Solo hasta el 3 de julio el presidente Gustavo Petro sacó del closet formalmente su idea de que el país vaya a una Asamblea Nacional Constituyente, pero su gobierno lleva meses dando pasos en función de agitar la movilización que le dará impulso a esa propuesta.
Esta investigación de La Silla Vacía revela que el gobierno se ha coordinado con organizaciones sociales, políticas, sindicales y estudiantiles para impulsar la idea de que hay un sector amplio de la sociedad que quiere una gran reforma a la Constitución del 91.
Detrás de los clamores de apoyo a la constituyente de Petro hay una red de nombramientos en Consejos Superiores Universitarios y reuniones en Casa de Nariño para promover movilizaciones que llevan meses preparándose para una gran asamblea en la Universidad Nacional.
Parte de la estrategia está enfocada en la movilización de jóvenes y estudiantes. El papel protagonista lo tiene Activistas del Cambio, una organización creada por Xavier Vendrell, un catalán nacionalizado por Petro investigado por corrupción y por promover desórdenes públicos en España.
Petro le entregó a Activistas el mandato de movilizar a sus seguidores. Ese colectivo promovió el asedio a la Corte Suprema de Justicia, y es cercano al nuevo ministro de Educación, Daniel Rojas. Los delegados de Petro en 17 de 34 universidades hacen parte de Activistas del Cambio.
El poder de Activistas del Cambio
Pocos meses después de su posesión, el presidente Petro envió una lista al Ministerio de Educación que llevaba el título de “Activistas por el Cambio” con los nombres de quienes se convertirían en sus designados en los Consejos Superiores Universitarios en todas las universidades públicas del país.
Esos cargos suelen pasar desapercibidos dentro del mapa de poder nacional, pero son claves dentro de la gobernanza de las 34 universidades estatales. Quienes los asumen son la voz y el voto del presidente en cada discusión interna, como, por ejemplo, los nombramientos de rector. Su cobertura es casi nacional, y en varias universidades reciben honorarios.
Los integrantes de esa lista eran en su mayoría jóvenes que tenían en común el apoyo a Petro en campaña y que hacen parte activa del movimiento estudiantil. Que aparecieran bajo la sombrilla de “Activistas por el Cambio” los enmarcó en una organización a la que Petro le entregó el mandato de movilizar a sus seguidores en el gobierno.
Activistas es un colectivo digital que surgió después de la campaña de Petro. Se creó formalmente en octubre del 2022. Su núcleo inicial, además del catalán Vendrell, estaba compuesto por unas 20 personas que trabajaron en la campaña presidencial en la operación de testigos electorales, hoy bajo investigación del Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía porque no fue registrada en sus cuentas oficiales, como lo denunció La Silla.
Esa organización tiene interlocución directa con el gobierno, maneja una base de datos de 83 mil personas que fueron testigos electorales de Petro, es conocida entre otras organizaciones de jóvenes como un brazo político de la Colombia Humana y particularmente del petrismo. También ha sido promotora de las marchas que ha llamado el presidente para mostrar apoyo popular.
Una fuente que estuvo en el Ministerio de Educación y que tuvo acceso a la lista de candidatos al CSU, le detalló a La Silla Vacía que en varias universidades hubo directivos que le manifestaron preocupación al gobierno porque el perfil de los delegados era el de “expertos en movilización estudiantil”. Sin embargo, la orden fue nombrarlos y así sucedió.
La directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, aseguró que “no tenía conocimiento” de que la lista de los delegados llevara el nombre de Activistas. Sobre los reparos de rectores a varios nombramientos explicó que “las inquietudes que conocemos han sido públicas y responden a discusiones políticas sobre quién debería ocupar esos cargos”.
Los 17 delegados de Petro en los CSU que son Activistas por el Cambio están en universidades clave. Por ejemplo, en la Universidad Nacional, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad del Atlántico, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Cartagena y la Universidad del Valle (vea aquí la lista completa).
Con la llegada de Daniel Rojas al ministerio de Educación, un sector en el que no tiene experiencia, Activistas recibe a un ministro aliado.
Rojas entregó predios a universidades públicas en todo el país y se reunió con los delegados de presidente en los CSU para plantearles la alianza. También fue invitado a hablar de política con jóvenes y a eventos del Ministerio de Educación con los delegados. Varios miembros de Activistas celebraron su nombramiento como Ministro. Incluso, una de las fundadoras de Activistas, María José Benjumea, fue vinculada por Rojas a la SAE.
Los integrantes de Activistas también tienen acceso a diplomáticos cercanos al movimiento estudiantil que han sido nombrados por Petro. Visitaron en México al embajador, Moisés Ninco, quien asumió ese cargo sin cumplir con los requisitos; y a Sebastián Guanumen, embajador en Chile, conocido por haber dicho en la campaña Petro que había que “correr la línea ética”.
Además, miembros de Activistas han llegado a cargos regionales. Por ejemplo, los delegados del presidente en la Francisco de Paula Santander, Carlos Bolívar, y en la Universidad de Cartagena, María Alejandra Benítez, simultáneamente ocupan las direcciones regionales del Departamento de Prosperidad Social (DPS).
Activistas del Cambio no solo es un colectivo que promueve movilizaciones y tiene acceso al poder del gobierno, también es un operador político que lleva al menos un año aterrizando la idea que lanzó el presidente Petro el 7 junio de 2023 de convocar “asambleas populares” para presionar por la aprobación de sus reformas.
“De ahora en adelante debe haber asambleas populares en todos los municipios de Colombia (…) La fase que sigue es el gobierno popular. Y vamos a demostrar cómo se hace y cómo se ejerce. Las asambleas populares en cada municipio son para gobernar”, dijo Petro.
El 10 de junio del 2023, el presidente convocó formalmente a “organizar asambleas estudiantiles para preparar la reforma a la Ley de Educación Superior”. El 18 de junio, la consejera para la juventud de entonces, Gabriela Posso, quien hace parte de Activistas del Cambio, asumió la tarea de liderarlas. Y seis días después, Activistas empezó a promover esos encuentros con su logo.
Los eventos servirían de insumo para proponer cambios de fondo a la educación superior, pero solo se quedaron en los reportes de gestión de Posso. No fueron nombrados en el informe de cierre de gestión que acaba de entregar la saliente Ministra de Educación, Aurora Vergara, en el capítulo sobre las universidades.
De hecho, la reforma a la educación superior no ha sido presentada por el gobierno Petro al Congreso por aplazamientos relacionados con etapas de concertación (según se explica en las páginas 41 y 42 de este documento del Ministerio). Sin embargo, es una de las banderas con las que Petro agitó al movimiento estudiantil cuando empezó a hablar de constituyente.
El movimiento estudiantil, la punta de lanza
La idea de la constituyente se ha movido en una línea gris, particularmente con el movimiento estudiantil. El presidente Petro ha capitalizado esa ambigüedad.
Aunque una cosa son las constituyentes universitarias (solo sirven para reformar estatutos internos de cada institución), y otra es la Asamblea Nacional Constituyente que promueve el gobierno, el 21 de marzo en Tierralta, Córdoba, el presidente metió al movimiento estudiantil dentro de su versión de la constituyente.
Durante la inauguración del edificio de Ciencias Básicas de la Universidad de Córdoba, Petro llamó a los asistentes a su agenda constituyente cuando se refirió a la falta de financiación para la educación pública, un tema que compete al Congreso.
“Estamos convocando el poder constituyente de la gente, y eso significa que habría que recorrer, todas las universidades públicas de este país para que se constituyan asambleas constituyentes, estudiantiles y profesorales”, agregó el mandatario en Córdoba.
Ese mismo día, en Bogotá, arrancó en la Universidad Nacional un paro que se extendió hasta el 5 de julio porque el Consejo Superior Universitario (CSU), donde el gobierno Petro tenía cuatro de los ocho votos, designó a José Ismael Peña como rector, pese a que Leopoldo Múnera había ganado la consulta de profesores y estudiantes de la universidad.
Dentro de las voces del presidente en el CSU está María Alejandra Rojas, quien hace parte de Activistas del Cambio. Como perdió, el presidente Petro llamó a la designación “un golpe antidemocrático con el estudiantado, el profesorado, las y los trabajadores de la universidad”.
Tras la designación, Múnera se declaró en desobediencia civil y habló sobre la necesidad de una constituyente universitaria, entre otras cosas, para establecer que la elección del rector sea por voto directo de la comunidad universitaria. Así le dio al presidente Petro cabida para pescar en río revuelto.
Aunque Múnera se desmarcó de la constituyente del gobierno, la agitación en esa institución le funcionó a la agenda del gobierno para movilizar lo que denomina “poder constituyente” y por esa vía ambientar la constituyente que sacó del closet dos meses más tarde.
En paralelo, Activistas del Cambio empezó a mover al tiempo la idea de constituyente universitaria, del poder constituyente y de la constituyente misma.
Además de la Nacional, la constituyente universitaria empezó a coger fuerza en otras instituciones. En la Universidad de Antioquia, por ejemplo, la Asociación de Profesores (Asoprudea) organizó un foro sobre la constituyente universitaria, al que invitó a Leopoldo Múnera, entonces candidato a rector de la Nacional.
En el foro, los asistentes relacionaron el proceso de la Nacional con las constituyentes universitarias en las instituciones de Antioquia, Pereira y el Valle.
Petro no es el único que ha mezclado la necesidad de reformar los estatutos de las universidades con la asamblea para modificar la Constitución del país. Por ejemplo, el delegado de Presidencia ante el CSU de la Universidad de Antioquia, Wilmar de Jesús Mejía, también ha defendido la idea de Petro de una constituyente en su cuenta de X.
En otras universidades se han replicado eventos, por ejemplo un foro universitario proconstituyente en la Universidad de Cartagena. O el foro de la constituyente universitaria de la Universidad de Nariño, del cual salieron una serie de acuerdos que incluyen la constituyente nacional.
“La lucha de hoy por la constituyente avanza en tener una incidencia nacional”, se lee en las conclusiones del evento. También ha habido foros de este tipo en la Universidad del Cauca, organizados por los profesores sindicalizados.
Los delegados de Presidencia y otros representantes de los estudiantes o profesores también han usado esa ambigüedad sobre las asambleas.
Por ejemplo, la representante estudiantil de la Universidad del Atlántico, Laura Cristina Suárez, aseguró el pasado 7 de mayo frente al presidente: “La universidad del Atlántico construye constituyente” y posteriormente abrazó al presidente Petro.
O el profesor de la Universidad del Quindío, Horacio Duque, quien promueve la iniciativa constituyente del gobierno en una columna. “La reciente configuración del poder constituyente en la Nacional es un referente de transformación para el resto de las universidades públicas y privadas, convertidas estas últimas en feudos de poderosas castas familiares”, se lee.
Con los ánimos encendidos en torno a las constituyentes, la Nacional se convirtió en sede de la “Asamblea por las reformas, la paz y la unidad”, una iniciativa promovida por el Pacto Histórico, organizaciones sociales, campesinas y sindicatos que recoge los puntos de la agenda de Constituyente del presidente Petro.
“Es como un efecto dominó (…) buscamos el cambio en las universidades que siempre ha estado incrustado en los fortines políticos de los diferentes clanes que hay a nivel nacional, entonces si logramos arrebatarles las universidades, también podemos arrebatarles el poder en el Estado Social de Derecho”, explicó, Andrés Parra, líder estudiantil de la Universidad Industrial de Santander y coordinador de juventudes del Pacto Histórico en ese departamento.
La plataforma: la Asamblea por las reformas sociales
La idea de la “Asamblea por las reformas sociales, la paz y la unidad” fue presentada formalmente a mediados de mayo en una rueda de prensa en la Plaza de Bolívar. El Pacto Histórico, delegados de sindicatos y organizaciones sociales anunciaron que empezarían a discutir la manera de aplicar las reformas del gobierno Petro.
“Debemos tener una conversación franca, constructiva y unitaria como parte de un proceso que ayude a precisar contenidos, tácticas, metodologías, planes, rutas, acciones y estrategias necesarias para avanzar en espacios de organización, representación, gobierno, construcción de un nuevo poder popular”, se lee en el manifiesto.
Para ese entonces, Petro venía de enfrentar varios reveses. El Consejo Nacional Electoral, CNE, acababa de anunciar que investigaría a su campaña por irregularidades en los reportes de cuentas, la reforma a la salud acababa de hundirse, y la oposición había convocado una nutrida marcha contra el gobierno Petro. Al tiempo, el presidente tenía encendido su discurso sobre que le estaban haciendo un “golpe blando”.
La convocatoria inicialmente no dio mucho de qué hablar, pero despertó atención mediática cuando se anunció que el evento, con sede en el campus de la Universidad Nacional, tendría lugar el 18, 19 y 20 de julio y que el presidente Petro cerraría el encuentro con un discurso. Hubo versiones que señalaron que Petro no instalaría el Congreso por participar en ese evento.
Pero Presidencia se desmarcó de la organización y en esta ocasión Sarabia, directora del Dapre, señaló que “ni el gobierno nacional ni sus funcionarios han tenido participación en la Asamblea. Aunque es una iniciativa apoyada por sectores aliados al Gobierno, este evento depende exclusivamente de sus organizadores (…). El Gobierno no participa, aunque celebra y apoya la discusión de reformas sociales con la ciudadanía”.
Algo similar le dijo a La Silla Vacía Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. “Nosotros no estamos dirigidos por el gobierno. Hemos coordinado con el Pacto Histórico desde la perspectiva, obviamente, de respaldar al gobierno. Pero es una iniciativa propia”, dijo.
Pero, contrario a lo que dicen públicamente gobierno y organizadores, en privado sí hay interlocución entre los organizadores y el gobierno.
La Silla Vacía estuvo en la reunión del 10 de julio citada por los convocantes de la “Asamblea por las reformas sociales, la paz y la unidad” con el propósito de finiquitar detalles del encuentro.
Era la primera reunión que hacían luego de anunciar formalmente que la asamblea cambiaba de fecha para el 14 y el 15 de septiembre, un aplazamiento que fue acordado el mismo día que Petro dijo por primera vez que sí quería convocar una constituyente.
El grueso del temario anunciado por Petro a inicios de julio, cuando habló de constituyente sin tapujos, ya había sido publicado en mayo en los puntos de la “Asamblea por las reformas sociales”.
Pero más allá de esa coordinación temática, en la reunión de los organizadores de la “Asamblea por las reformas sociales” el 10 de julio pasado hubo dos momentos en los que se habló explícitamente de interlocución con el gobierno.
Uno hizo referencia a la necesidad de que el “gobierno nacional contextualizara dos ejes temáticos” de la Asamblea en “máximo dos hojas” para entregarlas como insumo a los participantes. En la reunión no se dijeron los nombres de esos delegados, pero fue explícita la coordinación.
El otro momento tuvo que ver con el llamado a la marcha de ayer —16 de julio— para acompañar a Petro en la sanción de la reforma pensional. Según se dijo en la reunión, hubo un encuentro previo en la Casa de Nariño para acordar los detalles de esa movilización.
Esa afirmación coincide con lo que publicó el 5 de julio la “Coordinadora nacional de organizaciones sociales, sindicales, populares y políticas para el cambio”, agrupación que se creó con varias de las organizaciones que hicieron parte del “Comité del Paro”, la cara formal del estallido social de 2021.
Petro el 9 de julio en sus redes sociales promovió esa marcha como iniciativa exclusiva de Presidencia.
El Ministerio de Educación no tiene juego directo en esa reforma, pero tenía lista de delegados y funcionarios en la entrada del evento revisando cédula de sus invitados. Activistas también invitó a participar en la sanción presidencial de la reforma pensional en la Plaza de Bolívar. Dos personas, líderes de la localidad de Suba, que tenían puestas gorras del colectivo, le contaron a La Silla que fueron convocados por grupos de WhatsApp de la plataforma de Activistas.
Además de esa movilización, Activistas del Cambio es una de las organizaciones que está promoviendo la Asamblea y está jugando un papel activo en la organización y el mecanismo de participación que tendrán los estudiantes. El discurso de Activistas está apalancado en retomar la movilización del Paro Nacional de 2021 para buscar una “refundación” de la Nación.
Los encuentros de jóvenes buscan, entre otras cosas, activar y organizar movimientos juveniles de todo el país de cara a la asamblea de septiembre.
“Dada la importancia que tiene, en el marco del actual momento que se viene, tanto para el encuentro del 14 y 15 de septiembre como en el marco del desarrollo que seguramente esa Asamblea y el gobierno se ha marcado la necesidad de comenzar a construir un proceso constituyente”, dijo Cristian Reyes, secretario de la Juco Bogotá y uno de los organizadores del evento en el que intervino Activistas.
Los organizadores de la “Asamblea nacional por las reformas sociales, la paz y la unidad” esperan una delegación de alrededor de 7 mil personas. Hacer la convocatoria en el campus de la Universidad Nacional e incluir la discusión de la educación superior le garantizará quórum al evento.
“Cuando mencionas la reforma a la ley 30, tienes casi asegurado una movilización masiva compuesta por el movimiento estudiantil y el profesoral. Ahora, imagínate si metes las otras reformas, es una estrategia útil para aumentar la convocatoria”, dijo un miembro del CSU de otra universidad pública, quien pidió no publicar su nombre para no generar tensiones en su trabajo.
Sin embargo, no todo el movimiento estudiantil está alineado con la idea de constituyente de Petro. Hay sectores que consideran que hay una instrumentalización como detalló La Silla Vacía en esta historia y lo reconfirmó con estudiantes en varias regiones del país.
“No es tan importante si (todo el movimiento estudiantil) es afín o no (al gobierno), lo más importante es movilizar ese sentimiento constituyente y es un poco lo que se está moviendo al interior de las universidades”, explicó Gabriela Posso, exconsejera de juventudes de Presidencia, delegada del presidente Petro en la Universidad del Valle y parte de Activistas del Cambio.
La “Asamblea nacional por las reformas sociales, la paz y la unidad” mostrará qué tan grande es la base con la que el presidente presionará sus reformas. Aunque Petro presenta el apoyo como un movimiento puramente espontáneo, sí lo está impulsando desde su gobierno y con Activistas como uno de sus principales operadores.
