Aunque todos los senadores y representantes tienen la obligación de declarar y actualizar anualmente el registro de conflicto de intereses, la regla es ignorada en el Congreso. De los 292 legisladores, solo 71 han cumplido con esa ley que se implementó desde 2019 y han actualizado el registro todos los años. Es decir, que tres de cada cuatro congresistas les ocultan a los ciudadanos información que es crucial para el debate público.
Más allá de la opacidad, es una constante que familiares de congresistas se beneficien del Estado, incluso dentro del mismo Congreso, además, la mayoría de legisladores tuvieron financiadores que luego ganaron contratos públicos. Por ejemplo, desde el 20 de julio de 2022 los hijos de un representante de Comunes han ganado 11 contratos, y el hijo de Iván Name suma más de 400 millones de pesos en trabajos simultáneos con el Estado.
Las declaraciones de conflictos de interés les muestran a los ciudadanos el origen de los ingresos de los legisladores, quiénes financiaron sus campañas y cuáles son los intereses económicos suyos y de sus familiares. Eso es importante porque cada vez que tramitan o proponen una modificación en una ley, los ciudadanos deben saber si el congresista tiene un posible conflicto de interés, y si con su voto puede sacar un beneficio personal, para sus familiares o financiadores. (Consulte acá Quién es Quién en el Congreso)
En alianza con el proyecto “Joining the Dots” de Directorio Legislativo, una organización argentina que trabaja en temas anticorrupción, transparencia, parlamento abierto y acceso a la información pública en América Latina (ver blog), La Silla Vacía analizó las declaraciones de los congresistas y las cruzó con el sistema de contratación estatal y el registro único empresarial. La información fue recogida desde el 20 de julio de 2022, día en el que los actuales congresistas asumieron sus curules, hasta junio de 2024.
Estas son las principales conclusiones.
1. El Pacto Histórico es el que más incumple con las declaraciones de conflicto de intereses
De las siete bancadas más poderosas, porque sumadas tienen 235 congresistas, la que más incumplimientos tiene es la del Pacto Histórico. Solo el 5 por ciento de sus militantes declaran sus conflictos. Le siguen de cerca el Centro Democrático y el Partido Conservador.
Los incumplimientos son más recurrentes en el Senado que en la Cámara. Uno de cada tres senadores no ha presentado ni siquiera la primera declaración de sus conflictos de interés, pese a que en teoría ese es un requisito para posesionarse. Incumplir les puede acarrear sanciones disciplinarias a los congresistas.
2. Los congresistas facturan con el Estado, y sus familiares también
Uno de cada cuatro congresistas, es decir, 72 de los 292, tiene al menos un familiar que firmó un contrato con el Estado después del 20 de julio de 2022, fecha en la que asumieron la curul.
48 congresistas tienen un familiar, 16 congresistas tienen dos familiares, y 8 tienen 3 o más familiares cobrando honorarios en diferentes entidades del Estado.
Este es el detalle de los 8 congresistas con más familiares con contratos con el Estado.
Hay varios casos destacados en ese ranking:
- Fahid Name, el sobrino del saliente presidente del Senado, Iván Name, ha firmado 9 contratos por más de 400 millones de pesos en dos años, varios de los cuales han sido ejecutados simultáneamente.
- Juan Jacobo Albán y Raúl Ernesto Albán, hijos del representante de Comunes, Luis Alberto Albán, han suscrito 11 contratos por 194 millones de pesos.
- Martha Milena Camacho, esposa del representante de las curules de paz, Juan Carlos Vargas, estuvo en el Ministerio de Salud. Vargas está en la comisión séptima que es la que debate temas de salud.
Además, hay 10 congresistas que desde julio de 2022 tienen o han tenido al menos un familiar trabajando en el Congreso.
Por ejemplo, Sor Berenice Bedoya, senadora de la ASI, tiene a sus dos hijos trabajando en comisiones especiales del Congreso. La senadora conservadora Nadya Blel tiene a su primo, Yamil Berrío, en la Unidad de Trabajo Legislativo de la representante Ángela Vergara. Y el saliente presidente del Congreso, Iván Name, tenía a su hermana Janeth y su hijo Iván en Unidades de Trabajo Legislativo de otros congresistas verdes (Vea aquí el detalle).
3. Los que suenan para las mesas directivas tienen financiadores contratistas
202 de los 292 congresistas tuvieron financiadores de campaña que obtuvieron contratos públicos. De ese universo, La Silla revisó en detalle a los senadores y representantes a la Cámara que muy seguramente llegarán a las mesas directivas de las plenarias y las 14 comisiones para el periodo 2024-2025.
Los financiadores de la representante Ana Paola García, de La U, fueron los más afortunados. Ella es la más firme candidata para ser presidenta de la Comisión Primera, clave para las reformas constitucionales. Cinco financiadores que le pusieron, cada uno, más de 10 millones de pesos, se han ganado 16 contratos públicos desde el 2022.
Un caso llamativo es el de su hermano, Guillermo León García Soto, quien le aportó 12 millones de pesos y se ha ganado tres contratos por 169 millones de pesos en el Ministerio de Tecnologías de la Información, MinTic, que está en manos de Mauricio Lizcano, cercano a ese partido.
El senador Juan Diego Echavarría, firme aspirante a la presidencia de la Comisión Tercera del Senado, aliado de Julián Bedoya y crucial para las reformas tributaria y la aprobación del presupuesto, tuvo dos financiadores que se han fortalecido en La Estrella, su municipio fortín político. Uno es Diego Edinson Grajales, quien le donó 160 millones de pesos, y desde 2022 se ha ganado cuatro contratos con la Alcaldía y el Concejo de La Estrella para organizar eventos que suman 65 millones de pesos.
A Echavarría también le figuran 15 millones de pesos de aportes de su hijo Juan Sebastián, quien desde 2022 ha ganado contratos en la Alcaldía de La Estrella, la Institución Pascual Bravo, y la Comisión Séptima de la Cámara, donde está la representante María Eugenia Lopera, fórmula del senador. Actualmente, el abogado Juan Sebastián es el personero de La Estrella.
4. Contratistas del Icbf ponen plata en campañas
Hay 56 congresistas que recibieron aportes en campaña de personas que son socios o dueños de empresas que durante los últimos años han ganado contratos públicos en la zona de influencia de esos congresistas.
De esos hay cuatro casos particulares por los montos de los contratos obtenidos y el objeto social de las empresas. Uno de ellos es el de la representante Ana Rogelia Monsalve, elegida por la circunscripción afro, quien recibió 145 millones de pesos de Amparo de Jesús Álvarez Díaz, quien maneja la Fundación para la Cooperación del Desarrollo Integral de la Familia, Fucidf.
Ficidf es un frecuente contratista del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, para la operación de hogares comunitarios. Esa organización lleva operando desde el 2012 en Atlántico, y desde que Monsalve es congresista se ha ganado tres contratos que suman unos 360 millones de pesos. Antes había tenido contratos por hasta 1.900 millones de pesos.
El senador Carlos Mario Farelo, de Cambio Radical, también recibió plata de un socio de otra fundación que contrata con el Icbf. Se trata de Luis Javier García, quien le donó 45 millones de pesos, y es socio de Corporación Comunitaria para el Apoyo Nutricional de Niños y Niñas, Cocrecer.
Cocrecer también opera desde el 2012 ganándose contratos en Bolívar y Magdalena, zona de influencia de Farelo.
En el top de congresistas financiados por socios de empresas contratistas también aparece el senador conservador Germán Blanco. Al antioqueño le donó 45 millones de pesos Olga Lucía Velásquez, socia de Soluciones Empresariales PV.
Soluciones Empresariales se ganó un contrato directo arrancando el 2023 con la Alcaldía de Itagüí de Diego León Torres, quien en campaña tuvo el apoyo del senador Blanco.
El representante a la Cámara de Chocó, Johnny Fernando Palacios, completa el grupo. Recibió 40 millones de pesos de Carlos Mosquera, socio de la empresa Comas Construcciones. Desde que Palacios resultó elegido, Camos se ha ganado seis contratos de obra en los municipios de San Juan y Sipí. También en la Asociación de Municipios de Urabá – Darien Caribe, Asomudacar.
Este especial se hace en alianza con Directorio Legislativo, una organización apartidaria e independiente que promueve el fortalecimiento de los sistemas democráticos de América Latina.
