, como contamos en este video.  

En Colombia, el mercado de bonos de carbono existe desde hace una década, y ha crecido especialmente desde 2017, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos creó un incentivo tributario para que empresas que queman combustibles fósiles puedan reducir el pago del impuesto al carbono comprando bonos. Aunque el gobierno Petro bajó a ese incentivo, con lo que las empresas solo pueden reducir hasta el 50 por ciento de ese impuesto con bonos. 

Es un negocio que también ha estado señalado de potenciales abusos a las comunidades que se encargan de la conservación. Diversas investigaciones han mostrado que, en ocasiones, las empresas intermediarias de bonos se saltan a las comunidades que cuidan el bosque y terminan vendiendo bonos sin que estas se enteren. 

El caso concreto que examinó la Corte, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés,  fue el de una acción de tutela que buscaba proteger los derechos de las comunidades indígenas en un proyecto Redd+, como se le conoce técnicamente. La Corte estudió el caso de representantes de comunidades indígenas del territorio Pirá Paraná, pertenecientes al Gran Resguardo Indígena del Vaupés, un área protegida de 600 mil hectáreas. 

Según reclamaba la acción de tutela, un proyecto para vender bonos de carbono basado en ese territorio violó su gobierno propio, pues se apoyó en un contrato con un representante legal sin potestad para negociar en nombre de la comunidad, entro otros abusos. 

Los demandantes señalaban que ese proyecto no fue conocido ni avalado por los integrantes de las comunidades indígenas y territorios tradicionales del Pirá Paraná, por lo que la corporación Masbosques y Soluciones Proambiente, en su rol de desarrolladores y formuladores del proyecto, no respetaron el gobierno indigena de ese territorio, representado principalmente en el Consejo Indígena.

También señalaron de negligencia a los verificadores del proyecto, la empresa Ruby Canyon Environmental Inc., pues era a ellos a quienes correspondía verificar y validar el cumplimiento de los requisitos del proyecto, por lo que no realizó una evaluación rigurosa, objetiva e independiente de este. 

La Corte escuchó los argumentos y concluyó, dándole la razón al Consejo Indígena del Pirá Paraná, que la empresa Masbosques no activó un Protocolo de Resolución de Conflictos ni proporcionó un mecanismo efectivo para abordar las preocupaciones de las comunidades indígenas. También concluyó que la empresa Ruby Canyon no demostró una supervisión independiente y objetiva del impacto del proyecto ni aplicó las salvaguardas requeridas. 

También criticó que el Estado no tiene rutas claras para determinar la titularidad de un proyecto de bonos de carbono en territorios indígenas, pues no específica para qué fases de cada proyecto se está requiriendo que debería proceder una consulta previa, si es en la fase de factibilidad, formulación, implementación o cierre.

Con base en esto, decidió que se les consulte a las comunidades del río Pira Paraná para que decidan, en tres meses, si quieren hacer el proyecto en su territorio. Y, en caso de falta de decisión en ese tiempo, ordena al Ministerio del Interior mediar para llegar a un acuerdo sobre su implementación.

También le pide al Ministerio de Ambiente crear un protocolo con perspectiva étnica para la ejecución de proyectos de bonos de carbono en territorios indígenas, y coordinar una estrategia de seguimiento y control de esos proyectos. 

Pero el fallo de la Corte Constitucional no tiró por la borda la conveniencia de los proyectos de bonos de carbono. El documento de la Corte reconoce la importancia de estas iniciativas como una forma para cumplir los objetivos globales de mitigación de gases de efecto invernadero, y una opción económicamente viable para comunidades vulnerables, aisladas y con poca presencia institucional.

Gaia Amazonas, la organización no gubernamental que fue el aliado estratégico y jurídico del Territorio Indígena Pirá Paraná, no se pronunció sobre el fallo, pues dice que lo hará una vez que el Consejo Indígena lo haga, que sería en los próximos días. Sin embargo, una fuente que está en el territorio del Pirá Paraná dice que desde ya están dando como un triunfo de la fundación y del consejo indígena el fallo de la Corte, que es coherente con el reclamo que llevó a la tutela.

Pero el tono celebratorio frente al fallo no viene sólo de los demantantes. Los agremiados que defienden el mercado de los bonos de carbono, así como Masbosques, los acusados de malas prácticas en el fallo, también salieron a abrazar sus conclusiones. 

El gremio de empresarios no atacó el fallo

Francisco Ocampo, presidente de Asocarbono, la asociación que recoge a distintos actores del mercado de bonos o créditos de carbono en el país, celebró la sentencia hoy y dijo que es un avance para que ese mercado sea más justo y sostenible en Colombia. 

“Lo recibimos positivamente desde el sector, porque con los términos claros encontramos mayor seguridad jurídica todos los actores en todos los procesos”, dijo. 

El gremio ve como positivo que la Corte reconozca los proyectos REDD+ en la mitigación del cambio climático y en la protección de los bosques, lo que le da un espaldarazo a estos esquemas en los que la protección del medioambiente puede ser una entrada económica para las comunidades locales. 

Los asociados de Asocarbono defienden que a través de estos proyectos han reducido la deforestación en Colombia, pues entre los años 2013 a 2021 evitaron una deforestación de 40 mil hectáreas anuales en promedio. 

Incluso Masbosques, la empresa desarrolladora del proyecto en el Pirá Paraná que es señalada de saltarse el gobierno indígena, celebró también la sentencia. Según el comunicado de la empresa, la sentencia “brinda la oportunidad a todos los desarrolladores de reflexionar y mejorar desde las múltiples partes que participamos en el proceso, para continuar trabajando con las comunidades indígenas, sus gobiernos propios y autonomía”. 

Jaime Andrés García, director Ejecutivo de Masbosques, dijo que buscarán actuar conforme al derecho para que las comunidades indígenas y sus gobiernos propios tengan voz en el proyecto. “Hemos estado trabajando en la estructuración de nuevas metodologías y mejores herramientas para los procesos de socialización, información y diálogo previo”, dijo. 

Como la sentencia no les cierra la puerta a poder implementar el proyecto, sino que pide un acompañamiento institucional para que las comunidades del río Pirá Paraná puedan pronunciarse sobre si quieren o no hacerlo, realmente no saca del juego a los desarrolladores.

Germán Romero, que hizo parte de la Comisión de estudio para la promoción y desarrollo de mercados de carbono en Colombia, y quien estuvo en el equipo que elaboró un informe diagnóstico sobre este mercado en el país hace un año, dice que era de esperarse que muchos actores se encontraran en la decisión de la Corte Constitucional. Su argumento es que no impide directamente a ninguno de los actores seguir participando del mercado.  

“La Corte no estaba discutiendo sobre la naturaleza del mecanismo o su conveniencia. Sólo estaba respondiendo a un caso concreto en el que se estaba violando el derecho a la autodeterminación indígena, pero todavía quedan abiertas muchas preguntas sobre ese mecanismo”, dijo. 

El fallo de la Corte no resuelve las tensiones entre quienes argumentan que los proyectos deberían ser administrados directamente por las comunidades indígenas ni establece sanciones para quienes no lo hagan. Pero da el primer puntapié jurídico para un mercado en el que, al menos de entrada, todos los actores involucrados se encuentran en que las decisiones de los indígenas deben estar en el centro de los proyectos.

Además, se une al llamado al gobierno para que avance en la regulación de un mercado que, como muestra la tutela, lo necesita urgentemente.     

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Una maleta abandonada o una moto mal parqueada han sido suficiente para activar las alarmas en Cali. En las últimas dos semanas, varias calles han sido acordonadas y agentes antiexplosivos se han arriesgado para descartar amenazas de bomba, que han resultado en falsas alarmas. 

La tensión y la atención aumentan, mientras avanzan los preparativos para la COP16, la cumbre de biodiversidad más importante del mundo, que desde el gobierno se bautizó con el lema de “Paz con la naturaleza”. El evento sigue firme, a pesar del acecho de las disidencias en zonas aledañas y de las dudas de diversas voces reconocidas en el país. Sin embargo, la COP que tiene como lema “paz con la naturaleza” va a tener que realizarse en medio de un conflicto que bordea a la capital del Valle. 

Con el respaldo de la ONU, la fuerza pública y la Alcaldía de Cali definieron los lineamientos de la estrategia de seguridad para el evento, que espera albergar alrededor de 12 mil visitantes internacionales, y tendrá los ojos de cientos de periodistas extranjeros encima. 

Cali espera la COP en una tensa calma 

El martes, cerca al edificio de la Gobernación del Valle, una persona alertó a las autoridades al ver un maletín que fue abandonado sobre su moto. La Policía cerró la calle y revisó el contenido del paquete, que tenía en su interior documentos de tránsito. Una historia similar sucedió el 24 de junio, cuando un perro antiexplosivos olisqueó una moto que estaba parqueada cerca a la Base Aérea. 

Fueron falsas alarmas, pero se convirtieron en noticias virales. Por estos días, todas las maletas y las motos que no tengan dueño aparente están bajo sospecha. “Lo que está pasando nos parece muy positivo, la comunidad está acudiendo a informar oportunamente a la Policía”, dijo el coronel Germán Manrique, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali.

La capital del Valle atraviesa un periodo de tensa calma. Hay una reducción en los principales indicadores de seguridad, pero persiste la preocupación por los constantes atentados en su municipio vecino, Jamundí. Los homicidios bajaron 17% este semestre, con 86 asesinatos menos respecto al mismo periodo de 2023. Otros delitos, como el hurto, también bajaron. 

Con el aumento de pie de fuerza para la COP16, lo más probable que los indicadores sigan mejorando. Pero, la atención sigue puesta en las disidencias del Bloque Occidental del Estado Mayor Central y en su frente Jaime Martínez. En abril, un carrobomba fue detonado el barrio Nápoles y el mes pasado una motobomba dejó a una persona muerta en Jamundí. 

Recientemente, no han vuelto a ocurrir hechos similares en Cali, pero los armados siguen haciendo ruido a través de panfletos y banderas. Esta semana fue el ELN que dejó una de sus insignias en el oriente de la ciudad, como recordatorio de sus 60 años de existencia.

“En Cali no hay presencia del ELN, pero hay personas adeptas a su ideología que ha instrumentalizado habitantes de calle para ubicar ese tipo de elementos, que no representan más allá de lo que son”, dijo el subcomandante Manrique.

La inminencia de la COP16, el evento internacional más grande que ha hospedado Colombia, no admite descuidos. Por eso, mientras las autoridades políticas dan un parte de tranquilidad a la opinión pública, la Policía arrecia los operativos para controlar la amenaza. 

“Desde la óptica civil, los alcaldes y la gobernadora, se da un parte de tranquilidad con respecto a valorar el riesgo. Han sido muy precavidos en alertar a la comunidad”, dijo Iván Carvajal Hurtado, consultor en seguridad e Inteligencia y asesor de la Alcaldía de Cali. “Sin embargo, cuando uno ve la acción de la fuerza pública y el dispositivo de seguridad, ve que hay un cierto grado de riesgo porque es una estrategia bastante robusta”, agregó.  

Para Carvajal, el riesgo no llega a ser extremo, pero sí es medio-alto: “Es una amenaza con la capacidad y la voluntad de hacer daño. Un evento internacional de esa categoría les daría a las disidencias un parlante hacia el mundo de que están vigentes y tienen capacidad”. 

El optimismo merma los decibeles de las alarmas que se han hecho desde diferentes sectores. Hay un consenso colectivo para que la COP sea un éxito, lo que deja sin eco a las voces más pesimistas. Sin embargo, tanto la Defensoría como la Procuraduría han hecho llamados a los organizadores para que tomen medidas y las informen oportunamente.

“Es un hecho notorio el agravamiento de las condiciones de orden público en el Valle. Creemos que el asedio de los grupos al margen de la ley podrían suponer un riesgo serio que hay que considerar de cara a la COP16”, le dijo a La Silla Gustavo Guerrero, procurador delegado para Asuntos Ambientales. 

El ente de control hizo requerimientos al Ministerio de Medioambiente y al de Defensa para que remitan información sobre los preparativos de la COP y les pidió un plan de contingencia. “Ha faltado información clara para el público y para los organismos de control. La Procuraduría desconoce cuáles son las acciones que se han coordinado desde el gobierno nacional”, concluyó Guerrero.

El candado para mantener la paz de la COP16

En la Mesa de Seguridad tienen asiento el Departamento de Seguridad de la ONU, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Medio Ambiente, la Policía, el Ejército y miembros del gabinete de las alcaldías de Cali, Yumbo y Palmira. 

Allí se priorizaron siete componentes: la seguridad de la zona de negociaciones, o Zona Azul, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico; las rutas por donde pasarán las delegaciones; las zonas hoteleras; la zona pública del evento o Zona Verde, en el centro; la Zona Naranja, en el sector gastronómico y hotelero del oeste; los aeropuertos, principalmente el de Palmira; y las caravanas de las delegaciones. En síntesis, son tres zonas clave con sus respectivas rutas de acceso. 

La batuta en la Zona Azul estará a cargo de la ONU, que tendrá licencia diplomática para operarla a cabalidad. Los demás sectores estarán a cargo de las autoridades locales y nacionales. El designado por parte de Naciones Unidas para supervisar la seguridad del evento es el italiano Darío Conte, jefe de seguridad de la Cepal. Por su parte, el encargado de la estrategia en Colombia es el general William Castaño, director de los Carabineros de la Policía. 

Castaño informó sobre la creación de subgerencias para cada componente del plan y otros dos estamentos: el Centro Operacional de Fusión de Inteligencia y el Puesto de Mando Unificado, que se instalará el 11 de octubre. 

En total, se espera que Cali pase de 6.300 a  11 mil policías de aquí a octubre. La Alcaldía también anunció la llegada de 14 nuevos pelotones del Ejército, que no permanecerán en Cali, pero sí en municipios cercanos como Jamundí, Pradera y Florida. 

“Tenemos un plan específico para la COP16, pero también un despliegue pensando en el antes, durante y después del evento”, dijo el secretario de Seguridad, Jairo García. “Hemos hecho un trabajo con el gobierno, la Gobernación y las demás alcaldías. La meta es mejorar las condiciones de seguridad en Cali en todos los indicadores de seguridad ciudadana y con resultados en los temas de orden público”, agregó. 

La plata para la manutención de los uniformados, alrededor de 40 mil millones, va por cuenta del gobierno nacional. De hecho, la semana pasada el presidente Petro dio la orden de blindar la ciudad. “Le pido general Salamanca que, de acuerdo con los protocolos mundiales en este tipo de eventos, se empiece a construir desde ya una zona candado que permita absoluta seguridad en el desarrollo de la COP 16”, dijo.

De acuerdo con una fuente al interior de la Alcaldía que ha estado al tanto de los preparativos de la COP, quien pidió no ser citado por no ser vocero autorizado, todavía no está claro a qué se refería el presidente con “Zona Candado”. “Lo que tenemos claro es que vamos a hacer con los refuerzos que llegan. Lo que el presidente tiene en mente no lo conocemos”, dijo. 

Sin embargo, para el secretario García, el “plan candado” se refiere a los 5 mil policías adicionales que van a llegar a Cali. “Agradecemos al gobierno nacional la disposición y el mensaje de reconocer la importancia de la reducción de la violencia en Cali. Es una relación con resultados muy concretos”, dijo el secretario García. 

Por el lado de la Gobernación, Dilian Francisca Toro anunció que se está tramitando la adquisición de un lote de la Sociedad de Activos Especiales para instalar un batallón de alta montaña en la zona rural de Jamundí. La semana pasada la gobernadora ya había dicho que están evaluando la compra de dispositivos antidrones, para dotar a la fuerza pública en ese municipio.

El pasado fin de semana hizo presencia en el Valle el Comando Sur de Estados Unidos y su comandante, Laura Richardson. En las aguas de Buenaventura estuvo un portaaviones gringo y hubo operaciones conjuntas con la Armada colombiana. Richardson se reunió con la gobernadora Toro y el alcalde Eder en el hotel Intercontinental y hubo promesas de colaboración en diferentes temas, entre ellos la COP, pero no se anunció nada concreto.

La COP está firme, pero la duda se mantendrá hasta el final

Aunque el riesgo es innegable, las seis fuentes consultadas por La Silla Vacía dan como un hecho que el evento se va a llevar a cabo en Cali y desmienten rumores que hablan de mover algunos de los eventos a Bogotá. 

“El alcalde y el gobierno nacional han sido muy claros. Hasta ahora la COP16 se realiza en Cali”, dijo el secretario García. Agregó que en ninguno de los escenarios donde se discute el tema de seguridad se ha considerado la posibilidad de trasladarla. 

La revista Cambio le hizo la misma pregunta al alcalde Alejandro Eder. “Cambiar la sede de la COP16 no se hace así no más. Por ejemplo, en 2015 la COP fue en París, un mes después de los ataques terroristas de Bataclan, un hecho más complejo”, respondió el alcalde. 

El equipo del Ministerio de Medioambiente le respondió a La Silla que se podrían realizar algunos eventos previos en Bogotá por “un tema de capacidades”, pero negó la posibilidad de trasladar programación por motivos de seguridad. 

Por su parte, la Cancillería dio una versión similar: ““Cali será la sede principal de la COP16, pero teniendo en cuenta de que se trata de un evento de alcance global, tanto gobiernos como sociedad civil y otras organizaciones pueden decidir realizar eventos previos o paralelos en otras ciudades”. Agregó que, de manera preliminar, la ONU espera la asistencia de más de 8 mil delegados.

“Si se hace en Medellín, Bogotá u otra ciudad el riesgo cambia, pero va a estar presente por el contexto del país”, opinó Erwin Norza, consultor internacional en seguridad y antiguo Jefe del Grupo Ciencias del Comportamiento Forense de la Dirección de Investigación Criminal. “Así como hay un riesgo, hay cuerpos de seguridad con altos niveles de resiliencia y capacidad de respuesta para neutralizar acciones de grupos armados”, agregó. 

Aunque la COP se mantiene firme en Cali, cualquier atentado en los próximos meses o durante el evento podría sabotear su éxito. Por eso, desde otros sectores plantean posibilidades distintas a la confrontación para garantizar la calma en la cumbre mundial. La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, planteó buscar un cese al fuego.

“Yo creo que se puede proponer un gran pacto nacional en el marco de la COP”, dijo la gobernadora Córdoba.  “Nos puede servir para presentar una propuesta de cese, para que se detengan las hostilidades y podamos aprovechar lo mejor posible esta presentación de Colombia ante el planeta”, agregó. 

“Ojalá se valore esa herramienta para efectos de una paz temporal”, dijo el consultor Iván Carvajal. “Podría ser útil, pero el gobierno está negociando con delincuentes sin un ápice de ideología que los avale como negociadores políticos”, agregó. 

La propuesta de Córdoba aún no ha sido discutida por los encargados de la organización de la COP. A priori, parece difícil, por el curso que ha tenido el conflicto en los últimos meses y el tono que ha tomado la discusión. 

El alcalde Alejandro Eder, por ejemplo, hizo un llamado a retomar los bombardeos aéreos y diferentes sectores gremiales y políticos de la región, liderados por la gobernadora Toro, le pidieron una cita al presidente Petro para discutir la seguridad del Valle, que se ha deteriorado en los últimos años. La última vez que vino a Cali el presidente fue en mayo, en su gira “Gobierno con los Barrios”.

Por su parte, el ministro de Defensa Iván Velásquez, ha rechazado la posibilidad de retomar el cese al fuego y lanzó a finales de junio la “Misión Cauca”, una avanzada militar y social para aporrear las disidencias militarmente e interrumpir su interacción con las comunidades en Cauca y Jamundí.

Faltan tres meses y medio para que arranque la COP16 en Cali. Mientras sus negociaciones buscarán la “Paz con la Naturaleza”, la guerra en el suroccidente amenaza.

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Hasta Leonardo Di Caprio, el conocido actor de Hollywood y ambientalista, le dió un espaldarazo al proyecto de ley de trazabilidad ganadera que está a punto de convertirse en ley y que tiene su último debate en el Senado esta semana. Este proyecto, que permitirá saber de dónde viene la carne, abre la puerta a una tercera vía para frenar la deforestación amazónica que subió un 40 por ciento en el primer trimestre de este año frente al 2023.

Hasta ahora Colombia ha intentado dos aproximaciones para bajar la deforestación. La militar y el control criminal vía la penalización de la deforestación que intentó Iván Duque y las estrategias para reforestar, como los bonos de carbono y el pago por servicios ambientales a las comunidades, que es lo que está intentado el presidente Petro. Pero ninguna de las dos ha sido exitosa hasta ahora.

“El Estado tiene una especie de disociación entre lo que son mecanismos de control y las actividades que se han identificado como motores de deforestación. Es claro que la deforestación tiene que ser abordada desde el punto de vista de la actividad económica, y ahí la ganadería es central”, dice Natalia Escobar, experta ambiental de DeJusticia.

Porque hoy lo que ocurre en muchos municipios de la Amazonía es que el bosque se tumba en terrenos baldíos para meter vacas y luego se construyen vías para sacar el ganado al mercado, lo que facilita, a su vez, la ampliación de la frontera agrícola y mayor deforestación. 

La ley que quiere Di Caprio

La iniciativa del representante Juan Carlos Losada, representante a la Cámara por el Partido Liberal, tendría los votos en el Senado para ser aprobada esta semana y quedaría a la espera de la aprobación segura del presidente Petro, que ha defendido la necesidad de este proyecto desde su cartera ambiental.

Actualmente hay formas de saber la trayectoria de una vaca o un toro en el país, que son las Guías Sanitarias de Movilización Interna de Animales (Gsmi), que proporcionan detalles sobre la actividad comercial, los flujos y las redes de ganado. 

También están los datos del Registro Único de Vacunación (RUV), que son esencialmente una trazabilidad sanitaria. Lo que el proyecto quiere impulsar es una trazabilidad ecológica del ganado. 

En esencia, lo que propone la iniciativa es que los sistemas de información ya existentes puedan compartir información tanto de la identificación de los animales, como de los predios y del monitoreo satelital de los bosques donde se criaron. Así se podría cruzar la información para saber si una vaca o un toro fueron engordados en una zona previamente deforestada.

“Ya el sistema de vacunación es riguroso en Colombia para prevenir que el ganado esté libre de aftosa, así como el sistema de georeferenciación del Ideam es bueno para detectar la deforestación. La clave ahora es poner a hablar a entidades como el Ica y el Ideam para que coordinen esas bases de información”, dice Julia Miranda, representante a la Cámara y exdirectora de Parques Nacionales que ha liderado debates sobre temas ambientales.  

Para Rodrigo Botero, director dela Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, Fcds, este proyecto busca comprometer al sector ganadero para que tenga mejores prácticas en cuanto a la conservación de los bosques precisamente en un momento en el que la demanda por la carne bovina aumentará. 

Cada vez hay más ganado

En la Amazonía el hato ganadero creció un 30 por ciento en los últimos años. Un crecimiento de más de 1 millón de bovinos entre 2016 y 2023 en los municipios del arco de deforestación amazónico, según datos de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, Fcds.

Y va a seguir creciendo.

Hoy Colombia es el quinto país del mundo en exportación de carne bovina, y es un mercado que crecerá ahora que Colombia exportará esta carne a China. 

Esto especialmente desde que, en septiembre de 2023, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, firmó el protocolo sanitario con el gobierno chino para que Colombia pueda entrar a ese mercado de 1.400 millones de habitantes. China es el primer importador de carne bovina en el mundo y tiene el 43 por ciento de ese mercado. 

El temor es que este nuevo mercado dispare la deforestación dado que la ganadería está en el centro del problema. Especialmente la ganadería de gran escala, según varios expertos. 

Un documento de este año de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, Fcds muestra que más de 1,2 millones de vacas entraron en los 8 municipios más deforestados de Colombia en los últimos cinco años. 

Como mostró este reportaje de La Silla Vacía, las vacas aumentan en las zonas más deforestadas, como Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo. 

De hecho, en los últimos cinco años Colombia fue el país amazónico con un mayor incremento porcentual del hato ganadero. En Colombia creció un 30 por ciento, mientras que en Brasil apenas un 4 por ciento en 2023. 

Un gráfica muestra que en la Amazonía, especialmente Caquetá, Guaviare y Putumayo, es donde más se cruza el crecimiento bovino con una mayor deforestación. 

Tomado de Fcds, 2024. 

Y es la gran ganadería la que lleva la batuta. Según datos del ICA, el 70 por ciento del hato ganadero en la región amazónica está en predios de más de cien animales, por lo que son los grandes ganaderos los que principalmente hacen parte de este mercado. 

Mientras que a nivel nacional las fincas con más de 500 bovinos crecieron un 23 por ciento, en Guaviare ese crecimiento fue del 150 por ciento y en Caquetá de un 79 por ciento, como muestra este informe.  

El caso de Guaviare es diciente. En ese departamento solo el 11 por ciento de la ganadería corresponde a pequeños ganaderos (entre 1 y 50 animales) mientras que el 72  por ciento a grandes ganaderos (Más de 101 animales).

Tomado de Fcds, 2024.

En todo este panorama, las reservas forestales y los parques naturales son los grandes afectados por el aumento de la actividad ganadera. En la actualidad hay más de 150 mil cabezas de ganado en los Parques Nacionales ubicados en la Amazonia colombiana, siendo el Parque Tinigua el mayor con 62 mil cabezas, seguido por el Parque La Macarena, que tiene 45 mil. 

Y es que detrás de las vacas vienen las carreteras para sacar las reses al mercado.

Aunque China no lo pide, la trazabilidad del ganado también es una oportunidad de entrar a otros mercados como el de la Unión Europea, que sí la requiere. Desde finales de 2023, la Unión Europea tiene un reglamento de comercialización que exige la trazabilidad de siete productos para su exportación, incluido el cacao, el café, la soja y la madera. Está incluida también la carne de vacuno. Es decir, que a partir del 30 de diciembre de 2024 no podrán entrar a la UE productos procedentes de tierras que hayan sido deforestadas después de diciembre de 2020. 

Por eso, que Colombia pueda incluir un etiquetado que certifique que la carne viene de tierras “libres de deforestación” es una oportunidad de exportar a ese mercado, y así lo ha interpretado la embajada de la Unión Europea, que también ha respaldado el proyecto.  

Sin embargo, aunque la versión original de la ley incluía crear un sello de “carne bovina libre de deforestación” para dar una señal de garantía sobre ese seguimiento, luego de los debates en comisión quinta quedó que no será un sello específico de carne sin deforestación, sino un sello general ambiental colombiano. 

“Así la carne bovina se une al cumplimiento del sello nacional que indica que cumple con estándares ambientales. Este es un sello que existe hace tiempo, pero ayuda a darle garantía de estándares a la carne”, dijo la representante Julia Miranda.

Añade que otro desafío de la implementación es que poner esos sellos quede al alcance de todos los productores, y no sólo de los grandes productores ganaderos.

Aunque desde 2017 existen acuerdos de “cero deforestación” para que productores ganaderos se comprometan voluntariamente a eliminar la huella de deforestación en su trabajo, como lo evidenció una investigación de Dejusticia en su libro “¿Carne Deforestadora? Cuellos de botella en el control de las cadenas de suministro de carne bovina en Colombia” (2022), estos acuerdos tienen varias limitantes. No es claro quiénes en el gremio ganadero la cumplen y no hay sanciones para quienes incumplen. La ley actual tampoco establece castigos para quienes no cumplan estos estándares. 

El gremio ganadero ha sido precisamente el más crítico de la iniciativa. En el blog Contexto Ganadero, de Fedegan, criticaron en 2022 el proyecto con un artículo titulado: “otra vez animalistas y ambientalistas contra la ganadería: ahora producción libre de deforestación”. 

Un argumento del que se han hecho eco otros congresistas como el senador monteriano Marcos Daniel Pineda, del Partido Conservador, que dijo que el proyecto de ley estigmatiza al sector ganadero como culpable de la deforestación “cuando los verdaderos culpables de la deforestación son los cultivos ilícitos y el acaparamiento de tierras con fines distintos a la industria pecuaria”, dijo.   

Para organizaciones ambientalistas y expertos del sector ambiental, sin embargo, esta es una de las iniciativas más importantes para bajar la deforestación amazónica porque, contrario a lo que sostiene Fedegan, la ganadería sí es un motor importante, aunque no el único, de la deforestación.  

Entre 2015 y 2020, la deforestación en la Amazonía pasó de 57 mil a 109 mil hectáreas según el Ideam. Y aunque la ganadería extensiva no es la única causa, sí ha ocasionado el 51 por ciento de la tala del bosque, según un informe de DeJusticia. 

Para la representante Julia Miranda, el reto principal después de la aprobación del proyecto será que el gobierno Petro logre convertir lo dispuesto en el proyecto en reglamentaciones concretas para las agencias del Estado. 

“Implementarlo es el reto de la administración para que no se quede en letra muerta, pero ya con la ley el gobierno tiene con qué mostrar en la COP de Cali que el país está trabajando en medidas concretas para bajar la deforestación”, dice la representante. 

Mientras tanto, los ambientalistas cierran filas en torno al proyecto, que está a un paso de ser aprobado. 

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Aunque la ganadería tiene un impacto directo en el número de hectáreas deforestadas mayor al de la coca, esta economía ilícita sigue siendo una de las principales amenazas para la conservación de la Amazonía, según lo demuestra el análisis de las cifras de los últimos diez años de coca y deforestación en la selva colombiana, peruana y ecuatoriana y la opinión de los expertos. Estas son siete razones: 

Esta historia es parte de un especial regional llamado “Narcodeforestación: el nuevo mapa de la coca destruye la Amazonía Andina” coordinado por Ojo Público de Perú, en colaboración con La Silla Vacía de Colombia, la Revista Vistazo de Ecuador y El Deber de Bolivia. Y con el apoyo de la Fundación Moore y Natural Resource Governance Institute —NGRI—.  

1. Los cuatro departamentos con más coca son también los más deforestados. Putumayo es el caso insigne.

Casi el 60 por ciento de la deforestación en Colombia en los últimos 10 años se concentró en la Amazonía. Y los cuatro departamentos de esa región que la jalonaron son a su vez los que mayor cantidad de cultivos de coca tuvieron en ese período, solo superados por Nariño (Tumaco – Puerto Asís) y Norte de Santander (Tibú).

Puntualmente, Putumayo —que en 2022 aportó el 6 por ciento de la deforestación de Colombia y cuya principal actividad económica es la coca— ha tenido la tasa promedio de deforestación más alta en la Amazonía en la última década (sólo Meta lo superó, pero no es un departamento 100 por ciento amazónico). 

Hay tres departamentos en la Amazonía que han tenido poca deforestación y, a su vez, pocos cultivos de coca y ganadería porque la humedad es del 90 por ciento y hay muchos terrenos inundables. 

Además dado lo apartado que están de los centros de producción no es rentable llevar hasta allá insumos ni sacar los productos. Estos son Amazonas —que tiene casi una cuarta parte del bosque de la Amazonía— Guainía  y Vaupés. 

2. La dinámica de enclaves aumenta el riesgo de degradación del bosque

En los últimos cinco años, la Unodc ha venido identificando una nueva dinámica del narcotráfico que está destruyendo la biodiversidad: los enclaves. Estos concentran en unos puntos específicos la siembra, extracción, producción y comercialización de la coca para manejar economías de escala con procesos tecnificados y están bajo el dominio de grupos armados. Dos de los más grandes se ubican en los bordes del río Putumayo, en la frontera con Perú y Ecuador.

Mientras que antes en un departamento como el Putumayo el paisaje era, según  Leonardo Correa, Coordinador regional de análisis monitoreo e información de Unodc, como un “queso gruyere” con pequeños cultivos de coca sembrados por comunidades campesinas o indígenas en el medio del bosque ahora, gracias a los enclaves “lo que se ve es la tala rasa”, dice. 

Los cultivos de coca que solían ser de entre 2 y 6 hectáreas, ahora superan las 20 en ese departamento, como lo ha constatado la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible —Fcds—en sus sobrevuelos desde 2022. La producción de coca ahí dobla el promedio anual de 6 toneladas por hectárea, llegando a 12, según Correa. “Las nuevas áreas están dejando de ser zonas dispersas y de baja densidad de siembra”, dice el informe de monitoreo de cultivos de la ONU de 2022. 

Como en los enclaves arrasan con todo en una zona no solo afectan los bosques talados sino también los contiguos que quedan en pie. 

Ese impacto lo llama la científica Dolors Armenteras el efecto de borde: “los bordes se crean donde se termina el bosque y empieza un pedazo de tierra con una cobertura totalmente diferente que expone esos bordes a desecación, lo que hace que no retengan la humedad y estén más expuestos a especies invasoras y al sol, viento, etc”. 

Entre más grandes están volviendo a ser los cultivos de coca, el bosque que queda en pie no alcanza a cubrir con su sombra el área descubierta, y por lo tanto, entra más sol y se evapora más el agua. Por eso, en las áreas donde se ha generado más efecto de borde hay más probabilidad de incendios que en el bosque, que es más húmedo y está en mejores condiciones, explica Armenteras.

Según el estudio en el participó Armenteras, casi un tres por ciento del bosque de la Amazonía puede estar degradado por el efecto borde, esto son cerca de 188,531 kilómetros cuadrados, casi el doble del departamento de Amazonas que es el más extenso de Colombia o del país de Guatemala.

Con los enclaves también se ha intensificado no solo el uso de los químicos que contaminan la tierra, los ríos y el aire sino que se depositan grandes cantidades de insumos en un solo lugar, según explica Correa, el Coordinador regional de análisis monitoreo e información de Unodc.

Según esa entidad para producir un kilo de cocaína se requieren 320 litros de gasolina y 700 kilogramos de hoja de coca. La mezcla de la hoja con residuos de cemento, combustible y otros materiales son desechados después sin tratar en su mayoría. Un 20 por ciento de la gasolina se evapora en el proceso y queda en el ambiente.

3. La crisis de la coca de los dos últimos años solo la viven los pequeños productores y, en todo caso amenaza, la conservación

La crisis en la compra de coca reportada desde finales de 2022 continúa hoy, muchos campesinos e indígenas en Putumayo tienen bultos de hoja de coca y pasta básica de cocaína guardada porque las organizaciones criminales no les quieren comprar. Esta situación también está ocurriendo en el Guaviare, según Angélica Rojas, coordinadora regional de Fcds en ese departamento.

Según dos líderes sociales en el Putumayo que pidieron no ser identificados por razones de seguridad, los Comandos de la Frontera, la disidencia con mayor control en el Putumayo, les ha dicho que con la purga que ha hecho el gobierno Petro en las Fuerzas Militares ya no tienen aliados en la ‘legalidad’ para sacar la coca. Y prueba de eso sería el crecimiento de las incautaciones.

Pero al ver las cifras de la Amazonía las incautaciones han bajado desde 2022. 

A nivel nacional sí han aumentado. Pero los expertos sostienen que las mayores incautaciones lo que demuestran es que hay más cocaína circulando. Así lo creen Correa, coordinador regional de la Unodc, Kyle Johnson, investigador de la ONG Core, o Insight Crime. 

En 2022, hubo récord de hectáreas sembradas a nivel nacional: 230 mil. Y en 2022 y 2023 hubo récord de toneladas incautadas. En la última década aumentaron, además, en un 23% los consumidores de coca en el mundo. 

Entonces lo que puede explicar la crisis de la compra es que el desarrollo del negocio a través de enclaves está dejando por fuera a muchos cultivadores pequeños que no están dentro de esos puntos de concentración y que siguen procesos más artesanales, en algunos casos de menor calidad que la que exige ahora el mercado internacional. 

Por esta diferencia entre la dinámica en los enclaves y la que hay afuera, Unodc está reevaluando su sistema de medición de precios de la hoja de coca y sus derivados, pues ahora el precio varía dependiendo del lugar donde se pregunte. Antes era homogéneo dado el monopolio que tenían las Farc, según Correa.

Ante la sobreoferta, los campesinos, según los dos líderes del Putumayo con los que habló La Silla, han dejado de sembrar coca. Las cifras de la Policía muestran que, como en otros departamentos, allá se estancaron los cultivos entre abril y agosto de 2023, luego de que en los dos años anteriores hubieran crecido en un 70 por ciento. 

Esto coincide con una caída de la deforestación en Putumayo, que parece por eso estar muy ligada a los cultivos de coca. Contrario a la tendencia nacional, Putumayo fue el único que tuvo una reducción en el último trimestre de 2023: se talaron 1976 hectáreas menos con respecto al mismo período de 2022.

En todo caso, esto no significa que el bosque esté más conservado. Algunos campesinos y comunidades indígenas están extrayendo maderas finas para sobrevivir; y aunque otros árboles sigan en pie, la tala selectiva provoca la desaparición de algunas especies que vivían en los árboles tumbados y afecta el ecosistema en su conjunto, como lo ha demostrado la investigadora Armenteras

4. La coca se siembra en ecosistemas de alto valor biológico y pone en riesgo los liderazgos ambientales 

El 57 por ciento de los bosques en Colombia están en zonas protegidas y dos terceras partes están en la Amazonía. A su vez, casi la mitad de los cultivos de coca están también en parques naturales, resguardos, territorios de comunidades negras y zonas de reserva forestal. 

La Serranía de la Macarena, en Meta, La Reserva Natural Nukak, entre Caquetá y Guaviare, y La Paya en Putumayo, fueron los parques más afectados por la siembra. El 60 por ciento de la deforestación en 2022, a su vez, ocurrió en zonas de protección, la mayoría del bioma amazónico. 

No es gratuito. Dado el carácter ilegal de los cultivos de coca, estos se siembran en zonas muy apartadas para evitar su persecución y usualmente de alto valor biológico, según Pedro Arenas, de Viso Mutop, una organización que da recomendaciones de política pública en este materia.

Las erradicaciones forzosas y la fumigación desplazaron la coca hacia áreas protegidas con baja presencia del Estado.  La imposibilidad también, según el Cesed de la Universidad de Los Andes, de que los colonos en esas zonas puedan convertirse en propietarios pues estos terrenos son imprescriptibles y no se pueden adjudicar, impide que accedan a crédito para desarrollar actividades legales. Eso, sumado a que no tienen riesgo de que les extingan el dominio por la misma razón, los hace más proclives a dedicarse al cultivo de coca. En otros casos son obligados a hacerlo por los grupos armados que controlan el territorio.

Esto, además, implica que las comunidades indígenas que defienden sus territorios o se oponen a la siembra de coca en la Amazonía sean amenazados, desplazados o asesinados. Lo mismo pasa con los líderes que promueven el programa de sustitución de cultivos ilícitos —Pnis— u otras alternativas de conservación, como los guardabosques y autoridades ambientales. 

En los municipios con cultivos de coca la violencia se exacerba. Entre 2017 y 2022 hubo cuatro veces más homicidios contra la población civil, que en otros municipios según Indepaz. Cifras de la misma organización muestran que de los 1532 líderes asesinados entre 2016 y 2023, el 13 por ciento se reportaron en departamentos de la Amazonía, la zona más afectada después de Cauca y Antioquia. 

Los indígenas fueron proporcionalmente la población más golpeada; representan menos del 4 por ciento de la población colombiana, pero fueron el 19 por ciento de los líderes asesinados en 2023. 

5. La coca dinamiza otras actividades que promueven la deforestación

Pedro Arenas, investigador de Viso Mutop, sostiene que después de que los cultivos de coca amplían la frontera agrícola, en los siguientes cuatro años se dan las condiciones para que otras actividades legales e ilegales se expandan hasta ese límite. 

Esto se explica porque, por un lado, los cocaleros suelen transitar a actividades legales como la ganadería para invertir y justificar su renta, por lo que después de sembrar voltean sus tierras a pastizales y luego a ganado. Por eso la ganadería, que es una de las principales causas de deforestación hoy, no está desligada de la coca en muchos casos. 

Y si no pueden dedicarse a la ganadería, le apuestan a la valorización de esos predios, especulan con los precios y los venden al cabo de un tiempo. 

Con las comunidades que se forman alrededor de los cultivos de coca arranca también una demanda de servicios: escuelas, viviendas, comercios, infraestructura eléctrica, carreteras, que a la postre facilitan o motivan otras actividades que ejercen presión sobre la conservación. Un ejemplo de esto es lo que está ocurriendo, según el investigador Arenas, en Puerto Guzmán en la ribera del Río Caquetá hacia el norte del Putumayo donde se están convirtiendo los terrenos en praderas para ganadería.

Además, el narcotráfico sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos de los grupos armados en la Amazonía y son ellos quienes definen en buena medida qué pasa con la deforestación.

Antes del Acuerdo de Paz, las Farc se dedicaban al narcotráfico, pero controlaban la deforestación porque se escondían del Ejército en el bosque. Tras su salida del territorio, llegaron nuevos grupos criminales con lógicas diferentes. 

Según un informe de Core, alias Gentil Duarte, al mando de las disidencias de las Farc que hoy son el Estado Mayor Central —EMC— permitió la tala de bosque para sembrar coca, para abrir trochas para moverse y para poder cobrar vacuna por cada vaca que metían al terreno grandes terratenientes que llegaron al Guaviare, al sur del Meta y Caquetá. Entonces, en 2017 aumentaron los cultivos y también la deforestación. 

Con la muerte de Duarte cinco años después y la llegada de alias Mordisco hubo un giro. Para poder entrar en la negociación de la Paz Total con el gobierno de Gustavo Petro, ese comandante de las disidencias ordenó detener la deforestación para demostrar que tenía cómo mejorar un indicador que hace parte del corazón de la apuesta ambiental del presidente. 

Desde entonces, la deforestación ha subido y bajado según las órdenes de ese grupo; excepto en Putumayo, donde el grupo que ejerce mayor control es la disidencia de Comandos de La Frontera y el comportamiento está más relacionado con alzas o bajas de los cultivos de coca. 

6. Más allá de Colombia, el narcotráfico es el motor de la deforestación del bioma amazónico

La recomposición de los grupos criminales con la salida de las Farc de la Amazonía y el desplazamiento de la mayoría de los cultivos de coca hacia las zonas de frontera, para poder sacar más fácil la mercancía por los ríos, generó un cambio en la dinámica del narcotráfico en Perú y Ecuador. 

Según la investigación periodística Amazon Underworld, las disidencias colombianas, específicamente los Comandos de Frontera vinculados a la Segunda Marquetalia, empezaron a sembrar cultivos de coca a lado y lado del Río Putumayo en la frontera con Perú en un proceso de internacionalización. 

Entre 2018 y 2022 en Putumayo, aumentaron los cultivos de coca 1,5 veces mientras en Loreto, Perú (al otro lado de la frontera), 1,8 veces. La Unodc dice que hay una continuidad entre los cultivos de coca a lo largo de los ríos San Miguel y Putumayo, y el núcleo de coca en el Putumayo peruano.  

En la frontera sur de Colombia con Ecuador se duplicaron los cultivos de coca, al tiempo que se duplicaron las incautaciones de cocaína en ese país vecino entre 2019 y 2022.  

En términos de conservación, de acuerdo a Correa, de Unodc, el aumento en productividad de las variedades de coca como su mayor tolerancia a otras condiciones climáticas ha hecho que se haya empezado a sembrar en áreas selváticas del Perú diferentes a los lugares tradicionales para estos cultivos, como Loreto en el Putumayo peruano, donde los cultivos de coca pasaron de 370 hectáreas en 2015 a más de 6470 en 2021. Aunque ahí no se concentra la mayor cantidad de cultivos en Perú, sí es donde ha habido mayor crecimiento en los últimos años. Y esto ha implicado tumbar bosque.

Además, las disidencias colombianas ahora colaboran con los principales grupos criminales brasileros: los Comandos de Frontera le venden al Primer Comando de la Capital PCC y el Carolina Ramírez al Comando Vermelho. Esto ha reforzado su influencia y alcance territorial. Según  Luz Alejandra Gómez, de Fcds, es común escuchar a brasileros en Puerto Asís y Puerto Leguízamo.  

La Amazonía es el lugar en el mundo con mayor concentración de grupos criminales, que no sólo dominan casi toda la cadena del narcotráfico sino que también se dedican a actividades ilegales que atentan contra la conservación de la región: la minería, la extracción de madera, el tráfico de fauna, la ocupación irregular de tierras. 

Con el oro, el narcotráfico es la actividad económica más rentable, y los réditos de esas industrias son lavados, a su vez, en algunos casos con tierras, ganado y agricultura. Por esa razón, Unodc y expertos como Rodrigo Botero, director de Fcds, llaman la atención sobre el impacto negativo indirecto que tiene la coca en los otros motores de la deforestación. 

7. Las políticas de los gobiernos que han buscado combatir la coca han sido contraproducentes para la conservación

Por su alta participación en los cultivos de coca, Putumayo ha sido el epicentro de varias políticas gubernamentales. 

Según el balance que hizo el Cesed sobre el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos –Pnis–, el solo anuncio de esa política en los municipios priorizados provocó que se multiplicaran por cinco los cultivos de coca y que la deforestación aumentara entre el 20 y el 31 por ciento. Ya en la fase de ejecución, la motivación de acceder a los proyectos productivos generó un crecimiento de los cultivos del 53 por ciento y de la tasa de deforestación de entre el 13 y 15 por ciento.

El Putumayo fue el departamento con más beneficiarios, un 21 por ciento del total —poco más de 20 mil familias— y se erradicaron casi 10 mil hectáreas voluntariamente en Orito, Puerto Asís, Puerto Guzmán y Valle del Guamuez. Pero la gente volvió a sembrar ante el incumplimiento del Estado. A 2022, casi cinco años después, solo un 2,75% de los inscritos había recibido el total de los beneficios. En esos lugares es donde hoy se reporta mayor cantidad de cultivos, según la Unodc. 

La operación Artemisa, por otra parte, durante el gobierno Duque, que fue la intervención militar de la Amazonía para frenar la deforestación, distanció a la gente del Estado y empujó los cultivos de coca hacia zonas protegidas.

Con el gobierno Petro el panorama de incumplimiento no ha cambiado. Sebastián Gómez, del Centro de Alternativas al Desarrollo (Cealdes) dice que esto mina la confianza de la gente en las instituciones en general, más allá de los gobiernos, y afecta el futuro de nuevos programas como los núcleos de desarrollo forestal que está impulsando el MinAmbiente.

Actualmente y como un efecto no deseado, la importancia que Petro le ha dado a lo medio ambiental ha implicado que la Amazonía se convierta en un instrumento de poder de negociación para las disidencias. 

Como quedó en evidencia con el repunte de la deforestación más reciente, el fracaso de la negociación con Mordisco explica las alzas de más del 40 por ciento en la deforestación: son los avances o reveses en las mesas de negociación del gobierno los que marcan los ritmos.

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A la Colombia enfrascada en los debates sobre la escasez del agua se le pasó desapercibida una visita importante que tiene todo que ver con el equilibrio hídrico en el país y en el continente. El grupo de científicos más importante del mundo en el estudio científico de la Amazonía visitó la Bogotá de los racionamientos. Se trata del Panel Científico por la Amazonia, que es una iniciativa creada en 2019 por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en cabeza del economista Jeffrey Sachs. 

Este grupo de más de 240 científicos tiene la misión de ponerle cifras y argumentos a las dimensiones biológicas y económicas que tiene la protección del bioma amazónico y las consecuencias de no hacerlo. La idea del grupo es generar evidencia que sirva a los políticos del mundo para tomar decisiones informadas sobre la protección del Amazonas. Su reunión coincidió con la visita del presidente brasilero, Luiz Inácio Lula Da Silva, que vino a lanzar la participación de su país en la Feria del Libro de Bogotá, y a hablar con el presidente Petro precisamente de políticas conjuntas para luchar contra la deforestación. 

Los dos copresidentes de ese panel de científicos hablaron con La Silla Vacía. Carlos Nobre, quien fue secretario nacional de Políticas de Investigación y Desarrollo en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil. Nobre es famoso por aportar evidencia para definir el punto de inflexión de la selva amazónica, que es el nivel de deforestación de ese ecosistema desde el cual empezaría a “sabanizarse”. También estuvo la copresidenta Marielos Peña-Claros, una científica boliviana especializada en ecología forestal que estudia la recuperación de los bosques tras las perturbaciones humanas y los tratamientos silvícolas que aceleran su recuperación. 

La Silla Vacía: Carlos, su trayectoria de 40 años estudiando la Amazonía lo ha llevado a ser una de las figuras claves para asimilar este concepto de punto de no retorno y de  sabanización del bioma amazónico. ¿Qué balance hace de ese recorrido y dónde estamos hoy?

Carlos Nobre: Vengo trabajando en la ciencia de la Amazonía por 41 años. Empecé en enero de 1983 cuando regresé de mi doctorado en los Estados Unidos, y después he hecho una investigación incisiva, que fue la primera investigación científica para saber qué ocurriría con el bosque de la Amazonía con una alta deforestación. Publicamos artículos científicos en 1990-1991 que decían: si hay mucha deforestación en la Amazonía, el clima en todo el sur de ese ecosistema —que equivale al 50 porciento de este— cambiaría de manera dramática, de modo que la estación de sequía se alargaría unos siete meses, con lo que sería imposible mantenerlo como un bosque tropical. El bioma que tiene una estación de sequía de siete meses es la sabana tropical, de ahí el término de la sabanización de la Amazonía y el riesgo que esto supone. 

En 1990, esto era una prueba de lo que podría ocurrir en un futuro con mucha deforestación. Después, con mis estudiantes de doctorado, hicimos otros estudios que predecían el riesgo del cambio climático y del calentamiento global en la Amazonía. Estos resultados mostraron que incluso cuando hay cero deforestación en todo el bosque de la Amazonía, pero hay calentamiento global y la temperatura se hace 4 grados Celsius más caliente, las sequías se tornan muy frecuentes y todo el sur de la Amazonía también termina sabanizado. Después vinieron otros estudios que muestran la combinación de los factores: hoy tenemos juntos calentamiento global, deforestación y degradación del bosque, y esa combinación nos da que si el calentamiento global llega a los 2.5 grados Celsius y la deforestación excede el 25 por ciento del bioma, llegamos a un punto de no retorno para ese ecosistema.  

Lo preocupante es que estamos cerca de llegar a ese punto. La deforestación está en el 18% y el calentamiento global, para 2023, casi llega a los 1.5 grados. Ya, por ejemplo, el bosque en la parte sureste de la Amazonía brasileña pasó a ser una fuente de emisiones de carbono, cuando debería estar capturándolo. 

Todos los bosques del mundo remueven una gran cantidad de dióxido de carbono de la atmósfera que equivalen a 12 mil o 14 mil millones de toneladas de CO₂. La Amazonía, por ejemplo, en la década de los 90, removía más de 2 mil millones de toneladas de CO₂. Ahora esa capacidad ha disminuido mucho y captura menos de mil millones y ya hay zonas que son fuente de emisiones carbono.  

Entonces, estamos ante una emergencia climática global que no da mucho grado para el positivismo. Por ejemplo, aunque en los primeros meses de 2024 se redujo la deforestación, con datos del bioma amazónico brasilero, aún así aumentó la degradación forestal, que es la capacidad del bosque para seguir prestando servicios ecosistémicos. A finales del 2023 también vinieron muchos incendios debidos en gran parte a la sequía más fuerte de la historia de Amazonía.  

Entonces, lo que en los 90s era una proyección de futuro hoy es un punto que estamos muy cerca de alcanzar. Hay una necesidad de reducir el uso de fuego porque la gran mayoría de los incendios en la Amazonía no son naturales, sino cometidos por criminales que tienen intereses en cambiar el uso del suelo y en generar pastaje para sus actividades.  

La Silla Vacía: Desde 2019 ustedes encabezan el Panel Científico por la Amazonía, que busca, más que informar, tener una incidencia política. ¿Cuál es el rol que puede tener este grupo en las negociaciones internacionales? 

Carlos Nobre: Esa es una pregunta importante porque desafortunadamente nosotros los científicos climáticos y de la Amazonía llevamos hablando por décadas sobre esos riesgos de emergencia climática, pero muchas veces lo hicimos como proyecciones para un futuro no tan inmediato. Decíamos que la temperatura del planeta podía llegar a 2.5 grados en 2050, y entonces ahí podríamos llegar al punto de no retorno del bioma amazónico. Pero con esa idea muchos sectores económicos y políticos han terminado diciendo que ese es un problema que va a ocurrir en algunas décadas, y por tanto, no hay de qué preocuparse porque se van a encontrar las soluciones de aquí a ese punto.  

La diferencia ahora es que ese punto de no retorno está más cerca de lo que previmos en su momento. Por ejemplo, los científicos climáticos no previmos que 2023 sería el año más caliente de los registros históricos. Ni tampoco previmos que en los últimos tres años parte del sureste de la Amazonía se convertiría en fuente de carbono, pues pensábamos que eso podría ocurrir hasta 2050. Pero eso ya empezó a pasa ahora, entonces no solamente podemos quedarnos como científicos haciendo proyecciones futuras, nos toca buscar que la clase política y económica entienda que no podemos continuar por esa senda.

El objetivo más cercano del panel es presentar en la COP 30, de Belén de Pará, un informe de evaluación donde el tema central será la conectividad de toda la Amazonía, que incluirá un detalle de cómo en la Amazonía se conectan distintos sectores de los pueblos indígenas, procesos del clima global y de la biodiversidad. 

Pero también habrá un capítulo que va a ser sobre la conectividad del crimen organizado. Hay mucha más conectividad de crimen organizado en toda la Amazonía que conectividad de la ciencia. El crimen organizado de Brasil está conectado con el de Colombia y Ecuador. Cocaína, oro, acaparamiento de tierras, extracción de madera y tráfico de vida silvestre son todos delitos que no se pueden pensar de manera aislada.

Marielos Peña-Claros: Al final lo que queremos es generar cambios en las políticas de Estado de la Amazonía para que la conservación y la protección también le generen un estilo de vida a las comunidades que sea digno. 

Pero para hacer estos cambios de paradigmas se necesita muchos recursos y un cambio en la manera como estructuramos el financiamiento que se da en los países. Por ejemplo, conseguir recursos para hacer un manejo de bosque para cualquier producto es algo que se logra pero con intereses muy altos, mientras que si quieres tumbar el bosque o plantar soya, la plata se consigue más fácil. 

La Silla Vacía: Cuando este panel se fundó llegó Bolsonaro al poder político en Brasil. Ahora la izquierda gobierna allá y en Colombia. ¿Cómo evalúan las posiciones de estos gobiernos frente a la deforestación? 

Carlos Nobre: En la cúpula de los países amazónicos de agosto 2023, en Belén de Pará, todos los presidentes dijeron muy claramente que reconocen que el Amazonas está cerca a un punto de no retorno, y ya es un avance coordinar a la región en un mismo lenguaje sobre la gravedad de lo que está pasando. Ese es un primer paso. Pero un segundo punto tiene que ver con bajar la deforestación efectivamente y ahí la acción de los gobiernos tiene límites. 

Por ejemplo, yo no sabía que en los últimos 3 meses la deforestación en la Amazonía colombiana viene creciendo. Ahí por supuesto que están los carteles y el crimen organizado que controlan gran parte de la Amazonía. 

Aunque hay que reconocer que la reducción de la deforestación en 2023 fue más alta en Colombia en comparación con todos los otros países del bioma, así tenga el lunar de los últimos tres meses de este año. Desafortunadamente, no hay solución definitiva a la deforestación amazónica que no pase por la legalización de cocaína a nivel global, pues actualmente el consumo mundial de cocaína no para de crecer. La legalización va a disminuir mucho el poder del crimen en esa región, así la deforestación pase también por otros factores. Pero claramente esto es muy difícil de implementar en este momento a nivel global. 

En Brasil la historia es un poco diferente y en los primeros tres meses se ha registrado una reducción de la deforestación de un 64 por ciento. Eso muestra que aparentemente las políticas del gobierno federal están siendo efectivas. En Brasil hay un esfuerzo muy grande del Ministerio de Medio Ambiente, liderado por la ministra Marina Silva, para combatir el crimen. 

A eso ayuda mucho que en Brasil hay sistemas de monitoreo muy robustos que detectan cualquier ilegalidad con horas o máximo días (cuando hay muchas nubes). Las organizaciones del gobierno de Brasil reciben estos monitoreos inmediatamente y actúan atacando la minería ilegal de oro o la deforestación para ganadería ilegal. 

Más que la derecha o la izquierda, el riesgo para la Amazonía es el crecimiento del populismo político del mundo. Nosotros sufrimos bajo los 4 años del gobierno anterior de Bolsonaro, que era anticiencia, negacionista del cambio climático, de los riesgos de la Amazonía y promotor de la ganadería, la minería y de monocultivos como la soya. Como era de esperarse, la deforestación creció mucho en Brasil en los cuatro años de este programa político.

El populismo está creciendo en todo el mundo: en Argentina con Milei, pero también en gobiernos de extrema izquierda, como Venezuela o Nicaragua, donde también hay un riesgo.

La Silla Vacía: Marielos, ¿ocurre lo mismo en la porción boliviana del Amazonas? ¿Cómo vienen siendo las dinámicas allá? 

Marielos Peña-Claros: La tasa de deforestación en Bolivia ha aumentado a lo largo del tiempo, y principalmente en los últimos 10 o 12 años. Una de las fronteras agrícolas fuertes que hay en Bolivia queda en el departamento de Santa Cruz, y la tasa de deforestación ahí es muy alta. 

El año pasado se ha visto una pequeña reducción, pero la tasa de deforestación sigue siendo alta. Sin embargo, en el norte del país, donde tendríamos una Amazonia en sentido estricto, la tasa deforestación es baja y hay una cobertura forestal de alrededor del 92 por ciento. Está identificado que son los mercados ilegales de diesel, ganadería y producción de soya los que están principalmente detrás de esa deforestación. 

También está como factor que empuja la deforestación la minería ilegal de oro, pero el gobierno actual no termina de decidir su posición al respecto, pues atacar la minería de oro es enfrentarse a los mineros, que fueron una fuerza electoral importante de este y pueden salir a protestar en cualquier momento.

La Silla Vacía: En la antesala de la COP 16 de biodiversidad en Cali, ¿qué cree que serían logros para Colombia en esa cumbre? 

Carlos Nobre: Venimos de una COP 15 de biodiversidad en Montreal que fue muy importante para mostrar el riesgo y la importancia de mantener la biodiversidad de todo el planeta. Ahí la Amazonía es determinante porque tiene la mayor biodiversidad del planeta y los Andes amazónicos la mayor biodiversidad dentro de Amazonía, así que manda una señal grande que se haga esta cumbre en un país amazónico.  

Me gustaría mucho que la COP 16 de Cali se dedicara a la búsqueda de soluciones. Por ejemplo, la COP15 creó el fondo para la biodiversidad, que implica que los países ricos financiarán el sostenimiento de la biodiversidad global con decenas de miles de dólares por año. Pero lo importante es que esos compromisos aterricen en soluciones y no seguir hablando y hablando en compromisos que nunca ocurren. 

Lo mismo está sucediendo con el fondo verde climático, que prometió, en 2010, 100 mil millones de dólares al año para ayudar a países en desarrollo en prácticas de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos. Pero eso no está ocurriendo y los países no están haciendo transformaciones sustanciales para cambiar sus matrices energéticas y hacerlas más renovables en un mundo donde, en general, el 70 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen de combustibles fósiles. 

La Silla Vacía: Marielos, en su campo de investigación ha conocido procesos exitosos de hacer productivo el bosque. ¿Qué ejemplos nos puede dar de casos en los que hay un equilibrio entre la actividad económica de las comunidades y una preservación del bosque?

Marielos Peña-Claros: Yo he investigado mucho sobre el aprovechamiento forestal para entender qué es lo que pasa cuando se aprovecha el bosque para la producción de madera o la producción de no maderables, y cómo cambia la dinámica de las comunidades en esos ecosistemas, y eso me ha hecho conocer varios ejemplos. 

Uno de mis ejemplos favoritos es el de la castaña, que en Brasil llaman castaña do Para y en Bolivia llamamos castaña o almendra, que es una nuez producida por árboles que llegan a tener 30 o 45 metros de altura y que necesitan estar en un bosque para producir, porque su polinización depende de unas abejas especiales. 

La economía de este fruto genera en Bolivia unos 100 millones de dólares anuales. Para algunas comunidades en Bolivia la castaña representa hasta el 50 o 70 por ciento del dinero efectivo que les llega a las familias. Es un producto que tiene un mercado a nivel internacional, pero requiere un cuidado del bosque. 

Otro producto que es estrella, pero que a veces su producción ha generado tensiones, es el acai, que ya está en todas partes del mundo, al tiempo que es un producto que es parte de la base alimentaria de la región y se toma como sopa allí, como en los Andes está la papa. 

Hay mucha trayectoria en el manejo de estos bosques para el acai, pero con el riesgo de que como su mercado es tan grande la gente lo está sembrando cada vez más intensivamente, lo que paradójicamente ha traido el efecto de que en algunas zonas del Amazonas hay deforestación para hacer monocultivo de acai, lo que es también un problema.  

Hay que pensar en productos que garanticen estabilidad y no estos ciclos de abundancia y luego desabastecimiento, como pasó con el caucho, que han sido típicos en el pasado amazónico. Tal vez no necesitemos que todos los productos de estas sociobioeconomías vayan a un mercado global. Con satisfacer un mercado regional ya sería suficiente, pero siempre que genere suficiente dinamismo para la gente que vive ahí pueda hacerlo bien.

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La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, señaló recientemente que la deforestación volvió a dispararse en lo que va de 2024 en el bioma amazónico. “Identificamos un incremento del 40 por ciento en el primer trimestre de 2024 en comparación con 2023”, dijo. La cifra contrasta con el ánimo triunfalista de 2023, cuando la deforestación se redujo entre un 25 y un 35 por ciento en esos departamentos. 

En 2023 no era del todo claro cuál era la receta detrás de ese logro. Por una parte, estaban las órdenes territoriales del Estado Mayor Central (EMC), que impartían multas a quienes siguieran con la tala en el marco de las mesas de negociación de paz con el gobierno Petro. Esas directrices habían sido hasta ahora instrumentales para bajar la deforestación. En su momento, el entonces comisionado de paz, Danilo Rueda, decía: “no puede haber una ‘paz total’ sin una paz ambiental”. 

Por otro lado, también estaban las iniciativas del gobierno Petro para incentivar a que las personas no tumbaran el bosque, como los Núcleos de Desarrollo Forestal, que son una apuesta por convertir los núcleos de deforestación en lugares de restauración forestal, y otras iniciativas de conservación en departamentos como Guaviare, Caquetá y Meta. 

Con el repunte en lo que va de 2024 queda más claro el poder de las disidencias de “Mordisco”. El aumento en la tala se corresponde con las dificultades en la mesa de negociación con las disidencias. Recientemente, estas terminaron en la salida de Iván “Mordisco” de la mesa con el gobierno y el rompimiento en dos facciones del EMC. Y ya hay señales de que el grupo de “Mordisco” no solo está promoviendo más tala, sino también actuando contra las iniciativas del gobierno. 

Ahora, con la paz total se enredan también los logros ambientales del gobierno, justo cuando se prepara para ser vitrina ante el mundo con la COP16 de Biodiversidad.  

La deforestación vuelve al alza

En 2023 la deforestación se redujo entre un 25 y un 35 por ciento, frente a 2022, según los datos de alertas de deforestación. Fue el nivel más bajo de deforestación desde 2013. 

Pero ya desde el año pasado el Ministerio de Ambiente había señalado que esa tendencia se podía complicar. Desde una reunión con campesinos en Guaviare, en noviembre pasado, la ministra Muhamad había alertado sobre un cambio de las condiciones. Aunque la deforestación general había bajado en los primeros nueve meses, en Guaviare había aumentado de junio a septiembre en un 125 por ciento. Por esta razón la ministra fue a redoblar su apuesta para pagarles a familias que se comprometieran con la preservación del bosque en sus propiedades con su apuesta de los núcleos de desarrollo forestal. 

A comienzos de este año finalmente se confirmaron los temores de la ministra Muhamad.  Durante octubre, noviembre y diciembre de 2023, en los departamentos de la Amazonía colombiana se estimó una deforestación de alrededor de 18.400 hectáreas. Es decir, un aumento del 41 por ciento en relación con este mismo trimestre de 2022. Los departamentos más afectados fueron: Caquetá (+3.464 hectáreas), Meta (+2.437 hectáreas) y Guaviare (+1.004 hectáreas).

Lo preocupante es que la tendencia sigue al alza en el arranque de 2024. La ministra Muhamad señaló como una de las razones los incendios y sequías históricas provocados por el fenómeno del Niño, pero también directamente al EMC. “Es miserable la presión psicológica que están ejerciendo los grupos armados contra las comunidades. En este caso se está poniendo la naturaleza en la mitad del conflicto y esto es una violación al derecho internacional humanitario en el que, claramente, las afectaciones al medioambiente están prohibidas como forma de presión armada”, dijo. 

Que las directrices del EMC se han vuelto más flexibles frente a la deforestación, al tiempo que se han complicado las iniciativas del gobierno de conservación del bosque, es un diagnóstico que confirman distintas voces desde departamentos como Guaviare. 

El mordisco de “Mordisco”

Para Felipe Henao, uno de los miembros que dirige una asociación de cuidadores de bosque llamada Pipe-Q-Ida, en San José del Guaviare, es claro que la tala de árboles está siendo usada por las disidencias del EMC como parte de una estrategia política en su negociación con el gobierno. 

“Hoy en Guaviare quienes determinan si se deforesta o no son las disidencias en cabeza de ´Mordisco´. Sí él dice: hagan fundos, consigan tierra, pónganse a producir, todo lo que él ordene se hace”, dice. 

Cuenta que señales de que la deforestación va avanzando en el departamento es que se están haciendo nuevas vías desde Calamar para otros lados, incluyendo una vía que ya tiene 20 kilómetros en Cachicamo, alrededor de la cual se va tumbando selva. 

“Ahora ya no importa si es verano para tumbar, todos los meses del año se deforesta, todo el tiempo se puede tumbar, antes incluso mejor en invierno porque no los molestan tanto”, dice. 

También se muestra crítico con la gestión del Ministerio de Ambiente y sus iniciativas para parar la deforestación, como los Núcleos de Desarrollo Forestal, de los cuales hay ocho en Guaviare. Dice que los líderes comunales que decidieron meterse a esas iniciativas de pagos por conservación del gobierno están siendo amenazados por liderar esa estrategia. Esta consiste en que las familias propietarias reciben un pago de 900 mil pesos mensual por cuidar el bosque y sembrar. 

“En Guaviare, el Núcleo de los Puertos era el que iba más adelantado de todos, pero ahora todo está quieto porque la orden de las disidencias es: no se metan en eso, no ganen plata porque no respondemos”, dice. 

Cuenta que a comienzos del año un comandante de las disidencias que trabaja bajo el mando de “Mordisco” lo paró a él y a otros líderes que querían involucrarse con los núcleos y les dijo: “Si el gobierno nos incumple ustedes me pagan con la vida”. 

Otro líder ambiental de Guaviare, que pidió reserva de su identidad por temor a represalias, dijo que las disidencias les han dicho, por intermedio de los representantes de las Juntas de Acción Comunal, que no quieren saber de nada que tenga que ver con bonos de carbono o con núcleos de desarrollo forestal. En zonas como Cartagena del Chairá, en Caquetá, incluso el ingreso de funcionarios del gobierno está complicado. 

“Ya a Cartagena del Chairá nadie se quiere meter. Por allá lo muerden a uno. La órden es joderle la vida al gobierno y si uno gana plata del gobierno lo ven como si uno fuera de ellos”, dice. 

Angélica Rojas es la Coordinadora regional en el Guaviare de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (Fcds) y es una de las personas que más conoce de las dinámicas sociales del territorio. Dice que desde finales del año pasado ya se conocían de órdenes explícitas de las disidencias para “limpiar” 30 metros de lado y lado de la vía, pero este año con la situación de las negociaciones hicieron presión para que los propietarios de predios hicieran esa limpieza. 

“Adicionalmente, se dio autorización para tumbar 10 hectáreas en cada predio, de modo que los que tuvieran los medios lo podían hacer. Incluso está la directriz de que los que querían tumbar más lo podían negociar con ellos directamente”, dijo. 

Rojas dice que las disidencias se han tomado el control de los recursos naturales como un mecanismo de negociación y presión con el gobierno. “El aumento de la deforestación se dará no por la salida específica de “Mordisco”, sino por la determinación del grupo de volver la deforestación un castigo para demostrar que la gobernabilidad es de ellos”, dice. 

Aparte de la presión al gobierno, Kyle Johnson, Co-fundador e investigador de la Fundación Conflict Responses (Core), dice que las dinámicas del conflicto en Guaviare han cambiado: “Hay mucho movimiento de comandante en Guaviare, los que han llegado a mandar son más violentos, más amenazantes contra la población civil, entonces la dinámica de la guerra y de la ausencia de negociación va a radicalizar la situación, y esto también afecta lo ambiental”, dice.

Para Johnson, ahora con la salida de “Mordisco” de las mesas de negociación hay dos escenarios para la región. El primero es que no cambie nada, es decir, que la órden del EMC de que se podía talar siga aplicándose tanto en territorios de “Mordisco” como de  “Calarcá”, quien lidera la otra facción que sí está en la mesa de negociación. Esto lo que va a traer es un aumento de la tala, pero quizás no tan drástico como en años anteriores. 

El otro escenario es que la tala se dispare en lugares bajo el control de “Mordisco” porque ya no tiene incentivo para mantener la provisión, pero en lugares de “Calarcá” sí puedan bajar la tala, según como avance la negociación con el gobierno.  

“Por ahora, no veo a “Calarcá” o a “Mordisco” cambiando las órdenes permisivas con la tala porque sí. Lo que sí se puede decir es que, como en Guaviare la prohibición y las reglas están vinculadas a la mesa de negociación, sí puede que haya mayor permisividad frente a la tala y, por tanto, lo más probable es que aumente la deforestación en ese departamento”, dice.

A seis meses de la Cumbre Mundial de Biodiversidad en Cali, donde los ojos del mundo estarán puestos en los logros ambientales del gobierno Petro, su indicador más clave, que es la reducción de la deforestación amazónica está enredado por cuenta de las disidencias armadas con las que Petro ha buscado, hasta ahora infructuosamente, hacer la paz. 

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Este artículo hace parte de la serie de publicaciones resultado del Programa de becas de Periodismo para cubrir la Amazonía colombiana, ejecutado con el apoyo de la Fundación Gabo y Oxfam Colombia

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, aterrizó el 9 de noviembre al aeropuerto de San José del Guaviare. Con ella iba la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, y un equipo de asesores que fue rodeado por gente apenas salió de la sala de abordaje de camino al Hotel del Aeropuerto, que queda justo cruzando la calle. Era la sexta vez que viajaba a esa ciudad desde que comenzó el gobierno Petro y llegó con una preocupación. 

Se trataba de una nueva actualización de los datos de deforestación en la Amazonía emitidos por el Ideam, que han sido, en general, positivos para el gobierno que ella representa. La deforestación bajó en un 70 por ciento en los primeros nueve meses de 2023 en comparación con el mismo periodo de 2022. Pero con un lunar que justo tiene su centro en el Guaviare, pues de julio a septiembre la deforestación aumentó en ese departamento en un 125 por ciento con respecto a 2022. 

El mensaje detrás de ese dato es que la tendencia a la baja en la deforestación es frágil y los árboles pueden seguir cayendo en la Amazonía. Muhamad llegó a alertar sobre el problema y a brindar una posible solución a este que pone en el centro a las comunidades campesinas. El nombre que recibe esta estrategia es el de Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad, un tipo de pago por servicios ambientales que no es nuevo, pero que en el gobierno Petro tiene una ambición y una relevancia que no se había visto en gobiernos pasados.   

La Silla Vacía viajó a San José del Guaviare y habló con más de una docena de personas en San José, Calamar, y las zonas rurales aledañas para entender cómo aterriza esa apuesta del gobierno entre los campesinos y las Juntas de Acción Comunal. Una zona a la que, décadas atrás, llegaron miles de colonos, primero impulsados por el Estado en los 50, luego movidos por el boom de la coca. Hoy es una región donde se juega la promesa de Petro de contener el deterioro forestal para evitar una catástrofe climática. Uno de los temas que llevó a la COP 28.  

De los núcleos de deforestación a los de restauración

Los núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad son la estrategia principal con la que, de la mano de las comunidades, el Ministerio de Ambiente busca bajar la deforestación en los lugares que han sido identificados como los mayores focos de esta problemática en la Amazonía colombiana. En esencia, se trata de pagarles a las familias propietarias de predios para que no tumben el bosque y promuevan su cuidado. “Conservar paga”, es el lema principal. 

No es su única estrategia. Paralelamente le está apostando a un rompecabezas de iniciativas. Ha creado campañas de concientización ambiental entre jóvenes para no tumbar el bosque; está buscando endurecer la judicialización e investigación de los grandes capitales que están detrás de la deforestación, y está asegurando el compromiso de los grupos armados con el cuidado de la naturaleza en las mesas de negociación que hacen parte de la paz total.

Sobre los núcleos, inicialmente el gobierno anunció que priorizaría 11 puntos ubicados en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta, que conforman el arco amazónico de la deforestación, y son responsables del 65 por ciento de este fenómeno en el país. Luego, a comienzos de septiembre, el Ministerio de Ambiente le puso plata a esa promesa y anunció que daría 100 mil millones de pesos para su implementación en 13 núcleos. Según dijo, para beneficiar a cerca de 1.400 familias que viven en estas zonas.  

La cartera ambiental viene de sacar pecho por las cifras de reducción de la deforestación, pues los datos publicados en julio de este año mostraron que la tumba de selva cayó un 10 por ciento en 2022 (un mérito compartido por el gobierno Duque y por Petro), lo que equivale a unas 17 mil hectáreas menos que las 174 mil taladas en 2021. 

Las mayores reducciones fueron justo en Guaviare (34 por ciento), Caquetá (31 por ciento) y Meta (25 por ciento). Sin embargo, como escribió Sergio Silva, sólo la deforestación en esos tres departamentos en 2022 equivale a un área mayor a la de toda la ciudad de Bogotá. 

Pero con los datos recientes del aumento de la tala en Guaviare, la ministra Muhamad llegó a San José a redoblar los incentivos para la conservación ante un auditorio a reventar con al menos unas 500 personas que venían de las distintas veredas del departamento, ansiosas por escuchar sus anuncios. 

El principal anuncio que dio fue que las familias que estaban conservando y las que se unirán a los próximos proyectos de núcleos de desarrollo forestal van a pasar de recibir un incentivo de 300 mil pesos mensuales a 900 mil pesos, en lo que se conoce como el incentivo forestal amazónico. Lo que se amplía también es el alcance de los núcleos, pues la ministra anunció que pasarán a ser 22 en lugar de 13, aunque no ha definido dónde estarán ubicados esos adicionales.

La apuesta se redobla porque hay más plata. La financiación para esto vendrá del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, que fue puesto a andar el 21 de noviembre. El plan es que, para 2026, ese fondo movilice cerca de cuatro billones de pesos para financiar proyectos y programas del Ministerio de Ambiente que requieren recursos por más de una vigencia, y será la gran cuenta de la cartera ambiental para hacer inversiones en los territorios. 

En la reunión, la ministra Muhamad, destacó la naturaleza comunal de estos acuerdos: “Son acuerdos entre el Estado y el territorio. Es así como materializamos eso que ha dicho el presidente Petro de que no tenemos que llevar el Estado al territorio, sino que el Estado surja desde el territorio”, dijo en la reunión que se extendió hasta bien entrada la noche, luego de la cual fue perseguida por líderes veredales con los que se sentó uno a uno desde una de las salas del hotel. La ministra de Agricultura, para entonces, ya se había retirado del evento.   

La urgencia de ellos por esa cita era entendible. Desde el día anterior muchos de los campesinos venían viajando, algunos por 5 o 10 horas por las malas vías del departamento, buscando un minuto de atención de la ministra Muhamad, que se convirtió en el símbolo y punto de contacto del gobierno Petro en esa región.

El aterrizaje de los núcleos en Guaviare

A una tienda esquinera que mira hacia el Parque Central de la Constitución, en el centro de San José del Guaviare, se sentaron a tomar cervezas Pablo Vergara y Federico Ortiz. Llegaron en la noche previa al evento con la ministra de Ambiente y listos para preparar lo que le dirían en sus intervenciones de dos minutos con ella. 

Federico Ortiz se lanzó a la Asamblea del Guaviare por el Partido Conservador, pero se quemó con un poco más de mil votos. A pesar de las deudas por la campaña, se mostraba optimista y moviéndose de un lado al otro en su moto en San José. Es un aficionado a rescatar anacondas y se muere de la ira cuando la gente las mata por miedo. 

Ortiz decía que en el Guaviare todo el mundo sabe que la deforestación es un problema de los grandes terratenientes, pero a la gente no le gusta hablar de sus nombres. Señalarlos es un problema. Sabe que deforestar cuesta plata, y que un campesino por su cuenta puede tumbar máximo unas 10 hectáreas en un año. Un terrateniente, en cambio, puede tumbar mil o dos mil en un semestre. Le pone números al negocio: 

“Bien adentro, después de Calamar, hay hectáreas de bosque que se venden en 100 mil pesos. Tumbar una hectárea sale por 500 mil pesos, y se demora de dos a tres días. A eso súmele 200 mil de las multas que saben que les van a cobrar desde la CDA (la corporación para el desarrollo sostenible del norte y el oriente amazónico que castiga a los deforestadores). Es una inversión de 800 mil pesos en total que se puede usar para sembrar coca o meter ganado. Es un buen negocio”, dice. 

La idea de pagar para no tumbar el bosque se conoce en Colombia hace más de 20 años, pero una política pública específica para su implementación sólo existe desde 2011. Para 2021, el gobierno Duque identificaba 40 proyectos a nivel nacional que sumaban 196 mil hectáreas para este propósito. El gobierno Petro es mucho más ambicioso: sólo el núcleo de Calamar-Miraflores, en Guaviare, tiene 266 mil hectáreas. 

Para Ortiz es claro que, si bien los proyectos de pagos por conservar el bosque no empezaron con el gobierno Petro, en este han encontrado más inversión y una mayor disposición para escucharlos: “Antes los proyectos no se socializaban, sino que se iban imponiendo. Hoy se está concertando. El gobierno le está dando un respaldo a la acción comunal. Nos dan la oportunidad de tener recursos”, dice Ortiz, que también es presidente de la Federación de Juntas de Acción Comunal del Guaviare. 

El énfasis en las Juntas de Acción Comunal es otro de los diferenciales de este gobierno frente a otros pasados. La cartera ambiental quiere que sean las Juntas las intermediarias entre el Estado y las iniciativas particulares de conservación. Y no sólo teóricamente, sino que les está dando plata para que cumplan estos roles. 

Eso precisamente era lo que tenía corriendo a Pablo Vergara, el presidente de la Asojuntas del corregimiento de Charras-Boquerón, en Guaviare. “En este momento, las Juntas pueden jugar un papel importante porque van a manejar los recursos para pagarles a los técnicos, y todo el tema logístico para el proyecto de restauración”, dijo. 

Por eso fue que Vergara estaba haciendo vueltas para sacar una cuenta de ahorros a la que les pudieran consignar esa plata con la cual, a su vez, ellos van a pagar la caracterización de cuántas familias hay en cada núcleo, cuántas veredas tiene, y cuáles son las condiciones del terreno: si tiene hectáreas en selva o en destapado, y cuántas son.

En Guaviare hay 310 Juntas de Acción Comunal que afilian a los habitantes del territorio. Estas, a su vez, se organizan en grupos más grandes que son las Asojuntas, que en el departamento son seis y representan el nivel municipal. La Federación de Juntas del Guaviare es un tercer nivel que agrupa a todas las Asojuntas y las representa ante la Confederación Nacional. Estas son una forma de organización social que para Petro es clave porque a ellas las quiere convertir en gestoras de obras y ponerlas a gestionar su gran apuesta por la economía popular.  

La Junta de Charras-Boquerón, que lidera Pablo Vergara, apenas va a iniciar el proceso de constituir un núcleo de desarrollo forestal para aprovechamiento del bosque. 

La idea es que incluya 10 veredas de las 27 que tiene el corregimiento, 22 de las cuales están en zonas de reserva forestal. Esas son unas 400 familias que se ocuparían de sembrar, cada una, 650 árboles y distintas parcelas de árboles alrededor de las rondas hídricas. En el pasado, agencias internacionales han pagado unos 2 millones de pesos por hacer estos trabajos en proyectos que duraban un año. 

El cálculo de la ministra Muhamad es que las Juntas no solamente se encarguen de manejar la plata y que les ahorre la transacción directa con cada familia, sino que puedan controlar abusos de este incentivo que ya se han dado en el pasado. Por ejemplo, que las familias terminen dividiendo los predios para que varios miembros reciban el incentivo forestal o que los campesinos metan unas hectáreas de sus predios al núcleo, pero dejen otras por fuera para poderlas tumbar cuando necesiten; con lo que juegan a dos bandas con la deforestación y la conservación.

Aunque no a todos les gusta esa relevancia que han tomado las Juntas. William Tribales, uno de los miembros que dirige una asociación de cuidadores de bosque llamada Pipe-Q-Ida hace jornadas educativas para el cuidado del Parque Chiribiquete, el parque nacional más grande de Colombia. La organización lleva 16 años y tiene en sus cuentas la siembra de 58 mil árboles. 

La iniciativa de Pipe-Q-Ida muestra que en Guaviare ha aparecido, en los últimos 10 años, una sensibilidad ante la conservación y el turismo de naturaleza que no existía en una región que primero fue cauchera y luego cocalera. Tribales cuestiona que los recursos para el cuidado del bosque los esté canalizando el gobierno sólo a través de las Juntas de Acción Comunal:

“A Guaviare llega mucho dinero para la conservación, pero eso casi no aterriza a las organizaciones sociales. En nuestro caso no hemos logrado ningún contrato a nivel departamental o del gobierno nacional para financiar lo que hacemos. Todo lo hemos conseguido con cooperación internacional”, dice.

Ya alistados y presentes en el salón para verse con la ministra, Pablo Vergara y Federico Ortiz se juntaron con otros líderes comunales de la región y, entre todos, les contaron a las dos ministras acerca de las distintas iniciativas de núcleos.

En total hablaron representantes de ocho núcleos en el departamento que van a velocidades distintas. Por ejemplo, mientras que el núcleo de Charras-Boquerón apenas va a arrancar, otros liderados por organizaciones como la Fundación para la Conservación y el Desarrollo, como el de la vereda El Capricho, llevan andando seis años con plata de cooperación internacional. 

Los ocho ya están mapeados por el Ministerio de Ambiente y están ubicados precisamente en el corredor de mayor deforestación del departamento, que conecta el Parque Natural Serranía del Chiribiquete, el resguardo indígena Yaguará y la reserva natural Nukak. En total, todos los núcleos suman 1 millón trescientas mil hectáreas.  

El proyecto pionero y sus lecciones

A la reunión con las ministras también fue Jeison Bohórquez, que habló en representación del núcleo de Los Puertos, que queda a 15 kilómetros del casco urbano de Calamar, en zona de reserva forestal. Es uno de los tres núcleos pioneros a nivel nacional, y el primero del Guaviare. A través de este se ven las dificultades y algunas lecciones de operar un proyecto de esta magnitud.

Jeison contó que los primeros acercamientos que tuvieron los campesinos fue con Visión Amazonía, entre 2017 y 2018. El plan de manejo se dio para 6.200 hectáreas en la que trabajan 23 familias. De estas, el bosque ocupa 5.300 hectáreas, de las cuales 4.700 son aptas para aprovechamiento comercial. El plan era que cada familia recibiera, por tres años, un pago de trescientos mil pesos mensuales por la siembra de árboles y por no tumbar bosque. 

No cualquier familia podía entrar en el programa. Una familia debe tener mínimo diez hectáreas de bosque para poder recibir los incentivos forestales. Normalmente esto quiere decir que tiene unas 30 o 40 hectáreas de lote en total. 

Desde el comienzo se planteó que el incentivo era transitorio, pero que el verdadero objetivo era que esas familias quedaran con la capacidad de hacer un aprovechamiento forestal que les diera recursos. Así acordaron empezar a producir bloques de madera en un esquema en el que, por cada árbol que se tumba, se siembran 10 unidades más, y sin tumbar más de tres o cuatro árboles por hectárea. La idea es que pasen de tener 1.400 árboles a sembrar más de 14 mil. 

“El fuerte de nosotros no es el incentivo forestal. Nadie vive con eso. Lo que nos interesa es empezar a producir madera de manera sostenible, y así les podamos dar de comer a dos o cuatro generaciones más”, dice Jeison Bohórquez.

Para Bohórquez, a ellos les ha faltado apoyo para producir la madera que quieren comercializar. Actualmente trabajan con un aserrío portátil que les prestan desde el Sena, y llevan meses de esperar la respuesta a una licitación para recibir uno propio. En los años pasados han trabajado con motosierras para apeo, y es así como han ido sacando los distintos bloques de madera. 

Óscar Javier Osman, el secretario de obras públicas de Calamar, dijo que están a la espera de dejar licitado el lote para construir una planta de tratamiento de maderables para que los campesinos del proyecto puedan sacarle más valor a sus productos y hagan piezas de ebanistería. Pero contó que trabaja con las uñas, pues la Alcaldía de Calamar apenas tiene un recurso de 100 millones de pesos anuales para temas ambientales.

Otro factor que pesa en sus cálculos y que ha ralentizado el trabajo con el núcleo es la presencia de las disidencias del frente primero Armando Ríos del Estado Mayor Central de las Farc, que es comandado por alias “Duver El Paisa”. Osman contó que desde inicios de 2022 él y otros funcionarios municipales no pueden ir al área rural de Calamar por la presencia de este grupo. 

Su impresión, aun así, es que las disidencias no se han metido con los núcleos: “No se han involucrado para prohibirles sacar madera o para cobrarles plata. No los han tocado”.

En general, las disidencias de las Farc han continuado la política de no tumbar bosque. El 12 de octubre, de hecho, sacaron un comunicado reivindicando ese rol de “impartir autoridad para la racionalización del uso del suelo, la ocupación de baldíos, y el cuidado de las aguas y las reservas del monte”. 

Pero en ese mismo comunicado dicen que “ante la política del gobierno nacional de paños de agua tibia en vez de reforma agraria revolucionaria”, las disidencias permitieron algunos tipos de tala, como, por ejemplo, tumbar cañeros que no tengan más de 5 años, salvo si están en parques nacionales o resguardos indígenas. También la tala de hasta 10 hectáreas de montaña para las personas dueñas de cualquier territorio. El comunicado daba cuenta de que, para las disidencias, el avance de la mesa de negociación define sus cálculos sobre qué orientaciones dar frente a la deforestación. 

Las disidencias también han impartido órdenes de sembrar árboles a las Juntas del Guaviare. En una reunión de hace menos de un mes a la que asistió Federico Ortiz y otros líderes de Juntas que sirven de bisagra entre el grupo armado y los campesinos, Alias “Duver El Paisa” reafirmó su posición ambiental:

“La orden es cero deforestación. Todo el mundo tiene que ir a sembrar árboles a las orillas de las carreteras. Pero no porque lo dice el gobierno. Yo no creo en ningún gobierno. Ni en Petro ni en nadie”, dijo. Una anécdota que recordó Jeison hablando junto a otros líderes comunales cuando terminó el evento con las ministras. En el territorio, sin decirlo, es claro que la autoridad viene de ese grupo y que la presencia del Estado es la que es intermitente. 

Más allá de los núcleos y de la paz total

Al finalizar el evento en San José se le preguntó a la ministra de ambiente si había algún mecanismo para llevar el cálculo sobre cuánto realmente estaba dejando de deforestar cada núcleo, y así asegurar que la reducción de la tala sea producto del trabajo de los núcleos y no de las órdenes de las disidencias, Muhamad respondió segura, como contestando una pregunta que ella misma se ha hecho muchas veces:

“Eso es imposible decirlo. Nosotros sólo podemos dar cuenta del trabajo concreto con los acuerdos sociales que estamos haciendo con las comunidades. Pero no se trata sólo de esa apuesta. También para nosotros es un pilar la paz total, pues sería limitado no incluir a los actores que hoy están fuera del marco legal y que también son líderes de la conservación ambiental. Si el conflicto se agudiza, eso va a dificultar nuestras metas ambientales”, dijo. 

Angélica Rojas, coordinadora para Guaviare de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, lleva años trabajando en la región y es muy cercana a Rodrigo Botero, reconocido ambientalista y hoy miembro del equipo negociador del gobierno con el ELN. Con él estudió zootecnia en la universidad.

Rojas, que vive en Guaviare, tiene otra lectura ,y dice que la causa de la reducción de la deforestación en ese departamento no son los procesos instaurados de los núcleos, pues “son de largo aliento y no es algo que se cree de un momento al otro”. En cambio, cree que sí ha sido determinante “la orden del actor armado en territorio, que dice que no se deforesta al poner multas que se tienen que pagar a través de las Juntas de Acción Comunal”. Aun así, cree que muy frágil la capacidad de las disidencias para impartir estas órdenes.

“No todas las personas obedecen a la guerrilla con esas medidas. E incluso se sabe de terratenientes que pagan el valor de la multa a las guerrillas para poder seguir deforestando, así que estos terminan ganando por lado y lado”, dice Rojas. 

Para Angélica Rojas, el desafío para detener la deforestación en Guaviare no se resolverá pronto, y va más allá de lo que pase con la apuesta de la paz total en este gobierno. Se trata de cambiar la mentalidad en la región sobre qué se hace con el bosque y las relaciones con la naturaleza. 

“Hace años todo lo que había era bosque, por donde uno viera. Y todos los días salían dobletroques con bloques de madera ante la vista de todas las instituciones”. Esta es una frase que, con variaciones, repiten todos los que llevan en la región más de una década. Uno de ellos, Marco Zapata, llegó en 1972 movido por el auge de la coca. Empezó a vivir en una vereda llamada Puerto Cubarro, como colono, donde tumbó monte para sembrarla. 

Marco Zapata es el testimonio de ese cambio de mentalidad de la deforestación a la conservación. Se avispó cuando empezaron, a comienzos de los dosmil, a llegar proyectos de cooperación internacional para producir madera y sembrar árboles de cacao o açai. Aunque muchos propietarios de la región veían con resistencia esos proyectos porque querían que les pagaran sólo por tener la selva parada, Zapata insistía en que era mejor que les pagaran para hacer proyectos productivos.

“La cultura de nosotros los campesinos no es esperar que nos den limosna, es trabajar. Hoy ya tengo un contrato para empezar a producir 800 vigas de madera por un valor de 82 millones de pesos que ofrece un particular en Bogotá. Ya hay alguien al que le interesa lo que estamos haciendo en el núcleo”, dijo.

Zapata vive sólo en su finca y dice que, en la región, son muy pocas las familias enteras que todavía se quedan. Muchas tiene hijos que se van a estudiar a las ciudades y no vuelven. En su caso, por ejemplo, sus hijos estudian en Bogotá y su esposa viajó a acompañarlos. Aun así, dice que la plata también va para su familia. 

“Desde que se nos arregló la vida por acá, a las mujeres, así estén lejos, se les arregla también en temas de vestuario, educación, etc. A las reuniones de la Junta buscamos que siempre vayan dos mujeres y dos hombres. Algún día nosotros nos morimos y necesitamos de muchachos para que se beneficien de esto”. 

A la reunión con la ministra Muhamad también llegó Zapata, pero no se quedó todo el día en el auditorio. Antes de que le cogiera la noche, se devolvió a Calamar, el pueblo que en La Vorágine aparece como la capital de la otrora comisaría del Gran Vaupés.

Desde Dubai, al otro lado del mundo, el presidente Petro hizo su más reciente discurso sacando pecho por la reducción de la deforestación en la Amazonía. Es una apuesta que reposa en el trabajo de cientos de campesinos como Marco Zapata, que pasaron de ganarse la vida tumbando el bosque a protegerlo. En departamentos como el Guaviare se juega el destino de una selva a la que ahora el mundo necesita conservada.

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Distintas mediciones muestran que en enero de este año disminuyeron los incendios en la Amazonía con relación al mismo mes en 2022: una reducción del 70% en alertas de incendios, según datos del Global Forest Watch. Otras cifras confirman un diagnóstico parecido. El Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonía, del Instituto Sinchi, mostró que en 2022 hubo 42 mil puntos de calor en la Amazonía, mientras que en este enero fueron 6 mil 500.

Algunos expertos han interpretado estos datos como una temprana muestra de los logros de la política ambiental del gobierno Petro. Por las expectativas que ha generado por su política de tierras y bosques. Pero otros creen que es muy temprano para hacer esas inferencias. Dolors Armenteras, catalana de nacimiento, es una de ellas. Es profesora titular en el Departamento de biología de la Universidad Nacional, y miembro del Panel Científico Amazónico.

La doctora en biología de Kings College es co-autora del artículo publicado este año en la revista Science: “The drivers and impacts of Amazon forest degradation”, donde los autores explican que la deforestación es apenas la cara más visible de los impactos ambientales en los bosques del Amazonas, pero no la única.  

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