La “vaca” ideada en Antioquia para conseguir un billón de pesos y cofinanciar los faltantes en las vías 4G se desinfló. El mecanismo no solo está lejos de cumplir su meta, con $6 mil millones recolectados entre casi 15 mil donantes. Ahora libra su suerte en los estrados judiciales y ante los entes de control, lejos de los reflectores mediáticos en los que se estrenó en cabeza del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y la primera plana del uribismo.
El “camello” principal no lo generó el presidente, Gustavo Petro, quien cercó la iniciativa con su pedido de parar la recolección ante la posible entrada de dineros calientes (el Clan del Golfo se adjudicó en principio una donación de $10 millones). El responsable fue Carlos Patiño, un abogado paisa que demandó la nulidad del decreto que le dio sustento a los aportes y quien hoy pide la pérdida de investidura de los congresistas que donaron.
En medio está un punto de fuga que generó discusiones recién estrenada la “vaca”: su naturaleza jurídica, si se trataba o no de un contrato. Y a esto se le suman ingredientes inesperados como la donación de funcionarios en ejercicio, quienes no pueden celebrar contratos con el Estado; y el posterior reembolso del dinero por parte del gobierno de Rendón a quienes donaron y que por esto tienen demandados sus cargos.
“Es una movida política de neutralización para atemorizar a los ciudadanos que donaron”, dice José Obdulio Gaviria, el consejero del gobernador e ideólogo del uribismo. “No toda la clase política está furiosa. Me han llamado otros políticos que están pendientes del proceso”, se defiende Patiño, a quien le cobran haber sido contratista de la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín.
Una avanzada jurídica cerca a la “vaca”
Patiño ha emprendido acciones en varios frentes para que el futuro de la “vaca” de Rendón se defina vía jurídica. Además de las acciones de nulidad y pérdida de investidura, el abogado ha interpuesto quejas ante la Procuraduría, la Superintendencia Financiera y ha insistido (sin éxito) en el acceso a información sobre los donantes con derechos de petición.
El proceso de nulidad del decreto con el que Rendón blindó la “vaca”, revelado por La Silla Vacía, se libra ante el Tribunal Administrativo de Antioquia y no es el que más atención ha acaparado por parte de la prensa. Sin embargo, es clave porque busca dejar sin piso las donaciones y toca puntos neurálgicos que hoy hacen parte de la discusión jurídica.
El abogado alega falsa motivación para la formulación del decreto, falta de competencia por parte de la Gobernación para invertir lo recaudado en las vías 4G (algunas están a cargo de la Nación) y también falta de competencia del gobernador para adoptar los recursos en el presupuesto ordinario de su gobierno.
Y aunque la Gobernación ha dado respuesta a cada una de estas dudas, hablando de motivaciones legales, inversión en vías bajo su competencia y la ejecución de la plata solo después de la aprobación por parte de la Asamblea, la naturaleza que el decreto le da a la donación es clave en el proceso que más revuelo ha causado.
Se trata de una demanda de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado contra los congresistas Miguel Uribe, Paloma Valencia, Esteban Quintero, Andrés Guerra, María Fernanda Cabal, Juan Espinal, Hernan Cadavid, John Jairo Berrío y Julián Peinado. Patiño argumenta que todos donaron y que, como el aporte se constituye en un tipo de contrato, deberían perder su silla como parlamentarios.
El abogado alega que los congresistas violaron el régimen de incompatibilidades e inhabilidades concebido en el artículo 180 de la Constitución, que dicta que los funcionarios de este tipo no pueden celebrar contrato alguno con las entidades del Estado.
Para esto se soporta en el decreto que le dio vida a la “vaca”, en el que el gobierno de Rendón argumentó que el Estado puede recibir donaciones de particulares. Y, además, especificó que el donante debería aceptar la celebración de un “contrato de donación”.
Es justo esta figura, de contrato por donación, la que llevó a que los congresistas Guerra, Quintero y Berrío negaran haber hecho un aporte ante el Consejo de Estado, en donde se radicó la demanda. Y a que, además, ahora protagonicen una defensa digna de un circo jurídico.
Aunque fueron enérgicos difusores del mecanismo e incluso publicaron en redes capturas con las que referenciaban sus aportes, ahora dicen que esa donación se hizo en cuerpo ajeno.
“Nuestros prohijados no han vulnerado ninguna de las normas que la parte actora cita como normas violadas (…)”, respondió el abogado Rodrigo Palacio, que es el defensor de los tres congresistas, en los documentos del proceso a los que accedió La Silla Vacía. Por el lado de Guerra, argumenta que el senador tiene una cuenta en Bancolombia pero bloqueada; del senador Quintero dice que no tiene una cuenta activa en la entidad; y del representante Berrío anexa un certificado de la Gobernación que afirma que no donó de su bolsillo.
Distintas son las respuestas de las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia.
La primera reconoce la donación, como contribución al “financiamiento de los gastos e inversiones del Estado”. Pero luego habla de la devolución de su dinero por parte de la Gobernación, antes de que “fuese notificada del acto administrativo de aceptación de la contribución voluntaria”.
La defensa de Valencia también reconoce el aporte, pero alega que esa contribución se diferencia de una donación, porque la “figura además no es un contrato estatal, como tampoco es la contribución que se hace mediante aportes dirigidos a una iniciativa en específico”. Ese debate jurídico está abierto.
Jueces definirán si hacer “vaca” (siendo funcionario) es ilegal
Este último proceso, por el que los congresistas deberán presentarse en 20 días ante el Consejo de Estado, llevó a que Rendón anunciara en el Congreso en abril pasado la devolución de parte del dinero. “Con el ánimo de no involucrarlos en ningún tema judicial, vamos a proceder a regresarles los recursos. Y lo haremos, aun cuando tenemos convencimiento jurídico de que el contrato no se ha perfeccionado”, sostuvo.
La orden ya se concretó, según Eugenio Prieto, el secretario de Hacienda, quien le confirma a La Silla Vacía que congresistas y otros funcionarios ya han recibido reembolsos. “A las personas que lo han solicitado se les han entregado los recursos con la misma voluntad con la que donaron”, dice el funcionario.
Esta medida, además de enredar el engorde de la “vaca”, llevó a que Patiño interpusiera una queja disciplinaria ante la Procuraduría en contra de Rendón y Prieto. El abogado alega, basado en el artículo 355 de la Constitución, que la Gobernación al reembolsar la plata de la “vaca” “les hace donaciones a particulares” no concebidas por la ley.
“Él está en todo el derecho de demandar, pero igual nosotros en dar las garantías a los ciudadanos que han hecho sus aportes”, dice Prieto. “Aquí se está haciendo algo transparente. ¿Dónde estamos cometiendo el error, para que nos digan que estamos cometiendo un delito?”.
Es en este punto que el abogado Iván Zuluaga, profesor de derecho administrativo de la Universidad de Medellín, le pone matices a la discusión. El jurista primero vuelve sobre la demanda de pérdida de investidura contra las congresistas y afirma que, en efecto, la “vaca” representa un contrato de donación (soportado en el Código Civil).
“La ‘vaca’ sobrevivió en un inicio a las presuntas donaciones de grupos armados, porque se había proyectado un control de activos que la blindó”, dice Zuluaga. “¿Cuál fue el asunto que la enredó? La donación de los congresistas. Esa nadie la esperaba”.
Con esto, el abogado reconoce que los congresistas celebraron un contrato con el Estado, algo que está prohibido por ley. Sin embargo, el proceso de pérdida de investidura no solo se concentra en hechos sino en las intenciones de los mismos.
“El proceso no está tan claro en lo subjetivo. Los congresistas que donaron lo hicieron con qué ánimo: ¿aprovecharse del Estado, defraudarlo, usar su influencia para hacer algo en contra del patrimonio público?”, cuestiona Zuluaga, para quien el dolo será difícil de probar.
En eso coincide Prieto, quien afirma que las donaciones se han hecho bajo el principio de solidaridad: “En la Constitución no hay una prohibición a ser solidario. Entonces, ante una tragedia, ¿un funcionario no podría donar porque eso se convierte en causal de pérdida de investidura?”.
Sobre la devolución del dinero cuestionada por Patiño, y por la que puso su queja en la Procuraduría, tampoco hay rumbo definido. Zuluaga dice que ahí no habría lugar a una sanción porque el Estado suele devolverles dinero a los particulares casi a diario.
“La plata en este momento está recaudada, no es del contribuyente pero tampoco es ejecutable (porque aún no entra al presupuesto)”, dice el jurista. “Eso da cabida a la decisión de usarla o devolverla”.
Un relanzamiento para ayudar a una “vaca flaca”
Este panorama ha llevado al gobierno de Rendón a cerrar filas para proteger a sus donantes y eso ha puesto en segundo plano el recaudo de la “vaca”. Aunque cuando se estrenó fueron vastas las campañas en medios y redes, la frecuencia de las donaciones bajó, así como la invitación para hacerlas.
“Sí, hay un estancamiento de los aportes. Todos esos señalamientos que hizo el presidente y lo que hacen estos abogados hacen que baje el espíritu de la gente para aportar, aunque el optimismo y el entusiasmo siguen”, dice Pireto.
En esto coincide Gaviria, el consejero del gobernador, quien dice que la “vaca” está en una pausa y no estancada. Esta semana hubo un acuerdo para darle un relanzamiento, con una gerencia ad honorem, para lograr la participación de sectores empresariales que se han visto “amenazados” —en palabras de Gaviria—.
Ese relanzamiento vendrá luego de lo que el ideólogo uribista califica como una persecución judicial, “porque nadie es capaz de prever las bodegas casi que enfiladas contra una obra benéfica. Aunque es algo muy propio de personas como Quintero y el mismo presidente Petro, que han convertido el derecho en un instrumento de perversión”.
Sobre esto vuelve Patiño, el demandante de la “vaca”, quien no niega su paso por el gobierno del exalcalde de Medellín y además afirma que el cerco jurídico del que es hoy protagonista responde solo a sus intereses. “El mandado me lo estoy haciendo a mí. Estudian más las intenciones del demandante que los argumentos de la demanda”, sostiene.
Pese a esto, y a que dice que recoger el billón de pesos no fue nunca la meta, uno de los congresistas demandados, que pide la reserva para no entorpecer el proceso, afirma que el “camello” en que se ha convertido la “vaca” ha valido la pena. “La ‘vaca’ es un símbolo de dignidad paisa frente a un gobierno reacio a invertir en el departamento, y ellos quieren atacar ese símbolo”, concluye.
