Tan solo ha pasado una semana desde que EPS Sura pidió su desmonte ante la Supersalud, pero ese tiempo ha corrido con particular dramatismo en Antioquia. Aunque los voceros de la EPS explicaron que el retiro paulatino busca amortiguar el golpe para afiliados y prestadores, y la Superintendencia aún tiene tres meses para estudiar el caso, hoy el sistema de aseguramiento de los paisas no concibe su operación sin la participación de Sura, una aseguradora privada del Grupo Empresarial Antioqueño.
La EPS tiene tres de los siete millones de afiliados en este departamento. Su cobertura e infraestructura en 41 de 125 municipios (en especial en el área metropolitana de Medellín) la convierten en la columna vertebral del sistema. Pero hay más. Su posible salida oscurece el futuro ya incierto de Savia Salud, otra EPS hoy intervenida con 1.6 millones de afiliados paisas (en su mayoría del régimen subsidiado). Y el sistema de hospitales públicos aparece como un último recurso con poca capacidad.
La dirigencia antioqueña y voces autorizadas del gremio de la salud no están de brazos cruzados. Si bien la pelota está en la cancha del gobierno de Gustavo Petro, en la región se barajan planes para salirle al paso a la Supersalud, e incluso incidir en su decisión respecto a Sura. Las salidas proyectadas se piensan en tres escenarios: postergar la vida de EPS Sura, resucitar a Savia Salud o robustecer los hospitales de la red pública.
El plan A: salvar a la EPS, pese al pedido de retiro de Sura
“El tiempo se agotó, y en este momento se deben tomar medidas para evitar un mayor deterioro que le impida a EPS Sura cumplir con sus obligaciones”, dijo la semana pasada Juana Francisca Llano, la presidenta de Suramericana, sobre la decisión de pedirle a la Superintendencia el desmonte progresivo de la EPS con más afiliados en Antioquia.
El pedido fue una sorpresa incluso para la dirigencia antioqueña. Según fuentes cercanas al gobernador, Andrés Julián Rendón, a él se le comunicó sobre la decisión horas antes de que Llano saliera a medios. “La decisión debió suponer una conversación con la dirigencia del departamento y con el gobierno de Medellín. Pero eso no ha sucedido hasta hoy, a todos nos cogió por sorpresa”, dice el representante a la Cámara, Hernán Cadavid.
Pero esto, y que Sura haya propuesto unas mesas de trabajo con el gobierno local una vez se conozca la decisión de la Super (tiene 65 días, contando desde el 28 de mayo), no supone que los ánimos estén caldeados. Por el contrario, el rol de Sura es tan crucial en el sistema de aseguramiento de los paisas que el “plan A” de sus dirigentes es impedir que su pedido de desmonte prospere.
En la región hay una visión distinta a la irreversibilidad de su retiro, una idea que hace carrera en Bogotá.
“La secretaria de Salud de Antioquia (Marta Ramírez) se reunió la semana pasada en Bogotá con el ministro de Salud y delegados de la Super, alertando el impacto que tendría la salida de Sura para la región”, cuenta una fuente al tanto de los acercamientos entre la Gobernación de Antioquia y el gobierno nacional, que pide la reserva para entregar detalles.
Pero los acercamientos, que aún no llegan a la oficina del superintendente, Luis Carlos Leal —según una fuente de esa entidad que pidió la reserva por no tener vocería—, van más allá de mostrar el desbarajuste que implicaría la salida de Sura.
“Lo que buscan es llegar a un acuerdo sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Algo que aliviane la situación de Sura y le permita seguir operando en la coyuntura, al equilibrar los costos con la prestación de los servicios. A eso le apuntan desde la Gobernación”, agrega la fuente al tanto de los acercamientos.
Aunque Sura no respondió las preguntas de La Silla Vacía sobre este escenario, “porque ya entregamos la información necesaria”, según dijo un portavoz, la UPC fue el centro del anuncio de la semana pasada. “La insuficiencia de la UPC en esos 2 años (2022 y 2023) ha sido importante para la compañía, porque ha habido un mayor consumo de salud, que se suma a la insuficiencia de UPC”, dijo Llano en entrevista con El Colombiano.
Sura gasta 103 pesos sobre cada 100 pesos que recibe por paciente. Y el ajuste insuficiente de la UPC, una decisión del gobierno Petro, llevó a que la EPS registrara pérdidas de casi $360 mil millones en estos dos años (muy por encima de lo registrado en años anteriores).
“Esta mayor siniestralidad en 2022 y 2023, porque los costos de la operación superan los ingresos, muestra que el paso a seguir debe ser mejorar la tasa de UPC”, argumenta Juan David Berrío, director de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud de Antioquia, sobre las pretensiones de la Gobernación.
El funcionario advierte que en el departamento no hay un prestador con las capacidades humanas y de infraestructura para recibir los afiliados de Sura (en caso de que la Super apruebe el desmonte). En eso coincide Luis Gonzalo Morales, exgerente de Savia y secretario de Salud de Bogotá en la administración de Enrique Peñalosa, quien dice que la “prioridad en Antioquia debe ser salvar a Sura”.
Porque aunque el panorama puede ser incluso más complejo en Bogotá, con casi seis millones de usuarios en vilo, la pita en Antioquia podría romperse y no tener remedio ante la desaparición de Sura. Casi el 65% de afiliados a la EPS (de mayoría contributivos) son adultos y adultos mayores; y entre sus pacientes puntean enfermedades graves como hipertensión, dislipidemia, asma, diabetes, distintos tipos de cáncer y VIH.
“La salida de Sura generaría un caos nunca antes visto. Lo mejor es que el gobierno, a esta altura, le diga que le va a aplazar la salida y permitirá que opere por un tiempo más largo”, dice Morales. “No capitalizando (porque el Estado no puede invertir en EPS privadas), sino mediante un aumento transitorio de la UPC”.
Y esto último, según el experto, podría acompañarse con la adecuación en paralelo de las condiciones para que Savia y la Nueva EPS (hoy intervenidas) asuman en un futuro los afiliados que dejaría Sura (en caso de que no se encuentren vías para su permanencia). “Eso sería lo más sensato”, dice Morales.
El plan B: resucitar a Savia en caso de que a Sura la dejen caer
El nombre de Savia aparece como colchón, un posible “plan B”. Savia es una EPS mixta, que este mes cumple un año de intervención. Pero es la segunda en cobertura en el departamento, y ante la complejidad del traslado de usuarios de Sura, aparece como un penúltimo recurso.
Y aunque es temprano para esa proyección, porque aún está en marcha el “plan A” de salvar a Sura, o la Supersalud podría decantarse primero por una intervención forzosa y no por un desmonte, la capacidad instalada de las otras EPS que tienen presencia en Antioquia no sería suficiente para atender a los 3 millones de afiliados que hoy están en vilo.
Nueva EPS y Sanitas, que en Antioquia son tercera y cuarta respectivamente en número de afiliados (ver gráfica), están actualmente intervenidas. Y aunque este jueves el Ministerio de Salud abrió la puerta para que reciban afiliados pese a esa medida de vigilancia (posibilidad que incluso había generado discusiones jurídicas entre la Supersalud y otras voces del sector), estas entidades están lejos de contar con las capacidades de personal e infraestructura de Sura.
El panorama es similar en Salud Total y Coosalud (aunque no están intervenidas).
“No creo que Salud Total esté dispuesta a hacer inversiones en el corto plazo. Y los socios de la Nueva EPS y Sanitas (en caso de que pudieran recibir usuarios) no les van a meter plata a sus sedes en Medellín”, dice Morales. “¿Y el interventor? Menos. ¿De dónde van a sacar plata para montar las sedes, personal y sistemas de información que hoy tiene Sura?”.
Es por esto que Morales e incluso Gonzalo Vélez, de Asmedas (un sindicato que agrupa a más de 500 médicos en Antioquia), dicen que la opción para alivianar el golpe sería Savia. Porque si bien la intervención carga con cifras cuestionables, como el aumento de la deuda en 1.2 puntos este año y el crecimiento de las quejas mensuales en casi mil respecto a los reportes previos a la intervención —según cifras de la Secretaría de Salud de Antioquia—, la EPS es mixta y esto le da gabelas.
En Savia tienen participación la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y Comfama, la caja de compensación con mayor poder en Antioquia. Y aunque son bien conocidas las diferencias entre el alcalde, Federico Gutiérrez, y el gobernador Rendón con el gobierno Petro, estas tres entidades podrían capitalizar la EPS y ampliar su capacidad para afiliar parte de los usuarios de Sura (incluso bajo el régimen contributivo).
Pero esto, dice Morales, es difícil que ocurra en tanto la EPS siga intervenida. “El gobierno debería devolverla a sus dueños y que la Supersalud ponga algunas condiciones de seguimiento, porque así ni Gutiérrez ni Rendón van a invertir”. Además, si el gobierno da el brazo a torcer con Savia, la entidad ya cuenta con un plan de modernización y saneamiento, que incluso fue aprobado meses antes de la intervención.
“Si esto ocurre, bajo la condición de que los dueños capitalicen, con la autorización del ingreso de hospitales públicos y privados, y la llegada de usuarios contributivos, Savia estaría lista en seis meses para recibir usuarios de Sura en el área metropolitana de Medellín y en el resto del departamento”, proyecta Morales, el exdirector de Savia.
La idea, dice Juan Carlos Olarte, vocero de la Asociación de Usuarios de Savia, no sería descabellada. Si bien coincide en que la mejora anunciada por el interventor, Edwin Rodríguez, “ha sido un canto a la bandera”, este escenario podría beneficiar a la EPS mixta.
“Por dramático que parezca, la decisión de Sura podría servirle a Savia. Porque el gobierno podría decir: ‘cómo vamos a liquidar a Savia, dejaríamos al 80% de sus afiliados más vulnerables (que son del régimen subsidiado) en el aire’”, dice Olarte. “Pero si no hay diálogo, y no se levanta la intervención, la Alcaldía y la Gobernación no pondrán un peso”.
Para este diálogo, dice el representante Cadavid, Comfama podría servir de puente. Incluso el director de la caja, David Escobar, insistió en abril de este año en entrevista con La República en el interés que tienen de que Savia vuelva a manos de sus socios.
“Desde su intervención, ha tenido un deterioro en buena parte de sus indicadores. Nosotros le hemos dicho al agente interventor, al gobierno nacional y a los demás socios que tenemos que trabajar conjuntamente para desintervenir a Savia”, dijo Escobar.
Pero la vía del diálogo, aunque predilecta, no es la única que hoy allana el camino para el regreso de Savia y su posible relevo parcial de Sura. En por lo menos tres meses, dice Cadavid, podría conocerse un pronunciamiento del Consejo de Estado ante una demanda de nulidad interpuesta en contra del acto administrativo con el que se intervino Savia.
Pese a esto, Berrío, de la Gobernación de Antioquia, sostiene que es imposible que esta EPS escale a Sura: “Podría llegarse a plantear este escenario, pero no sería la alternativa que genere el menor traumatismo. Tomaría años de aprendizaje llegar a las condiciones que hoy garantiza Sura”.
El plan C: fortalecer la red pública, aunque sea insuficiente y demorado
Si no se deciden por Savia, el único margen que les queda a Gutiérrez y al gobernador Rendón para afrontar la salida de Sura es la red pública, una opción paradójica para dos políticos que han resaltado el valor del aseguramiento privado en la salud. De hecho, el alcalde de Medellín ya había puesto los ojos sobre este frente en sus primeros meses de gobierno, a través de inversiones que hoy alcanzan los $76 mil millones, según cifras de la administración.
“Mientras el gobierno nacional destruye el sistema de salud, nosotros vamos a fortalecer nuestra red pública”, dijo Gutiérrez el día en que se conoció el pedido de desmonte de Sura. Y agregó: “En los próximos días invertiremos $15.200 millones en el Hospital General (el principal de tipo público en la ciudad), $10.900 millones en Metrosalud y más de $2 mil millones en el Hospital Infantil Concejo”.
La promesa de Gutiérrez de garantizar los servicios de salud a través de la red pública fue respaldada por Rendón, y también incluye la inversión de otros $4 mil millones en la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires, que oxigenarían al sistema con 56 camas de hospitalización y dos quirófanos. Esto enfila a dos opositores de Petro a contrarrestar la “estatización” del sistema de salud con inversión pública de los bolsillos regionales.
Sin embargo, dice Morales, esto es insuficiente y la ampliación de la red pública para soportar el hueco de Sura tomaría, mínimo, seis años.
“La participación en camas del sector público en Antioquia es solo del 30%. Llevar eso al 50% implicaría casi duplicar lo que se tiene actualmente y eso implica muchísima plata que los gobiernos locales no tienen”, dice el exdirector de Savia. “Además, usted no construye hospitales nuevos de un día para otro”.
Esto se suma al estado financiero de los hospitales paisas, que está lejos de ser bueno.
Aunque la Secretaría de Salud de Medellín no compartió información sobre el balance fiscal de su red, la Gobernación precisó que de 124 hospitales públicos (incluidos los del área metropolitana), 55 son objeto de planes de saneamiento financiero (40 están en riesgo alto y 15 en riesgo medio). Y Vélez, de Asmedas, incluso va más allá, y dice que son 68 los hospitales paisas en alerta roja por deudas de EPS y proveedores.
Justo por este panorama, dice Morales, las administraciones de Medellín y Antioquia “tienen las manos atadas”. Y aunque Berrío, de la Gobernación, dice que el plan para fortalecer la red pública está incluso trazado en el plan de desarrollo del departamento, de poco serviría fortalecer los servicios sin la garantía del aseguramiento asumido por Sura.
“De nada serviría tener unos hospitales muy fortalecidos, cuando el asegurador no envía el flujo de los recursos a esa red. Para el régimen contributivo tenemos muy poco margen, más que tratar, a través de los buenos oficios, que se reverse el desmonte”, sentencia el funcionario. Pese a esto, el “plan C” de fortalecer la red pública puede ser la última carta para Antioquia ante un posible fracaso de los dos primeros.
