El presidente Gustavo Petro completó su tercer remezón ministerial luego de sacar a seis ministros del gabinete. El único ministro amenazado que se salvó fue el de Minas y Energía, Andrés Camacho, quien había sonado como una de las personas a reemplazar.

Fuentes cercanas al ministerio confirman que el presidente Petro no estaba conforme con su velocidad para bajar los precios de la energía en el Caribe, pero dicen que Camacho se quedó en el cargo luego de que se movió a mostrar resultados públicos de su gestión, de la intervención de la senadora María José Pizarro y de una negociación política con el Partido Conservador. 

Ahora tiene la misión de insistir en cambiar la fórmula tarifaria, tarea a la que se aplicará a través de la reforma de servicios públicos que presentará el gobierno en la nueva legislatura, una de las tareas que le encomendó el presidente Petro entre otras que discutió con el ministro Camacho y que este último denominó para esta nota como “el segundo tiempo de nuestro gobierno en el sector minas”. 

Así fue como pasó el ministro Camacho de aparecer en el sonajero de ministros salientes a finales de junio a liderar una de las reformas claves del presidente a comienzos de este mes. 

El ruido de salida se escuchaba en el ministerio

Dos fuentes en el Ministerio de Minas y Energía le contaron a la Silla Vacía que el presidente no estaba contento con los resultados del ministro. “Lo que se sabía era que Camacho estaba caído con Petro, que estaba molesto por el tema de lo cara que está la energía y por lentos avances en lo estratégico de esa cartera”, dijo una de ellas. 

Bajar los precios de la energía en la costa ha sido una obsesión del presidente. Lo intentó primero por la vía de la negociación con los operadores. Así fue como en septiembre de 2022 anunció un pacto tarifario para bajar las tarifas de la luz. La solución consistió en desindexar los precios de la energía del Índice de Precios al Productor (IPP), que estaba más caro que el índice de Precios al Consumidor (IPC). 

El problema fue que los precios no bajaron tanto como se esperaba y había anunciado la entonces ministra Irene Vélez. La reducción en tarifas de energía en todo el país fue incluso menor al anuncio del 2,7 por ciento. Entre agosto y diciembre de 2022 los precios bajaron apenas 1,6 por ciento. E incluso en diciembre de ese año aumentaron 0,8 por ciento.

Luego, a comienzos de 2023, el presidente Petro intentó asumir directamente las funciones, vía decreto, de regular las tarifas de los servicios públicos. Pero en marzo de ese año el Consejo de Estado suspendió la medida argumentando que el presidente estaba usurpando las competencias de las comisiones de regulación como es la definición del régimen tarifario. 

El gobierno también ha querido tener poder sobre las tarifas precisamente a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), donde el presidente debe nombrar a los seis expertos comisionados que regulan las tarifas de energía, pero solo ha nombrado a dos en propiedad, y uno de esos nombramientos, el de Omar Prías, lo anuló el Consejo de Estado porque no tiene la experiencia necesaria. Sin esos comisionados, la Creg no puede tomar decisiones porque necesita un quórum de cuatro miembros. Sólo hasta el viernes de la semana pasada anunció la postulación de Fanny Guerrero Maya. 

La incapacidad para bajar las tarifas de la energía tenían molesto al presidente Petro, y de ahí los ruidos de la salida de Camacho como parte del remezón. Sin embargo, un miembro del Pacto Histórico que está en el gobierno dice que el perfil del ministro Camacho, entre los otros ministros salientes, era el que más gustaba al Pacto porque Camacho combina ser un técnico y venir de las entrañas del movimiento social. Además, “no comete las cagadas de Irene Vélez”, dijo. 

A finales de junio empezaron a circular las teorías de la salida de Camacho, que decían que su reemplazo sería William Mercado Redondo, quien llegaría a la cartera como uno de los compromisos políticos asumidos por el presidente Petro con el Partido Conservador para que se aprobara la reforma pensional. Según esa versión, su nombre fue directamente sugerido por el senador conservador Efraín Cepeda al finalizar la aprobación de dicha reforma, aunque el senador negó haber presentado su hoja de vida.

Sin embargo, a pesar de las especulaciones, el ministro no abandonó su cargo. “Una de las personas que incidió para que se quedara fue la senadora del Pacto María José Pizarro”, dijo la fuente en el ministerio, que afirma que Pizarro habló con el presidente en su defensa. 

Otra persona del ministerio dice que la negociación política se resolvió con los conservadores por vía del ministerio de Transporte, donde llegó como nueva ministra la anterior viceministra María Constanza García, quien fue directora encargada del Invías y secretaria de Movilidad durante la Alcaldía del hoy presidente Petro, pero quien también es prima del senador Juan Carlos García, del Partido Conservador. 

El Partido Conservador negó que García sea cuota de la colectividad, pero según la fuente del ministerio su elección fue “la razón política por la que Petro no tuvo que negociar el ministerio de Minas y Energía con ellos”, dice. 

El corre-corre delos resultados

Entonces, de los ruidos de su salida a finales de junio se pasó a una agenda de anuncios que afianzaron a Camacho en el cargo a comienzos de julio. “Con la amenaza de su salida, el ministro se movió con comunicados de prensa, videos y entrevistas para mostrar los resultados de su gestión”, dijo una fuente que trabaja en el ministerio. 

La primera de esas entregas fue completar, el 28 de junio, la totalidad de las consultas previas del proyecto de Colectora en la Guajira, del grupo de Energía de Bogotá, que era un paso clave para que la línea de transmisión de 72 kilómetros pudiera conectar los proyectos eólicos y solares con la red de transmisión nacional, y que había tomado años en concretarse en medio de diferencias con indígenas Wayúu. 

En ese viaje, el ministro Camacho también anunció el lanzamiento de 16 comunidades energéticas en Cesar. 

El domingo 30 de junio, dos días después, Camacho viajó en la comitiva del presidente Petro para asistir a la posesión del presidente Raúl Molino en Panamá. Los gobiernos se reunieron para evaluar la reactivación de la línea de interconexión eléctrica entre los dos países, luego de lo cual Camacho presentó un balance: 

Paralelamente, el 2 de julio, salió una entrevista en la Revista Cambio donde el ministro hablaba sobre sus planes para la diversificación eléctrica y contó otros resultados de su gestión. Dos días después, el 4 de julio, ya estaba recibiendo el espaldarazo de Laura Sarabia, la directora del Dapre y mano derecha del presidente Petro. Sarabia trinó una columna del analista Jorge Restrepo que destacaba precisamente el trabajo del ministerio para acelerar el proyecto de Colectora. “Un gran trabajo”, dijo. 

Para ese entonces, según las fuentes del ministerio, ya era clara la señal de que el ministro Camacho no se iría de su cartera. 

Dos días después, Camacho anunció resultados precisamente en el punto que más ha obsesionado al presidente: las tarifas de energía en la costa. El 4 de julio contó que llegó a un acuerdo para asumir el pago de la deuda por la opción tarifaria con las empresas comercializadoras del grupo EMP y con la empresa Air-e. Estas medidas, según el comunicado, servirán para reducir las tarifas para los usuarios más vulnerables. Afinia anunció que disminuirá un 4.4 por ciento su tarifa a partir del 5 de julio y la Empresa Air-e un 4 por ciento desde el 15 de julio.

Según Amylkar Acosta, exministro de la cartera de Minas y Energía, la medida de bajar las tarifas sigue siendo muy floja teniendo en cuenta que el aumento de los costos de la energía de enero de 2023 a enero de 2024 ha sido del 31 por ciento. 

Durante los primeros días de julio, como pudo confirmar La Silla, el ministro Camacho se reunió directamente con el presidente Petro, quien le dio las siguientes instrucciones:  “Las instrucciones siguen siendo las mismas desde cuando yo llegué a la cartera: profundizar la ruta de transición energética justa, desarrollar las comunidades energéticas y consolidar una apuesta de minería para la paz y la vida”, dijo el ministro.

Justo en ese último compás de acciones, el ministro Camacho se reunió con el presidente Petro y los directivos de Glencore para establecer la transición de los dos más grandes territorios de minas de carbón de Colombia: Cerrejón en la Guajira y Prodeco en el Cesar, para que estos pasen a ser territorios basados en energías limpias. 

Ahora, en su “segundo tiempo”, el ministro Camacho lidera un nuevo frente para bajar las tarifas de energía que es el proyecto de reforma a la ley de servicios públicos, que todavía no se ha hecho público, pero que tiene entre sus dos primeros títulos: la “justicia tarifaria” y la “universalización en la prestación del servicio”. 

Funcionarios que preparan el proyecto ya han adelantado que buscarán cambiar los criterios de valoración de experticia para ingresar a la Creg y las otras comisiones de regulación. 

Para el exministro Amylkar Acosta el proyecto es otra forma como el gobierno pretende que la regulación de los precios de la energía pase a manos de la Presidencia, lo que “sería una pésima señal para los inversionistas que le apuestan al sector”, dijo.  

Así, desde julio comenzó un segundo tiempo para el Minminas, que pasó de ‘amenazado’ a liderar una megareforma tras el remezón del presidente, y donde será determinante para su futuro qué pase con los precios de la energía de la costa caribe, una de las causas del corazón del presidente.

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La Corte Constitucional falló por primera vez una tutela sobre el mercado de bonos de carbono en Colombia con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés, y la aprobación de la magistrada Diana Fajardo y Vladimir Fernández. Es un mercado que viene cogiendo fuerza, pues el país tiene un área grande de bosques preservados. La decisión, que surge de tensiones entre comunidades y empresarios, traza las primeras líneas legales sobre la protección a las comunidades indígenas en los proyectos de bonos de carbono. 

Al mismo tiempo, llama la atención al gobierno sobre la falta de regulación, lo que envía una señal de que es un negocio legítimo que necesita bases regulatorias más fuertes, algo en lo que han insistido todas las partes. En el contexto de un debate donde algunos sectores han mostrado desconfianza en este mecanismo de mercado de protección forestal y lucha contra el cambio climático, el fallo es leído como un espaldarazo.

El fallo es un triunfo para las autoridades indígenas del territorio del Pirá Paraná, en Vaupés. Amparó los derechos de autodeterminación y gobierno del Consejo Indígena y las Autoridades Tradicionales, que se habían opuesto al proyecto de bonos de carbono firmado en ese territorio. Pero también es una decisión bien recibida por Asocarbono, el gremio que representa a distintos actores del mercado. Incluso por Masbosques, la empresa señalada de abusar de las comunidades indígenas para hacer negocios con ese proyecto de preservación forestal.  

La corte le dio la razón a las autoridades indígenas

El mercado de los bonos de carbono consiste en que las comunidades indígenas, campesinas o afro que cuidan el bosque firman contratos con empresas que quieren compensar su propio uso de combustibles fósiles. Lo que se intercambian son las toneladas de dióxido de carbono (CO2) que no se emitieron por el esfuerzo de conservación de las comunidades, como contamos en este video.  

En Colombia, el mercado de bonos de carbono existe desde hace una década, y ha crecido especialmente desde 2017, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos creó un incentivo tributario para que empresas que queman combustibles fósiles puedan reducir el pago del impuesto al carbono comprando bonos. Aunque el gobierno Petro bajó a ese incentivo, con lo que las empresas solo pueden reducir hasta el 50 por ciento de ese impuesto con bonos. 

Es un negocio que también ha estado señalado de potenciales abusos a las comunidades que se encargan de la conservación. Diversas investigaciones han mostrado que, en ocasiones, las empresas intermediarias de bonos se saltan a las comunidades que cuidan el bosque y terminan vendiendo bonos sin que estas se enteren. 

El caso concreto que examinó la Corte, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés,  fue el de una acción de tutela que buscaba proteger los derechos de las comunidades indígenas en un proyecto Redd+, como se le conoce técnicamente. La Corte estudió el caso de representantes de comunidades indígenas del territorio Pirá Paraná, pertenecientes al Gran Resguardo Indígena del Vaupés, un área protegida de 600 mil hectáreas. 

Según reclamaba la acción de tutela, un proyecto para vender bonos de carbono basado en ese territorio violó su gobierno propio, pues se apoyó en un contrato con un representante legal sin potestad para negociar en nombre de la comunidad, entro otros abusos. 

Los demandantes señalaban que ese proyecto no fue conocido ni avalado por los integrantes de las comunidades indígenas y territorios tradicionales del Pirá Paraná, por lo que la corporación Masbosques y Soluciones Proambiente, en su rol de desarrolladores y formuladores del proyecto, no respetaron el gobierno indigena de ese territorio, representado principalmente en el Consejo Indígena.

También señalaron de negligencia a los verificadores del proyecto, la empresa Ruby Canyon Environmental Inc., pues era a ellos a quienes correspondía verificar y validar el cumplimiento de los requisitos del proyecto, por lo que no realizó una evaluación rigurosa, objetiva e independiente de este. 

La Corte escuchó los argumentos y concluyó, dándole la razón al Consejo Indígena del Pirá Paraná, que la empresa Masbosques no activó un Protocolo de Resolución de Conflictos ni proporcionó un mecanismo efectivo para abordar las preocupaciones de las comunidades indígenas. También concluyó que la empresa Ruby Canyon no demostró una supervisión independiente y objetiva del impacto del proyecto ni aplicó las salvaguardas requeridas. 

También criticó que el Estado no tiene rutas claras para determinar la titularidad de un proyecto de bonos de carbono en territorios indígenas, pues no específica para qué fases de cada proyecto se está requiriendo que debería proceder una consulta previa, si es en la fase de factibilidad, formulación, implementación o cierre.

Con base en esto, decidió que se les consulte a las comunidades del río Pira Paraná para que decidan, en tres meses, si quieren hacer el proyecto en su territorio. Y, en caso de falta de decisión en ese tiempo, ordena al Ministerio del Interior mediar para llegar a un acuerdo sobre su implementación.

También le pide al Ministerio de Ambiente crear un protocolo con perspectiva étnica para la ejecución de proyectos de bonos de carbono en territorios indígenas, y coordinar una estrategia de seguimiento y control de esos proyectos. 

Pero el fallo de la Corte Constitucional no tiró por la borda la conveniencia de los proyectos de bonos de carbono. El documento de la Corte reconoce la importancia de estas iniciativas como una forma para cumplir los objetivos globales de mitigación de gases de efecto invernadero, y una opción económicamente viable para comunidades vulnerables, aisladas y con poca presencia institucional.

Gaia Amazonas, la organización no gubernamental que fue el aliado estratégico y jurídico del Territorio Indígena Pirá Paraná, no se pronunció sobre el fallo, pues dice que lo hará una vez que el Consejo Indígena lo haga, que sería en los próximos días. Sin embargo, una fuente que está en el territorio del Pirá Paraná dice que desde ya están dando como un triunfo de la fundación y del consejo indígena el fallo de la Corte, que es coherente con el reclamo que llevó a la tutela.

Pero el tono celebratorio frente al fallo no viene sólo de los demantantes. Los agremiados que defienden el mercado de los bonos de carbono, así como Masbosques, los acusados de malas prácticas en el fallo, también salieron a abrazar sus conclusiones. 

El gremio de empresarios no atacó el fallo

Francisco Ocampo, presidente de Asocarbono, la asociación que recoge a distintos actores del mercado de bonos o créditos de carbono en el país, celebró la sentencia hoy y dijo que es un avance para que ese mercado sea más justo y sostenible en Colombia. 

“Lo recibimos positivamente desde el sector, porque con los términos claros encontramos mayor seguridad jurídica todos los actores en todos los procesos”, dijo. 

El gremio ve como positivo que la Corte reconozca los proyectos REDD+ en la mitigación del cambio climático y en la protección de los bosques, lo que le da un espaldarazo a estos esquemas en los que la protección del medioambiente puede ser una entrada económica para las comunidades locales. 

Los asociados de Asocarbono defienden que a través de estos proyectos han reducido la deforestación en Colombia, pues entre los años 2013 a 2021 evitaron una deforestación de 40 mil hectáreas anuales en promedio. 

Incluso Masbosques, la empresa desarrolladora del proyecto en el Pirá Paraná que es señalada de saltarse el gobierno indígena, celebró también la sentencia. Según el comunicado de la empresa, la sentencia “brinda la oportunidad a todos los desarrolladores de reflexionar y mejorar desde las múltiples partes que participamos en el proceso, para continuar trabajando con las comunidades indígenas, sus gobiernos propios y autonomía”. 

Jaime Andrés García, director Ejecutivo de Masbosques, dijo que buscarán actuar conforme al derecho para que las comunidades indígenas y sus gobiernos propios tengan voz en el proyecto. “Hemos estado trabajando en la estructuración de nuevas metodologías y mejores herramientas para los procesos de socialización, información y diálogo previo”, dijo. 

Como la sentencia no les cierra la puerta a poder implementar el proyecto, sino que pide un acompañamiento institucional para que las comunidades del río Pirá Paraná puedan pronunciarse sobre si quieren o no hacerlo, realmente no saca del juego a los desarrolladores.

Germán Romero, que hizo parte de la Comisión de estudio para la promoción y desarrollo de mercados de carbono en Colombia, y quien estuvo en el equipo que elaboró un informe diagnóstico sobre este mercado en el país hace un año, dice que era de esperarse que muchos actores se encontraran en la decisión de la Corte Constitucional. Su argumento es que no impide directamente a ninguno de los actores seguir participando del mercado.  

“La Corte no estaba discutiendo sobre la naturaleza del mecanismo o su conveniencia. Sólo estaba respondiendo a un caso concreto en el que se estaba violando el derecho a la autodeterminación indígena, pero todavía quedan abiertas muchas preguntas sobre ese mecanismo”, dijo. 

El fallo de la Corte no resuelve las tensiones entre quienes argumentan que los proyectos deberían ser administrados directamente por las comunidades indígenas ni establece sanciones para quienes no lo hagan. Pero da el primer puntapié jurídico para un mercado en el que, al menos de entrada, todos los actores involucrados se encuentran en que las decisiones de los indígenas deben estar en el centro de los proyectos.

Además, se une al llamado al gobierno para que avance en la regulación de un mercado que, como muestra la tutela, lo necesita urgentemente.     

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La capacidad para generar vídeos y audios falsos o deepfakes con el uso de la Inteligencia Artificial ya no es una hipótesis futurista. Esto ha aterrizado a Colombia y a América Latina como un factor nuevo en las democracias. 

En Colombia, los problemas para verificar la veracidad de un video del 11 de mayo en el que aparecía Iván Márquez, comandante de la Segunda Marquetalia, apoyando las reformas del presidente Petro; o la canción “Fuera Petro”, falsamente atribuida a Karol G y que habría sido creada con IA, muestran que los desafíos de la verificación y la desinformación crecerán con el ingreso de esas tecnologías. 

A finales de junio, la Universidad Javeriana organizó el simposio internacional Los límites de lo humano: tecnología y ecología integral, donde se juntaron filósofos y académicos de las ciencias sociales para pensar en los retos que supone la relación de los humanos y las máquinas. Actualmente, la pregunta sobre qué es lo que produce un ser humano y lo que puede ser simulado artificialmente ha ganado una nueva urgencia política. 

Dos de los panelistas del simposio hablaron para La Silla Académica sobre estas preguntas. Pablo Manolo Rodríguez, profesor de la Universidad de Buenos Aires y autor de Las palabras en las cosas. Saber, poder y subjetivación entre algoritmos y biomoléculas (2019). Y Gustavo Chirolla, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana y uno de los editores de Umbrales críticos. Aportes a la pregunta por los límites de lo humano (2023). 

La Silla Académica: Pablo, su libro Las palabras en las cosas. (2019) hace uso de los conceptos de Michel Foucault para hacer una arqueología del saber cibernético desde la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué es relevante pensar el problema de la emergencia de la cibernética desde la filosofía?

Pablo Manolo Rodríguez: Identifico la cibernética como el puntapié inicial de una transformación general de las ciencias y las técnicas en el siglo XX. No habría computadoras sin cibernética, no habría inteligencia artificial sin cibernética, no habría biología molecular sin cibernética. Es decir, muchas de las cosas que constituyen hoy en día la gran mayoría del panorama de la ciencia y las técnicas contemporáneas tienen que ver con la cibernética.

El de cibernética es un término que tiene que ver con la centralidad de la información como una especie de nueva entidad distinta a la materia y la energía y que tiene una vocación muy tecnológica. Es decir, que busca decididamente crear aplicaciones técnicas de sus principios.  

Por ejemplo, en la década de 1940 se empiezan a estudiar los mecanismos neuronales y lo primero que piensan es si se podía hacer una red de neuronas artificiales. Cuando hoy hablamos de inteligencia artificial hablamos de una aplicación de unas discusiones que se estaban teniendo desde los 40 y que, por vía de la computación, hoy regresan pero con aplicaciones prácticas muy concretas. 

La filosofía de Foucault sirve a esta comprensión de la emergencia del saber cibernético porque construyó un marco teórico que tenía tres términos: saber, poder y subjetivación. Saber corresponder a los discursos del conocimiento, sobre todo a los científicos. Poder tiene que ver con las relaciones entre el poder y la política. Y subjetivación es una idea muy original de Foucault que es pensar que la relación entre saber y poder no sólo se resuelve en el marco institucional, sino también en el modo en el que nos construimos como sujetos.

En el libro lo que yo hago es inscribir la cibernética en estos conceptos foucaultianos para mostrar cómo la episteme cibernética se manifiesta en relaciones de poder. Es decir, en cambios en las condiciones de vigilancia y la manera en la que las tecnologías de la información inciden en cómo nos constituimos como sujetos. Hoy con las redes sociales tenemos una forma muy patente de dar cuenta de cómo esa relación entre saber y poder termina siendo decidida en el marco de los procesos de subjetivación. Cuando pensamos en cómo funcionan los procesos de perfilización en cualquier plataforma, claramente estos están orientando conductas. Foucault no estudió la cibernética ni el problema de la información, yo lo que hice fue aplicar sus conceptos a ese mundo. 

¿Cuáles son el tipo de subjetividades que están apareciendo en las sociedades modernas producto de la cibernética, como las redes sociales o la inteligencia artificial? 

MR: Un primer tipo de subjetividad son las máquinas mismas. Una de las cosas que significó la cibernética es el proyecto de hacer máquinas con condiciones subjetivas. Aquí hay que remitirse al experimento de la máquina de Alan Turing. Lo que él propuso es que no es seguro que una máquina no piense y que, en todo caso, tendríamos que demostrar qué es pensar. A partir de eso, muchos autores cibernéticos empezaron a decir que si una computadora puede pensar, también podría percibir y que, si hace ambas, podría eventualmente sentir. 

Es decir, la cibernética como proyecto propuso la idea de generar máquinas que, a diferencia de las máquinas de la revolución industrial y de cualquier otra máquina en la historia de la humanidad, intenten reproducir las condiciones subjetivas de un ser humano. Si esto lo logró o no es algo que podríamos discutir. 

El segundo punto son las transformaciones de la subjetividad que no necesariamente tienen que ver con la máquina y que se podrían llamar antropológicas, en el sentido de las maneras de construir una forma de ser humano. Un ejemplo de esto es cómo ha evolucionado la distinción entre privacidad e intimidad y su relación con la publicidad. En las concepciones de sujeto liberales, como las concepciones más de izquierda e incluso marxistas, está la idea de que los sujetos en la vida social tienen una esfera íntima, una esfera privada y una esfera pública. Tengo una imagen pública, una vida en mi hogar y una esfera íntima de mi historia personal. Con las redes sociales esto ya no es tan claro. 

Hoy la privacidad y la intimidad no son un bien preciado. Si se desplazan los dos primeros términos, la publicidad también se va a desplazar. Entonces, hoy en día la publicidad consiste en la exhibición de las zonas privadas e incluso íntimas de los sujetos. Es decir, dejan de ser íntimas.

El tercer punto tiene que ver con la inteligencia artificial y es dónde se unen los dos primeros ejes. 

La inteligencia artificial es la proyección de lo que proponía Turing. Es decir, es inteligente si entendemos la inteligencia como procesos lógicos –que es una forma muy pobre de ver la inteligencia-. Hoy podemos decir sin problema que las infraestructuras de información y los sistemas algorítmicos hacen eso y mucho más; lo que hacen es construir patrones de conducta o de consumo.

La capacidad de reproducir condiciones subjetivas por parte de máquinas pone de presente el problema de la distinción entre lo humano y la máquina. Gustavo, usted se pregunta por esa distinción en el libro Umbrales críticos. Aportes a la pregunta por los límites de lo humano (2023). ¿Cómo empezar a abordar esa pregunta filosóficamente?

GC: Una idea de partida es no arrancar con las dicotomías entre sujeto y objeto, entre naturaleza y cultura, entre mente y cuerpo, etc. Cuando hablamos del límite de lo humano nos referimos al umbral como un lugar de tránsito. De tránsito poroso en concreto donde caben muchos procesos  de simbiosis y coexistencia. No son dos cosas distintas que de pronto se juntan, sino que como se afectan mutualmente producen algo nuevo.

Si esto tiene sentido, no es que esté por un lado el hombre y por el otro la máquina. Es pensar que no hay límites absolutos definidos entre los sujetos que se relacionan, porque esas entidades se afectan mutuamente y se constituyen en la misma afectación. Esto es, los términos no son anteriores a la relación, sino que la relación constituye a los términos. Tampoco quiere decir que los límites terminen borrándose completamente. Son porosos, pero no hay que confundir todo con todo. Hay diferencias, pero estas no son inmutables sino transitorias.

En el dominio humano, la técnica o el uso de herramientas es algo que transmitimos culturalmente y no genéticamente y que, en la medida que fuimos desarrollándolas, nos hicieron cambiar. A esto se le ha llamado antropogénesis. Nuestro cerebro evolucionó por las presiones del medio ambiente, pero también por las técnicas que inventábamos, pero el ser humano no es la única especie que tiene técnica y aprendizaje. Los animales también aprenden cosas, no todo es innato; incluso por esto se habla desde los 70 de que algunos animales tienen cultura. 

Gustavo, ¿ve problemas a que se le asignen a las máquinas propiedades que normalmente eran exclusivas de los humanos, como la inteligencia o la creación?

GC: Yo prefiero pensar con los animales que con las máquinas. Antes de que apareciera la inteligencia artificial, ya le podíamos atribuir creación a otros seres de la naturaleza. Los macacos, por ejemplo, comen un alimento que viene con concha; quitar la concha era demorado y representaba un gran gasto de energía. Unos investigadores observaron que un día, por casualidad, uno de los macacos puso la concha en el agua para pelarla y resultó mucho más fácil. Este mico fue y le enseñó a los demás a hacerlo así. Entonces, aquí hubo creación porque hubo innovación de una técnica. 

Yo estoy respondiendo esto hacia atrás, no hacia adelante. Si a la palabra innovación le quitas la intencionalidad –como creo que debe hacerse–, entonces puedes atribuirse a la naturaleza. Y si se puede hacer así, ¿por qué no a la inteligencia artificial? Ahora, si decides que la innovación tiene que ser intencional, solo se la puedes atribuir a los seres humanos, porque la inteligencia artificial no sabe qué hace. Es decir, no es consciente. Pero, hemos visto que no necesita ser consciente para ser inteligente. Es un tipo de tecnología que despliega una inteligencia sin conciencia. 

¿De qué manera las nuevas subjetividades configuradas por los sistemas algorítmicos suponen un problema político en nuestro tiempo?

MR: Es 2024 y estas discusiones que pueden ser solamente científicas, tecnológicas o de subjetivación tienen un componente político y social mucho más importante. La escala en la que tenemos que ver el problema no es de la historia de la cibernética pura o de la inteligencia artificial, sino de entender cómo funcionan los mecanismos que emplea la inteligencia artificial en la vida social. Esto porque estamos todo el día en redes sociales y, aun si no estamos, tenemos dispositivos digitales que registran y transforman en datos todas nuestras actividades a nivel social y de investigación científica.

Hoy en día estamos cruzados por la inteligencia artificial y esta no es una máquina que esté afuera o que imite el comportamiento humano. Ese es el imaginario inicial de lo que era. Lo que es la inteligencia artificial supone es Spotify diciendo qué es lo que me gusta, lo que tengo consumir o lo que puedo consumir. Lo mismo con Netflix: me ofrece las series que “yo quiero ver”. 

Pero hay ejemplos más políticos que nos vinculan con la inteligencia artificial, como confiar en sus patrones algorítmicos, como ya se ha hecho, para ver a quién se le otorga un crédito o quién tiene una opinión política peligrosa para la nación. Esto ya pasó en Estados Unidos. Tenían un sistema en la Agencia Nacional de Seguridad que asignaba niveles de nacionalidad según su presencia en redes. No es que una persona es colombiana porque nació en Colombia –que es hasta ahora como se ha resuelto el tema de la nacionalidad–, sino que se relacionaba en función de los perfiles de las redes y se asignaba un nivel de peligrosidad. 

Es decir, cómo te identificamos como individuo pasa por todo un conjunto de tecnologías que son tecnologías digitales tramadas por inteligencia artificial.

Acá no hay simulación de ningún comportamiento humano individual, lo que hace la inteligencia artificial es procesar la vida social. Esto es más complicado que si una máquina piensa o no. Supone la posibilidad de orientar un proceso de opinión política, que ya ocurrió con el escándalo de Cambridge Analytica, es decir, cómo operan los algoritmos de las redes para instalar opiniones políticas, construir candidatos y armar corrientes de opinión.

¿Qué pasa si la gestión de la acción social de un Estado pasa a estar derivada de la inteligencia artificial? Ya ha habido accidentes sobre esto. De hecho, es una de las tesis que trabajamos en Tecnoceno Lab. Hace cinco años en Holanda, por ejemplo, esto pasó: le confiaron a un sistema de inteligencia artificial que determinara la ayuda social a los inmigrantes y el sistema llegó a la conclusión de que 10 mil o 15 mil personas habían defraudado al Estado de los Países Bajos y que por eso no merecían ayuda social. Aquí hay errores de sesgos en los sistemas algorítmicos, que es cuando metes un dato “neutral”, pero este dato no es neutral, sino que está atravesado por todos los prejuicios sexistas, racistas y de todo tipo que la sociedad tiene.

La solución a este problema no es de me voy al bosque y se acabó. Eso no tiene sentido. Es como si en 1880 alguien hubiera dicho: echemos para atrás la Revolución Industrial. Lo que es interesante de la infraestructura digital, a diferencia de otras infraestructuras modernas como las autopistas o los ferrocarriles, es que es más flexible y fácil de hacer transformaciones porque la estructura reticular de la red todavía existe, así esté monopolizada por Google y otras compañías. Pero es clave pensar esto porque si no van a seguir haciendo lo que están haciendo.

GC: El problema de todo esto es que la inteligencia artificial no sea un bien común. Esto es un problema social serio. La minería de datos que hacen estas organizaciones que lideran esos desarrollos tecnológicos está explotando nuestras mentes. Datifica todo y con esa información gana dinero.

Si la inteligencia artificial fuera una inteligencia colectiva y no tuviera dueños, para mí sería realmente una invención social de la inteligencia. La IA debería ser como nuestro lenguaje: colectiva y un bien común. ¿O tú le pagas a alguien para usar tus palabras? Por supuesto, esto no es posible bajo el capitalismo actual, y ese es el problema político de esas técnicas. 

¿Qué se puede hacer para intervenir estos algoritmos y eliminar los sesgos o darles una capacidad de mayor discernimiento o control?

MR: Un primer plano es la regulación, es decir, un sistema algorítmico donde hay que buscar condiciones de fiabilidad, esto es, ponerlo a correr con un dataset que determine cosas y que haga un monitoreo. Este monitoreo puede ser con o sin supervisión humana. 

Las estructuras algorítmicas hoy en día son tan complejas –o sea, las machine learning son tontas en comparación con lo que se puede hacer– que se puede hacer que las mismas máquinas se supervisen. Un ejemplo de esto es la moderación de contenidos en redes. Este fue un tema de hace cuatro años en el que se discutió si, por ejemplo, Twitter puede dejar que se publique lo que sea o es responsable de lo que se publica. Aunque argumentaron solo ser mediadores y no responsables, la presión hizo que pusieran moderadores de contenido. Al principio esto lo hicieron humanos, pero en este momento están medio automatizados.

Automatizar este tipo de procesos se hace incorporando criterios humanos, en este sentido es un proceso abierto y siempre se puede incorporar más. El asunto es quién está velando por el tema de los sesgos y quién se pone a pensar en si está mal diseñado el algoritmo. Este es un problema técnico que en la formulación política tradicional se ha enfrentado con la regulación. Esto es lo que está haciendo en este momento la Unión Europea y la razón por la que es la mala de la película para las corporaciones de IA: está metiendo política de privacidad, política de supervisión humana de los algoritmos, política de establecimiento de riesgo y de accidentes posibles, etc. Es decir, cuestiones para vigilar la aplicación de la IA en cada paso.

La segunda forma no viene del Estado, sino de la sociedad civil. Es la resistencia. Esto se conoce como la política de ofuscación de datos. Es que frente a la posibilidad de que una cámara te identifique con ciertos patrones o rasgos, los ocultes para que no te pueda rastrear. También está el hackeo de algoritmos. 

El tercer plano, que combina un poco de los anteriores, tiene que ver con generar formas alternativas. Esto se basa en la idea de que el problema no son los datos que nosotros dejamos en las redes, sino su extracción contra de nuestra voluntad y conocimiento, y el uso que le dan las corporaciones, es decir, la política privativa. Hay algoritmos –como los de Facebook, Meta, PageRank de Google– que son abiertos, pero los que están poniendo a funcionar ahora no lo son. Aquí hay una cantidad de preguntas: qué son los datos respecto a nosotros, somos dueños de esos datos o es dueño el que los recoge, dónde están estos datos. 

Hay un estudio que muestra que leer los términos y condiciones de las aplicaciones tradicionales que uno usa, que son como cinco o seis, tomo 90 mil horas. Entonces, cuando las firmamos sin leer, estamos vendiendo todo sin decir nada y sin saber mucho. Y eso es, querámoslo o no, es parte hoy nuestro ambiente. 

Frente al último plano de acción de las políticas alternativas, hay gente que está hablando de cooperativismo de plataforma, es decir, de hacer plataformas de código abierto y software libre que no apunten al entrenamiento algorítmico de perfilización. Este sistema, como está dirigido por corporaciones capitalistas que quieren ganar dinero a través de los datos, lo que se llama capitalismo de plataforma, solo ve la perfilización como la única arquitectura algorítmica posible y con una preocupación muy escasa por los sesgos.

En Colombia ya empezamos a ver cómo la inteligencia artificial está empezando a crear fake news. 

La verificación de estos contenidos, como sucedió con un chequeo de La Silla Vacía, fue imposible con total certeza porque aún no tenemos herramientas completamente fiables para determinar si un video había sido hecho o no con IA. Esto abre todo un problema sobre con qué criterios determinar si imágenes, audios y videos son verdaderos o falsos. ¿Qué opinión le merece esa dificultad agreagada a la verificación de la información?

MR: Puede que ustedes como medio definieran el video como verdadero o falso, pero la cuestión es si para mucha gente no era falso y ya. Hasta ahora la idea de que uno podía construir un discurso falso o verdadero estaba relativamente constreñida a los medios masivos de comunicación que construían la realidad. La época de la posverdad y la fake news es un paso más allá de esto. No es que antes no hubiera deformación de la realidad, pero es muy distinto al imperio de la falsedad en el que pasamos a decir que la gente dijo cosas que nunca dijo. 

Esto es un problema más político y social que tecnológico. Desde el punto de vista tecnológico, determinar que algo sea falso o verdadero es lo mismo que antes. Ahora el problema está en qué pasa si a la gente no le interesa el valor de la verdad, sino afianzar su propia creencia. Es la famosa cuestión de los filtros burbuja y de las cámaras de eco. En este sentido, el problema de las fake news es doble. El primer problema es la posibilidad de generar falsedades a gran escala en las que es difícil de discernir entre lo verdadero y lo falso y que vuelve virtualmente imposible hacer un chequeo como el que ustedes mencionan. El segundo problema, que me parece más grave, es si la gente está dispuesta a creer. El problema ahí no es técnico. 

Ya no nos importa la verdad, no nos importa ninguna generación de la verdad basada en la evidencia, por lo que puedo inventar la evidencia. El desenmascaramiento deja de ser una acción suficiente porque no estás desenmascarando frente a nadie más que ante quienes seguimos creyendo en la idea de un valor de la verdad. 

Lo vemos cuando en el avance de la derecha global. Yo soy de Argentina, lo vivo todos los días. Uno puede decir cualquier cosa y nada tienen consecuencias, creo que porque hay una especie de vacío sobre la noción de bien común, de que no todos los valores que pensábamos que valía la pena sostener en la Modernidad siguen existiendo. Esto, por una razón que desconozco, lo está explotando más eficientemente que otros grupos políticos, aunque la inteligencia artificial está en un momento de umbral en el que no sabemos qué cambios va a traer, pero serán enormes y sus consecuencias no pueden ser tan fácilmente instrumentalizadas por un grupo político específico. 

Hay algo de esta época que me recuerda a los años 30 y 40. Hitler ascendió al poder porque tenía un Goebbels, es decir, un ministro de propaganda y los medios para distribuirla. Se ha establecido una asociación entre los medios y quién los explota primero, quién entiende primero su lógica para llevar la delantera en la iniciativa política. Estamos en el mismo momento con las redes sociales y la derecha está ganando terreno y con discursos muy parecidos. Uno puede agarrar la analítica del discurso de Milei y de Hitler y tienen muchas coincidencias. 

¿Por qué en este contexto de sofisticación de la desinformación cobra relevancia la pregunta filosófica por los límites de lo humano?

GC. De entrada está el caso de Cambridge Analytica que ya se mencionó en el que con los principios básicos de lo que ahora llamamos inteligencia artificial se intervino en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, al dirigir mensajes a los votantes según sus preferencias electorales. Es decir, la inteligencia artificial ya ha funcionado al interior de las democracias y ha inclinado la balanza, porque muchas decisiones que nosotros tomamos dependen de la información que tenemos. 

Entonces, la libertad es clave para tomar las decisiones razonadas desde la democracia, pero mi decisión puede ser motivada por una serie de inclinaciones. La decisión misma no es racional, sino que puede tener que ver con los hábitos mentales. Esto afecta la democracia desde hace años: no somos seres racionales y autónomos tomando decisiones, pero esto no significa que solamente seamos irracionales y así tengamos que tomar nuestras decisiones políticas. 

Las máquinas seguirán produciendo simulaciones inteligentes de producciones humanas y otras innovaciones con diferentes objetivos políticos o comerciales. Defendiendo una supuesta excepcionalidad humana no vamos a solucionar los usos que se hagan de esas técnicas. Tampoco negando que la IA pueda ser o no inteligente o creadora. Sí es inteligente y puede crear innovaciones. Pero ese no es el problema: el problema es cómo hacemos para que esas innovaciones no sirvan para ahondar la explotación cognitiva que ya hacen en todas partes.   

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Cenit, la filial del Grupo Ecopetrol encargada del transporte del crudo y otros derivados, pasa por un remezón de cargos que van desde el presidente hasta distintos movimientos en al menos seis cargos directivos. 

La empresa tiene hoy más del 80 por ciento de las redes de ductos por donde se mueven los hidrocarburos del país, lo que equivale a una infraestructura de cerca de 9 mil kilómetros de oleoductos y poliductos que transportan petróleo y otros combustibles procesados en refinerías, como kerosene, naftas y diesel. En 2023 movió más de un millón de barriles al día en petróleo y productos refinados. Y es una empresa clave en el negocio con Venezuela para importar gas natural, dado el déficit que enfrenta Colombia.

El primero de estos cambios se dio el 27 de mayo pasado con la elección de Alexander Cadena Motezuma en la presidencia. Allí llegó de mano de la recién elegida Junta Directiva de la empresa —donde tiene asiento el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa—. Cadena venía de ser presidente de Ocensa y reemplaza a Héctor Manosalva, que estuvo durante cinco años en el cargo.

Cadena es una persona del sector y los que lo conocen dicen que se trata de la designación de un conocedor del tema. Además de eso, cinco fuentes independientes entre sí coinciden en que su llegada, y los cambios de cargos en la empresa, estuvieron mediados por la influencia de Danilo Romero, el compadre del presidente Petro, conocido de Ricardo Roa, y quien tiene intereses de negocios en el sector. 

Romero niega tener negocios en Cenit y dice que aunque conoce a Cadena, no tienen ninguna amistad ni cercanía. 

La elección de Alexander Cadena

La Junta Directiva de la empresa informó a finales de mayo que realizó un análisis de una terna de candidatos, pero se decidió por Cadena porque era el que más cumplía los requisitos para el cargo.

El grupo de la Junta que lo eligió por unanimidad está compuesta por cinco miembros elegidos por periodos de dos años, como dice el reglamento de la empresa. Los miembros de la Junta son del grupo de Ecopetrol y cuatro de ellos, salvo Ricardo Roa, fueron elegidos el 15 de mayo, luego de la salida en Ecopetrol de Alberto Consuegra, un histórico de la empresa, Ana Milena López y Fernán Bejarano, que tenían esos asientos. 

Tres de los cuatro nuevos integrantes de la Junta llegaron con Roa al grupo.  

• María Catalina Escobar, que renunció la semana pasada a su cargo como vicepresidenta encargada de finanzas y valor sostenible de Ecopetrol. 
• Bayron Triana, gerente de estrategia de soluciones de bajas emisiones desde noviembre de 2023. 
• María Cristina Toro, vicepresidenta jurídica.
• Juan Carlos Hurtado, ya trabajaba en Ecopetrol antes de la llegada de Roa. Es vicepresidente encargado de Upstream y vicepresidente técnico en la Transportadora de Gas Internacional (TGI), la empresa dueña de gasoductos de la que Roa fue presidente en 2012.  

Las fuentes consultadas coinciden en que la decisión de la Junta no despertó muchas sorpresas entre los empleados de Cenit, pues Cadena es un conocedor del sector y juega de local en la dirección de la empresa. 

Cadena es un ingeniero químico de la Universidad Industrial de Santander y tiene estudios de maestría en Administración de Empresas por la Universidad Externado. Su carrera la ha hecho en las empresas de transporte de hidrocarburos. Tiene experiencia en la refinería de Barrancabermeja, fue presidente de Oleoductos del Llano y llegó a Ocensa en 2020.

María Fernanda Márquez, gerente de comunicaciones de Ocensa, conoció a Cadena trabajando con él cuando llegó a esa empresa en plena pandemia. Dice que es una persona muy reservada. “No me da la impresión de un tipo politiquero. Alexander es una persona parca, tímida”, dice. 

Márquez respalda la idea de que su designación sólo obedece a un criterio técnico, pues el paso de Cadena de Ocensa a Cenit es una movida usual en el sector y una especie de ascenso. Mientras que Ocensa se ocupa de la administración de un único oleoducto extenso de más de 836 kilómetros, Cenit tiene a su cargo 10 tubos y 54 estaciones que cubren gran parte del territorio nacional, una red de transporte más compleja que la de Ocensa. 

Cenit nació en 2012 como forma de responder a un impedimento legal que obligó a separar el negocio de la producción de hidrocarburos del de logística y transporte. Eso aplicó también en Ecopetrol y en ISA, quedándose esta última con la distribución de energía. Cenit se creó para quedarse con la parte del negocio de transporte, pero la empresa de todas formas depende de Ecopetrol, que tiene el 99 por ciento de las acciones. 

“Hay mucho movimiento entre Ocensa y Cenit, es la misma línea de negocio, solo que Cenit es más amplio. El nombramiento de Cadena es un desarrollo natural de alguien que quiera crecer en ese segmento”, dice Márquez.

Pero hay otra versión de la historia en la que su llegada a Cenit aparece conectada con el nombre de Danilo Romero, el compadre del presidente Petro y su amigo desde hace más de dos décadas.

Romero es un empresario que financió el viaje personal de Petro a Italia luego de ganar las elecciones. Su nombre sonó para el Ministerio de Minas y varios de sus familiares están en el gobierno. 

Romero, según una fuente con acceso a Petro y otra que se mueve en el círculo de Ricardo Roa, promovió ante el presidente Petro el nombre de Roa para dirigir Ecopetrol. 

“Eso se definió en la campaña y Romero respaldó el nombre del doctor Roa. Roa es un técnico al fin y al cabo y Petro valora eso”, detalló la fuente con acceso a Petro. Romero, sin embargo, negó conocer a Roa antes de la campaña presidencial de 2022 o haber respaldado su llegada a Ecopetrol. 

Para algunos conocedores del sector, el interés de Romero en la estatal petrolera estaría, en particular, en Cenit.  

Esta es una versión que se sustenta en cinco fuentes que fueron consultadas de manera independiente para esta nota. Dos de estas vienen del círculo cercano al presidente Petro, dos son empresarios del sector del petróleo y una más es cercana al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Todas, que lo dijeron en diferentes circunstancias, coinciden en decir que fue Danilo Romero el que impulsó a Alexander Cadena a la presidencia de Cenit. 

Esa versión contrasta con la percepción que exempleados de Cenit tienen de Cadena. “Es una persona íntegra y técnica. Definitivamente conoce el sector y nada me da pie a pensar que sea corrupto”, dice una fuente de la empresa que lo ha conocido de hace años, pero que pidió reserva de su nombre. 

Es una versión que también niega Romero, quien dice no tener empresas que contraten con Ecopetrol o alguna de sus filiales. 

Sin embargo, Romero sí acepta que conoce desde muchos años a Alexander Cadena, y dice que estudió y se graduó con él en el Colegio La Salle de Bucaramanga en 1986, aunque niega algún vínculo más cercano después de esto.

“Desde esa fecha hasta hoy lo he visto no más de 5 veces, en las celebraciones de años de graduados. No somos amigos ni tampoco fuimos del combo en el colegio”, le dijo Romero a la Silla Vacía.

Hasta donde ha podido verificar La Silla Vacía, Danilo Romero no tiene negocios con Cenit. Sin embargo, sí tiene intereses económicos en el mismo sector económico de esa filial del grupo Ecopetrol. 

El primero se da a través de Energía & Combustibles SAS. Firma que el 26 de agosto de 2022, 19 días después de la posesión del presidente Gustavo Petro, amplió su objeto para explorar, producir y transportar petróleo y gas. 

Esa empresa nació en 2016 y antes de ese cambio no había tenido ninguna modificación, según consta en los registros de cámara de comercio. Cuando nació, su objeto en el sector estaba solamente destinado a minería.

Menos de dos meses después de ese cambio, Romero dejó de aparecer en los papeles de Energía & Combustibles. Sin embargo, le dijo a La Silla que sus intereses en el sector de energía estaban en esa firma, cuyo nombre inicial fue “Cobertura en Energía y Carbón”.

El segundo interés en el sector de transporte de combustibles que lleva a Romero, se da a través de Ambrosio Plata, cuñado de Danilo Romero. Ese empresario del transporte que reside en Santa Marta, en noviembre de 2022, amplió el objeto de Transportes APN y se habilitó para comercializar “combustibles derivados del petróleo”.

Plata no respondió los mensajes dejados a través de dos de sus asistentes sobre sus intereses comerciales en el sector de petróleos.

El revolcón de cargos en Cenit

Más allá de las teorías sobre la llegada de Cadena, lo cierto es que los cambios en el poder en la empresa van más allá de su llegada a dirigir la organización. Empleados de la empresa afirman que se han presentado situaciones de despido sin justa causa y que han salido funcionarios influyentes en la organización. 

Estos cambios se dan en medio de un posible nuevo reto grande para la empresa, pues la idea de reactivar el gasoducto para importar gas desde Venezuela, y que está fuera de servicio desde 2015, sería un negocio que desde el lado venezolano haría Pdvsa, pero del lado colombiano estaría entre las tareas que Cenit podría hacer. 

Las salidas, que se han dado en el último mes, corresponden a cargos clave en la empresa. El presidente de abastecimiento, Camilo Bonilla, fue destituido. También el gerente de regulación y gas. 

Con esas salidas también han llegado nuevos cargos. En concreto, cuatro nuevas vicepresidencias que entran en julio, pero que ya fueron anunciadas. Una es Diana Giraldo Aristizábal, que llega como Vicepresidenta de Oleoductos de Cenit, y viene de ser la Directora de Operaciones de Ocensa. 

También entra Andrea Orjuela Gutiérrez como Vicepresidenta de HSE y Sostenibilidad. Viene de ser Gerente de HSE en Oleoductos del Llano. Sergio Moreno Segundo llega como Vicepresidente Digital y viene de ser Gerente 5Ri en Ecopetrol. 

Y entra Jorge Murcia Olaya, que llega a la Vicepresidencia Legal y la Secretaría General en reemplazo de Camilo Vela Villota. 

Una quinta vicepresidencia también se cambió, la de José Moreno Gómez, que sale de la Vicepresidencia Comercial, pero todavía no han definido quién será su reemplazo.  

“¿Por qué tener tantas posiciones claves interantes? Eso lo entiendo en organizaciones menos maduras, pero si estoy en una empresa privada con experiencia si voy a hacer cambios yo me quiero rodear de estrellas, y gente que las puedan ejecutar”, dice una fuente que pidió reserva por su rol en la empresa.  

La fuente cree que no es Alexander Cadena la persona que decidió ese revolcón de cargos, sino que es una orden que viene de Ecopetrol. “Estos cambios se hicieron para que cuadraran con la llegada de Cadena, pero no son cambios suyos. Las salidas de estas personas no tiene nada que ver con su desempeño”, afirmó una persona que ha trabajado en un cargo directivo en la compañía. 

Desde la gerencia de comunicaciones de Cenit niegan que los cambios se deban a una estrategia deliberada y los vinculan a un cambio normal en la organización con la nueva presidencia: “Cada presidente implica cambios en una organización, pero ninguno que genere alerta. Los cambios en Cenit son normales”, dice. 

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Una investigación de La Silla Vacía revela la cercanía entre Orlando Cabeza, el dueño de la empresa de aviación Helistar, y el círculo íntimo del presidente Gustavo Petro. La revelación llega en momentos clave: Helistar es uno de los opcionados para quedarse con un contrato de 580 mil millones de pesos que licita Ecopetrol, la petrolera estatal y la empresa más grande del país. El nexo que une a Cabeza, un expolicía colombiano, con el mandatario es Danilo Romero, compadre del presidente. En el episodio de hoy hablamos de la investigación y del ascenso de Orlando Cabeza. 

Para saber más de Orlando Cabeza, Danilo Romero y el círculo de Petro puede leer:

Los vínculos del multimillonario de Helistar con el círculo íntimo de Petro.

Cartel de helicópteros en Ecopetrol: licitación del Gobierno de Gustavo Petro también podría estar direccionada. Nota de Cambio Colombia.

El extravagante séquito de Verónica Alcocer que paga el gobierno Petro.

Petro planea con ambición y aterriza con improvisación en el caso de las basuras. 

La nota que Tatiana referencia al final es esta: A pesar de denuncias, Fenoge firma contrato millonario a Euclides Torres.

Chequeo de datos: Jineth Prieto y Camilo Garzón, unidad investigativa de La Silla Vacía. 
Producción: Fernando Cruz, Juanita Escobar y Juan Carlos Hernández, periodistas de La Silla Vacía.
Foto de portada: La Silla Vacía

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“Usaron a Ecopetrol como la caja del crimen y la política”, dijo el presidente Gustavo Petro cuando Cambio reveló detalles de una investigación a Ecopetrol por la adjudicación de medio billón de pesos en contratos con dudas de corrupción a la aerolínea Helistar, entre 2011 y 2023.  

En ese mensaje, Petro se desmarca de las élites del pasado a las que les atribuye responsabilidad por la corrupción del Estado. Esta invetigación revela que lo que él ha llamado “una caja del crimen y la política”  está más cerca a su gobierno y a su círculo íntimo de lo que reconoce en sus comentarios públicos. Las élites que rodean el entorno de Petro también cargan con cuestionamientos y Orlando Cabeza es un nuevo ejemplo.

Orlando Cabeza, el expiloto de la policía que hoy es el millonario presidente de Helistar, es amigo personal y tiene negocios con familiares de Danilo Romero, amigo cercano de Petro y su esposa desde hace dos décadas. Tres familiares de Romero, incluyendo su esposa, Carolina Plata, trabajan en el gobierno Petro. 

Ahora, en el gobierno Petro, Helistar está de nuevo compitiendo para contratar con Ecopetrol, en una licitación de 580 mil millones de pesos con nuevas denuncias de favorecimiento. La aerolínea de Cabeza ha seguido contratando con entidades como la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. 

Y no es la primera vez que como mandatario Petro se cruza con Cabeza. Varios de sus familiares ejecutaron uno de los contratos clave en la implementación del fallido modelo de las basuras en la Alcaldía de Bogotá.

Cabeza carga con sus propias sombras del pasado. Hoy el expolicía es conocido como un exitoso empresario que maneja una flota de 39 helicópteros y 4 aviones, incluido un jet de 25 millones de dólares que puede volar de Nueva York a Tokio sin escalas. Pero documentos de inteligencia de la Policía de Colombia desclasificados en un fallo señalan que fue un presunto narcopiloto que trabajó para grandes carteles, como el de Medellín.

Cabeza le dijo a La Silla y Univisión no saber por qué fue mencionado en informes y le atribuye los señalamientos a campañas de desprestigio orquestadas cada vez que Ecopetrol lanza una nueva licitación.

Presidencia no respondió a las preguntas enviadas por escrito. 

El capitán Cabeza: de notas de inteligencia a megacontratista

Desde el 2011 Helistar es la aerolínea con la que vuela Ecopetrol. Su nombre ocupa titulares cada vez que la estatal petrolera va a entregar el negocio porque los competidores dicen que las condiciones están hechas para favorecerlos. 

Cabeza, el presidente de Helistar, dice que esas acusaciones son “infundadas” y que ha ganado los contratos porque “los estándares alcanzados por la empresa les permiten participar en licitaciones del gobierno y de empresas del sector de petróleos”

Esta es la primera vez que habla Orlando Cabeza Peñaranda, el hombre que está detrás de esa aerolínea que hoy tiene $225 mil millones en activos y el año pasado generó utilidades por $13 mil millones.

La historia de Cabeza es la de un empresario con un ascenso vertiginoso.

Pasó de ser un piloto de la unidad antinarcóticos de la Policía en los años 80, a tener la vida de un magnate. Ha pasado desapercibido, en parte, porque no figura directamente en los papeles de Helistar. Casi siempre aparecen sus familiares.

Antes de matricularse en la Escuela de Policía, a Cabeza le gustaba ver aterrizar aviones en Cúcuta, donde pasó parte de su juventud. Luego de graduarse como oficial lo asignaron en Barranquilla y allá entró a estudiar en una escuela de pilotos. Iniciando los 80, la Policía creó su propia división aérea y Cabeza se convirtió en uno de los primeros pilotos de la policía en el país.

Cabeza pasó por la Policía sin felicitaciones ni amonestaciones en su hoja de vida. Pero lo que siguió después de retirarse está cruzado por menciones que ponen sombras sobre los inicios de su próspero negocio.

La versión de Cabeza es que arrancó la aerolínea con sus ahorros en 1999, después de trabajar unos años como instructor. Helistar nació en Medellín, bajo el nombre de Aeroregional, con un solo helicóptero prestando servicios. Eventualmente fue creciendo, en parte, gracias a que Cabeza se fijó en el mercado petrolero.

“Soy visionario, perseverante y muy disciplinado en el trabajo. Desde mi llegada a Helistar he trabajado con dedicación para lograr posicionar la empresa donde hoy se encuentra”, asegura Cabeza.

Pero de lo que pasó entre la salida de Cabeza de la Policía y el inicio de Helistar hay otra versión que quedó consignada en documentos de inteligencia citados en un fallo contra Luis Enrique Ramírez Murillo, “Miki” Ramírez, por enriquecimiento ilícito. Ramírez es un confeso narco que colaboró con la justicia gringa y la fiscalía colombiana declarando contra Pablo Escobar.

El informe de inteligencia es del año 1996 y quedó desclasificado en un fallo del año 2000 emitido por el Juzgado Quinto Penal de Bogotá. En él se detalla que Cabeza es “el piloto encargado de transportar el estupefaciente hacia diferentes lugares del país y el exterior”, y que también cumplía esa tarea para Nelson Urrego Cárdenas, un exnarcotraficante del cartel del norte del Valle, que fue protagonista del proceso 8.000.

En el mismo fallo también se cita otro informe de inteligencia emitido pocos meses antes del que nombra a Cabeza. Ahí aparece mencionado Luis Ernesto Bejarano Celis, cuñado de Orlando Cabeza. Según el informe, alias “Miki” para 1996 “conducía sus negocios” ligados al narcotráfico en alianza con Bejarano. 

Bejarano fue al menos hasta 2022 esposo de Gladys Cabeza Peñaranda, hermana de Orlando. Es el actual representante legal de Inversiones de Tecnología Aeronáutica SAS, la dueña del 45,71% de las acciones de Helistar.

En el fallo no vuelven a nombrar a Cabeza ni a su cuñado Bejarano. En ese fallo no se concluyó que “Miki” hubiera reincidido en narcotráfico, pero para mediados de los 90, paralelo a ese proceso en Colombia, le abrieron 3 indictments (acusaciones formales) en Estados Unidos por seguir enviando cocaína a ese país.

En Colombia los informes de inteligencia contienen información de fuentes e informantes y observaciones de las autoridades operativas en relación con personas que podrían estar vinculadas a actividades ilegales, pero no son señalamientos definitivos que necesariamente lleven a una acusación formal, según explicaron expertos.

“En un elemento orientador, no es determinante, es un insumo para que la policía judicial pueda adelantar su investigación, pero la prueba no es el informe de inteligencia”, explicó el exteniente coronel en retiro Víctor Daniel Murcia, especialista en inteligencia militar.

Hay otra referencia a Orlando Cabeza con el narcotráfico que es mucho más conocida. En el libro El general Serrucho del fallecido periodista Manuel Vicente Peña, es nombrado como el piloto de un avión que llevaba plata ilegal a la campaña del expresidente Ernesto Samper.

 “(…) vinculado al famoso episodio de la avioneta que fue retenida a las 6 de la tarde en el aeropuerto de Montería, en 1994, cuando se aproximaba la segunda vuelta presidencial, la cual iba cargada con plata que le había donado el narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper (…) El aeromotor era piloteado por Orlando Cabeza y en este se transportaba un sujeto llamado Óscar Isaza, encargado de llevar $100 millones a la capital cordobesa”.

Cabeza dice no saber por qué aparece en esos informes. Su argumento es que no tienen sustento esas afirmaciones porque su récord judicial está limpio: “Nunca he tenido vínculos con personas relacionadas con el narcotráfico. No he sido investigado en Colombia o Estados Unidos, por situaciones relacionadas con narcotráfico. No tengo antecedentes judiciales ni en Colombia ni en los Estados Unidos”. 

Los rastros sobre estos episodios han tratado de ser borrados de internet. En 2023 quedó evidencia de que Milton Cabeza, hermano de Orlando Cabeza, pagó a Eliminalia, una empresa española a la que acuden corruptos y exnarcos para que medios bajen sus contenidos y borrar su rastro de internet.

Según reveló El Espectador, medio en Colombia que tuvo acceso a la filtración del  consorcio de periodistas Forbidden Stories, el pago de Milton Cabeza fue para “bajar contenido que no dejaba bien parado a Orlando Cabeza”.

Orlando Cabeza negó haber contratado directamente “servicios de Eliminalia ni de ninguna otra empresa, para borrar información de Internet”.

El de Cabeza es un caso aparentemente excepcional en la embajada de Estados Unidos en Bogotá: su empresa Helistar es una importante contratista del gobierno de ese país y él se precia de que sus aviones tienen autorización para volar a 48 estados. Sin embargo, el empresario no tiene visado estadounidense, según él mismo lo reconoce.

El gobierno federal no negó ni confirmó si la embajada retiró el visado a Cabeza. El empresario respondió a La Silla Vacía y Univisión que su visa no fue revocada, sino que se venció “y decidí no renovarla”.

De acuerdo con dos fuentes consultadas por Univisión, Cabeza se quedó sin visa entre 2003 y 2004 por lo que debió vender un apartamento en Key Biscayne, Florida que había adquirido recientemente. Según los registros públicos de propiedades de la Florida, Cabeza compró por 1,9 millones de dólares un apartamento en ese sector en julio 2003  y lo vendió por 2 millones de dólares en agosto de 2004.

En 25 años Cabeza pasó de ser hijo de una familia clase media de Pamplona, un municipio ubicado en el tope de un páramo en Norte de Santander, a entrar en la lista de ricos y bien relacionados de Colombia. 

Como reveló Daniel Coronell, es propietario de un apartamento en Lagasca 99, el edificio más lujoso de Madrid, en el que también tiene propiedades el grupo Gilinski. El jet de lujo que ofrece Helistar y vuela de Nueva York a Tokio es de la misma categoría que tienen grupos como los Santodomingo y los Sarmiento Angulo. 

En sus aviones se montan presidentes y políticos, y han pasado superestrellas del pop como Britney Spears, Shaggy y Sting. El jet de lujo que opera Helistar es el de la gira oficial de Karol G en estos momentos.  

La familia Cabeza se mueve con soltura en los altos círculos sociales del Caribe. Orlando Cabeza Abril, hijo mayor de Orlando Cabeza, es novio de la actual reina del carnaval de Barranquilla, Melisa ‘Meme’ Cure. Ser reina del carnaval está reservado para las familias de tradición, con plata y poder en Barranquilla.

Además, tiene una relación que lo vincula a los mejores amigos de Gustavo Petro y Verónica Alcocer, Danilo Romero y Carolina Plata, ella funcionaria de Casa de Nariño.  

La relación del compadre de Petro con Orlando Cabeza

Petro también es padrino de uno de los hijos de Danilo Romero Gómez y Plata, y acompaña a Petro en la política. Es uno de los empresarios que aparece en el video revelado por La Silla Vacía en el que el presidente celebra su victoria en segunda vuelta en un apartamento de Bogotá.  

En ese video Romero era el único que vestía la camiseta oficial de la campaña. A diferencia de la mayoría que se abalanzó hacia Petro para felicitarlo por su triunfo, Romero esperó recostado. De hecho, Petro fue el que se le acercó y le apretó el antebrazo.

La relación de Romero y Petro empezó hace dos décadas. Las esposas Plata y Alcocer son mejores amigas, y Plata es parte del séquito de la primera dama contratado en Casa de Nariño. 

Danilo Romero también es amigo de Orlando Cabeza. “Al señor Orlando Cabeza lo conozco hace 26 años, es muy cercano a la familia de Carolina y ahora es un gran amigo nuestro, él y su familia”, dijo.  

Las relaciones de la familia de Romero con Cabeza también son comerciales. El cuñado de Romero, Ambrosio Plata, hermano de la funcionaria de Casa de Nariño, es socio de Orlando Cabeza. Tienen una empresa llamada King Canna para marihuana medicinal y, además, son socios en una palmicultora llamada Palmas San Jorge que tiene 800 hectáreas de tierra en La Gloria, Cesar.

Ambrosio Plata, el cuñado de Romero, y Cabeza también comparten vida social en el caribe y salen en fotos sociales de diarios regionales. Como ésta de El Heraldo de noviembre de 2016.

Danilo Romero presentó a Orlando Cabeza con Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol nombrado por Petro, en un almuerzo en el apartamento de Romero. Según dijo Cabeza, “no me he reunido con Roa después de haber sido nombrado presidente de Ecopetrol”.  

Por otro lado, Romero, según una fuente con acceso a Petro y otra que se mueve en el círculo de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña de Petro, también apoyó su llegada al primer cargo de la estatal petrolera. 

“Eso se definió en la campaña y Romero respaldó el nombre del doctor Roa. Roa es un técnico al fin y al cabo y Petro valora eso”, detalló la fuente con acceso a Petro. Romero negó conocer a Roa antes de la campaña presidencial de 2022 o haber respaldado su llegada a Ecopetrol. 

Y Romero, más allá del compadrazgo, es tan cercano a Petro, que lo ha financiado políticamente para llegar a la Alcaldía de Bogotá y fue el que pagó el mentado viaje que el entonces presidente electo hizo a Florencia, Italia, tras ganar las elecciones.

“Fue una invitación mía, escogí Florencia porque la familia Petro tiene gran cariño por esa ciudad”, detalló Romero.

Danilo Romero asegura que no tiene injerencia de ningún tipo en el gobierno Petro: “Por respeto a mi amigo me mantengo lo más alejado posible, estoy muy ocupado con mis negocios. Hace casi un año que no lo veo”.

Pero su nombre estuvo en el sonajero para el Ministerio de Minas y varios de sus familiares entraron al gobierno.

• Carolina Plata, esposa de Danilo Romero, tiene un jugoso contrato para el protocolo de las casas presidenciales, cuyo único requisito es tener título de bachiller. Le pagan 20 millones de pesos mensuales.
• Óscar Felipe Rueda Plata, hijo de Martha Plata y sobrino de Carolina Plata, entró a Procolombia, entidad que encargada de promover la marca del país en el mundo, como director de la oficina comercial de China. Martha manejó las finanzas de la campaña a la Alcaldía de Bogotá de Petro en 2011 y le donó 30 millones a esa aspiración. Es la más política de esa familia. En 2015 Plata buscó sin éxito llegar al Concejo de Bogotá con el aval liberal.
• Adriana Carreño, cuñada de Danilo Romero, entró a Procolombia como directora regional de Procolombia Santander.

Los contratos de Helistar con el gobierno Petro

Helistar no solo contrata con Ecopetrol desde hace años. También ejecuta millonarios negocios con el Ejército, que al igual que en la petrolera, han sido cuestionados porque favorecen su posición. 

Históricamente, la aerolínea de Cabeza ha contratado con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En la administración de Petro los contratos de transporte aéreo han sido renovados por un  monto de 8 mil millones de pesos. Helistar también contrata con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, metida en el escándalo de corrupción de coimas a congresistas.

Fuera de Colombia, Helistar Technical Center, empresa que se dedica al mantenimiento y reparación de las aeronaves y en la que figura directamente Cabeza, es dueña del 55 por ciento de Helisur, empresa con sede en Perú que también tiene millonarios contratos con el ejército de ese país. 

Pero los negocios de Orlando Cabeza no solamente están con algunas entidades del gobierno Petro, sino que se cruzaron, en 2011, cuando este fue alcalde de Bogotá.  

En ese entonces, la familia Cabeza estuvo detrás de la importación de los camiones de basura de segunda que fueron alquilados por el Distrito. Ese negocio generó un escándalo mediático por los precios que fueron pagados por esos camiones y porque algunos llegaron en malas condiciones. Helistar fue la que sirvió de garantía para la importación de esos vehículos.

En el contrato aparecen al menos tres familiares de Orlando Cabeza, incluido su suegro, Segundo Abril, y su sobrino político, Diego Galvis González, quien, a su vez, es el representante legal actual de Star Aviation, la dueña del 54 por ciento de las acciones de Helistar.

Orlando Cabeza niega tener una relación personal con el presidente Petro: “En algún evento social pude haberlo visto, pero no he tenido ningún vínculo personal”, dice.

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Con la batuta del gobierno nacional y la ONU, el impulso de los gobiernos locales, y la influencia del sector privado y el de la sociedad civil avanzan los preparativos de la COP16 de biodiversidad. Mientras tanto, aumenta la presión por el éxito del evento en el que Cali y Colombia se juegan su imagen internacional frente a funcionarios de 190 países, los ojos del sector ambiental global y más de 600 de todo el mundo. 

Han sido semanas movidas para los organizadores de la cumbre bautizada Paz con la Natraleza. Paradójicamente, líderes nacionales han llamado la atención frente a la seguridad y los constantes atentados terroristas en Jamundí, a media hora de Cali, han hecho mella en la confianza del evento. Otros, como el expresidente Juan Manuel Santos, criticaron la demora en la definición de la agenda. 

Todo esto tendrá que sortearse antes de octubre, cuando llegarán a la capital del Valle más de 12 mil invitados. Hay al menos 14 personas, que por su capacidad de influencia, tienen un rol fundamental en esta Conferencia de las Partes en biodiversidad.

Los del gobierno nacional

Susana Muhamad

Ministra de Ambiente

Fue quien lideró las negociaciones para traer la COP16 a Colombia. La idea surgió en diciembre pasado durante la COP28 sobre cambio climático, en Dubai, y es uno de los triunfos más grandes de su gestión. 

Durante su paso por el Ministerio y con la antorcha de la COP16 ha tenido notoriedad internacional. Ganó el reconocimiento como la “mujer de la década” del Women Economic Forum y el Premio Global Lidership Award de la organización Vital Voices Global Partnership. 

Ha sido la principal cara del evento desde el gobierno, ya que el presidente Gustavo Petro no suele participar en los comités y los encuentros previos. Muhammad viaja constantemente a Cali y desde su ministerio hace parte del comité organizador encargado de adoptar el plan de trabajo y el cronograma de actividades.  

Fue ella la que presentó el logo oficial del evento y ha sido quien ha salido recientemente a decir que los hechos violentos en Jamundí no comprometen la seguridad de los participantes. Es la voz de mando en las decisiones de la COP, ya que el presidente Petro delegó en ella la dirección de ese evento.

Francia Márquez

Vicepresidenta y Ministra de la Igualdad y la Equidad

La vicepresidenta tuvo que ver en la decisión de hacer la COP16 en Cali. Márquez vivió allí y tiene arraigo en las comunidades del suroccidente. Su rol principal ha sido visibilizar la participación de las comunidades étnicas en el evento. 

Lidera el Comité Organizador, en el que también tiene asiento el canciller, Luis G. Murillo; el ministro de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes; la ministra Susana Muhamad y la directora del Dapre, Laura Sarabia. 

También está a la cabeza del Comité de Convergencia Regional en el Pacífico, que reúne a los mandatarios de esa región, y abandera la participación de las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras. A finales de abril tuvo reuniones con la saliente viceministra de Asuntos Miltilaterales, Elizabeth Taylor Jay, para proponer en la COP la inclusión de la categoría de pueblos afrodescendientes en el Convenio sobre Diversidad Biológica. Una idea que ya llevaron a las delegaciones de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Celac, para contar con sus votos.

Recientemente, también lideró el primer encuentro regional para construir la actualización del plan de acción de biodiversidad, que es uno de los documentos claves que la delegación del gobierno espera tener actualizado para cuando arranque la COP.

Paula Douat

Gerente de la COP16

Es ingeniera industrial con énfasis en Negocios Internacionales y Maestría en Management de Organizaciones Deportivas. Tiene experiencia de 15 años en organización de eventos internacionales, fue directora de negocios del país en Expo Sanghái 2012, Expo Milán 2015 y Expo Dubái 2020. 

Fue elegida como gerente por el primer comité directivo de la COP, en febrero. Según explicó la ministra Muhamad, en su elección pesó que tenía experiencia definiendo eventos internacionales donde Colombia estuvo presente, que había trabajado desde el gobierno y que entiende los procesos administrativos del Ministerio de Industria y Comercio.

Según le dijo a La Silla Vacía, la gerencia tiene un seguimiento semanal con los líderes de cada subcomité, de los que sale un informe que se le presenta al Comité Organizador. 

Douat ya tiene una agenda de bloques temáticos que irán en cada semana del evento. El jueves se hizo pública una primera versión de esta agenda que abre con una apertura en el Centro de Eventos del Valle del Pacífico el 20 de octubre y termina con un evento de clausura el primero de noviembre. El evento oficial de lanzamiento de la agenda será en julio.

Las negociaciones serán durante la primera semana y el siguiente fin de semana será libre, para los visitantes que quieran turistear. También habrá foros temáticos para quienes se queden en la ciudad. La segunda semana será la de más alto nivel, cuando lleguen los ministros de los países y se defina, o no, el consenso. 

Andrés Raul Guzmán

Presidente de Fiducoldex

Fiducoldex es una fiducia, principalmente pública, pero de economía mixta, cuyo principal accionista es el Banco de Comercio Exterior (Bancóldex) y está vinculada al Ministerio de Hacienda. Es una empresa aliada del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para apoyar proyectos en esas áreas.

Es clave porque es la vocera y administradora del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, la bolsa más grande de recursos para el sector ambiente en lo que va del gobierno Petro. Es la que cubre gran parte de los gastos que tendrá el gobierno nacional en la realización de la COP, que se calculan en $98 mil millones y se usarán para financiar la estrategia de comunicaciones, la movilización social y la construcción de la Zona Verde, entre otros gastos. Su director desde 2018 es Andrés Raúl Guzmán Toro, quien tiene experiencia en empresas como Corficolombiana, Gesvalores, Megabanco y Banco Santander. 

El rol de Fiducoldex será clave porque a través de esa empresa se van a ejecutar los contratos para la realización de la parte pública del evento. Además, puede hacerlo de manera directa. Hace tres días abrió la convocatoria para contratar el diseño de la estrategia integral de comunicaciones para el evento, la cual se adjudicará o declarará desierta el próximo 15 de julio. 

El de la ONU

David Cooper

Secretario del Convenio de Diversidad Biológica

Es canadiense, experto en biodiversidad agrícola, ciencia y política de biodiversidad, con una maestría en Ciencias Agrarias y Forestales y un doctorado en Fisiología Vegetal, ambos por la Universidad de Oxford.

Cooper fue designado para su cargo actual por el Secretario General de las Naciones Unidas en febrero de 2023. Antes de esto, había sido Secretario Ejecutivo adjunto desde octubre de 2015 y ocupó varios otros cargos en el CDB, incluido el de Director de la división de ciencia, evaluación y seguimiento. Antes de unirse a la Secretaría del CDB, trabajó en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para la ONG Acción Internacional sobre Recursos Genéticos (GRAIN).

Ha viajado varias veces a Colombia para reunirse con Susana Muhammad y las autoridades del Valle. En su criterio estuvo elegir a Colombia como la sede de la COP y fue quien dió la votación sobre las ciudades finalistas para alojar el evento. Buscará que los países presenten sus planes para cumplir con las 23 metas del marco global de biodiversidad, que es el gran antecedente de esta COP. No maneja directamente plata ni se mete en los temas de la logística del evento, pero es quien está a cargo de verificar que el evento en Colombia cumpla con las especificaciones que pide el Convenio de Diversidad Biológica.

Los locales del Valle

Alejandro Eder

Alcalde de Cali

El alcalde de Cali le ha dado preponderancia a los temas medioambientales en su mandato. Adoptó el marco mundial de Kunming-Montreal que se definió en la pasada COP como punto de referencia para su Plan de Desarrollo y fortaleció el componente ambiental del mismo. También busca utilizar el evento como plataforma para aumentar el turismo y conseguir recursos de cooperación internacional. La Alcaldía de Cali pondrá alrededor de $15 mil millones para su realización.

Semanalmente, Eder preside un comité en el que cada dependencia de la Alcaldía da informes sobre el avance de sus tareas en clave de la COP16. Dentro de su equipo quienes lideran el tema son el director del Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente, Mauricio Mira Pontón y Maria Alexandra Pacheco desde la Gerencia de Ciudad. En los detalles más concretos, es Angélica Mayolo la que lleva la batuta, aunque no está contratada por la Alcaldía. 

Angélica Mayolo

Coordinadora de la COP en Cali

Nació en Buenaventura. Es abogada de la Javeriana de Cali con maestría en Derecho de la Universidad de California de Estados Unidos. En 2012 entró como asesora en la consejería para la Competitividad de la Presidencia de Juan Manuel Santos. Allí trabajó en formular programas de financiación entre el BID y Colombia y conoció Luis Gilberto Murillo, actual canciller.

En 2016, cuando Murillo pasó a ser Ministro de Ambiente, Mayolo se convirtió en la directora de cooperación internacional de ese Ministerio. Fue clave para conseguir recursos para proyectos ambientales en países como Estados Unidos, Noruega y el Reino Unido. Allí tuvo la oportunidad de asistir a dos COP.

En 2023, se unió a la campaña de Alejandro Eder y fue una de las coordinadoras de su empalme. Una vez Eder se posesionó, asumió la Gerencia de Ciudad, un cargo inédito en Cali. Con base en su experiencia, Mayolo impulsó la idea de traer la COP16 a Cali y fue quien lideró las gestiones para lograr la sede. 

Ahora dejó la gerencia para dedicarse exclusivamente a liderar las acciones de la Alcaldía de cara al evento. Ha tenido críticas en el Concejo, por no estar vinculada directamente a la administración, ya que su salario lo paga la Corporación Andina de Fomento.

Jairo García

Secretario de Seguridad de Cali

Ha tomado relevancia su liderazgo por el aumento de la violencia armada en el suroccidente del país. En los últimos meses, las disidencias del Bloque Occidental han realizado atentados en Jamundí y Cali, lo que ha causado alarma por la seguridad del evento. 

A Cali y el Valle llegarán 4 mil policías y 1.600 militares adicionales para reforzar la seguridad en los próximos meses. En total, serán 12 mil uniformados desplegados. La meta también es erradicar la minería ilegal del Parque Natural Farallones, para que esté disponible como atractivo natural en los días del evento. 

De acuerdo con una fuente de la organización, quien pidió la reserva por no tener vocería, la semana pasada hubo visita de la ONU y fue presentado el plan de seguridad. García es quien está al tanto de la ciudad, en coordinación con el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares. Sin embargo, la Zona Azul, donde se llevarán a cabo las negociaciones multilaterales, estará a cargo de la ONU directamente

Dilian Francisca Toro

Gobernadora del Valle

Ha estado al tanto de la COP desde que solo era una propuesta. Su entidad pondrá alrededor de $10 mil millones para su realización y está preparando una agenda propia alrededor, que incluye una cumbre internacional de gobernadores.

La gobernadora tiene asiento en el Comité Directivo de la COP y tiene delegados en los diferentes subcomités, como el de seguridad y el administrativo. También participa de las visitas de la ONU y creó un comité con los municipios cercanos a Cali. 

Su principal delegada para la COP16 es María Leonor Cabal, asesora de despacho. Cabal viene de ser secretaria General de la Gobernación en la pasada administración.

Óscar Guzmán

Sector hotelero

Son unos de los protagonistas del sector privado, ya que de ellos depende la estadía de alrededor de 12 mil visitantes. Óscar Guzmán es el líder de Cotelco Valle desde 2015. 

Para la COP, los hoteles tuvieron que registrarse en una plataforma que se envía a las diferentes delegaciones para que elijan su hospedaje. Según una fuente al interior de la organización, se están inflando los precios en esa plataforma. Habría hoteles que están entre los 500 y 800 dólares la noche, lo que supera los $2 millones de pesos.

La ministra de Medioambiente, Susana Muhammad, confirmó las denuncias y habló de una posible cartelización. Anunció que la Superintendencia de Industria y Comercio tomará medidas. Sobre el tema, Guzmán respondió que el promedio en el precio de las habitaciones es de $147 dólares por noche y que solo el 10% supera los $300.

Gissell González

Gerente del Centro de Eventos Valle del Pacífico

Está ubicado al norte de Cali, en el municipio de Yumbo. Es propiedad de la Cámara de Comercio de Cali y lo administra la firma Heróica, que también opera el Centro de Convenciones Cartagena y el Centro de Convenciones de Costa Rica.

Actualmente, la gerente es Gissel González, profesional en Administración y Negocios Internacionales. El lugar estará ocupado durante un total de 35 días: 12 días para montaje, 20 días para el evento y tres días para desmontaje. Incluirá dos plenarias, 23 salones de negociaciones, 14 oficinas de países, un centro de medios, una zona de acción, áreas de alimentación, 28 carpas, 68 stands.

Toda la contratación para adecuar la Zona Azul, donde se llevarán a cabo las negociaciones, será a través del Centro de Eventos, es decir, serán ellos mismos los encargados de seleccionar los proveedores y administrar alrededor de $20 mil millones. 

Los aliados de la sociedad civil

Joe Tohme

Director del Ciat

Es el director general del Centro Internacional de Agricultura Tropical, que tiene sede en Palmira y hace parte de la Alianza de Biodiversity Internacional. Es un centro reconocido internacionalmente por sus investigaciones que promueven la eco-eficiencia de la agricultura. Tohme tiene tres décadas de experiencia en investigación genética y en 2013 lideró la construcción de Semillas del Futuro, un banco de recursos genéticos para cultivos de diferente tipo.

El Ciat hace parte de la ruta académica digital, que busca promover la investigación local y fomentar la colaboración con las entidades nacionales e internacionales. Es un consorcio de 20 instituciones, entre locales y nacionales, que buscan utilizar la COP para hacer alianzas científicas.

Cada institución elegirá dos temas científicos que son de su experticia para exponerlos en el sitio web oficial, con el fin de buscar cooperación internacional y promover la investigación local.

Dora María Moncada

Andi

Es la Directora del Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad de la ANDI desde 2021. Antes trabajó como coordinadora de la iniciativa de Biodiversidad y Desarrollo en esa agremiación de empresarios, y hoy lidera la participación de la Andi en la COP.  

La Andi encabeza la hoja de ruta de biodiversidad y empresa, que culminará en un documento de plan de acción del sector empresarial para cumplir con las metas del Marco Global de Biodiversidad y una participación en eventos dentro de la COP en los que las empresas mostrarán sus compromisos e impactos en la biodiversidad. Para hacer esto la Andi se unió con el Consejo Gremial Nacional, que representa 32 gremios.
Ya en la COP el plan es que exista un espacio de foros de negocios y biodiversidad, en los que la idea es que estén empresarios y gremios. Tienen estimado que estos ocurran entre el 26 y 28 de octubre aproximadamente, como contaron en un webinar preparatorio. Eso ocurrirá en la Zona Azul, donde, según el reglamento de Naciones Unidas, está prohibido que alguna empresa patrocine ese espacio.

Sandra Valenzuela

Directora WWF

Sandra Valenzuela es la Directora Ejecutiva de WWF Colombia desde junio de 2021. Es abogada con Especialización en Derecho Ambiental y tiene más de 25 años de experiencia profesional en conservación y desarrollo social. Desde hace 15 años ha liderado equipos en  organizaciones como Parques Nacionales de Colombia, donde promovió la creación y aplicación de áreas protegidas.

Aunque WWF no tiene un rol formal en la organización de los temas logísticos de la COP, sí es muy cercano a la cartera de Ambiente. El actual viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, Mauricio Cabrera, fue durante varios años Asesor en Relaciones de Gobierno y Relaciones Internacionales de esta organización. Actualmente, WWF ha ayudado, con apoyo del Ministerio de Ambiente, en la divulgación de los temas grandes del evento, como la biodiversidad y el marco global de biodiversidad. 

Hace menos de un mes lanzaron un documento titulado el ABC del Marco Global de la Biodiversidad, como una herramienta para periodistas y el público en general con los conceptos claves del evento. 

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Hoy la plenaria del Senado votará, en último debate, un proyecto de ley que le pone más controles al ganado en Colombia para combatir la deforestación. La norma, impulsada por activistas ambientales y hasta por el actor Leonardo DiCaprio, tiene los votos para su aprobación pese al fuerte lobby de la Federación de ganaderos, Fedegán, con aliados poderosos en el Senado. La medida resulta clave porque en Colombia la deforestación en la Amazonía se disparó en el primer trimestre de este año, sobre todo, en zonas de expansión ganadera. Aunque los cultivos ilícitos son una de las razones principales para talar bosques, la ganadería se convirtió este año en la principal causa de la deforestación. En el episodio de hoy hablamos de la menuda política y ambiental para pasar esta norma. 

Para saber más sobre la deforestación en Colombia puede leer:

La ley que quiere DiCaprio: una tercera vía contra la deforestación.

Siete claves por las cuales la coca sigue siendo una amenaza para la Amazonía.

Chequeo de datos: Camilo Garzón, periodista de La Silla Vacía.
Producción: Fernando Cruz y Juanita Escobar, periodistas de La Silla Vacía.
Foto de portada: La Silla Vacía.

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Hasta Leonardo Di Caprio, el conocido actor de Hollywood y ambientalista, le dió un espaldarazo al proyecto de ley de trazabilidad ganadera que está a punto de convertirse en ley y que tiene su último debate en el Senado esta semana. Este proyecto, que permitirá saber de dónde viene la carne, abre la puerta a una tercera vía para frenar la deforestación amazónica que subió un 40 por ciento en el primer trimestre de este año frente al 2023.

Hasta ahora Colombia ha intentado dos aproximaciones para bajar la deforestación. La militar y el control criminal vía la penalización de la deforestación que intentó Iván Duque y las estrategias para reforestar, como los bonos de carbono y el pago por servicios ambientales a las comunidades, que es lo que está intentado el presidente Petro. Pero ninguna de las dos ha sido exitosa hasta ahora.

“El Estado tiene una especie de disociación entre lo que son mecanismos de control y las actividades que se han identificado como motores de deforestación. Es claro que la deforestación tiene que ser abordada desde el punto de vista de la actividad económica, y ahí la ganadería es central”, dice Natalia Escobar, experta ambiental de DeJusticia.

Porque hoy lo que ocurre en muchos municipios de la Amazonía es que el bosque se tumba en terrenos baldíos para meter vacas y luego se construyen vías para sacar el ganado al mercado, lo que facilita, a su vez, la ampliación de la frontera agrícola y mayor deforestación. 

La ley que quiere Di Caprio

La iniciativa del representante Juan Carlos Losada, representante a la Cámara por el Partido Liberal, tendría los votos en el Senado para ser aprobada esta semana y quedaría a la espera de la aprobación segura del presidente Petro, que ha defendido la necesidad de este proyecto desde su cartera ambiental.

Actualmente hay formas de saber la trayectoria de una vaca o un toro en el país, que son las Guías Sanitarias de Movilización Interna de Animales (Gsmi), que proporcionan detalles sobre la actividad comercial, los flujos y las redes de ganado. 

También están los datos del Registro Único de Vacunación (RUV), que son esencialmente una trazabilidad sanitaria. Lo que el proyecto quiere impulsar es una trazabilidad ecológica del ganado. 

En esencia, lo que propone la iniciativa es que los sistemas de información ya existentes puedan compartir información tanto de la identificación de los animales, como de los predios y del monitoreo satelital de los bosques donde se criaron. Así se podría cruzar la información para saber si una vaca o un toro fueron engordados en una zona previamente deforestada.

“Ya el sistema de vacunación es riguroso en Colombia para prevenir que el ganado esté libre de aftosa, así como el sistema de georeferenciación del Ideam es bueno para detectar la deforestación. La clave ahora es poner a hablar a entidades como el Ica y el Ideam para que coordinen esas bases de información”, dice Julia Miranda, representante a la Cámara y exdirectora de Parques Nacionales que ha liderado debates sobre temas ambientales.  

Para Rodrigo Botero, director dela Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, Fcds, este proyecto busca comprometer al sector ganadero para que tenga mejores prácticas en cuanto a la conservación de los bosques precisamente en un momento en el que la demanda por la carne bovina aumentará. 

Cada vez hay más ganado

En la Amazonía el hato ganadero creció un 30 por ciento en los últimos años. Un crecimiento de más de 1 millón de bovinos entre 2016 y 2023 en los municipios del arco de deforestación amazónico, según datos de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, Fcds.

Y va a seguir creciendo.

Hoy Colombia es el quinto país del mundo en exportación de carne bovina, y es un mercado que crecerá ahora que Colombia exportará esta carne a China. 

Esto especialmente desde que, en septiembre de 2023, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, firmó el protocolo sanitario con el gobierno chino para que Colombia pueda entrar a ese mercado de 1.400 millones de habitantes. China es el primer importador de carne bovina en el mundo y tiene el 43 por ciento de ese mercado. 

El temor es que este nuevo mercado dispare la deforestación dado que la ganadería está en el centro del problema. Especialmente la ganadería de gran escala, según varios expertos. 

Un documento de este año de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, Fcds muestra que más de 1,2 millones de vacas entraron en los 8 municipios más deforestados de Colombia en los últimos cinco años. 

Como mostró este reportaje de La Silla Vacía, las vacas aumentan en las zonas más deforestadas, como Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo. 

De hecho, en los últimos cinco años Colombia fue el país amazónico con un mayor incremento porcentual del hato ganadero. En Colombia creció un 30 por ciento, mientras que en Brasil apenas un 4 por ciento en 2023. 

Un gráfica muestra que en la Amazonía, especialmente Caquetá, Guaviare y Putumayo, es donde más se cruza el crecimiento bovino con una mayor deforestación. 

Tomado de Fcds, 2024. 

Y es la gran ganadería la que lleva la batuta. Según datos del ICA, el 70 por ciento del hato ganadero en la región amazónica está en predios de más de cien animales, por lo que son los grandes ganaderos los que principalmente hacen parte de este mercado. 

Mientras que a nivel nacional las fincas con más de 500 bovinos crecieron un 23 por ciento, en Guaviare ese crecimiento fue del 150 por ciento y en Caquetá de un 79 por ciento, como muestra este informe.  

El caso de Guaviare es diciente. En ese departamento solo el 11 por ciento de la ganadería corresponde a pequeños ganaderos (entre 1 y 50 animales) mientras que el 72  por ciento a grandes ganaderos (Más de 101 animales).

Tomado de Fcds, 2024.

En todo este panorama, las reservas forestales y los parques naturales son los grandes afectados por el aumento de la actividad ganadera. En la actualidad hay más de 150 mil cabezas de ganado en los Parques Nacionales ubicados en la Amazonia colombiana, siendo el Parque Tinigua el mayor con 62 mil cabezas, seguido por el Parque La Macarena, que tiene 45 mil. 

Y es que detrás de las vacas vienen las carreteras para sacar las reses al mercado.

Aunque China no lo pide, la trazabilidad del ganado también es una oportunidad de entrar a otros mercados como el de la Unión Europea, que sí la requiere. Desde finales de 2023, la Unión Europea tiene un reglamento de comercialización que exige la trazabilidad de siete productos para su exportación, incluido el cacao, el café, la soja y la madera. Está incluida también la carne de vacuno. Es decir, que a partir del 30 de diciembre de 2024 no podrán entrar a la UE productos procedentes de tierras que hayan sido deforestadas después de diciembre de 2020. 

Por eso, que Colombia pueda incluir un etiquetado que certifique que la carne viene de tierras “libres de deforestación” es una oportunidad de exportar a ese mercado, y así lo ha interpretado la embajada de la Unión Europea, que también ha respaldado el proyecto.  

Sin embargo, aunque la versión original de la ley incluía crear un sello de “carne bovina libre de deforestación” para dar una señal de garantía sobre ese seguimiento, luego de los debates en comisión quinta quedó que no será un sello específico de carne sin deforestación, sino un sello general ambiental colombiano. 

“Así la carne bovina se une al cumplimiento del sello nacional que indica que cumple con estándares ambientales. Este es un sello que existe hace tiempo, pero ayuda a darle garantía de estándares a la carne”, dijo la representante Julia Miranda.

Añade que otro desafío de la implementación es que poner esos sellos quede al alcance de todos los productores, y no sólo de los grandes productores ganaderos.

Aunque desde 2017 existen acuerdos de “cero deforestación” para que productores ganaderos se comprometan voluntariamente a eliminar la huella de deforestación en su trabajo, como lo evidenció una investigación de Dejusticia en su libro “¿Carne Deforestadora? Cuellos de botella en el control de las cadenas de suministro de carne bovina en Colombia” (2022), estos acuerdos tienen varias limitantes. No es claro quiénes en el gremio ganadero la cumplen y no hay sanciones para quienes incumplen. La ley actual tampoco establece castigos para quienes no cumplan estos estándares. 

El gremio ganadero ha sido precisamente el más crítico de la iniciativa. En el blog Contexto Ganadero, de Fedegan, criticaron en 2022 el proyecto con un artículo titulado: “otra vez animalistas y ambientalistas contra la ganadería: ahora producción libre de deforestación”. 

Un argumento del que se han hecho eco otros congresistas como el senador monteriano Marcos Daniel Pineda, del Partido Conservador, que dijo que el proyecto de ley estigmatiza al sector ganadero como culpable de la deforestación “cuando los verdaderos culpables de la deforestación son los cultivos ilícitos y el acaparamiento de tierras con fines distintos a la industria pecuaria”, dijo.   

Para organizaciones ambientalistas y expertos del sector ambiental, sin embargo, esta es una de las iniciativas más importantes para bajar la deforestación amazónica porque, contrario a lo que sostiene Fedegan, la ganadería sí es un motor importante, aunque no el único, de la deforestación.  

Entre 2015 y 2020, la deforestación en la Amazonía pasó de 57 mil a 109 mil hectáreas según el Ideam. Y aunque la ganadería extensiva no es la única causa, sí ha ocasionado el 51 por ciento de la tala del bosque, según un informe de DeJusticia. 

Para la representante Julia Miranda, el reto principal después de la aprobación del proyecto será que el gobierno Petro logre convertir lo dispuesto en el proyecto en reglamentaciones concretas para las agencias del Estado. 

“Implementarlo es el reto de la administración para que no se quede en letra muerta, pero ya con la ley el gobierno tiene con qué mostrar en la COP de Cali que el país está trabajando en medidas concretas para bajar la deforestación”, dice la representante. 

Mientras tanto, los ambientalistas cierran filas en torno al proyecto, que está a un paso de ser aprobado. 

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Quedan menos de cinco meses para que se realice por 12 días la COP de la biodiversidad en Cali, el evento internacional más importante que ha alojado Colombia y en el que el gobierno de Gustavo Petro se juega su prestigio en temas ambientales.  

Más allá de los logros diplomáticos en materia de conservación que el gobierno espera lograr, hay unos retos logísticos asociados a las adecuaciones que Naciones Unidas pide construir para el evento. Es también una prueba para la alcaldía de Alejandro Eder y la gobernación de Dilian F. Toro, con el desafío logístico de atender a 12 mil visitantes.

Para lograrlo, hay un presupuesto que se estima en 120 mil millones de pesos, entre lo que aporta el gobierno nacional y los locales, y para el que no se han pedido préstamos a ninguna entidad internacional. 

Pero con el paso del tiempo aumenta la presión para sus organizadores. Este fin de semana el saliente defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dijo que su realización puede estar en riesgo por las amenazas de las disidencias de las Farc. Y el expresidente Juan Manuel Santos criticó que la agenda todavía no esté definida: “Es el país el que va a quedar muy mal si la COP fracasa”, dijo en La W.

La Silla Vacía habló con funcionarios de alto nivel en la alcaldía de Cali y en el Ministerio de Ambiente para entender los recursos que tiene el gobierno para hacer el evento y cómo espera ejecutarlos. Si se cumplen los compromisos, los costos para financiar el evento están cubiertos, aunque en la aterrizada ya han empezado a aparecer gastos adicionales. 

La plata del evento

El primer costo para Colombia de quedarse con la COP16 de biodiversidad fue el acuerdo de ciudad sede, que se hizo por $2 millones de dólares, es decir, alrededor de $7.700 millones de pesos. Ese precio es la cuota que puso el país para cerrar el acuerdo de la sede con la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica, que es la secretaría que organiza la Conferencia de las Partes (COP) cada año. 

Esa plata paga costos del apoyo de la Secretaría hacia Colombia para el ejercicio de la presidencia de la COP, que consta de unos 100 delegados. El valor incluye el costo de los tiquetes aéreos de esos visitantes, además de la logística para alojarlos. La Cancillería ya pagó el 50 por ciento de esa plata, y el otro 50 por ciento lo tiene que pagar el Ministerio de Ambiente antes del 30 de junio.  

Pero ese es apenas el costo para pisar el evento. Los otros gastos vienen con las adecuaciones que toca hacer en la ciudad, que son varios, pero la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, afirma que “los recursos para hacer el evento están asegurados”.  

Para cubrir gran parte de esos otros gastos, el Ministerio de Ambiente, a través del Fondo para la Vida y la Biodiversidad —que es la bolsa de recursos más grande con la que cuenta el sector ambiental— asignó un presupuesto de $98 mil millones. Esos recursos servirán para financiar la estrategia de comunicaciones, la presidencia de la COP, la estrategia de movilización social y la construcción de la Zona Verde, que es uno de los dos espacios que pide Naciones Unidas para este evento, en donde estarán los actores sociales. 

La Zona Verde será en el centro de Cali. A diferencia de la Zona Azul, que es donde se hacen las negociaciones privadas entre gobiernos, esta tendrá acceso al público, con programación académica, cultural y comercial. El gobierno nacional también pondrá la plata para los audiovisuales de la Azul y los equipos de traducción.

En las próximas semanas se iniciarán los procesos de invitación pública, a través de Fiducoldex —que administra el Fondo para la Vida y la Biodiversidad— para contratar los servicios para construir la Zona Verde, avanzar la estrategia de comunicaciones y otros temas logísticos y operativos, según respondió el MinAmbiente. 

La instancia principal de decisión sobre cómo se ejecuta esa plata es el Comité Organizador, que está liderado por la vicepresidenta de la República, Francia Márquez. Ahí también tiene asiento el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo; el ministro de Comercio, ahora en cabeza de Luis Carlos Reyes; la ministra Muhammad y la directora del Dapre, Laura Sarabia. Durante las sesiones de trabajo de ese Comité también pueden asistir la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y al alcalde Alejandro Eder, así como sus delegaciones. 

Debajo de ese comité hay un subcomité financiero y administrativo, que está conformado por el Ministerio de Relaciones Exteriores desde el Despacho de la Viceministra de Asuntos Multilaterales y el Minambiente con la Oficina de Asuntos Internacionales. Ese comité es el que le somete al Comité Organizador todos los temas relacionados con el presupuesto. 

También hay otros subcomités encargados de temas de seguridad, logística, de convergencia regional —en el que están los gobernadores de los departamentos del pacífico—, y otros más de negociación y científicos.   

La gerencia total de la COP16 recae en Paula Douat Corredor, ingeniera industrial con experiencia en organización de eventos internacionales. Douat fue directora de negocios del país en Expo Sanghái, en 2010, cargo que repitió en 2015 en Expo Milán y en 2020 en Expo Dubái. Según le dijo a La Silla Vacía, la gerencia tiene un seguimiento semanal con los líderes de cada subcomité, de los que sale un informe que se le presenta al Comité Organizador.  

La otra bolsa de plata para hacer la pone directamente la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca, en una cuenta que suma 22 mil millones de pesos y que administran directamente esos gobiernos locales. La idea es que esa plata vaya para pagar el alquiler de Centro de Eventos Valle del Pacífico, donde se alojará principalmente el evento. También va para pagar el personal médico, de seguridad, montaje y de aseo, así como para pagar el transporte de todos los delegados y el cálculo que tienen que hacer de la huella de carbono que dejará la COP. 

Mientras tanto, en la realidad de la ejecución en Cali todavía están haciendo cuentas de los costos. 

En Cali siguen con la calculadora en la mano

En la ciudad sede todavía no está del todo claro cuánto va a costar la COP. El acuerdo habla de $22 mil millones, que asumirán por mitades la Gobernación y la Alcaldía, pero las cifras pueden variar. El mes pasado, Edwin Maldonado, secretario de Desarrollo Económico de Cali, dijo que el aporte de la Alcaldía será mayor a los $10 mil millones que tenían estimados. El alcalde confirmó el incremento, pero dijo que la plata está. 

“El presupuesto es más alto de lo que se ha pensado en un principio, pero las finanzas están garantizadas”, le dijo Eder a La Silla. “El único tema que estamos aún terminando de definir es el tema del costo de la seguridad adicional, pero es algo que estamos hablando con el Ministerio de Defensa”. La cifra que va a poner el Distrito ahora ronda los $15 mil millones. 

Los costos todavía están tasándose, porque el acuerdo sede apenas se firmó el pasado 21 de mayo. Lo que sí está claro es qué pone cada quién. La Alcaldía y la Gobernación del Valle tendrán que responder por la Zona Azul. Eso incluye el alquiler del Centro de Eventos Valle del Pacífico durante todo el mes de octubre, el mobiliario para dotarlo y el branding, tanto de ese lugar como del resto de la ciudad. 

“No estamos ni atrasados ni adelantados. Estamos en un cronograma muy ajustado que nos está exigiendo mucho esfuerzo y trabajo, pero confiamos en que vamos a lograr sacarlo adelante”, le dijo a La Silla María Leonor Cabal, asesora de despacho de la gobernadora y delegada en temas de la COP. “Este mes es de un impulso total, por la vista de la ONU esta semana y las decisiones que se están tomando”, agregó. La Gobernación pondrá $10 mil millones y tiene proyectos específicos, como un encuentro internacional de gobernadores y el fomento turístico de los municipios. 

Se espera que a finales de junio la COP comience a tener forma. Para ese momento ya deberían estar listos los contratos con el centro de eventos y la ciudad comenzará a llenarse de flores de Inírida, el logo de la conferencia. Lo que comenzó, por ahora, es la inversión de la Alcaldía para poner a punto la ciudad. 

“Estamos haciendo es inversiones sociales y de infraestructura en la zona donde va a ser la COP. Arreglando vías, cambiando luminarias, poniendo bien la ciudad”, dijo el alcalde. “La inversión es de 40 a 50 mil millones. Es inversión que ya estábamos haciendo, pero que va a beneficiar la COP”, agregó.

“Para Cali tiene un buen costo-beneficio. Esto va a dejar 29 millones de dólares”, dijo la secretaria de Turismo, Mábel Lara, lo que equivale a cerca de $100 mil millones de pesos. “Como con la pandemia, que nos adelantó a la virtualidad casi una década, la COP va a acelerar encadenamiento productivo del turismo”, añadió.

Lo que no terminó de cuajar fueron las gestiones de Eder ante el Ministerio de Transporte para la compra de 100 buses eléctricos. Ahora se está considerando la compra de 30 de cuenta de la Alcaldía y se espera que Medellín y Bogotá presten otros más.

Desde afuera hay alerta por la violencia, pero adentro preocupan los hoteles

Los constantes atentados de la fracción de la disidencia de las Farc que rompió las negociaciones de paz con el gobierno comienzan a preocupar de cara a la COP16. Sobre todo, después del atentado en abril en el Batallón Pichincha, al sur de Cali. 

Durante la semana pasada, en varios medios nacionales e internacionales retomaron una noticia de la agencia AFP que decía que la COP estaba “en riesgo” debido a las amenazas de las disidencias. Este fin de semana, Camargo, quien renunció a su cargo como defensor del pueblo, reiteró esa tesis. Pero el alcalde la descartó. 

“Eso no es cierto. Estamos a cuatro meses y mover una COP no es como cambiar una conferencia cualquiera de un lugar a otro”, dijo Eder. 

Respecto a la seguridad, anunció que está por cerrarse el acuerdo con el Ministerio de Defensa y la Policía para trasladar de 2 a 4 mil policías a la capital del Valle, que llegarán paulatinamente meses antes de la COP. 

“Al ser esto un evento global, los riesgos de seguridad no son solo los de las disidencias. Estamos trayendo a todo el mundo. El conflicto de Gaza e Israel, el conflicto entre Ucrania y Rusia, el activismo ecologista internacional. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para garantizar la seguridad”, agregó el alcalde.

Al interior de la organización, la principal inquietud no es por la seguridad, sino por el hospedaje. De acuerdo con una fuente que está al tanto de la organización, hay preocupación en la Alcaldía por las tarifas de las habitaciones.

Por protocolo y por seguridad, Naciones Unidas pide a las ciudades sedes usar una plataforma específica para la logística del hospedaje de las delegaciones. De acuerdo con la fuente, quien pidió la reserva de su nombre por no estar autorizado para hablar, algunos hoteles están cobrando de $200 a $800 dólares por noche, cuando normalmente no pasan de $100 dólares. 

Eso impactaría directamente en la cantidad de personas que vengan a la COP, ya que los presupuestos de cada delegación alcanzarían para menos delegados y recortarían el tiempo de su estancia. 

La secretaria de turismo, Mábel Lara, dijo: “Necesitamos que desde el sector de turismo nos apoyen en un llamado de atención que ha tenido Alejandro Eder en cuanto a mantener las tarifas en precios razonables”.

El director de Cotelco Valle, Óscar Guzmán, dijo que el precio promedio de las habitaciones está en $147 dólares, por debajo del de la pasada COP15 de Canadá. “El 50% está a menos de 100 dólares. Solo el 10% están por encima de los 300 dólares, ¿por qué no hablan de los hoteles de Medellín, Cartagena y Bogotá? Ese es el libre mercado, cada quien elige donde quedarse”, opinó. “Van a haber delegaciones que van a que van a tener que dividir, pero la capacidad para albergar las 12.000 personas la tenemos”, agregó. 

El día de la COP se acerca y los organizadores hacen malabares para tener todo a punto y responder a las voces de alarma. La plata, por ahora, no son un dolor de cabeza. 

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