El escándalo de corrupción más grande del gobierno Petro tiene un nuevo capítulo. Su protagonista es el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien aparece en unos chats en los que, presuntamente, direccionó contratos para conseguir los votos de seis congresistas de la Comisión de Crédito Público, que en 2023 le aprobó USD3.500 millones para endeudarse en el exterior.
La presunta trama de corrupción liderada por Bonilla muestra los costos del modelo de gobernabilidad que el gobierno Petro tiene en el Congreso, y que el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, deberá llegar a mitigar a partir del 20 de julio.
El modelo funciona sin un “computador de palacio”, el nombre que adquirió en el gobierno Santos el registro de las cuotas y los contratos de los congresistas. En el pasado, el manejo de la mermelada estuvo centralizado. Pero en este gobierno, según dos de los principales operadores políticos de Presidencia, su control ha estado disperso entre los ministros, y la coordinación ha pasado por dos manos distintas en los últimos meses.
Primero, por Carlos Ramón González, el hoy director de Inteligencia que fue secretario general de Presidencia. Y luego, por Laura Sarabia, la mano derecha del presidente Petro. Sarabia y González, además, tienen una rivalidad política interna. Bajo este modelo de mermelada descentralizada, cada ministerio empuja sus proyectos en el Congreso, buscando operadores políticos caso por caso, y utilizando entidades por debajo de cuerda para hacer sus transacciones burocráticas con los congresistas.
Justo como hizo Bonilla, desde Hacienda, para aprobar su cupo de endeudamiento en el exterior.
Un caso representativo de la mermelada descentralizada
“Como el presidente prohibió negociar con puestos y contratos, cada ministerio, por debajo de cuerda, tiene una entidad con la que se hacen esas transacciones”, le dijo a La Silla uno de los principales operadores políticos del gobierno, quien pidió la reserva de su nombre.
En diciembre del 2023, el Ministerio de Hacienda estaba urgido por la aprobación de los créditos internacionales, según dos fuentes del alto gobierno que lo supieron de primera mano. Para acelerar su trámite se pusieron en contacto con Jaime Ramírez, un enlace de Presidencia con el Congreso y uno de los funcionarios de confianza de Sarabia, directora del Dapre.
Según una de las fuentes, el papel de Ramírez fue poner en contacto a la Ungrd con Hacienda, como lo prueban los chats revelados por Caracol en los que Ramírez conversa con el exsubdirector, Sneyder Pinilla. En estos, Ramírez le escribe a Pinilla que la “urgencia” se debe a que se “van a caer los créditos de la nación”, en referencia a los créditos en el exterior que tramitan en la Comisión de Crédito Público.
Para ese momento, congresistas de esa comisión le estaban pidiendo contratos a Hacienda como moneda de cambio para la aprobación de los créditos. El director de Crédito Público del minHacienda, José Roberto Acosta, se quejó por la dilación en la aprobación de los créditos y la estrategia extorsiva de los congresistas. Incluso, Acosta les dijo que iban a ser responsables de que el gobierno colombiano cayera en default, según una de las fuentes del gobierno.
Luego del encontronazo, los congresistas le solicitaron a Hacienda que el director Acosta dejara de asistir a las reuniones en la Comisión, una presión a la que el Ministerio accedió. Desde entonces, el ministro Bonilla lideró el trámite de los créditos sin su director.
En los chats revelados por Caracol, tanto Bonilla como una de sus asesoras, María Alejandra Benavides, presuntamente tramitaron de forma directa los contratos. Benavides, según los chats, le envió a Pinilla los contactos de los tres enlaces en los municipios a donde iba a llegar la plata de los contratos direccionados.
Luego, en febrero del 2024, la propia Benavides le pregunta a Pinilla por el estado de los contratos. En los chats de Pinilla con los enlaces de los municipios hablan de declaraciones ficticias de calamidad pública para justificar el giro de los recursos desde la Ungrd.
Cristo y la mermelada centralizada
En el alto gobierno creen que Cristo llega a centralizar la mermelada. De hecho, operadores políticos de Presidencia vienen recopilando información para el nuevo minInterior con las cuotas que tiene cada congresista aliado del gobierno. “Su manejo con el Congreso será más tradicional. Se reúne con todos. Habla directo. Sin tapujos”, dice una fuente de Presidencia, quien pidió la reserva de su nombre.
Cristo tiene antecedentes liderando grandes operaciones para favorecer con burocracia al Congreso. Durante el gobierno Santos, también como minInterior, impulsó los llamados Centros de Integración Ciudadana (CIC), unos polideportivos para municipios de categoría 5 y 6 que favorecieron a la coalición santista del Congreso, la llamada Unidad Nacional, que incluyen a congresistas de los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical y La U.
El desgaste y la pelea entre Sarabia, la directora del Dapre, y de González, director del DNI, también favorece el control de Cristo sobre la mermelada, según la fuente del alto gobierno. Se trata de una disputa que ha generado “fuego amigo”, como lo llamó la primera dama, Verónica Alcocer, en una denuncia a la Fiscalía sobre supuestos intentos de miembros del gobierno Petro de vincularla a la corrupción de la Ungrd. Y que hacia afuera, podría generar desconfianza en quienes desde el Congreso tendrían que volver a negociar puestos y partidas con el gobierno.
El nombre de González ha merodeado el escándalo de la Ungrd, aunque no ha sido mencionado ni por Olmedo López ni Sneyder Pinilla. Sin embargo, López no ha negado la participación de González cuando se lo han preguntado directamente, a diferencia de otros altos funcionarios de los que descartó su participación, como Sarabia o el minSalud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
El nombre de Sarabia, por su parte, se ha visto afectado por las denuncias por corrupción contra su círculo cercano. Como lo contó La Silla, esas denuncias salieron del entorno de Augusto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y salpicaron a su asesor, Jaime Ramírez, y a su hermano, Andrés Sarabia, señalados, en este caso sin pruebas, de liderar una red de corrupción al interior de la Fiduprevisora.
El doble rasero ético de Petro que cobija, por ahora, a Bonilla
El 3 de mayo, Petro les pidió públicamente la renuncia a la entonces consejera para las regiones, Sandra Ortíz, y al secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, por haber sido mencionados en el escándalo de la Ungrd. “Esos funcionarios, sobre los cuales no puedo hacer procesos judiciales, deben salir por los indicios que acarrean las investigaciones que la prensa o nosotros o la justicia haga”, dijo el presidente desde Palermo, Huila.
La vara ética de Petro sólo se ha cumplido para el caso de Ortíz. La decisión de Idárraga la echó para atrás, y tanto González, del DNI, como Luis Fernando Velasco, el exministro del Interior, no sufrieron las consecuencias de haber sido involucrados en el escándalo de corrupción. Velasco, por ejemplo, se fue del gobierno con un agradecimiento en el Twitter de Petro.
El ministro Bonilla, por ahora, tampoco está sufriendo la vara ética de Petro. En su único trino sobre el tema, Petro ni siquiera lo mencionó. Bonilla, además, cuenta con un gran prestigio entre el alto gobierno y es considerado una ficha difícil de reemplazar, según dos miembros del gabinete de Petro, quienes pidieron las reservas de sus nombres.
Bonilla mantiene un equilibrio entre la responsabilidad macroeconómica y la complacencia con las propuestas de Petro más difíciles de cumplir, como dice el analista político, Andrés Mejía, panelista de Blu Radio.
Por un lado, Bonilla lidera un fuerte recorte presupuestal ante el enorme déficit fiscal del 2024 y sigue firme con cerrar el hueco de los subsidios a los combustibles. Por el otro, intenta darle viabilidad al uso de vigencias futuras para financiar proyectos en las regiones más pobres, o a la creación de inversiones forzosas de la banca privada para el agro y la industria.
Bonilla se ha defendido con cautela por recomendación de sus abogados. “Mi inocencia, más allá de cualquier sombra de duda, prevalecerá con pruebas”, trinó el ministro. Por delante tiene la presentación de un paquete de reactivación económica en el Congreso y una nueva reforma tributaria, que ahora deberá liderar, no solo con la tradicional impopularidad de los ministros de Hacienda, sino con la sombra de la corrupción.
